Convocado por la Comisión Económica del Partido Socialista (CEPS), el Instituto Igualdad y la Fundación F. Ebert, se realizará este próximo martes 5, a contar de las 18.30 horas, un coloquio sobre los desafíos económicos del progresismo en la próxima etapa del país.

Al encuentro asistirán economistas que han participado de las propuestas programáticas de las candidaturas de Eduardo Frei, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. Entre los economistas participantes se encuentran Juan Carlos Scapinni y Hernán Frigolett por la CEPS y el Instituto Igualdad; Manuel Riesco por CENDA; Sergio Henríquez de Océanos Azules; Luis Eduardo Escobar y Carlos Ominami (Chile 21); Andrés Sanfuentes Presidente de la Comisión Económico Social de la DC y editor económico de asuntospublicos.cl. El cierre del evento lo realizará el senador y Presidente del Instituto Igualdad Ricardo Núñez.

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En las páginas de este vespertino (La Segunda), el viernes pasado, el escritor Jorge Edwards ha anunciado su voto para las próximas elecciones presidenciales. No corresponde comentar su decisión. El sentido de esta columna es discutir algunos de sus fundamentos. Quiero además decir que rechazo totalmente la virulencia y los insultos proferidos al Premio Nacional de Literatura por su anuncio.

Edwards critica el pacto instrumental de la Concertación con el Juntos Podemos. Pero sus juicios prescinden por entero del contexto del sistema electoral en el cual este acuerdo se formuló. Son las reglas de un sistema inequitativo, junto con otros factores que generan un déficit relevante de legitimidad y representatividad a nuestra democracia, los fundamentos de esta lista común. Resolver ese problema, tanto como la incorporación de los jóvenes a las votaciones, se ha transformado en una cuestión relevante en cualquier agenda de modernización del país, que apunte genuinamente a fortalecer nuestras instituciones y a dotarlas de estabilidad en el tiempo.

La ausencia de voluntad de la oposición obligó a este camino que permitirá la presencia de tres comunistas entre los 120 diputados.

La exigencia de una «autocrítica» por los crímenes de Stalin y otros horrores del comunismo del siglo 20, como prerrequisito para la incorporación de una colectividad centenaria al Parlamento, es desajustada en el tiempo y contradictoria con la idea general del texto de escritor que nos insta a dejar atrás los «cucos» y mirar el futuro.

Y por último, si son tan altas las exigencias para una fuerza política respecto de condenables dramas ocurridos en Europa del Este y en otros lugares de la tierra, ¿qué les exigimos a los responsables de nuestras propias tragedias internas?

También escribe Edwards de la carencia de ideas en la campaña presidencial de la Concertación. ¿Pero dónde están los planes de gobierno del candidato al que apoya nuestro Premio Cervantes? Nadie que haya seguido de cerca estas elecciones puede negar que los debates han estado centrados en temáticas surgidas del pensamiento progresista, o son sucedáneos de acciones de la Presidenta Bachelet, o han emergido de las campañas de Frei y Marco Enríquez. Este último incluyó aspectos muy relevantes en la discusión: la necesidad de innovaciones en la calidad de la política, la promoción de los derechos de los ciudadanos, y cuestiones tributarias. A su vez, la opción por un Estado más vigoroso ha estado presente en toda la campaña, porque su desarrollo ha sido contemporáneo con la mayor crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial.

Por último, los temores que provoca la derecha chilena no corresponden a ninguna estrategia de campaña. Ella se los ha ganado limpiamente en su larga historia, donde los destellos liberales han terminado siempre cediendo. La derecha chilena moderna tiene una matriz intelectual consistente. El propio Edwards ha descrito varios de sus rasgos más duros en su extensa obra literaria, incluyendo una de sus últimas novelas, El inútil de la familia. La derecha ha defendido con fuerza un orden institucional conservador, derivado de una matriz autoritaria restrictiva, y ha promovido con mucho éxito, en lo valórico, posturas contrarias a la autonomía de las personas. Esa matriz se ha expresado en el último tiempo en la conducta de sus parlamentarios en temas como la píldora del día después, entre muchas otras materias.

Reconocer diferencias de enfoque en las políticas públicas o en el rol del Estado para mejorar la competencia en los mercados, no es pretender criminalizar a nadie ni reeditar viejos fantasmas, sino simplemente dejar en claro que siempre, en toda democracia, para que sea verdadera, debe haber en juego ofertas distintas para los electores. Y ése es hoy el caso.

El frustrado atentado el día de Navidad del joven nigeriano de 23 años Umar Faruk Abdulmutallab de detonar una bomba en el vuelo de Northwest Airlines con destino a Detroit procedente de Ámsterdam, comenzó a abrir un nuevo frente de intervención de EEUU en Yemen, al mismo tiempo que la derecha republicana estadounidense ha recrudecido sus ataques hacia el presidente Barack Obama, lo que le ha obligado a tomar medidas más agresivas en su lucha contra el terrorismo islámico.

Para el vocero de la ex administración de George Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney, Obama “ha debilitado la seguridad nacional de EEUU” y además se ha mostrado ineficiente en la lucha contra el terrorismo. Aunque no hubo víctimas en el intento por hacer explotar en vuelo que iba a Detroit con casi 300 pasajeros, el episodio ha sido suficiente como para que los republicanos y el ex vicepresidente intenten pasar una factura a Obama por el cierre de la cárcel de Guantánamo, la denuncia de las torturas, las investigaciones sobre la actuación de la CIA y otras medidas que duelen a los ex gobernantes.

Según Cheney, “la nación está hoy más insegura que bajo el Gobierno de Bush”. Sus palabras parecen haber sido escogidas con pinzas, pues sabe el impacto que producen en la población que, con cada episodio terrorista, fue sistemáticamente sometida el shock del miedo durante la administración republicana a partir de los atentados de septiembre del 2001.

Por ello la reacción de la administración de Obama ante el frustrado atentado de Navidad ha sido inmediata. El gobierno ya anunció un aumento de la ayuda militar a la dictadura de Yemen, que supera los 70 millones de dólares, al tiempo que cerró su embajada en Saná, la capital yemení. Una medida que de inmediato fue replicada por Londres y Madrid, ante temores a una ola de supuestos atentados que prepara Al Qaeda contra las representaciones diplomáticas occidentales.

El propio Obama vinculó a Umar Faruk Abdulmutallab, el joven que llevaba un sofisticado explosivo en el vuelo hacia Detroit, con la presencia de Al Qaeda en Yemen. Según los organismos de inteligencia de EEUU, el árabe habría confesado que el explosivo y la instrucción para su uso los recibió en un campamento de instrucción de la red que dirige Osama Bin Laden en Yemen.

El mismo día en que Obama vinculó el atentado con Yemen, el jefe de las fuerzas militares norteamericanas en la región de Oriente Próximo, general David Petraeus, se entrevistó en Saná con el presidente de ese país, Ali Abdulá Saleh.

Yemen vive bajo el régimen dictatorial del mariscal de campo Ali Saleh, que ha sido jefe del Estado durante más de treinta años, primero como presidente de Yemen del Norte hasta 1990 y después, tras la unificación posterior a la Guerra Fría, como presidente del país unificado. Con 23,8 millones de habitantes, Yemen es el país más pobre del mundo árabe. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Más del 40% de los yemeníes están desempleados y el 54% son analfabetos.

EEUU tiene un interés estratégico en Yemen, país que tiene frontera con Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, y está separado por el estrecho de Adén –la ruta marítima del crudo- de otros de los mayores focos de extremismo islámico, Somalia.

El incidente de Northwest Airlines provocó inmediatos llamados a una acción militar más directa por parte tanto de los políticos republicanos como de los demócratas. El senador Joseph Lieberman, el denominado “demócrata independiente” que dirige el Comité de Seguridad Nacional del Senado, pidió el domingo una intervención militar “preventiva” en Yemen. “Alguien de nuestro gobierno me dijo ayer en Sana, la capital de Yemen, que la guerra de Irak era una guerra de ayer”, dijo Lieberman en una entrevista para Fox News. “Afganistán es la guerra de hoy. Si no actuamos preventivamente, Yemen será la guerra de mañana. Éste es el peligro al que nos enfrentamos”.

Como embarcados en una campaña a favor de la guerra, los medios de prensa de EEUU estadounidenses ya están marcando posiciones. El Washington Post publicó un artículo en portada con el titular “Un grupo de Al Qaeda en Yemen está ganando importancia”. Aunque no confirmaba que el frustrado atentado al avión Northwest Airlines tuviera un vínculo directo con terroristas asentados en Yemen, decía: “De ser cierta la afirmación, representa (…) la aparición de una nueva amenaza importante para Estados Unidos, Oriente Medio y el Cuerno de África”. Los informativos por cable fueron aún más categóricos y belicosos. “¿Entonces estamos perdiendo el barco ahí?”, preguntó la presentadora de CNN Kyra Philips a un “experto” en contraterrorismo. “Estamos en guerra en Afganistán, estamos en guerra en Irak. ¿Deberíamos estar en guerra en Yemen?”.

Pero la verdad es que la guerra está hace rato en Yemen. Una semana antes del frustrado atentado aéreo, el 17 de diciembre, aviones de combate estadounidenses dispararon misiles crucero a supuestos campos de adiestramiento de Al Qaeda en las provincias de Sana y Abyan. Autoridades de Yemen afirmaron que los ataques habían costado la vida de más de 60 civiles, 28 de ellos niños.

El mismo día en que estuvo a punto de estallar el avión que iba a Detroit, el 24 de diciembre, hubo un segundo ataque en la remota región de Shabwa contra lo que “fuentes no identificadas” de inteligencia de EEUU describían como un encuentro de oficiales operativos de Al Qaeda. Los yemeníes de la zona afirmaron que no había habido semejante encuentro.

A todo esto, el gobierno de Yemen, aunque colabora con las autoridades de EEUU en la lucha contra los extremistas islámicos y acepta la asistencia militar, prefieren no reconocer ante su población que colabora con EEUU ante el temor de que efectivamente Al Qaeda gane más fuerza en ese país árabe, donde la intervención estadounidense es rechazada mayoritariamente.

Unas semanas atrás se hicieron públicos los resultados de la última Prueba de Selección Universitaria. Si bien las diferencias entre colegios públicos y privados se mantuvieron, éstas siguen siendo escandalosas. Para disminuir esta brecha, algunos representantes del mundo académico han propuesto sustituir la PSU por una prueba que mitigue los sesgos de clase que tendría ésta.

Sin embargo, tal solución llegaría demasiado tarde en el proceso educativo como para resolver el problema de fondo, ya que la brecha comienza a ensancharse desde el primer año de educación básica. Por su parte, el candidato presidencial de la derecha ha propuesto crear 40 liceos de excelencia que, siguiendo el modelo del Instituto Nacional, brinden una educación similar a la disponible en el sistema privado a alumnos de alto rendimiento. Sin lugar a dudas, una medida como ésta mejoraría las oportunidades de los alumnos de nuestra alicaída educación pública. Ahora bien, esta propuesta implica la instauración de un exhaustivo proceso de selección que podría causar efectos no esperados y en dirección contraria a la igualdad de oportunidades. Examinar el derrotero de reformas similares en otros países puede ayudarnos a clarificar esta situación.
Siempre he tendido a pensar que Chile necesita una red de liceos públicos de excelencia para subsanar las enormes diferencias que existen entre la educación particular pagada y la pública, pues éstas afectan directamente el futuro laboral de los egresados de ambos sistemas. En este escenario, quienes pueden acceder a la educación particular pagada se aseguran contra los avatares del destino, ya que adquieren un nivel de competencias superior al de la mayoría de los chilenos y entran a una “red de contactos” que les permite enfrentar con menos incertidumbre el desempleo y acceder a mejores rentas.

Así las cosas, las esperanzas de movilidad social vía educación se ven reducidas a unos pocos liceos “emblemáticos” –que aún conservan el derecho a ser llamados de ese modo- y a un puñado de congregaciones religiosas y fundaciones dispuestas a entregar educación de calidad bajo la cota mil. Por esta razón, resulta casi de sentido común afirmar que Chile necesita más liceos de excelencia que, por su carácter laico y republicano, sean una alternativa de movilidad social frente a aquellos que discriminan por el credo o la “integridad” moral de los padres. Sin embargo, el diseño de una política en este sentido puede tener efectos no deseados.

El “Tripartite System”, sistema de enseñanza imperante en el Reino Unido entre 1944 y 1976, puede ser un ejemplo de los efectos no esperados de este tipo de políticas. Ideado por los conservadores, aunque apoyado en sus inicios por algunos laboristas que veían en él un fomento a la movilidad social, este sistema buscaba entregar a todos los estudiantes, sin importar su origen, una educación ajustada a sus necesidades y habilidades. Para alcanzar este objetivo, una vez finalizada su educación primaria, los estudiantes se sometían a una prueba de CI que los clasificaba en tres grupos, de acuerdo a los cuales se formarían para las ciencias, las ingenierías o para labores no calificadas. Ahora bien, al poco andar el sistema comenzó a revelar sus carencias:

1) La prueba “Eleven Plus”, que mediante una evaluación de CI determinaba que tipo de educación correspondía entregar a cada niño, resultó tener evidentes sesgos culturales y de clase. Hecho que deslegitimó gran parte del sistema.

2) Además, si bien el sistema prometía iguales oportunidades de ingreso a la educación superior, los hechos demostraron que sólo los egresados de grammar schools –escuelas que enfatizaban la educación en ciencias- tenían el entrenamiento necesario para ingresar a la universidad.

3) Por otro lado, aunque el sistema prometía igual valoración para los tres tipos de escuela, en los hechos, ser egresado de una escuela que no preparase para las ciencias era una condena social que redituaba sobre el futuro laboral de los egresados de éstas.

4) Por último, el sistema terminó institucionalizando una educación de castas, en el cual los hijos de la clase media educada iban a las grammar schools, mientras los hijos de la clase obrera, en su gran mayoría, terminaban asistiendo a escuelas que los preparaban para seguir la vida de sus padres.

Por estas y otras razones, los británicos abandonaron el “Tripartite System” y lo sustituyeron por el “Comprehensive System”, que no selecciona alumnos bajo ningún criterio y que imparte una amplia gama de conocimientos científicos y prácticos en todos sus niveles y escuelas.

Sin duda, ésta es una experiencia sobre la cual se debe reflexionar al minuto de pensar sistemas educativos igualitarios y tendientes a favorecer la movilidad social. Ahora bien, Chile carece de los recursos para implementar un sistema masivo de escuelas como el que requiere el “Comprehnsive System”: grandes en tamaño y con una fuerte inversión en capital humano. Así las cosas, dadas nuestras limitantes económicas, por el momento sólo parece factible aumentar el número y la cobertura de nuestros alicaidos liceos públicos de excelencia. Sin embargo, para el largo plazo, dados los costos éticos y sociales asociados a un sistema basado en la segmentación y en la selección a tan corta edad, deben seguir evaluandose alternativas que hagan menos onerosa la aplicación del principio de iguladad a nuestro sistema educativo.

Para el próximo 10 de enero está anunciada la inauguración del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Se trata de un amplio y hermoso edificio frente a la Quinta Normal y que tiene por objetivo reconstruir una parte dolorosa y trágica de nuestra historia: las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 73 y el fin del régimen militar, y preservar su recuerdo para las futuras generaciones.

Se trata de un hecho de la mayor significación cultural, que dice relación con la construcción de nuestra identidad nacional: de quienes hemos sido y de lo que somos como sociedad, y sobre todo de lo que no queremos ser a futuro. Las violaciones a los dd.hh no fueron un accidente en nuestra historia, o un breve paréntesis, sino que representan un hecho fundacional en nuestra trayectoria republicana por la profunda ruptura moral que significó para nuestra convivencia, y por qué está allí, en esos hechos, en su recuerdo y en su aprendizaje, la posibilidad de construir a futuro una sociedad más humana y respetuosa de los derechos de todos.

La iniciativa, sin embargo, ha levantado ciertas críticas desde la derecha, aún cuando sectores de ésta han respaldado el proyecto, entre ellos el director de Centro de Estudios Públicos (CEP), Arturo Fontaine, quién formará parte del próximo directorio del Museo.

Probablemente el punto que genera más discusión sigue siendo si se debe o no dar una contextualización histórica al tema de las violaciones a los derechos humanos, específicamente ilustrando acerca de las causas que habrían conducido al golpe militar de 73.

Esta postura ha ido, en parte, reenfocándose en su argumento en los últimos días, y se ha entendido que no puede establecerse ningún nexo de causalidad entre las explicaciones históricas posibles del golpe militar y las posteriores violaciones a los derechos humanos. Como lo señaló en su oportunidad el profesor Carlos Peña: “Las violaciones a los derechos humanos no se explican sino que se condenan”.

La propuesta del contexto histórico, presenta además otra dificultad y objeción: no existe una sola visión histórica sobre las causas del golpe militar de 73. Aunque no se encuentre en el ánimo de quienes probablemente plantean esta propuesta, ella conlleva una pretensión totalitaria, pues implica la construcción de una “historia oficial” sobre un período histórico muy controversial, y sobre el cual difícilmente existirá acuerdo no solo hoy sino tampoco mañana.

Así como para una parte de la historiografía cercana a la derecha las causas del golpe militar del 73 tienen en la izquierda y en el propio gobierno de la UP su principal responsable; para otros, las causas tendrían que buscarse en la intervención norteamericana; o en la guerra fría; o en la conducta sediciosa de la derecha de la época; etc.

Nuevamente volvemos a un punto que no termina de ser dilucidado ni concordado: lo que se pide con el Museo de la Memoria y de los DDHH, es un acuerdo ético mínimo sobre una parte de nuestra historia: aquella que dice relación con la violencia ejercida por el Estado contra los derechos esenciales de las personas (muerte, desaparición forzada, tortura), en un período determinado de nuestra historia. No se está pidiendo, ni podría hacerse, un acuerdo general sobre todo el contexto histórico que rodearon estos hechos.No se puede exigir una memoria común ni un enfoque compartido sobre hechos históricos y políticos controvertibles (las causas del 73, por ejemplo), en los cuales no hay un principio ético universal –como en el caso de las violaciones a los dd.hh que ocurrieron con posterioridad- que determine una exigencia imperativa de una visión única y compartida (como si sucede al tratarse de crímenes de lesa humanidad)

A la derecha le ha costado mucho llegar a dos convicciones que son fundamentales: en primer término, que las violaciones a los derechos humanos no tienen atenuantes ni justificaciones y que su condena debe ser categórica y sin ambigüedades y que para ello no sirven las explicaciones de “contexto”; y en segundo término, que el recuerdo de las victimas no es una apología ni de sus ideologías ni una interpretación sesgada de nuestra historia, que hará recaer todo el peso de la responsabilidad en un solo sector político.

Si estas aprehensiones existen, se debe en buena parte porque la derecha chilena aún no ha realizado una ruptura clara, definitiva y contundente en términos históricos con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Hoy a nadie en Alemania se le ocurriría mirar a la derecha cuando se recuerda lo obrado por el nazismo, porque todos entienden que la derecha alemana de hoy no solo nada tiene que ver con ese movimiento de extrema derecha que fue el nazismo y las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrió mientras estuvo en el poder, sino que ha sido un factor político claro en su condena y total ruptura política y moral con esos hechos.

El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos constituye una oportunidad para que la derecha chilena realice ese gesto definitivo de ruptura y condena con ese pasado de violaciones a los dd.hh. Lamentablemente hasta ahora solo se observan algunas actitudes individuales, pero no un proceso que involucre en términos históricos a la derecha como sector político.

El próximo 5 de enero se realizará un encuentro de economistas del mundo progresista, al cual concurrirán profesionales que apoyaron las candidaturas de Frei, Arrate y de Enríquez-Ominami.

La actividad está siendo organizada por la Comisión Económica del Partido Socialista (CEPS) y cuenta con el apoyo del Instituto Igualdad y de otras fundaciones e instituciones.

El evento se realizará en el hotel San Franscisco y tiene como título “Una estrategia de desarrollo progresista para Chile”. Allí se abordarán temas como el empleo, la recuperación del crecimiento económico, una próxima reforma tributaria, el fomento productivo, la descentralización económica del país.

El evento contará  participación de economistas que han trabajado en la campaña de Frei como Juan Carlos Scapinni y Hernán Frigolet (coordinadores del Área económica del Instituto Igualdad), Sergio Henríquez de Océanos Azules, Luis Eduardo Escobar del equipo económico de ex candidato Marcos Enríquez, Manuel Riesco de CENDA miembro del equipo económico de Jorge Arrate, y Andrés Sanfuentes Presidente de la Comisión Económica y Social de la DC. El cierre del encuentro estará a cargo del presidente del instituto Igualdad senador Ricardo Nuñez.

El evento se realizará a contar de las 18.30 del próximo martes 5 de enero en el hotel San Francisco.

Ya se sabe que la segunda vuelta se decidirá por un escaso margen de votos. Las mayores esperanzas de la candidatura de derecha están puestas en aquel segmento de votantes de Marco Enríquez-Ominami que pudieran decidir, finalmente, anular su voto en segunda vuelta.

Según mi acotada experiencia, el potencial votante nulo es un hueso duro de roer. Ello porque está  envuelto en un cierto nihilismo que se autopercibe lúcido y desde donde es difícil moverlo: siente que todo es igual y que da lo mismo cualquier cosa que él pudiera hacer.

La primera mala noticia para este potencial votante nulo es que su voto en segunda vuelta no es inocuo ni indiferente al resultado final. Ello porque hoy se cuenta con el resultado de la primera vuelta y, por tanto, se conoce que ese voto nulo favorece a la primera opción en competencia, en este caso a la derecha. Este es un argumento que irrita al potencial nulo, pero es en estricta lógica cierto: en segunda vuelta el voto nulo no existe, porque ya se conoce a cual de las opciones en disputa favorece. Ello puede no tener en sí nada de malo, pero tampoco se puede alegar desconocimiento.

La segunda alternativa, es desenfundar frente al potencial nulo el argumento del “mal menor”. Este argumento suele tener “mala prensa”, lo que no se justifica porque es de la lógica decisional de alguien cuya primera opción política ha quedado en el camino ver cual es la alternativa que resulta menos mala o un poco mejor de las que siguen en pie.

En este sentido, no es razonable esperar que alguien cuya opción ha sido derrotada en primera vuelta pueda concurrir de manera completamente satisfecha a sufragar por lo que constituye una segunda alternativa. Una clara excepción que confirma esta regla ha sido la incorporación del coordinador económico de Enríquez-Ominami, Paul Fontaine, a la campaña de Sebastián Piñera, el cual curiosamente se veía mucho más realizado y feliz en su nueva opción que en aquella que apoyó en primera vuelta.

Tampoco falta entre el potencial votante nulo la vieja teoría de “agudizar las contradicciones”. Así se piensa que tal vez un triunfo de la derecha haría más evidente las diversas formas de dominación y explotación existentes, mientras que un gobierno de corte socialdemócrata sólo serviría para atenuar y disimular los conflictos. Benedetti, que conoció bastante de cerca estos razonamientos “dialécticos”, luego de la dura experiencia por la que pasó la izquierda uruguaya en los ’70, escribió: “Con espanto descubrimos un día que lo peor es siempre lo peor”. Es cierto que no estamos en los ’70, pero por qué echar al olvido completamente ese aprendizaje.

Por otra parte, el votante nulo descree de esa frase que cada tanto deja caer la Presidenta Bachelet como si fuera un oráculo proveniente de alguna lejana y perdida sabiduría: “No da lo mismo”. Por el contrario, este ciudadano está convencido de que en realidad da todo lo mismo. En los últimos días se ha hecho un genuino esfuerzo programático de convergencia entre la Concertación y el Juntos Podemos, y se ha acogido de manera bastante constructiva la propuesta de Enríquez-Ominami sobre una nueva reforma tributaria. Ello son pasos significativos e instalan con bastante nitidez, para el que quiera mirar con un poco de buena voluntad, que existe una clara disyuntiva entre progresismo y derecha el próximo 17 de enero.

Según recientes encuestas, la candidatura de Frei creció en pocos días cerca de 15 puntos. Ello da cuenta de una convergencia espontánea y casi instintiva de los electores de izquierda y de centroizquierda, en torno al candidato del progresismo más votado de la primera vuelta. Sin embargo, la principal disputa se vivirá en un pequeño y complejo campo de batalla: el ciudadano escéptico. No deja de ser curioso y hasta un poco inquietante que el futuro de la próxima elección presidencial se encuentre en manos de ciudadanos y ciudadanas que han preferido, hasta ahora, anularse como tales.

Casi dos décadas o más, según el país, han pasado desde el término del último ciclo de dictaduras en América Latina. Con más decisión o más demora, los países de la región avanzan en saldar sus deudas con el pasado. En este último año de la primera década del siglo, Brasil, Argentina y Chile pueden mostrar resultados tangibles en la reconstrucción de la memoria colectiva y avances en las investigaciones y castigo por violaciones a los derechos humanos cometidas en los regímenes militares.

Brasil, donde en 1964 los militares abrieron el ciclo de dictaduras que luego se extendería a la casi totalidad de América Latina, anunció la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los casos de casi 380 muertos o desaparecidos que dejó el régimen castrense que terminó en 1985. La comisión, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, también identificará a los caso 20 mil brasileños que pasaron por las cárceles y sufrieron torturas, además de realizar por primera vez un catastro de quienes fueron enviados al exilio o tuvieron que buscar refugio ante la represión militar.

En el país cuna de la doctrina de seguridad nacional, que exportó sus métodos de torturas y que hizo su parte en la Operación Cóndor, recién 25 años después de  finalizada la dictadura militar comienza una investigación oficial sobre los crímenes cometidos por unos 24 mil agentes represivos, que integraron los aparatos de seguridad, y sobre todo acerca de unos 370 que participaron directamente en los asesinatos o desapariciones de personas.

Mientras el gobierno de Lula anunciaba la creación del grupo de trabajo “suprapartidario” que indagará en un pasado cubierto por una Ley de Amnistía que data de 1979, la Corte Suprema tiene un fallo pendiente sobre un recurso presentado por organizaciones humanitarias acerca de si ese cuerpo legal cubre también los delitos de torturas.

Para el gobierno, la Amnistía del 79 –que impidió cualquier investigación, pero al mismo tiempo permitió el regreso de los exiliados y el fin de la clandestinidad para muchos dirigentes de la entonces atomizada izquierda brasileña- no debería impedir investigar y sancionar la tortura. Para Brasil es algo clave, ya que ha suscrito los pactos internacionales de derechos humanos y es una carta importante ante sus aspiraciones de ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En Argentina también hay avances importantes en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la represión. Según cifras oficiales, las dictaduras militares de 1976 a 1982 dejaron un saldo de más de 9 mil detenidos desaparecidos. Durante el año que termina, al menos 32 ex represores han sido condenados en los once juicios que se desarrollaron, en su mayoría por casos de detenidos desaparecidos y robos de niños.

Los casos más emblemáticos de este año fueron los que llevaron a la justicia a los jefes del Tercer Cuerpo del Ejército, comenzando por el general Luciano Benjamín Menéndez, quien sumó su tercera condena a prisión perpetua.

También durante este año, la Fiscalía de la Procuración General de la Nación (PGN) comenzó a formar 67 causas contra 860 imputados, de los cuales unos 250 ya están lista para ser llevadas a juicio. La más resonada de estas causas es la que involucra a la Escuela Naval (Esma) donde desaparecieron unas 4.500 personas, la mayoría de ellas arrojadas al mar desde helicópteros, en los llamados “Vuelos de la muerte”.

Ya para el año entrante, el 2010, están previstos al menos once nuevos juicios, entre ellos uno contra el ex dictador Jorge Rafael Videla (de 83 años de edad) y otros 17 ex oficiales, todos acusados por su participación en la Operación Cóndor.

Este operativo militar, que coordinó a los aparatos represivos del cono sur, fue impulsado por el general chileno Manuel Contreras, entonces jefe de la DINA, y contó con la cooperación activa de la represión argentina. Se calcula que al menos unas 200 personas fueron arrestadas y desaparecidas en operaciones conjuntas de los organismos de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

En Chile, en tanto, hay dos hechos significativos: los juicios contra represores desde el 2000 en adelante no se han paralizado y han sumado nuevas condenas que han comenzado a ejecutarse, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se apresta a inaugurar el Museo Nacional de los Derechos Humanos, previsto para la primera quincena de enero.

En el transcurso de esta década, 185 ex agentes han recibido condenas definitivas, 59 de los cuales están cumpliendo penas efectivas de prisión. Es la cifra más alta en toda América Latina, según explicitó un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales a inicios de este mes.

El mismo informe indica que hay 297 causas en curso, todas ellas por ejecuciones o desaparición de personas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Adicionalmente hay otras 33 causas abiertas por torturas, inhumación o exhumación de cuerpos, así como otra por asociación ilícita por el caso Colonia Dignidad.

Desde el 2000, al menos 779 ex agentes han sido encausados por causas de violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellos ex integrantes del Ejército y Carabineros, con rangos que van desde suboficiales hasta generales. El total causas vigentes es de más de 3 mil cien e involucran a más de 500 ex agentes de seguridad o ex militares.

En tanto, para la primera quincena del 2010 está prevista la inauguración del Museo de la Memoria, que cubrirá el periodo que va desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Se trata de un espacio con más de seis metros cuadrados de construcción que albergará una muestra permanente de objetos que van desde la artesanía carcelaria, archivos de panfletos y prensa clandestina, hasta registro de voces, testimonios de sobrevivientes y el trabajo de la solidaridad internacional y el exilio en apoyo a la resistencia antidictatorial. El Museo partirá además con una muestra internacional de carácter temporal.

(Alemania, 2008 Dirigida por Dennis Gansel) Durante la semana de proyectos de su establecimiento de educación secundaria, Rainer Wenger (Jürgen Vogel), profesor de educación física y ciencias políticas, emprende la tarea de explicar a los jóvenes el funcionamiento de un régimen “autocrático”. Wenger, un ex ocupa anarquista, cultor del punk y profesor muy popular entre sus alumnos, ve frustrados sus deseos de enseñar sobre el anarquismo, tema que le  es arrebatado por otro profesor más tradicional, que desconfía de  este joven y heterodoxo docente.

Sin embargo, Wenger entusiasma a su curso. Para llevar adelante el proyecto, crea un movimiento totalitario llamado La Ola. El movimiento pasó a tener uniforme, símbolos, saludos, un liderazgo, encarnado en el propio Wenger. Sin embargo, lo que partió como un simple ejercicio pedagógico se va de las manos de su creador. En un comienzo los estudiantes se entusiasman con el proyecto, pero prontamente se toman en serio sus roles, pretendiendo perpetuar en el tiempo el movimiento y adquiriendo un carácter violento y militante. La historia que nos muestra Gansel esta basada la novela homónima de Morton Rhue, quien a su vez si inspiró en los experimentos realizados por el profesor Ron Jones en California en la Década de los 60.

Un tópico en que  la película pone énfasis es la fragilidad de la Juventud ante la tentación totalitaria. Es necesario recordar el carácter eminentemente juvenil que tuvieron tanto el nazismo como el resto de los movimientos fascistas en los más diversos rincones del mundo. La estética monumental, el culto a la guerra y al sacrificio, la obsesión casi enfermiza con el vigor físico, servían para dar un sentimiento de comunidad y sentido a la juventud. De manera similar, la fuerza de “La Ola” residía en que se convirtió en una respuesta a la búsqueda de identidad de los estudiantes y una reacción a la ausencia de lazos sociales estables en su entorno. No es de extrañar que la participación en el experimento de Wenger se volviera atractiva hasta para estudiantes ajenos a su clase y que incluso algunos estudiantes abandonaran la parsimonia y seriedad de otros profesores más tradicionales para unirse a su curso.  Así, el estudiante de origen turco se siente integrado, otro alumno ignorado por sus padres se siente protegido y así, sucesivamente, una suma de historias personales caracterizadas por las carencias convergen en un movimiento que es capaz de darles sentido de comunidad y pertenencia. El propio profesor del curso, quien cree estar desarrollando una actividad controlada, deja en evidencia como está canalizando en su ejercicio de liderazgo la necesidad de ser admirado por sus alumnos y de dar sentido a una profesión docente devaluada.

En esta misma lógica, la película puede ser considerada como una crítica a la fetichización de la marginalidad, y no deja de tender un manto de sospecha  y crítica sobre la creciente identificación juvenil con las tribus urbanas. En lugar de mostrarlas como nueva formas de “tejido social” o “movimientos sociales” emergentes, como nos hemos acostumbrado a escuchar por parte de muchos “analistas” en la actualidad, las tribus urbanas aparecen retratadas como formas desesperadas de búsqueda de identidad y arraigo en el contexto de una sociedad anómica. El carácter matonesco y excluyente de las tribus urbanas queda a la vista, y el director no tiene empacho en mostrar las similitudes en el modo de actuar de “La Ola” y  las organizaciones punk y anarquistas de su entorno. Es más, los estudiantes mostrados en la película, quienes antes  habían participado en pandillas, reenfocan tipos de conductas similares en este nuevo movimiento de rasgos fascistoides. Una escena clave es el dialogo de Rainer, el profesor, con un estudiante, a quien le muestra como su ropa de estilo punk cumple las mismas funciones que los uniformes para los militares y los movimientos fascistas. Las mismas acciones vandálicas callejeras de las tribus, incluidos los graffiti, son potenciadas por el movimiento juvenil que ahora quiere imponer sus signos de identidad en los espacios públicos.
Claramente el trauma alemán de postguerra queda evidenciado en la película. El “experimento social” llevado adelante por Wenger, que tenía como fin  demostrar a sus escépticos estudiantes la posibilidad de un resurgimiento nazi en Alemania, cumple su objetivo con una crudeza inesperada.

Al inicio del siglo XXI, las bases de la socialdemocracia se estaban desmoronando. No sólo George Bush había ganado las elecciones contra Al Gore, no sólo los socialistas del Estado de Bienestar por excelencia, como es Dinamarca, habían perdido frente a los conservadores, sino que en abril del 2002 la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas había sacudido al mundo. El ex Primer Ministro, Lionel Jospin, llegó tercero –detrás de Jaques Chirac, como se esperaba, pero además tras el líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen. Así fue como en junio del 2002, el Partido Laborista Británico, consciente de todos estos fracasos y completamente comprometido con la “Tercera Vía”, invitó a luminarias del socialismo, incluyendo Bill Clinton, a una reunión en Londres. Dirigido a este selecto grupo, el mensaje de Peter Mandelson, posteriormente publicado en The Times, fue claro: “ahora todos son thatchersitas”.

Analizando el deslucido desempeño de los socialdemócratas, Mandelson concluyó que el mundo pedía a gritos más Margaret Thatchers. Los socialdemócratas estaban perdiendo porque no se orientaron suficientemente al mercado; aún había unos pocos servicios públicos no privatizados (a pesar de que Jospin realizó más privatizaciones que ningún gobierno de derecha anterior); y el capital financiero aún necesitaba protección, desregulación y estímulo. Su mensaje fue: “Tenemos que ser como Maggy”. Los social-liberales tomaron el control de la situación, los socialdemócratas asintieron, los socialistas democráticos desaparecieron.

Nunca se le ocurrió  a Jospin que había perdido por una sencilla razón: nadie en la izquierda quería votar por él. Las personas decían: “votaré por el arrastrando los talones en la segunda vuelta, pero que me cuelguen si pretendo aprobar su gestión en la primera vuelta”. Jospin culpó a todo el mundo de su derrota menos a sí mismo. Fundamentalmente a un ex ministro disidente, Jean Pierre Chevenement. Pero el ex ministro no tenía responsabilidad en este asunto. Toda la culpa era de Jospin y de nadie más. Había ido demasiado lejos al afirmar que él no haría una campaña socialista. Había generado tan poco entusiasmo en la izquierda que quedó sin hogar.

Los partidos socialistas han venido cometiendo el mismo error durante la última década. Obama ha contratado a una serie de ex funcionarios de Clinton –Incluyendo a Larry Summers, ex director del Banco Mundial, un protegido de Robert Rubin de Goldman Sachs, y uno de los mayores responsables de la desregulación que nos llevó a la última crisis financiera internacional-. Algunos elefantes del Partido Socialista Francés aún creen que es posible derrotar a Sarkozy en el 2012 pactando con la centro-derecha liberal del Movimiento Democrático. No parecen haber visto el resultado de las últimas elecciones en Alemania e Italia. Si la gente tiene que elegir entre el original y la copia, probablemente elegirán el original o se abstendrán.

Las personas desean alguien –casi cualquier persona- dispuesta a tomar posición en materias de principios más que en cálculos electorales. Los socioliberales, como muchos de nosotros preferimos llamarlos, han pasado los últimos veinte años acompañando al neoliberalismo, trotando detrás del cortejo. No se han levantado contra el asalto al trabajo y los jubilados, la demolición de los servicios públicos, la destrucción gradual del Estado de Bienestar europeo y la creación de desigualdades no vistas desde 1920. No previeron la crisis financiera recién pasada y se han resistido a aceptar las nuevas ideas que se les presentan, incluyendo la noción de que estamos destruyendo el planeta. El cambio climático recién apareció en el radar de la socialdemocracia durante la semana pasada.

Esta situación no sólo es desesperadamente triste, sino que ha llevado a un punto de estancamiento político, ya que, por el momento, no tenemos otra alternativa. Los partidos como las personas pueden envejecer, cansarse o morir de causas naturales. Pero es demasiado pronto para que la genuina izquierda, o como algunos dicen “la izquierda de la izquierda”, se haga cargo. O bien ha desaparecido prácticamente (Italia), o está refocilándose en su fascinación por el faccionalismo (Francia), o es simplemente demasiado nueva (Die Linke en Alemania).

Sin embargo, en ningún lugar podemos esperar que la izquierda llegue al gobierno y se convierta en mayoría sin los socialdemócratas. Así que aquí estamos –usted no puede hacer nada con ellos y tampoco sin ellos, aunque la crisis debió haber proporcionado a la izquierda la oportunidad perfecta para derrotar a la derecha –primero retóricamente y luego electoralmente-, que ha demostrado estar absolutamente equivocada. Su sistema definitivamente no funciona y, sin embargo, los socialistas aún no se atreven a aceptarlo. Unas pocas tímidas señales de que esto puede ser reconocido algún día son visibles aquí y allá –por ejemplo, Marcel Aubry está realizando algunos interesantes movimientos tentativos-, pero es demasiado pronto para decirlo. Esperemos que estás frágiles y pequeñas flores florezcan –de otro modo, camaradas, es probable que la espera sea muy larga-.

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* Este artículo forma parte del “Debate por una Sociedad Justa” que está desarrollando el Social Europe Journal. Para seguir esta discusión, pinche aquí.