Rubens Francois I. economista, Instituto Igualdad
Pareciera casi un axioma en los negocios, lamentablemente, la idea de cómo extremar las acciones que permitan incrementar las ganancias sin invertir con lo propio y buscar cualquier resquicio para pagar menos o simplemente no pagar impuestos.
Con las prácticas que han predominado en los negocios es muy posible que se haya llegado al límite de un crecimiento mediocre, lo que se refleja y es el resultado de las bajas tasas de inversión de buena parte de los inversionistas locales. No es posible seguir creciendo a mayores tasas sin invertir para ampliar y diversificar la capacidad productiva. Esto tiene que ver también con una cultura de la élite empresarial que busca instalar gobiernos que reduzcan la intervención del estado en materias que regulen el mercado e incrementen los impuestos directos a las rentas del capital, a la riqueza y a las altas rentas personales. Y mientras ello no ocurre añora y promueve gobiernos de derecha para invertir con “certezas” y permitir por rebalse el incremento del nivel del PIB potencial.
En su nivel máximo de producción la economía, o sea, en el tope de su PIB potencial, la deja al borde de generar inflación. En ese caso la inflación es un mecanismo económico que más protege al empresario dueño del capital que al trabajador e incluso el alza de los precios se utiliza en los negocios oligopólicos para obtener ganancias adicionales, empíricamente demostrado por entidades confiables.
El Mercurio en su editorial del 21 de marzo 2024 califica de “insignificante” el crecimiento del PIB experimentado durante el actual mandato del presidente Boric y cree inapropiado el entusiasmo del gobierno por este resultado, como si la política del Banco Central y del gobierno no hubiese sido priorizar el frenar el proceso inflacionario que tiene como consecuencia – en cualquier país – el deterioro del crecimiento, acompañado del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los trabajadores y familias.
Aquí se ignora el efecto de la política antinflacionaria en el crecimiento y se le atribuye al gobierno la responsabilidad de que el país no crezca, sin reconocer que el país no entró en una recesión gracias a unas realistas políticas monetaria y fiscales aplicadas, sin olvidar que la recesión fue pronosticada y difundida profusamente por los medios y economistas de derecha, ignorando el daño que producen esos designios a su vez, en la confianza y expectativas de la economía y sus agentes.
Creo que ha llegado el momento en que se debe poner énfasis en el rol del sector privado en el crecimiento y el tipo de crecimiento que agregue valor a la economía. ¿Qué nivel de participación y responsabilidad le cabe al sector privado en la actividad económica en nuestro país, si el estado apenas puede hacerse cargo de un 20% de lo que puede influir en la economía – en el mejor de los casos?
Junto con lo anterior tenemos que considerar que el estado a través del gobierno debe actuar en la economía evitando endeudarse, recurriendo a los recursos que recauda casi exclusivamente vía impuestos para enfrentar la administración del gasto fiscal del que tiene poco margen para reducirlo, dentro de un presupuesto con una arquitectura predeterminada por un gasto prácticamente inamovible, dada la estructura institucional del estado y de un gasto social creciente derivado de la estructura de distribución regresiva del ingreso que deja a una población expuesta al deterioro de sus ingresos y a la pobreza.
El Mercurio como vocero oficial de la élite económica adjudica al gobierno la ausencia de una agenda procrecimiento y su falta de cautela en el manejo de las cifras. Por un lado, la élite se permite decir que el crecimiento económico depende de esas premisas y de la acción del gobierno, sin incluir por otro lado la participación del sector privado que con o sin agenda tiene la principal responsabilidad por los resultados económicos del país.
El gobierno ha dado señales razonables y certeras, participando activa y coordinadamente con el Banco Central, para llevar a la economía a un piso confiable y estable, pese a que la oposición no le ha permitido avanzar en ninguna reforma que permita potenciar la economía con recursos permanentes para un gasto orientado a dar protección social, reducir la informalidad y la exclusión, lo que implica finalmente inversión en capital social y humano, de lo que no se hace cargo el sector privado ni la clase empresarial, ya que para ello se requiere que aporte con una mayor carga impositiva en las rentas del capital y el patrimonio.
La élite culpa al gobierno de que la economía no haya crecido más allá de un “insignificante” 2,2% en lo que va desde su instalación. Se debe tener en cuenta que el PIB potencial se estima en torno al 2% anual y se ha mantenido en ese nivel fundamentalmente porque la inversión privada no está orientada a desarrollar al país sino a maximizar las ganancias de los negocios, esperando que el gobierno facilite y favorezca las condiciones para invertir, siempre y cuando no se suban los impuestos.
La manida tesis de que solo el crecimiento permite mejorar la economía es una falacia al ignorar los mecanismos redistributivos de los ingresos que aseguran el desarrollo del capital humano, la reducción de la informalidad y de la exclusión social, la minimización de la precarización laboral y la pobreza. No es posible crecer y hacerlo con equidad y eficacia sin disponer de un sistema de protección social que se haga cargo de nivelar el estatus socioeconómico, de la capacitación laboral y cultural de una mayoría cada vez más expuesta a quedar fuera de los beneficios de un modelo de crecimiento económico excluyente y concentrador de la riqueza.
Los años de crecimiento de la economía en Chile han servido poco para tener hoy un país más justo, menos desigual y con mejores oportunidades para el desarrollo humano; con un marco de estabilidad que permita el avance en la calidad de vida, y que impida el retroceso que implica la no continuidad de los ajustes y cambios que va exigiendo la sociedad en todos sus ámbitos para construir un mejor país, independientemente del gobierno de turno.
No es solo el gobierno el que debe hacerse cargo. Siendo la economía una plataforma vital para el desarrollo y reconociendo que en esta economía el sector privado cubre el 80% de la actividad, la clase empresarial tiene una inesquivable e inexcusable responsabilidad social que debe estar a la altura de las exigencias de una sociedad que aspira a una mejor calidad de vida.
Asimismo, se debe admitir que esta tarea requiere de la participación mancomunada del estado, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil, lo que exige prontamente un nuevo pacto social que tenga un soporte fiscal que reconozca la existencia y el respeto de derechos sociales inalienables y la disponibilidad de recursos permanentes que lo garantice.
