En medio de debates mediáticos que acaparan la agenda pública, la supuesta vocación de este gobierno por “los niños primero” parece retórica, hecho que no adquiere la requerida visibilidad.
A propósito del proyecto de ley que modifica disposiciones a la carrera docente y otros cuerpos legales (Boletín 11621-04), el Ejecutivo ha ingresado una indicación que posterga por 3 años la exigencia del conjunto de requisitos obligatorios para el funcionamiento de los jardines infantiles públicos y privados.
Estos requerimientos son estándares mínimos para garantizar condiciones básicas de calidad y de bienestar integral, tales como: infraestructura, personal idóneo y competente, mobiliario, equipamiento, material didáctico, proyecto educativo elaborado en función de las bases curriculares, reglamento interno (donde se incorporan protocolos de actuación en seguridad, convivencia, maltrato, abuso).
Una explicación que justificaría esta insólita decisión serían las dificultades para cumplir con la regularización de la infraestructura en los plazos determinados en la ley y sus altos costos de inversión. Comprendiendo su complejidad, dado que involucra a más de 5.000 establecimientos, lo adecuado sería dar más plazo sólo en esa área, agregando un plan de trabajo e inversión y no renunciando a exigir los otros requisitos básicos, de carácter jurídico y educativo como proyecto educativo, dotación de personal, reglamento interno, recursos educativos.
Sin duda, la propuesta del Ejecutivo que posterga todos los estándares resulta contradictoria con la promesa de gobierno de implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, con el acuerdo nacional por la infancia, con el anuncio de un plan de fiscalización que no podría exigir requisitos, y con los desafíos del plan inicial de la sociedad civil.
En definitiva, los pasos para privilegiar a la primera infancia parecen caminar hacia atrás.