En diciembre del año 2014, un grupo de profesionales jóvenes del Instituto Igualdad se abocó a estudiar la importancia que tiene que el desarrollo urbano y territorial respete los derechos humanos, como una garantía esencial contemplada en el texto de una nueva Constitución para Chile. Partieron de un diagnóstico crítico sobre la realidad que se vive en el país, donde existe una profunda segregación social; altos índices de contaminación; una falta de protección del patrimonio urbano; y un desigual acceso a bienes comunes y a una vivienda adecuada, entre otros problemas serios.
También analizaron los contenidos presentes en otras Constituciones, que abordaban temas como la recuperación de plusvalías, el rol social y ambiental del suelo, el derecho a la vivienda y el derecho al uso y goce de los recursos naturales.
Como resultado de esta iniciativa, a poco andar se sumaron profesionales de distintas vertientes, para integrarse a la campaña: “Por el Derecho a la Ciudad y El Territorio”. Hasta ahora se han dedicado a la divulgación de diversos contenidos, con el propósito de sensibilizar sobre la trascendencia que tiene este concepto.
A fines de abril, lanzaron la campaña de difusión 2017, logrando en este breve tiempo una muy buena acogida en redes sociales. En la actualidad, la campaña tiene una web, Facebook, Twitter y su canal YouTube, con más de 2.500 visitas.
Derechos Humanos en la ciudad y el territorio
Desde enero de este año, una de las coordinadoras de este grupo ciudadano, la arquitecta urbanista, Maricarmen Tapia, junto a Alfredo Rodriguez se sumaron al programa de formación política que se desarrolla en el Instituto Igualdad, para formar a las dirigentas socialistas en temas relacionados con la ciudad, el territorio y género.
En la siguiente entrevista, la profesional se refiere a la motivación y sentido de incorporar esta temática en la agenda pública chilena.
¿Cómo y porqué surge esta iniciativa de sensibilizar a los chilenos respecto a los derechos que tienen como ciudadanos frente al desarrollo urbano y territorial?
La iniciativa de formar un grupo de estudio y la campaña por el “Derecho a la Ciudad y el Territorio”, nace en el contexto de la discusión sobre contenidos para la nueva Constitución, ya que aún no había recogido estas temáticas.
Yo había regresado de Barcelona, en 2014, donde se vivió una experiencia de transformación bien importante. Allí estaba muy activo el debate sobre temas que afectaban a la ciudad. Existían denuncias de pérdida de patrimonio; del uso abusivo de la normativa urbana, y la especulación sobre grandes proyectos inmobiliarios. Yo venía de conocer el nacimiento de un movimiento político, que no se basaba en la estructura partidaria, y que sustentaba sus reivindicaciones en derechos básicos a la ciudad, tales como acceso a la información; a la vivienda; a bienes y servicios; y a vivir en un lugar sano y seguro.
También, era necesario recoger y difundir importantes contenidos como la iniciativa surgida en el Foro Social 2002, donde se redactó la carta “Derecho a la Ciudad”. Además, a fines del año 2015 ya teníamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y estaba en boga la discusión para Hábitat III, que finalizó en la Declaración de Quito en octubre del año 2016.
En este marco, les expuse al grupo que integra el Área de Investigación Jurídica y Social del Instituto Igualdad que llevaban tiempo trabajando en el contenido de una nueva Carta Fundamental, que podíamos ponernos al día con este tema, instalándolo desde la perspectiva constitucional. Ellos lo acogieron y así fue como se sumaron Camilo Zamorano, arquitecto; Raquel Águila, estudiante de derecho; Matías Libuy, médico y; Gabriel Ossandón, abogado, para estudiar y discutir sobre lo que señalan las constituciones latinoamericanas y española sobre lo concerniente a la ciudad y el territorio. Fuimos descubriendo que había todo un mundo en esto.
¿Cómo resuelven abordar el tema en un país como Chile, donde no existe una sensibilidad al respecto?
En Chile, es necesario sensibilizar sobre el derecho a vivir en un entorno que proteja a sus ciudadanos”. Por eso, nuestra idea es generar contenidos y entregarlos para la discusión pública. Lo interesante es relevar que se trata de algo muy cotidiano, que uno lo piensa desde lo abstracto, pero la verdad la cuidad la vivimos a diario. Uno camina, se relaciona, se mueve y vive en la ciudad.
Teníamos claro que la desigualdad era importante abordarla y creamos una primera lámina, en que hacemos la comparación entre las comunas con más y menos áreas verdes. También vimos que la Constitución era, efectivamente, un espacio donde podíamos movilizar muchos temas relacionados con el derecho a la ciudad. Es así, como aparece esta lámina del billar, que en la Constitución se le pega a las bolitas y se pone en movimiento.
Asimismo, nos interesaba hablar de los bienes comunes, del patrimonio, y del derecho a la vivienda. Chile está atrasado en asumir los derechos suscritos en 1966, y ratificados en 1988, en Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Por ejemplo, en América Latina el “derecho a la vivienda” está presente en las Constituciones de 18 de 20 países. Sólo Chile y Perú no lo contemplan. Por otra parte, tampoco se asumen enfoques, cuando se analiza la descripción de “vivienda adecuada” de Naciones Unidas. En la observación general Nº 4, que hace el año 1991, ellos plantean 7 atributos y, cuando se revisan, claramente se ve que no es una vivienda segregada, sino que incluida en la ciudad; con equipamiento, con acceso a infraestructura, y a transporte.
Entonces nos dimos cuenta que, en realidad, se trataba de articular ciertos temas sobre los que ya había mucha información a nivel internacional.
Del mismo modo, nos propusimos comprender por qué se produce la segregación. Abordamos el problema, desde distintas perspectivas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud. En este sentido, hay estudios que relacionan la falta de áreas verdes con obesidad y depresión. Está, también, el tema de la contaminación. Lo que quiere decir que la ciudad nos afecta desde diversos sentidos.
Partimos con la idea de ciudad, pero también nos dimos cuenta que el territorio era importantísimo. Por eso, uno de los seminarios de este año fue: “Chile, Territorio en Riesgo”, que atrajo a mucha gente a la que no estábamos llegando con un discurso puramente constitucional. El territorio está asociado a la contaminación, a la ordenación territorial; al uso y abuso de los recursos naturales. Son otros temas en una escala más amplia. Estamos hablando de acceso al mar, a los lagos, a contar con bosques nativos, a cómo se va utilizar el agua, o qué futuro queremos para las especies. En este sentido, creemos que el territorio es un soporte para la vida humana, pero, también, es un sistema en sí mismo, que se debe respetar y salvaguardar en su condición.
¿Qué características tiene la campaña “Por el Derecho a la Ciudad y El Territorio?
Es una campaña sencilla, que se puede entender, que surge desde la crítica, pero se plantea desde nuevos enfoques, propositivos y abiertos. Por esta razón, la gráfica es muy importante. Aúna un lenguaje común, desde distintas disciplinas y hace una síntesis de lo que queremos comunicar.
Bajo esta perspectiva, diseñamos las láminas de la campaña 2016 como material de discusión y para el 2017 elaboramos tres videos de menos de dos minutos cada uno. A nuestro juicio, este material audiovisual resume las ideas más relevantes de difundir en este momento, para sensibilizar a la ciudadanía.
Uno de éstos, es incorporar el derecho a la ciudad y el territorio, como un derecho humano fundamental. La ciudad no se debe ver como un grupo de edificios y transporte, sino que entenderla desde las personas y cómo responde a las necesidades de ciudadanas y ciudadanos.
También está el tema de la vivienda, que no se trata de una vivienda cualquiera, sino cómo la vivienda es una pieza fundamental en la construcción de la ciudad.
En tercer lugar, escogimos el problema de la plusvalía, porque nos permitía poner en discusión quién se beneficia de los progresos y de la inversión pública en la ciudad. Lo anterior, nos permite cuestionar algo de fondo: la ciudad responde a un modelo, que nosotros estamos tratando de cambiar, para que sean más justas con sus habitantes.
¿Cuándo aparecieron en público?
El 2016, pero habíamos trabajado todo el 2015. Era el trabajo de un año de estudiar, de realizar, porque, en el fondo, todo el contenido teórico y gráfico lo ha hecho el grupo. El año 2016 sacamos una página web, presentamos las láminas, creamos un sistema de envío de correos, buscamos participar en varias actividades.
¿Quiénes integran esta campaña ciudadana preocupado por el desarrollo urbano y territorial?
Esta campaña es transversal en todo sentido. El grupo inicial que mencionaba se contactó con instituciones claves como Ciudad Viva, Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos e integrantes de Revolución Democrática. Hoy somos un equipo base de 9 personas que tenemos distintas tareas y redes con las que nos relacionamos.
Este año hemos sumamos ayuda de organizaciones internacionales para difundir. Como HIC (Hábitat International Coalition), HIC– América Latina reúne a más de un centenar de organizaciones de 19 países; y el OBSERVATORIO DESC, que monitorea el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya sede está radicada en España.
También contamos con figuras públicas desde el PS que nos apoyan, como es el caso del senador Carlos Montes; la concejala, Paula Mendoza y el arquitecto, Genaro Cuadros.
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