Casi dos décadas o más, según el país, han pasado desde el término del último ciclo de dictaduras en América Latina. Con más decisión o más demora, los países de la región avanzan en saldar sus deudas con el pasado. En este último año de la primera década del siglo, Brasil, Argentina y Chile pueden mostrar resultados tangibles en la reconstrucción de la memoria colectiva y avances en las investigaciones y castigo por violaciones a los derechos humanos cometidas en los regímenes militares.
Brasil, donde en 1964 los militares abrieron el ciclo de dictaduras que luego se extendería a la casi totalidad de América Latina, anunció la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los casos de casi 380 muertos o desaparecidos que dejó el régimen castrense que terminó en 1985. La comisión, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, también identificará a los caso 20 mil brasileños que pasaron por las cárceles y sufrieron torturas, además de realizar por primera vez un catastro de quienes fueron enviados al exilio o tuvieron que buscar refugio ante la represión militar.
En el país cuna de la doctrina de seguridad nacional, que exportó sus métodos de torturas y que hizo su parte en la Operación Cóndor, recién 25 años después de finalizada la dictadura militar comienza una investigación oficial sobre los crímenes cometidos por unos 24 mil agentes represivos, que integraron los aparatos de seguridad, y sobre todo acerca de unos 370 que participaron directamente en los asesinatos o desapariciones de personas.
Mientras el gobierno de Lula anunciaba la creación del grupo de trabajo “suprapartidario” que indagará en un pasado cubierto por una Ley de Amnistía que data de 1979, la Corte Suprema tiene un fallo pendiente sobre un recurso presentado por organizaciones humanitarias acerca de si ese cuerpo legal cubre también los delitos de torturas.
Para el gobierno, la Amnistía del 79 –que impidió cualquier investigación, pero al mismo tiempo permitió el regreso de los exiliados y el fin de la clandestinidad para muchos dirigentes de la entonces atomizada izquierda brasileña- no debería impedir investigar y sancionar la tortura. Para Brasil es algo clave, ya que ha suscrito los pactos internacionales de derechos humanos y es una carta importante ante sus aspiraciones de ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En Argentina también hay avances importantes en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la represión. Según cifras oficiales, las dictaduras militares de 1976 a 1982 dejaron un saldo de más de 9 mil detenidos desaparecidos. Durante el año que termina, al menos 32 ex represores han sido condenados en los once juicios que se desarrollaron, en su mayoría por casos de detenidos desaparecidos y robos de niños.
Los casos más emblemáticos de este año fueron los que llevaron a la justicia a los jefes del Tercer Cuerpo del Ejército, comenzando por el general Luciano Benjamín Menéndez, quien sumó su tercera condena a prisión perpetua.
También durante este año, la Fiscalía de la Procuración General de la Nación (PGN) comenzó a formar 67 causas contra 860 imputados, de los cuales unos 250 ya están lista para ser llevadas a juicio. La más resonada de estas causas es la que involucra a la Escuela Naval (Esma) donde desaparecieron unas 4.500 personas, la mayoría de ellas arrojadas al mar desde helicópteros, en los llamados “Vuelos de la muerte”.
Ya para el año entrante, el 2010, están previstos al menos once nuevos juicios, entre ellos uno contra el ex dictador Jorge Rafael Videla (de 83 años de edad) y otros 17 ex oficiales, todos acusados por su participación en la Operación Cóndor.
Este operativo militar, que coordinó a los aparatos represivos del cono sur, fue impulsado por el general chileno Manuel Contreras, entonces jefe de la DINA, y contó con la cooperación activa de la represión argentina. Se calcula que al menos unas 200 personas fueron arrestadas y desaparecidas en operaciones conjuntas de los organismos de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.
En Chile, en tanto, hay dos hechos significativos: los juicios contra represores desde el 2000 en adelante no se han paralizado y han sumado nuevas condenas que han comenzado a ejecutarse, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se apresta a inaugurar el Museo Nacional de los Derechos Humanos, previsto para la primera quincena de enero.
En el transcurso de esta década, 185 ex agentes han recibido condenas definitivas, 59 de los cuales están cumpliendo penas efectivas de prisión. Es la cifra más alta en toda América Latina, según explicitó un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales a inicios de este mes.
El mismo informe indica que hay 297 causas en curso, todas ellas por ejecuciones o desaparición de personas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Adicionalmente hay otras 33 causas abiertas por torturas, inhumación o exhumación de cuerpos, así como otra por asociación ilícita por el caso Colonia Dignidad.
Desde el 2000, al menos 779 ex agentes han sido encausados por causas de violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellos ex integrantes del Ejército y Carabineros, con rangos que van desde suboficiales hasta generales. El total causas vigentes es de más de 3 mil cien e involucran a más de 500 ex agentes de seguridad o ex militares.
En tanto, para la primera quincena del 2010 está prevista la inauguración del Museo de la Memoria, que cubrirá el periodo que va desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Se trata de un espacio con más de seis metros cuadrados de construcción que albergará una muestra permanente de objetos que van desde la artesanía carcelaria, archivos de panfletos y prensa clandestina, hasta registro de voces, testimonios de sobrevivientes y el trabajo de la solidaridad internacional y el exilio en apoyo a la resistencia antidictatorial. El Museo partirá además con una muestra internacional de carácter temporal.
