La gravísima crisis que vive Venezuela no parece tener solución en el corto plazo, situación que ha llevado a especialistas como los historiadores Tomás Straka [1] y Alejandro Velasco [2] , a advertir que en el horizonte no se ve más salida que el “camino a Damasco”, la confrontación fratricida. En este marco ¿Qué rol juegan las fuerzas armadas venezolanas? ¿Ellas están apoyando la legalidad constitucional o más bien respaldando una opción partidista? ¿Cuál fue el modelo de relaciones cívico-militares durante el chavismo?
Como en la mayoría de los países de la región, las FF.AA. venezolanas han tenido en la historia un papel protagónico en la escena política nacional; especialmente, en el curso del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Proceso que se interrumpe, parcialmente al menos, una vez derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y se firma el “Pacto de Punto Fijo” (1958), que inicia la etapa de democracia representativa en el país caribeño; período en el cual las tendencias “pretorianas” de las fuerzas armadas parecen controladas.
El “Pacto” fue un acuerdo entre los partidos Acción Democrática (AD) y COPEI. Implicó una disminución de la influencia castrense en la vida política, representando una etapa de ascenso de la participación política y la movilidad social. En el plano económico en los años sesenta y, especialmente, en los setenta se vivió la bonanza del boom petrolero, producto del alza de los precios del crudo. La nacionalización del petróleo (1976) favoreció la inversión pública y permitió ser dispendioso con las importaciones; pero también facilitó la corrupción en la elite política. Se inicia el fin de esta fase en 1983 con la devaluación del Bolívar, y se hace evidente con los hechos violentos del “Caracazo” de 1989.
En estas tres décadas las FF.AA. se comportaron como las defensoras de la fórmula democrática, crecientemente clientelista y de prácticas populistas, lo que llevó al desprestigio de los partidos políticos. Los militares contribuían combatiendo a la izquierda revolucionaria (comprometida en guerrillas urbanas y rurales) y sus altos mandos eran retribuidos con privilegios e inmunidades. Al mismo tiempo, al interior de los cuarteles se extendía el malestar a través de diversas logias secretas, unas más políticas que otras; a las que contribuyó una política de contactos con grupos radicales.
En los años noventa la crisis se desata. Se producen los intentos de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, y la rebelión de noviembre de ese mismo año. La politización de un sector de la oficialidad sintonizó con el rechazo ciudadano (inicialmente inter clasista) a la dirigencia política gobernante. El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, y la nueva Constitución del año siguiente inauguran el actual proceso político venezolano.
A lo largo de estos 18 años las instituciones de la Defensa se han trasformado en pieza clave del régimen, en sostén decisivo. En este período la influencia política de los militares se ha incrementado progresivamente. La “Revolución Bolivariana” los ha tenido como verdaderos gerentes políticos del proceso. Han sido rectores del desarrollo nacional; han pasado de actores institucionales a políticos, y han terminado, como señalan Inés Guardía y Giannina Olivieri [3], como aparato represivo del gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Este protagonismo institucional ha sido definido por especialistas como Domingo Irwin [4] como “pretorianismo”; noción que describe “la influencia abusiva y política que ejerce el sector militar sobre el civil en una sociedad dada.” Desde el triunfo del Referéndum Revocatorio de agosto del 2004 se consolidó una democracia sui generis denominada “neo corporativismo representativo”, consistente en la obtención y desempeño del poder político por parte de los militares a través de procesos electorales democráticos, donde el liderazgo de Hugo Chávez fue fundamental.
Como se ha señalado, el rol clave de las instituciones castrenses en el proceso ha tenido una contraparte de privilegios y prebendas para el conjunto de la corporación y ,especialmente, para los altos mandos, los que han sido engrosados en forma excesiva. Se habla de hasta 2.000 generales en los cuatro componentes de las fuerzas. Asimismo, la profunda crisis institucional y el escenario fuertemente caotizado ha llevado a sectores de la oficialidad ha corromperse con el contrabando e, incluso, con el narcotráfico.
Como hemos visto, es claro que el modelo de relaciones cívico-militares chavista no es el clásico de una democracia representativa, que tiene como su ideal la conducción civil del sector de la defensa. Chávez impulsó la participación activa de las instituciones armadas en la vida política del país; llevó a los mandos y a la oficialidad a ser parte de los organismos públicos; y creo una serie de empresas propias de las FF.AA., en los más diversos ámbitos productivos. Esto concluyó con la identificación de las instituciones armadas con los gobiernos “bolivarianos”, y más recientemente, con el denominado “socialismo del siglo XXI”.
Entonces, el rol de las instituciones castrenses es crucial en la coyuntura. Incluso los dirigentes de ambos bandos, gobierno y oposición, reconocen que existe una suerte de pretorianismo o militarismo gubernamental; que tendría raíces culturales e históricas, junto a factores políticos más recientes. La admiración del político fuerte y carismático, junto a la debilidad de los mecanismos de control civil constituyen factores explicativos de largo plazo.
Es amplio el rol que pueden jugar los militares en el futuro, en una transición que puede tenerlos como actores aún más protagónicos. Como factor “moderador” (en términos de Alfred Stepan) o como una especie de comodín “bolivariano”, ya no “socialista”. Lo que siempre pasará por el uso de las capacidades de fuego para “pacificar” o neutralizar a los radicales de uno y otro lado. En el caso del chavismo, de los “colectivos” que se resistan a reconocer el monopolio de las armas, y en el caso opositor, de los grupos de choque que busquen seguir teniendo un papel político.
Por José Díaz Gallardo, Coordinador del Taller de Defensa
[1]. – Ver, de Tomás Straka: Venezuela en el Camino a Damasco, en nuso.org (sitio web de la Revista Nueva Sociedad) opinión, junio 2017: )http://nuso.org/articulo/venezuela-en-el-camino-de-damasco/; del mismo autor ver, La Republica Fragmentada. Claves para entender a Venezuela. Editorial Alfa. Caracas. 2015. 206 páginas.
[2] . Ver, entrevista a Alejandro Velasco de Pablo Stefanoni: Venezuela: ¿Por qué no ‘bajan’ de los Cerros, en nuso.org, junio 2017: http://nuso.org/articulo/venezuela-por-que-no-bajan-de-los-cerros/
[3] . – Ver, Inés Guardia Rolando y Giannina Olivieri Pacheco: Estudio de las Relaciones Civiles Militares en Venezuela desde el Siglo XIX hasta Nuestros Días. Temas de formación sociopolítica N° 42, Universidad Católica Andrés Bello. Fundación Centro Gumilla. Caracas. 2016. 165 paginas. Existe una edición anterior del 2005.
[4] . – De Domingo Irwin ver: D. Irwin y Frederique Langue, coordinadores: Militares y Poder en Venezuela. Ensayos históricos vinculados con las relaciones civiles militares venezolanas. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 2005. 376 páginas; D. Irwin, Luis A. Buttó y Fréderique Langue: Control Civil y Pretorianismo en Venezuela: ilusiones y realidades históricas. Caracas. U. Pedagógica Experimental Libertador. U. Católica Andrés Bello. 2006. 228 páginas; D. Irwin e Ingrid Micett: Caudillos, Militares y Poder: una historia del pretorianismo en Venezuela. Caracas. U. Católica Andrés Bello. 2008. 336. Paginas.
