En el mes de julio de este año y tras los titubeos esbozados hasta entonces por el Departamento de Estado para reafirmar con hechos la condena inicial realizada por el gobierno norteamericano al golpe de Estado en Honduras nos preguntábamos, en estas mismas páginas virtuales, si el  estimulante espíritu de la Cumbre de las Américas de Trinidad Tobago no terminaría por esfumarse.

Ahora, ya al finalizar este año 2009, la respuesta a dicha interrogante es desafortunadamente positiva, a juzgar por los hechos ocurridos hasta ahora. Los buenos propósitos de iniciar una nueva era en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, surgidos tras la histórica victoria electoral del Presidente Obama y aplaudidos en su momento por tirios y troyanos, parecen hoy  sólo un espejismo que todos quisimos ver como una realidad a corto plazo, considerando la profunda significación de la elección del Presidente Barack Obama en la Presidencia de los Estados Unidos. Y a menos que haya una reacción visible y pronta de parte del Departamento de Estado, la voz de los escépticos y de los desilusionados se agregará, aunque con matices y con tonos diferentes, al coro de los que siempre estuvieron interesados en sostener que en Washington nada había cambiado. Y menos respecto de América Latina. Los avances progresivos  que se están produciendo en el complejo campo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba no bastan para ahogar las críticas, por más que la comprensión sobre los formidables obstáculos que debe enfrentar el Presidente Obama para impulsar cualquier cambio progresista en política interna o exterior haya aumentado sustancialmente en la región.

No resulta difícil ennumerar los desencuentros entre la mayoría de los gobiernos latinoamericanos con la política real puesta en práctica, de manera inusualmente tosca y contradictoria, por el gobierno de Washington. El primero de ellos – y también el más grave por su eventual repercusión histórica- es obviamente el que se refiere a la zigzagueante conducta exhibida por dicho gobierno respecto a la crisis hondureña. De la condena inicial al golpe de Estado en dicho país, hecho esperanzador que rompía con el tradicional apoyo de Washington a los golpes de Estado en la región, se pasó a una estrategia extraña, consistente en mantener dicha condena en la teoría, sosteniendo en la práctica que la elección presidencial posterior, convocada y monitoreada por el gobernante de facto que depuso al Presidente Zelaya, tendría legitimidad. Ello, obviamente, implicaba sanear indirectamente el golpe de Estado. Y aunque Washington no se ha atrevido hasta ahora a reconocer formalmente al gobierno surgido de estas elecciones ante la repulsa mayoritaria de los gobiernos latinoamericanos, incluido en primer término Brasil, mantiene de hecho una política de apoyo al nuevo Presidente hondureño sin que se haya logrado el indispensable acuerdo internacional- del cual los países latinoamericanos y Estados Unidos deben formar parte central- para apoyar una salida a este complejo desafío democrático.

Ya sea porque privilegió la necesidad de superar los obstáculos de los legisladores republicanos para confirmar la designación de Arturo Valenzuela como Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental o por el peso de los sectores de defensa en la conducción de la política hacia la región, lo cierto es que la estrategia seguida por  Washington es errónea y hace resurgir – aunque ello sea una percepción inadecuada y carente de realismo- el fantasma del tradicional apoyo norteamericano a los golpes de Estado en América Latina. Disipar esa percepción constituye una condición esencial para recuperar la confianza que el Presidente Obama había empezado a obtener en la región y para “ resetear” las relaciones entre su país y América Latina.

El segundo tema de la nutrida agenda de problemas por resolver al cual nos referiremos por ahora es la firma y puesta en marcha del Convenio entre el gobierno norteamericano y el de Colombia, que habilita al primero para usar bases militares en territorio colombiano con el fin de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Y aunque el gobierno colombiano ha intentado darle transparencia relativa al referido convenio, en tanto Washington le baja el perfil sosteniendo que sólo se trata de hacer más efectivo el control del narcotráfico y de apoya al gobierno colombiano en su lucha contra la guerrilla dentro de las fronteras de ese país, los fantasmas de la intervención militar norteamericana en América Latina han reaparecido, dando pie para que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se apresten a tomar medidas de defensa y a radicalizar su discurso antinorteamericano. Pero otra vez es Brasil el país que asume el liderato de América del Sur para cuestionar este aspecto de la política del gobierno del Presidente Obama hacia América Latina, aunque sin los excesos verbales de los Presidentes venezolano, ecuatoriano y boliviano. Pero sí en forma clara y frontal, como corresponde a la principal potencia de la región.

Este año para olvidar en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos se está ya cerrando, y lo hace con un episodio menor igualmente erróneo. Nada menos que el propio Arturo Valenzuela, ya en posesión de su cargo de Secretario Adjunto encargado de América Latina en el Departamento de Estado, con toda su experiencia y conocimientos indiscutibles, ha realizado una desafortunada visita a Argentina, en la que al incursionar en temas económicos, ha recordado que existía mejor clima para las inversiones norteamericanas en ese país en tiempos de Menem que los que ahora existen. Sólo que al recordar ese periodo olvidó que fue la política neoliberal de Menem la que precipitó a la Argentina al infierno de la peor crisis de su historia, bajo las bendiciones del FMI. Las repercusiones de este episodio han sido fuertes y ruidosas, aunque obviamente su alcance es pecata minuta comparado con los problemas señalados anteriormente. Finaliza de este modo un año para olvidar en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, las que requieren una urgente reingeniería para enfrentar el 2010. No se trata de una tarea fácil, puesto que los sectores neoconservadores republicanos se resisten a ver a América Latina como otra cosa que su tradicional patio trasero, que el lobby cubano de Miami sigue teniendo fuerza y que sectores conservadores del propio Partido Demócrata se oponen a cambios en temas tan importantes como la política migratoria o a una nueva forma de enfrentar el problema del narcotráfico, atendiendo más a sus causas socioeconómicas y al  tratamiento científico de las adicciones como problema de salud  que a la utilización de la fuerza militar para  “erradicar” un fenómeno que no tiene esa característica principal. Pero la formulación de una nueva política hacia América Latina sigue siendo una tarea importante para el gobierno de Obama, que deberá mostrar avances significativos durante el 2010.

Mediante esta carta, expresamos nuestra convicción de seguir adelante con la democratización del país y evitar un grave retroceso conservador en la sociedad chilena. Continuaremos con el propósito democratizador que tuvo el pacto instrumental entre la Concertación y el Juntos Podemos, para romper la exclusión, de cuyo éxito y avance nos alegramos todos. En esta segunda vuelta presidencial, los invitamos nos acompañen a derrotar a la derecha apoyando la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Expresamos nuestra voluntad política en los siguientes contenidos:

1. Por una nueva Constitución Política del Estado

Constatamos que las fuerzas de centro e izquierda han planteado la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Unos han propuesto que esto se haga mediante la convocatoria a una asamblea constituyente, otros por mecanismos ratificados por la soberanía popular y otros mediante un proceso de diálogo social. Sin embargo, nos parece pertinente declarar que lo central es que aspiramos a que la nueva Constitución tenga los siguientes contenidos: garantías sobre la proporcionalidad del sistema electoral que terminen con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de ser candidatos al Parlamento; reformas al Tribunal Constitucional para evitar que éste ejerza un carácter colegislador indebido; mayores facultades de iniciativa parlamentaria de ley; límites al concepto de Estado subsidiario para que no sea una barrera a la política de desarrollo productivo; restablecimiento del derecho del sector público sobre la constitución de empresas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional; reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile.

2. Por una Codelco fuerte y de todos los chilenos

Creemos necesario que Codelco mantenga su propiedad 100% en manos del Estado, asegurando de este modo, el rol fundamental de esta gran empresa en el financiamiento de la inversión social en salud, educación, vivienda y seguridad social. Pensamos que se debe fortalecer una gestión de excelencia que asegure su eficiencia, competitividad y sustentabilidad económica y ambiental. Sostenemos que debe fortalecerse la alianza estratégica entre los trabajadores y la empresa y de garantizar el pleno cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social para los trabajadores contratistas.

3. Por una educación pública de calidad garantizada para todos

Creemos que es indispensable fortalecer la educación pública escolar. Es un imperativo para el desarrollo de Chile, pero también para su avance democrático. Es importante que las reformas que se hagan mejoren la calidad de la educación, pero concordamos que este proceso de reforma debe hacerse escuchando la voz de los estudiantes, padres y profesores, en particular del Colegio de Profesores. Coincidimos en que la educación municipalizada en su estado actual no da para más si no se toman medidas de fondo con un papel más fuerte del Estado, por ende, concordamos avanzar en esa dirección. Es el único modo de igualar las oportunidades entre los que tienen y los que no tienen como pagar sus estudios. Concordamos en la necesidad de establecer un nuevo trato con las instituciones de educación superior estatales; y coincidimos en que este proceso debe hacerse considerando la opinión de la comunidad universitaria y de los rectores de las universidades. Concordamos impulsar, a partir de las universidades del Estado, la creación de una red de centros de formación técnica de carácter público. Y coincidimos en la necesidad de transformar el actual sistema de capacitación en un Sistema de Educación Integrada para los Trabajadores.

4. Por un mejoramiento de la atención en el sistema de salud pública

Tenemos que seguir incrementando la infraestructura hospitalaria y de la salud primaria. Concordamos en la necesidad y asumimos el compromiso de apoyar sostenidamente el incremento en los recursos de salud, hasta lograr una mejora sustantiva en el tratamiento de los pacientes que se atienden en el sistema público. Dichos recursos deben permitir una mejor dotación de especialistas, de equipamiento médico, infraestructura hospitalaria, de insumos y medicamentos. En lo inmediato es necesario contratar durante los cuatro años del gobierno próximo a 1.000 especialistas médicos para operar en los hospitales; crear 50 centros de excelencia clínica de nivel mundial, dotados de las más altas tecnologías en patologías que mayoritariamente no están incluidas en el AUGE; igualar el acceso a ambulancias a través de la creación de una red complementaria de acceso universal; incrementar de manera sustantiva la disponibilidad de medicamentos en los consultorios para que las familias de los sectores más vulnerables no tengan que incurrir en mayores gastos para el cuidado de su salud.

5. Por la ampliación de los derechos de los trabajadores

Nos proponemos respaldar y empujar una agenda de reforma laboral como al propuesta por la Central Unitaria de Trabajadores. Es necesario fortalecer la negociación colectiva, la sindicalización, y el cumplimiento efectivo de la Ley de Subcontratación. También debemos impulsar relaciones laborales más equilibradas; lograr garantías más claras y efectivas a la libertad sindical, así como al derecho a organizarse y a la huelga; generar regulaciones que se hagan cargo de las nuevas realidades laborales como la subcontratación y el trabajo temporal, de las realidades del trabajador agrícola, del temporero y del trabajador subcontratado. Se requiere una puesta al día con los avances del derecho internacional del trabajo; un aumento en las sanciones al abuso patronal; una política de fortalecimiento de los sindicatos; un nuevo régimen de relaciones laborales para los empleados públicos que no discrimine entre trabajadores públicos ni en contra de ellos, pero en diálogo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; una reforma para fortalecer la protección frente al despido; y el establecimiento del defensor laboral. Finalmente, existe la necesidad de fomentar una política salarial que establezca como objetivo el salario ético para todas y todos los chilenos.

6. Por una recuperación del carácter nacional del agua

El agua es de importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país y reconocemos las profundas inequidades que se han generado en torno a su acceso y disponibilidad. Reconocemos que el carácter nacional de uso público del agua no se encuentra adecuadamente garantizado en la institucionalidad actual. Por eso se hace necesario elevar a rango constitucional la disposición del Código de Civil que dispone que todas las aguas son bienes nacionales de uso público; disponer que la ley establecerá el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas; reconocer la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental; y establecer un sistema de compensaciones hídricas, que significa que todo proyecto que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental que demande agua, debe compensarlo o mitigarlo.

7. Por la democratización de los medios de comunicación

Es necesario establecer una política de fomento del diálogo democrático, basado en fondos públicos, sistemas de donaciones y subsidios al crédito para el establecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro que permitan que la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de medios de comunicación. También se debe crear, a partir de Televisión Nacional de Chile, un canal público para asegurar un instrumento público de libre acceso, con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacios a todas las formas de pensar y con financiamiento que asegure su funcionamiento. Coincidimos en que una forma para ofrecer mejor programación y de garantizar la diversidad de contenidos y visiones para todos los chilenos y chilenas, es asegurar un mínimo de 50% de producción nacional en su programación. Así también, se debe proveer por parte del Estado un número determinado de frecuencias radioeléctricas, para que organizaciones de base y/o estudiantiles de todo Chile presenten proyectos de radios locales legales y accedan a su implementación y financiamiento a través de los diferentes fondos concursables.

8. Por un país con más equidad y menos discriminación

Debemos dar nuevos pasos para elevar las pensiones de los chilenos eliminando el efecto que tiene en las pensiones más bajas el descuento del 7% . Es necesario establecer una forma de financiamiento para el desarrollo del deporte en las escuelas públicas y en las poblaciones. Deben incrementarse los recursos destinados a las comunas más pobres. Coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo el pilar solidario del sistema de pensiones. Requerimos legislar y establecer políticas públicas para eliminar las discriminaciones a los minusválidos. Es necesario colocar la calidad de vida de las familias más desposeídas y de clase media como centro de la preocupación de las políticas de defensa ante la delincuencia y la drogadicción. Finalmente hay que avanzar en la implementación del Convenio 169 de la OIT incluyendo la construcción de un Sistema de Consulta Institucionalizada, que contemple participación ciudadana y que recoja las experiencias de organismos internacionales.

9. Por mayor respecto a los derechos humanos

Es necesario avanzar en derechos humanos a través del establecimiento de una adecuada institucionalidad de los temas asociados al respeto de todos los derechos humanos. Se debe anular la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura; ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y que aún no han sido aprobados por el Parlamento; establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; circunscribir la competencia de la justicia militar a situaciones de guerra y a delitos cometidos en acto de servicio por los uniformados; fomentar la enseñanza del respeto a los derechos humanos en los establecimientos educacionales del país; y de modificar la Ley Antiterrorista para que no tenga el potencial de pasar a llevar los derechos civiles de los ciudadanos.

10. Por mayor respeto a las mujeres

Hay que fomentar la participación política de las mujeres a través de la aprobación de la Ley de Cuotas que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Debe ser obligatorio que las empresas, especialmente a aquellas como las AFP, donde hay fondos de todos los chilenos, tengan a lo menos un tercio de mujeres en su directorio. Durante el próximo período presidencial se debe cumplir con el mismo criterio en todos los directorios públicos nombrados por el Presidente de la República. También debe ampliarse gradualmente el postnatal para llegar gradualmente a los seis meses y este derecho debe poder ser ejercido de manera compartida entre hombres y mujeres. Hay que fortalecer la fiscalización del correcto pago de las pensiones alimenticias de aquellos padres que viven sin sus hijos. Se debe establecer una política integral y multisectorial para combatir la violencia intrafamiliar que abarque prevención, protección, reparación y atención sicológica, incluyendo justicia eficaz y rehabilitación de víctimas y victimarios. Y tenemos que fortalecer las medidas preventivas respecto de las personas que están con impedimento de acercarse a sus familias o parejas, con el objeto de que no se cometan más femicidios. Finalmente, debemos eliminar las diferencias y discriminaciones que afectan a las mujeres en los planes de salud.

11. Por un país regionalmente integrado y una región en paz

Chile debe profundizar su participación en las instituciones continentales, regionales y subregionales de integración, con un claro contenido democrático, y debe continuar desempeñando el rol articulador entre las distintas realidades y diseños políticos de nuestro continente. Es necesario fortalecer las nuevas instituciones subregionales y regionales, así como la convergencia entre los diferentes procesos subregionales, como Mercosur y la CAN, con el SICA y los estados del Caribe. Además, debemos promover en la Unasur la construcción de un régimen sudamericano de paz y seguridad cooperativa.

12. Por una mayor protección frente a los abusos financieros

Es necesario que el BancoEstado se concentre en el fomento productivo, particularmente hacia las pymes y los emprendedores populares, buscando igualar las tasas de interés a las que acceden estas empresas a las de las grandes empresas. Hay que establecer mayor regulación sobre el sector financiero para evitar los abusos en tasas y cobros del retail y supermercados a los consumidores. También es necesario impulsar la prohibición en todos los sectores económicos de los cambios unilaterales de contratos; hacer una reforma profunda para fortalecer el Sernac, para extender su acción hacia el área financiera e incrementar su presencia en regiones; y fomentar mayores niveles de competencia en el mercado crediticio por la vía de la estandarización regulada de productos.

Esperamos encontrar una positiva acogida a estos planteamientos y que podamos avanzar juntos en hacerlos realidad.

Se despide atentamente en representación del comando presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle,

Carolina Tohá.

Uno de los momentos más significativos para la democracia es una elección, básicamente porque la agregación de preferencias que se manifiestan simplemente a través de un lápiz y un papel, se transforman en la máxima expresión de la voluntad general y el poder que emerge de la soberanía popular.

Los ciudadanos se expresaron claramente, desde el pasado domingo el escenario político chileno ya no es el mismo; aquello que durante los últimos 20 años constituyó certezas, hoy abre una serie de incertidumbres que plantean un enorme desafío para las coaliciones políticas que se enfrentarán en enero en la segunda vuelta presidencial.

De un lado, la remozada Coalición por el Cambio, demostró que tiene poco de novedad y que, mas bien, sigue anclada en los apoyos electorales que ha tenido la derecha chilena en, al menos, las últimas dos elecciones presidenciales. De esta manera, la propuesta de superación de los referentes políticos de antaño para ampliar el techo electoral de la derecha que incluyó, como gran novedad, la incorporación de Chile Primero (tienda política inaugurada por los dos ex concertacionistas), no alcanzó a generar suficiente credibilidad para superar a las alternativas de centro izquierda. Sin perjuicio de esto, no cabe duda que, a diferencia de otros procesos electorales, la derecha enfrenta un mejor escenario para el triunfo, pero no por sus propios méritos, sino por la dispersión que se observa en la vereda de en frente, que puede hacer que logren atraer el margen de votos que necesita atraer para ganar.

En efecto, aquella dispersión, observada hace ya un tiempo en el bloque oficialista, se tradujo en la renuncia de dos figuras del Partido Socialista que terminaron levantando sus propias candidaturas y que, si bien no lograron pasar a segunda vuelta, siguen expresando ideas que es necesario acoger. Mal que mal, ambas candidaturas son también expresión de lo que ha sido la Concertación en los últimos 20 años.

No cabe duda que en segunda vuelta habrá un porcentaje importante de ciudadanos que se manifestaron a favor de estas dos alternativas ex-Concertación, en segunda vuelta expresarán su apoyo a Eduardo Frei, pero la preguntar evidente es ¿alcanzará esto para ganar la elección presidencial? tiendo a pensar que no, ya que el escenario político chileno ha cambiado; aún cuando nuestro padrón electoral siga siendo más o menos el mismo, los ciudadanos venían expresando ya una desafección a las coaliciones políticas y su desempeño en sucesivas mediciones hechas por encuestas en los últimos años.

¿Qué tiene que hacer entonces el candidato Frei y la coalición para conquistar nuevamente el Gobierno?

Parto por señalar lo que me parece es necesario evitar. En primer lugar, volcarse a lo puramente programático para establecer ahí la diferencia con la alternativa de derecha y poder reencantar al electorado en fuga. Esto, por tres cosas: la primera, porque la derecha se ha vestido con muchos de los temas de la Concertación (Protección Social, derechos de los trabajadores, etc.) y, a estas alturas, desenmascararles es difícil. Segundo, porque las dos alternativas que se presentaron fuera de la candidatura oficialista, tienen énfasis distintos a lo que la Concertación ha propuesto hacer hasta ahora, que es necesario consensuar y no incorporar improvisadamente en un programa de gobierno. Tercero, porque en apenas un mes es difícil sintetizar esto en una sola propuesta de Gobierno (suponiendo, además, que habrá espacio para el diálogo).

Asimismo, es también necesario evitar el oportunismo de querer pasar una cuenta a quienes se supone como los responsables de esta situación, cayendo en discusiones estériles que no conducen a nada y que sólo arriesgan el capital político acumulado en 20 años. La racionalidad y los tiempos en política son vitales. Distinguir entre lo urgente y lo importante puede ser relevante para abrir, con posterioridad al evento electoral, una reflexión en cada partido sobre lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y lo que hay que cambiar.

Es importante asumir tareas urgentes, partiendo por tomar en cuenta que el tiempo es escaso y, por tanto, hay que distinguir entre lo necesario y lo posible para ganar la elección.

Necesario es repensar en serio la coalición política que, por lo demás, ha sido reconocida como la más exitosa de la historia de Chile por todos los sectores políticos. Un amigo decía una vez una frase que quiero adaptar para esta ocasión: “el ocaso de la vida se acerca cuando se tiene más recuerdos que proyectos”. Convocar a un nuevo referente político implica crear un espacio amplio que convoque distintas voluntades y miradas del mundo de la centro- izquierda (partiendo por quienes se expresaron a favor de una alternativa distinta), que se haga cargo no sólo de la demanda por nuevos rostros, sino que ante todo, por la necesidad de abrirse a nuevas ideas. Un nuevo referente político no puede anclarse solo en sus éxitos y fracasos, tiene que ser capaz también de tener algo que ofrecer, algo así como lo que señala Reinhart Koselleck un “horizonte de expectativa”, que invite a un sueño que vaya más allá de la Concertación, porque la sumatoria de sus partidos no expresa los cambios del Chile de los últimos 20 años. Esto, sin duda, implica iniciar un proceso largo, costoso, pero real de transformación.
No obstante, es también necesario, en la actual coyuntura, hacerse cargo de lo posible en los 30 días que quedan antes del evento electoral. En este sentido, se plantea la oportunidad histórica de convocar y sentar las bases de un nuevo referente,  que incorpore más actores y que plantee la necesidad de discutir más ideas de futuro que relaciones sistemáticas al pasado, por todos conocido y que, además, en nuestros “lugares de memoria” habla por sí solo. Eduardo Frei tiene esa capacidad, que la mentada Coalición por el Cambio ya no tuvo. Sólo de esta manera, la elección del 17 de enero se transformará en un hito donde el triunfo de esta naciente nueva mayoría progresista se plasme en una promesa de futuro y en una verdadera oportunidad de generar mayores condiciones de igualdad e inclusión para los millones de personas que aún creemos que un Chile más justo sólo es posible en manos de la centro-izquierda.

El medicamento ha acompañado siempre al hombre transformándose en una de sus necesidades básicas y vitales que tratará de satisfacer. Como es una necesidad básica, este bien se transforma en uno de consumo habitual que hay que proveer y, como su consumo irracional es peligroso, hay que controlarlo y regularlo; para ello, se generan en la Sociedad organizaciones humanas que cubren esta necesidad y otras que controlan. Hay organizaciones  destinadas a la investigación científica que inventan, extraen de plantas y prueban nuevos fármacos, hay otras que los sintetizan y una vez aprobados por las organizaciones de control, hay también quienes fabrican medicamentos que son productos farmacéuticos que contienen esos fármacos junto a ingredientes en una forma farmacéutica (comprimidos, cápsulas, inyectables, jarabes, etcétera) y en diferentes dosis. También hay organizaciones que los distribuyen, dispensan, venden y que los aprueban, registran y los controlan.

En la sociedad moderna muchas de estas actividades económicas son industrializadas; los que producen medicamentos lo hacen para generar utilidades, muchas veces significativas tanto para ellos como para los que invierten sus recursos en estas industrias (accionistas). En algunas ocasiones en esta cadena del medicamento pueden producirse equivocaciones, aberraciones, falsificaciones o engaños; lo cual ha derivado en catástrofes con graves daños a los pacientes o a su descendencia, la tragedia más conocida fue la teratogenicidad de la Talidomida. Es por esta razón que los países se han organizado en torno a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tal manera que se nutren de expertos internacionales que han desarrollado una serie de normas y políticas universales para el uso racional del medicamento; por ejemplo, han entregado a las Universidades la responsabilidad de profesionalizar las actividades formando profesionales de la salud, médicos, enfermeras y farmacéuticos, premunidos de sabiduría y regulados por la ética para las labores prescribir, recomendar, controlar el uso, producir, distribuir, dispensar y vender medicamentos.

Se han creado Instituciones gubernamentales para la aprobación, registro y control como la Food & Drugs Adminitration (FDA) de USA, la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), la Agencia Brasilera (INVISA), el Departamento de Control Nacional del Instituto de Salud Pública (ISP) en Chile, por mencionar sólo algunas de ellas; también se han desarrollado políticas, leyes y reglamentos que regulan la actividad profesional y comercial, se han generado normas éticas para el ejercicio de las actividades relacionadas y para la investigación científica, se han acordado sistemas de buenas prácticas de manufactura (BMP) y de controles de calidad (BLP) y muchas otras actividades todo en torno a las políticas de uso racional del medicamento, de acceso universal y la fármaco vigilancia.

Según estudios de la OMS, el 74 % de las enfermedades se tratan o curan con medicamentos, también se usan para el diagnóstico y prevención de enfermedades. El medicamento es la conclusión del diagnóstico médico y la expectativa que estos profesionales tienen para curar a sus pacientes; por otra parte, este producto se transforma en la esperanza que tienen las personas de recuperar la salud perdida. Sin embargo, el uso del medicamento involucra riesgos, el padre de la Medicina experimental Paracelso en la Edad Media advirtió “el veneno está en la dosis” con ello se desarrolló la farmacología experimental.

Dada la importancia del medicamento en la Sociedad, este organismo internacional lo ha declarado como un bien social elemental para la Salud Pública, sacándolo de las mercaderías comunes. La Conferencia Ministerial de Doha, Qatar entre los Ministros de Economía, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMS, adoptaron el ADPIC (acuerdos de derechos de propiedad intelectual) relacionados con el comercio mundial y sin ambigüedad alguna reconocieron la primacía de la Salud Pública sobre los intereses comerciales por lo que, se deduce que el medicamento no es un bien de consumo sino un bien social; de manera que, todas las personas deben tener acceso a medicamentos de excelente calidad, seguros, eficaces y con costos adecuados a la situación económica del paciente. La OMC opina que hay que estimular el invento de nuevos fármacos y la producción y venta de medicamentos. Para que haya estímulo para los que inventan, hay que respetarle su invento o su patente y darles el monopolio de la comercialización por un promedio de 20 años para que recuperen la inversión. Por otra parte la enmienda prematura y promisoria de  Hatch – Waxman del Senado Norteamericano (1988) es otro acuerdo que busca el acceso universal a los medicamentos seguros y eficaces como objetivo  fundamental de toda  política farmacéutica respetando el invento y la patente.

La Investigación y Desarrollo de fármacos para su posterior inclusión en el arsenal terapéutico sanitario mundial o regional  lleva implícito una variedad de visiones, de intereses comerciales y sociales, de regulaciones, de  efectos localistas y otros que obligan a una coordinación, partiendo del respeto a las patentes como su eje central y procurando el acceso universal.

Son muchos los actores externos como la OMS, la OMC, las diversas ONG, Universidades, Colegios Profesionales, expertos de salud y otros los que van estructurando soluciones en función a la utilización de los medicamentos. Ellos luchan por poner racionalidad y en ocasiones son mal interpretados por aquellos demagogos que tan solo les interesa vender medicamentos baratos sin importarle la calidad, la seguridad y la eficacia. Estamos ante un gran desafío sanitario mundial cuando somos conocedores que una de cada tres personas no tiene acceso a medicamentos esenciales o cuando se denuncia medicamentos sin eficacia o con reacciones adversas que producen la muerte. Estamos unidos a una imperiosa necesidad de innovaciones urgentes en los campos de la investigación en prosecución de nuevas tecnologías e invenciones y en la búsqueda científica de medicamentos para enfermedades olvidadas y huérfanas y de la urgente necesidad de acceso a los países en vías de desarrollo ya que los pobres del mundo también tienen derecho a medicamentos de buena calidad, seguros y eficaces. Todas las iniciativas descritas se refieren a una sola solución la producción mundial de medicamentos “Genéricos” verdaderos genéricos con pruebas específicas de calidad, seguridad y eficacia.

Las patentes llegan a veces a transformarse en un derecho”negativo” entregado por los Estados a su inventor, al cual a su vez le otorga la propiedad del mismo con usufructo  de 20  o mas años. Esta situación unida a la enorme necesidad de aporte de los Estados en obtener los  recursos  financieros  para su población, no permite alcanzar metas en el cumplimiento del Derecho a la Salud como un  Derecho Universal en el cual están incluidos los medicamentos genéricos esenciales y otros específicos para patologías catastróficas.

Los países que han adoptado las soluciones anteriormente explicadas tienen políticas de medicamentos entre las cuales la importante es la política de “genéricos” que son aquellos medicamentos similares al original, que aparecen una vez vencida la patente del medicamento innovador, autorizados por la Autoridad Sanitaria sobre la base de demostrar a través de la evidencia científica de estudios de bioequivalencia que son tan seguros y eficaces como el innovador y poseen la misma calidad y todo ello a un precio menor ya que no hubo inversión en investigación, innovación y desarrollo.

La política de verdaderos genéricos está siendo aplicada en los países desarrollados de América del Norte, Europa y Asia desde las décadas de 1980, 1990 en adelante. En América del Sur estamos sumamente atrasados y solamente Brasil, hace diez años que adoptó la política de genéricos, para ello cambio leyes y reglamentos e instaló en el país 16 centros de estudios de bioequivalencia in vivo e in vitro certificados que son del Estado. Chile, tiene en estas políticas un asunto pendiente, marchando a la saga del resto de los países con timidez; comprando lo más barato sin pruebas de calidad, seguridad y eficacia; siendo  benevolente en la instalación de cadenas de farmacia en los lugares en que los pobres no tienen acceso; dejando que ingresen a país medicamentos de distintos orígenes sin pruebas científicas, privilegiando la economía por sobre la Salud, permitiendo que un asunto sanitario se transforme en un asunto de marketing, un gran negocio y de ganancias extraordinarias, que se vendan los medicamentos en ferias libres y por Internet y que la actividad se haya transformado en definitiva desde lo sanitario al retail del win win. Sin embargo, entre los años 2004 y la actualidad han aparecido resoluciones del Ministerio de Salud y un calendario de estudios de bioequivalencia de algunos medicamentos que indican una dirección o, más bien, una intención de ir hacia la producción de genéricos verdaderos. Cuenta además el país con un solo centro ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, certificado por la Autoridad Sanitaria, el cual realiza estudios clínicos de bioequivalencia a nivel internacional; pero, lamentablemente, carece de ayuda gubernamental y de proyectos financiados por el Estado; estudios realizados en el tema indican que para cambiar la situación en forma acelerada se necesitan 7 centros de esta naturaleza.

Es curioso que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República se haya referido al tema expuesto; a ellos, al igual que a la prensa, les ha interesado más los temas comerciales como son los precios de los medicamentos, la colusión de las cadenas de farmacias y las denuncias sobre estos temas hechas por algunos pacientes que demandan que los servicios asistenciales no les entregan los medicamentos por ellos recetados y que no pueden comprarlos en el comercio por sus excesivos costos. Salvo un candidato que al preguntársele sobre el tema, señaló que el compraba en una cadena de farmacia que tenía similares baratos. Los Parlamentarios y la constante denuncia de abusos sobre los precios, muy justificada por lo demás, y las estrategias de marketing de los privados, han llevado a la Autoridad a tomar medidas apresuradas que, en vez de solucionar o atenuar la carencia de políticas sobre medicamentos, agravan el problema, aumentan la automedicación y las patologías y muertes por reacciones adversas. Desde un punto de vista diverso, a los académicos y estudiantes, a los Colegios Profesionales y a los expertos nos interesa el acceso universal de medicamentos esenciales que sean de calidad certificada, seguridad y eficacia demostrada científicamente, para todos los chilenos sin distinción alguna de raza o riquezas, el  uso racional de los medicamentos, la farmacovigilancia, la educación de nuestro pueblo en estas materias y en general la salud de nuestra población.

Las delegaciones de más de 190 países legaron a Copenhague el 7 de diciembre sabiendo exactamente lo que tenían que hacer para frenar los cambios climáticos que amenazan al planeta: buscar un acuerdo para reducir las emisiones de gases contaminantes, reducir el calentamiento global, crear un mecanismo de verificación de las emisiones y establecer las formas de financiar y traspasar tecnología desde los países industrializados a las economías emergentes y las naciones más pobres. Pero nada de eso hicieron.

El sábado 19 de diciembre y luego de dos semanas de debates entre los casi cinco mil delegados reunidos en la capital danesa, la Cumbre logró finalmente un magro texto de resolución con el apoyo mayoritario de 188 países al acuerdo alcanzado por EE.UU., Brasil, India, China y Sudáfrica y que tiene la oposición del bloque del ALBA (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba) y Sudán.

Es una “decisión” más que un nuevo pacto, calificado por algunos como “un paso inicial” para seguir negociando un acuerdo global antes de que venza el Tratado de Kioto en el 2012, y que Estados Unidos nunca suscribió. El texto de Copenhague estima que el calentamiento global “es grave” –algo que todos saben- y no estipula ninguna medida vinculante para los que lo suscribieron.

Las expectativas en torno a la mayor reunión sobre cambio climático de la historia quedaron frustradas. La resolución de Copenhague no fija porcentajes o fechas de reducción de gases contaminantes. Eso quedó para un acuerdo posterior que se debería alcanzar antes del 31 de diciembre del 2010, en la nueva cumbre que se realizará en México.

Sólo en la definición de los recursos que serán destinados para afrontar el cambio climático hubo avances tangibles. El acuerdo establece que serán destinados 10.000 millones de dólares entre 2010 y 2012; y 100.000 millones anuales a partir de 2020 para mitigación y adaptación en las naciones no industrializadas.

El ministro británico de Cambio Climático, Ed Miliband, presionó fuertmente para conseguir el pacto, cuando éste se derrumbaba luego de las agotadoras últimas 48 horas de la cita, y cuando ya habían pasado los principales líderes del mundo por la testera de la cumbre, incluido el presidente de EEUU y el primer ministro chino, en representación de los dos países más contaminantes del planeta.

“Tenemos dos caminos: o asumimos este texto imperfecto pero preparado con buena fe o rompemos esta convención», dramatizó el británico. Asís para los países más pobres.
“Terminamos por sellar el acuerdo”, dijo Ban Ki Moon, el secretario general de la ONU, uno de los más interesados en salir de la cumbre con algo en la mano. “No es un acuerdo que deja a todos contentos pero es un comienzo esencial”, dijo. apareció el texto definitivo que no marca cuotas de emisión pero en el cual todos, con extrema obviedad, coinciden que el calentamiento global es un problema grave del planeta y estipula unos fondo

El ministro de Ambiente de Brasil, Carlos Minc, culpó a EEUU por la imposibilidad de llegar a un acuerdo más ambicioso. “Ellos son los responsables de este fiasco. El texto final deja mucho que desear, hoy es un día triste, de mucha frustración”, dijo el representante del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los más críticos a la forma de negociar que tuvieron las grandes potencias. “Esto no es un juego de póquer”, había dicho en su discurso.
“Brasil fue reconocido como un país que dio todo de sí, propuso metas fuertes, reducción de la deforestación de la Amazonia, el discurso de Lula fue saludado por otras delegaciones. Pero a pesar de todo el esfuerzo el resultado es muy pequeño de cara a las urgencias del mundo”, reclamó el ministro Minc.

El texto acordado dice en sus conclusiones finales que la comunidad internacional debería evitar que las temperaturas aumenten los dos grados, pero no se pronuncia sobre cómo hacerlo y quiénes deben llevar el peso. La ONU ha calculado que sería necesario que los países desarrollados emitieran entre un 25% y un 40% menos que en 1990, pero las ofertas anunciadas, todas voluntarias, se limitan a un 17%. Es decir, no da.

El último informe del IPCC, el grupo de expertos de la ONU, comparó el cambio climático a un tren en marcha: cuando antes se apriete el freno, menos tardará en pararse. Si no se hace nada con rapidez, los esfuerzos que se emprendan dentro de unos años deberán ser mucho mayores. Esa es la oportunidad perdida en Copenhague, la de poner el freno a tiempo.

Acaba de pronunciarse el pueblo de Chile en las urnas y el mensaje es claro. Chile quiere un cambio, pero no cualquier tipo de cambio, esa es la paradoja. La Concertación le ha ofrecido a Chile un giro dentro de la continuidad en cada elección renovando el contrato social, eso fueron Lagos y Bachelet. Pero el desgaste de la convivencia hizo de estas elecciones una primaria con tres candidatos del mismo mundo, donde cada uno pudo expresarse con mayor libertad programática, esas similitudes son un nuevo punto de partida.

En este escenario la participación coherente de Arrate y refrescante de Marco, evito que Piñera ganara en primera vuelta. Pero sobre todo ha servido, para evidenciar el valor urgente de un cambio profundo en el escenario, discurso, conducción y propuestas políticas. Esto abre la oportunidad para la emergencia un nuevo pacto de mayoría social y política para el Chile del futuro.

Frei ha tenido el coraje de llegar hasta aquí y estar en la papeleta del 17 de enero. Pero además a tenido la convicción de que nuestra Republica necesitaba el pacto de no exclusión parlamentaria. El que ha triunfado abriendo el parlamento a tres diputados comunistas, aún cuando significó abandonos y pérdidas muy sentidas para todos. También han sido correctas las ideas políticas que ha impulsado; sobre una nueva Constitución que le otorgue al Chile del bicentenario un nuevo equilibrio; la centralidad de una estrategia de desarrollo desde las regiones; un cambio sustantivo en el rol del Estado para una sociedad de garantías y protección social. Permanece abierta la oportunidad de reencontrarnos con pasión en torno de las propuestas y aspiraciones del mundo progresista.

Chile definitivamente cambio y nunca mas será el mismo, es la herencia de 20 años de  Concertación Democrática. No esta decidido aún quien gane la segunda vuelta presidencial, ni como sortearán las fuerzas progresistas los ripios de esta victoria. Claramente una de las claves será hablarle a quienes quieren ese cambio. Frei tendrá que escuchar lo que tienen que decir y deberá hablarles desde sus propias convicciones sobre el proyecto de país futuro, convocándonos a una nueva plataforma política y social por más democracia y participación, más progreso y bienestar, mas igualdad y solidaridad.

Quien logre conducir y seducir esta voluntad de cambio merece gobernar Chile. Tendrá que dar pasos de gigante para con humildad reconocer las insuficiencias y con generosidad acoger a todos quienes estén disponible, subiéndose a los cambios para conducirlos. Aun así, esa tarea no se agota ni en la elección de un presidente, ni en un periodo de gobierno de cuatro años. Es un ciclo largo de nuestra historia el que se abre y se requiere de múltiples liderazgos y confluencias, una fuerza plural puede ofrecer una oportunidad de triunfo para un cambio real por Chile.

Marco tenía razón sobre este cambio, pero aún no dimensiona lo que se ha logrado y los límites de esa victoria frágil pero esperanzadora. No basta la correcta intuición sobre los vientos de la historia. Es necesario además, el temple del liderazgo forjado en las derrotas y la entrega humilde de uno a los objetivos grandes de un esfuerzo colectivo como lo han demostrado Arrate y Frei. Tampoco podemos sentarnos a esperar a nuestros partidos. Por eso se siente por todos los rincones de Chile que se acabó La Concertación, ahora vamos todos por Chile!

Un análisis frío de los números de primera vuelta permite observar que la ciudadanía ha enviado diversas señales y mensajes. Una primera conclusión es que ningún sector puede sacar conclusiones demasiado triunfalistas y que el escenario de segunda vuelta está abierto. Aunque con sus votos dispersos en tres candidaturas el progresismo sigue siendo mayoría en Chile.

Por su parte, la derecha puede  exhibir su importante porcentaje de votos y su triunfo parcial, aunque sabe que no es su mejor votación en primera vuelta (mejor lo fue el 99 y en 2005). Si finalmente no tiene votos que recoger entre el electorado de ME-O (y es una hipótesis plausible), lo más probable es que no logre vencer el próximo 17 de enero, y que al igual que en los dos comicios pasados esté cerca pero no llegue.

El otro dolor de cabeza para la derecha es la seria derrota política que ha sufrido la UDI. La pérdida de Lavín deja a este partido, ni más ni menos, sin opción presidencial para el 2014 y la derrota de Alvarez lo deja si uno de sus mejores legisladores.. Es claro que la candidatura de Piñera ha significado un fortalecimiento de RN dentro de la coalición de derecha. Todo esto no es baladí para la UDI, un partido con vocación hegemónica.

Para la Concertación si bien el resultado presidencial estuvo en un rango un poco más bajo de lo esperado, lo concreto es que deberá realizar un gran despliegue para atraer al votante de Arrate y ME-O en segunda vuelta. Uno de los clivajes será, sin duda, progresismo versus derecha, pero también habrá que dar cuenta de otras fracturas que han quedado en evidencia con esta elección: mayor renovación en las formas de hacer política; una propuesta programática más audaz y atractiva; continuidad con el estilo cercano e inclusivo del liderazgo de Bachelet; y una apertura al recambio generacional.

No cabe duda que el nombramiento como jefe de campaña de Carolina Tohá apunta correctamente en esa dirección. Cabe destacar que se trata , además, de una decisión valiente y jugada de uno de los liderazgos con más futuro en el país, y que ha decidido poner su propio capital político, con generosidad, en un momento  difícil para la Concertación. Un verdadero ejemplo en estos tiempos.

Por otro lado, un dato esperanzador lo constituye ese 44% de votos que ha obtenido el pacto parlamentario de la Concertación y Juntos Podemos (un punto porcentual más que el de la Alianza). Allí está el piso para cimentar una posible victoria el próximo 17.

La votación de ME-O es meritoria y constituye un claro mensaje de que una buena parte del electorado de la Concertación se encuentra muy crítica y desafectada. Recuperar su confianza constituirá un gran desafío político. Para ello, en los próximos días se deben crear gestos, hechos y propuestas para permitir la incorporación de diversos dirigentes y votantes que ya han ido manifestando su opción en segunda vuelta por Frei, pero que esperan gestos de apertura del mundo concertacionista.

Por otro lado, el resultado para ME-O tiene de dulce y de agraz. Por un lado, está su alta votación personal pero por otro lado sufrió una verdadera debacle de sus opciones parlamentarias (fue derrotado incluso en su propio distrito). Lo anterior parece estar indicando que la ciudadanía no percibió que detrás de él había un proyecto político que lo trascendiera. Su decisión inicial de “no endosar” a ninguna candidatura la votación obtenida corre el riesgo de ir volatilizando el apoyo logrado y descapitalizarlo políticamente en las próximas semanas. Sino asume una posición activa en contra de la posibilidad que gane la derecha en Chile, puede sufrir un costo político importante.

La votación de Arrate siendo buena no logró alzarse muy por sobre el umbral histórico de la izquierda comunista. El principal logro fue la elección de los tres diputados del PC, lo que fue posible, principalmente, gracias al pacto parlamentario de “lista única” entre la Concertación y el Juntos Podemos. Se debe reconocer que Arrate hizo una buena campaña y ahora puede coronar su trabajo favoreciendo la unidad del progresismo como lo ha venido sosteniendo desde antes de la primera vuelta.

A pesar de sus críticas y resquemores el votante de izquierda y centroizquierda, frente a un escenario muy variado y competitivo dentro del progresismo, ha dado un triunfo nítido e incontrarrestable a Frei y a la Concertación histórica, y democráticamente ha definido que ésta quien se enfrente a la derecha en segunda vuelta. Frei y la Concertación histórica tiene el mandato de reconstruir la unidad del fragmentado espacio progresista. Solo resta tomar este desafío en las manos. Y para ello queda solo un mes por delante.

A lo largo de su duración, entre los años 1974  y 1983 la revista Chile – América se transformó en una instancia de convergencia de diversos sectores políticos que conformaban la oposición a la dictadura de Pinochet. En un comienzo, la publicación reunió a reducidos sectores del ala izquierda de la Democracia Cristiana y a algunas personalidades vinculadas a los sectores moderados del MAPU – OC y de la Izquierda Cristiana. Este pequeño núcleo en un comienzo, dio tribuna principalmente a facciones de sus partidos de origen. Sin embargo, con posterioridad logró transformarse en un espacio de difusión  de amplios sectores de la izquierda socialista y de inspiración cristiana, junto con el grueso de la Democracia Cristiana.

Los fundadores de la revista, quienes compusieron su comité editorial, pertenecían a los grupos políticos recién mencionados. Así,  dos democratacristianos del ala izquierda, exiliados como fueron  Bernardo Leighton y Esteban Tomic, se unieron a Julio Silva Solar y José Antonio Viera-Gallo. Silva Solar pertenecía a la Izquierda Cristiana, aunque dentro de su propio partido había sido una figura crítica de la conducción  y había defendido tesis moderadas que apuntaban a buscar  la alianza con el centro político durante el gobierno de Salvador Allende. José Antonio Viera-Gallo pertenecía al MAPU-OC, partido que había intentado transformarse en puntal de la “Vía Chilena al Socialismo” y de las tesis moderadas al interior de la Unidad Popular. Todos ellos tenían un pasado común en el partido Demócrata Cristiano y específicamente en sus sectores rebeldes o terceristas. Al mismo tiempo, todos se encontraban vinculados al mundo católico y tenían en común redes sociales y experiencias educacionales similares, sólo con algunas diferencias generacionales.  A fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva y durante la Unidad Popular, todos estos sectores, desde distintas trincheras, habían sido partidarios de buscar  un acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Es más, ambos grupos tenían en común importantes aspiraciones programáticas, las que se expresaban  en el afán de profundizar la política de reformas estructurales. Fuera de los elementos recién mencionados, se unieron otras personalidades afines al proyecto de la Unidad Popular, pero sin militancias partidistas claramente definidas, quienes veían en el ejercicio de su independencia política una manera de protestar contra las actitudes sectarias que atribuían a los partidos políticos. Fue el caso del periodista y ex militante del Partido Comunista, Fernando Murillo Viaña y Fernando Bachelet, independiente cercano al mundo socialista. En este sentido, la experiencia del exilio rompió con las lógicas de la militancia y de la disciplina partidista que venían exacerbándose desde la década del sesenta y permitió crear un especio para concretar las aspiraciones unitarias que ya venían sosteniendo estos sectores. La necesidad de aunar fuerzas para derrotar a la dictadura y crear una alternativa de gobierno viable  reforzaron estas tendencias hacia la unidad.

La recién mencionada composición del equipo editorial, motivó un afán  por transformarse en voceros de amplios sectores unidos de la oposición. Es así como se preocuparon de dar cuenta a través de la revista, de las distintas posturas que estaban tomando las fuerzas políticas chilenas. Sin embargo, estos móviles inicialmente chocaron con las lógicas de camino propio que aún hegemonizaban a la mayor parte de las fuerzas políticas extragubernamentales, y especialmente, a la Democracia Cristiana. Es así como los militantes democratacristianos que participaban en la revista quedaron  aislados de las tendencias predominantes en su propia colectividad. Esto debido  a su clara y firme postura opositora, y sus llamados a la colaboración con la izquierda, tensionaban al anticomunismo histórico presente en la DC. Esta situación, derivo en reiteradas censuras por parte de la alta dirigencia democratacristiana a los militantes  que participaban en la revista. Sin embargo, el progresivo alejamiento que se produjo entre la dictadura y la DC permitió un acercamiento entre Chile – América y los dirigentes democratacristianos, a tal punto que la revista se transformó en una de las  tribunas para la expresión de sus planteamientos fuera de Chile. En el caso de las fuerzas de la Unidad Popular, sus relaciones con la revista fueron menos conflictivas. La publicación siempre dio cuenta de las posturas de todos los grupos que habían compuesto la Unidad Popular, destacando en un comienzo  una especial conexión con el MAPU- OC y la Izquierda Cristiana. Con posterioridad, los procesos de renovación y convergencia socialista expandieron los lazos de la revista hacia el Partido Socialista, especialmente con su vertiente renovada, y otras facciones de la izquierda de inspiración cristiana. Cabe destacar que los militantes del Partido Radical en el exilio siempre tuvieron buenas relaciones con los participantes de la revista y  mantuvieron un nivel relevante de publicación en sus páginas. En este caso, la cultura política radical, proclive al acuerdo y a la negociación, tenía importantes puntos en común con el espíritu de esta iniciativa, sobreponiéndose a sus diferentes orígenes sociales y educacionales, y a sus posturas en temas religiosos. Con respecto al Partido Comunista chileno, las relaciones fueron cordiales aunque nunca de abierta colaboración ya que la disciplina y rigidez ideológica  atribuida a los comunistas generaban resquemores en los miembros de Chile – América. Dado su carácter de punto de encuentro de amplios sectores de la oposición y su tendencia progresiva a ir incorporando nuevos elementos, resulta imposible adjudicar una línea de pensamiento única a la revista. Sin embargo, podemos detectar algunos lineamientos generales de renovación ideológica y cambios en la cultura política del grupo en cuestión.

Con respecto a las transformaciones ideológicas, es necesario aclarar que afectaron principalmente a los sectores provenientes de la Unidad Popular. En efecto, a través de las páginas de Chile – América podemos corroborar cómo los sectores provenientes de la Unidad Popular vivieron un importante proceso de renovación ideológica. Durante el periodo estudiado, estos sectores no abandonaron explícitamente las matrices ideológicas que habían defendido en el periodo previo al golpe de Estado: socialismo comunitario, en el caso de Silva Solar y marxismo, en el caso de Viera – Gallo. Sin embargo, la búsqueda de una democratización política y el respeto al pluralismo político, y las libertades públicas propias de un constitucionalismo liberal, fueron adquiriendo predominancia en el discurso de estos sectores. Es en este sentido, que buscaron interpretaciones heterodoxas del marxismo que fueran funcionales a sus nuevos objetivos. La obra de Antonio Gramsci jugó un rol fundamental en este aspecto. Su noción culturalista del marxismo permitía adaptarlo con mayor facilidad a una lucha política dentro del margen de las instituciones liberales – democráticas. Se trataba de una lectura algo acomodaticia del pensador italiano, pues permitía mantener una retórica marxista-revolucionaria en momentos en que se luchaba por objetivos democráticos – reformistas. En los debates que tuvieron lugar en las páginas de Chile-América, algunos de los involucrados, como fue el caso de Jorge Arrate, sostuvieron que las referencias a Gramsci eran un tanto forzadas, que en cierto modo se recubría de un léxico gramsciano ideas preconcebidas.  Sus comentarios no dejan de ser certeros: en nuestra opinión, se recurre a Gramsci como referente, debido a que representaba un marxismo menos mecanicista y capaz de incluir matices más amplios en su análisis. Por lo mismo –y al igual que en el lenguaje adoptado por el PCI en su política eurocomunista- serviría para dar un tinte revolucionario a aspiraciones que ya eran lisa y llanamente reformistas. Así, por ejemplo José Antonio Viera Gallo realizará llamados a   «la unidad del pueblo” para dar  “origen a un verdadero bloque histórico, capaz de realizar transformaciones democráticas», es decir, alcanzar una «hegemonía política y cultural» que vaya más allá de «derrocar la dictadura» y de las medidas de un «gobierno provisorio». Los grupos que deberían unirse en esa fuerza serían «todos, salvo la clase empresarial monopólica y los latifundistas a ella asociada».

Se vuelve necesario destacar como, esta situación fue posible debido a la especificidad del mundo político italiano, el ambiente en que se desenvolvieron los promotores de la revista. La política democratacristiana de apertura a la sinistra, y la búsqueda por parte del PCI de un nuevo compromiso histórico, en el que se revalorizarían las alianzas con los sectores democráticos de centro y se buscarían la democracia política como un bien y un fin por si mismos, creaban un ambiente especial, de estimulo a la renovación del marxismo y a la colaboración entre marxistas y cristianos. Al mismo tiempo, la independencia mostrada por el PCI con respecto a Moscú, fomentaban la búsqueda de alternativas políticas heterodoxas y respuestas de las especificidades nacionales de cada proceso político. Cabe destacar los importantes vínculos que los miembros de Chile – América mantuvieron con el movimiento socialdemócrata europeo. Estas conexiones incluso llegaron a expresarse en la recepción de ayuda económica por parte de esta corriente política. Sin embargo, y pese a las cordiales relaciones, los miembros de Chile – América provenientes de la Unidad Popular todavía buscaban identificarse con un marxismo revolucionario, antes que asumir posturas socialdemócratas, al menos en el periodo estudiado. Esto incluso es patente en el caso de Julio Silva Solar quien nunca se autodefinió como marxista, pero sí reivindicó el carácter revolucionario de sus aspiraciones de transformación social. Los sectores provenientes de la Democracia Cristiana no vivieron transformaciones ideológicas tan profundas en este periodo. Es más, la vivencia de la experiencia italiana, reforzó y dio sentido a sus afanes de unidad con la izquierda y superación del camino propio. El apoyo que el movimiento democratacristiano internacional dio a la causa de la recuperación democrática en Chile  – con la excepción relativa de la CDU alemana y más abierta de la CSU bávara  – dio nuevos bríos a estos sectores postergados al interior de la Democracia Cristiana y los impulsó  a continuar luchando por cambiar la política coalicional de su partido.

Otro de los cambios acaecidos dice relación con la lectura que se hiciera de las causas que llevaron al golpe de Estado de septiembre de 1973  y con la evaluación que se hiciera de la experiencia de la Unidad Popular. La mirada sobre los antecedentes que explicarían la actuación de las Fuerzas Armadas el día 11 de septiembre, suponen  una interpretación conspirativa por parte de las FF.AA, de los sectores económicos ligados al capital internacional y la acción de la inteligencia estadounidense. Esta evaluación se articula a través de una caracterización que supone que el nuevo régimen es un levantamiento de corte fascista  que representa  los intereses de los sectores más representativos y reaccionarios del capital,  y la derecha política. Se piensa que este nuevo régimen será de corta duración y que será rápidamente rechazado por amplios sectores de la ciudadanía, del empresariado nacional e incluso por parte de las FF.AA, obviándose y omitiéndose las señales que mostraban todo lo contrario desde un principio. La autocrítica en este sentido, tanto en el interior como en el exterior del país,  sólo apunta a errores de carácter táctico y al excesivo sectarismo que afectaba a la coalición socialista, dejando a un lado el cuestionamiento a los fines de la misma. Sin embargo, una vez en el exilio, la actuación de la Unidad Popular  y la falible respuesta de la colación ante el golpe de estado, comienza a ser cuestionada. Las  primeras críticas se refieren a  la falta de disposición a integrar a las fuerzas progresistas no marxistas y, en general, a la incapacidad para dar un lugar coherente, más allá de la mera instrumentalización estratégica,  a la clase media en el proyecto de transición al socialismo.

Estos cambios no pueden ser entendidos desde una perspectiva que considere exclusivamente los factores intelectuales e ideológicos. Es necesario también tener en cuenta los efectos que la vivencia del exilio tuvo en las culturas políticas de los grupos en cuestión. En efecto, la lucha por la sobrevivencia, la lejanía de cualquier posibilidad cierta de volver al poder y la necesidad de buscar ayuda, y establecer relaciones de cooperación con sectores ajenos a los partidos políticos de origen, hicieron que el exilio modificara las prácticas y las identidades políticas de los actores involucrados. Las militancias partidistas disciplinadas dieron paso a relaciones políticas informales, en las que los contactos personales se volvieron fundamentales. Así, las redes sociales superaron los marcos partidistas y las identidades políticas se volvieron más laxas, apuntando a aspiraciones comunes de carácter general y limando diferencias ideológicas específicas existentes en un pasado  reciente. De este modo comenzó a gestarse una lógica de la transversalidad, que se sobrepuso a la de la militancia, facilitando el surgimiento de una política de acuerdos.

La posibilidad de reconstruir una comunidad de lectores de la revista se vuelve esquiva al investigador. Podemos tener una aproximación parcial a ciertos grupos entre los cuales se difundió la revista, sin embargo no existen fuentes confiables y exactas sobre los reales alcances de su difusión. La memoria de los actores involucrados también es esquiva en estos aspectos,  tanto por el olvido como por la ausencia de información exacta en el momento en el que acaecieron los hechos.

Sabemos que la revista llegó a tener un tiraje de  4000 ejemplares, aunque desconocemos el momento exacto en que se alcanzó este número. También sabemos que la publicación tuvo una amplia difusión en el mundo universitario europeo, estadounidense y latinoamericano, y que se divulgó entre las comunidades de exiliados y sus organizaciones en Europa occidental y en América Latina. Incluso se publicaron ediciones especiales para el mundo italiano y francófono. Sin embargo, fuera del caso venezolano, no tenemos mayores datos exactos sobre quienes eran los subscriptores en cada país. Esta situación de desconocimiento se vuelve más patente en el caso chileno, donde la clandestinidad y la acción de la censura impidieron a los propios creadores de la revista conocer el alcance real de su difusión.

Hoy, casi veinte años después de la caída del Muro de Berlín, es claro que el historial de los gobiernos reformistas, antes y después de ese evento trascendente, ha desmentido muchos de los supuestos compartidos por los progresistas moderados durante el siglo XX. Lejos de extender el dominio de las relaciones no comerciales por medio del desarrollo de instituciones públicas, la socialdemocracia ha estado en retirada y a la defensiva, forzada a acomodarse a un capitalismo cuya autoestima y audacia ha alcanzado niveles sin precendentes en el mundo unipolar del consenso de Washington. Aún en un contexto como el del Reino Unido, donde el gasto público ha vuelto a niveles normales para Europa bajo los gobiernos del “nuevo laborismo”, esto ha sido posible sólo sobre la base de un remodelamiento radical de las relaciones dentro del sector público que ha tomado como parámetro las relaciones de mercado. Esto ha ocurrido en un contexto de continuas y masivas transferencias de servicios públicos al sector privado.

Por supuesto, esta situación no emergió en 1989. De hecho, ese año culminó un proceso que venía desarrollándose hace veinte años. Desde fines de los años sesenta una serie de cambios históricos interrelacionados han transformado las relaciones sociales, socavando la eficacia y legitimidad de muchos de los sistemas burocráticos del siglo veinte temprano. Desde el Estado de Bienestar al Socialismo Soviético, los instrumentos colectivos de gobierno fueron desarticulados por las nuevas tecnologías de la revolución cibernética, las nuevas demandas sociales de 1968, el individualismo intensificado de la cultura de consumo y las nuevas técnicas capitalistas de la economía post-fordista. La inhabilidad crónica de la socialdemocracia para adaptarse a estos cambios –sin simplemente revocar su compromiso histórico con la defensa de una esfera pública democrática al margen de las relaciones comerciales- de seguro es muy evidente ahora. La lección es bastante clara: las socialdemocracias occidentales construidas durante el siglo XX han sido siempre una construcción mucho más frágil de lo que se creía, y mucho más dependiente de lo que se pensaba a un conjunto específico de circunstancias sociales, tecnológicas y geopolíticas.

Basta considerar esto: en los años recientes, en países como el Reino Unido, uno de los sitios claves para la expansión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas, y para el desarrollo de nuevas fuentes de beneficios, ha sido precisamente el Estado de Bienestar. El acuerdo general sobre el comercio de servicios, una de las piezas claves de la legislación internacional promulgada por la OMC en los últimos años, fue especialmente desarrollado para convertir los servicios públicos creados fuera de la economía de mercado por los socialdemócratas desde 1930 en una nueva fuente de beneficios, objetos de especulación y competencia. ¿Quién hubiera imaginado en 1965 que esto fuera posible? En efecto, en ausencia de la amenaza comunista en el Este y de un movimiento obrero poderoso en el Oeste, el Capital se encontró con el camino libre para promulgar su programa, aún con gobiernos de izquierda durante gran parte de este período. ¿Qué lecciones debemos sacar de todo esto?

La lección que debemos extraer es que los socialdemócratas estuvieron absolutamente equivocados al creer que habían domesticado y reinventado el capitalismo. Esto no fue lo que realmente sucedió. El capitalismo fue obligado a retroceder, expulsado de extensas áreas de la vida social, contenido por la amenaza de la militancia obrera e incluso de la conquista militar; pero nunca fue transformado. De hecho, nunca podría haber sido modificado, la historia de las últimas décadas ha dejado muy en claro que esto no puede ser. El capitalismo sólo puede ser contenido, regulado, opuesto en distintos grados (o no, según sea el caso). El lenguaje de gran parte de la socialdemocracia contemporánea continúa hablando de distintos tipos posibles de capitalismo, desde el liberalismo puritano anglosajón hasta el igualitarismo acogedor del “capitalismo de bienestar” escandinavo. En efecto, este es un catastrófico error analítico. Las diferencias entre estas sociedades no corresponden a diferencias entre distintos tipos de capitalismo, sino entre distintos tipos de formaciones sociales, dentro de las cuales el capitalismo –es decir, la incesante búsqueda del beneficio económico a través de la producción, la circulación de bienes y la explotación del trabajo asalariado- puede operar más o menos libremente, dentro de pequeñas o extensas áreas de la vida social.

La importancia de esta distinción analítica radica en qué saca nuestra atención del hecho que cualquier programa que busque defender algunas áreas de la vida social de las relaciones de mercado debe aceptar que al hacer esto no está meramente reformando el capitalismo, sino que está oponiéndosele directamente, aunque de forma limitada y localizada; y que para hacerlo debe construir fuentes de poder social y autoridad alternativas a las del capital y sus instituciones. El argumento central es este: aunque existen distintos tipos de sociedad dentro de las cuales el capitalismo puede desempeñar un rol importante, sin embargo existe sólo un tipo de capitalismo, y la cuestión socialdemócrata es cómo regularlo, dirigirlo y limitar su alcance; no simplemente cómo hacerlo operar de un modo diferente. Desde esta perspectiva, los socialdemócratas no necesitan ser revolucionarios en el sentido clásico, soñando con la total destrucción de las relaciones sociales capitalistas, pero deben darse cuenta que si no recuperan algo de la claridad analítica y la militancia anti-capitalista de la tradición revolucionaria, sólo podrán comprometerse con una causa perdida.

*Este artículo forma parte del “Debate por una Sociedad Justa” que está desarrollando el Social Europe Journal. Para seguir esta discusión, pinche aquí.

Esta semana culminó en La Habana la octava cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con renovados acuerdos para consolidar proyectos en energía, educación, salud y ciencia, y la entrada en vigor del Sucre, moneda virtual que creó el bloque para el comercio intrarregional y que aspira a concretarse como el euro, en enero en una exportación de arroz de Venezuela a Cuba. Pero sobre todo con el acuerdo político de condenar la política de EEUU para la región, que graficaron en el golpe de estado en Honduras y la instalación de bases militares en Colombia.

La cumbre del ALBA, que festejó el quinto aniversario de creada por el presidente venezolano y el líder cubano Fidel Castro, también fijó una posición común ante la reunión en Copenhague sobre el cambio climático. A la cita asistieron, además del anfitrión Raúl Castro, Evo Morales, Hugo Chávez y Daniel Ortega, el canciller ecuatoriano Fander Falconí, la canciller de Zelaya, Patricia Rodas, y representantes de las tres islas anglófonas.

“Condenamos en los términos más enérgicos la ofensiva política y militar de Estados Unidos sobre la región de América Latina y el Caribe”, dice la declaración final suscrita por los gobernantes. Los nueve países del bloque, que se reivindica «antiimperialista», rechazaron «enérgicamente» las advertencias que lanzó el viernes pasado la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, a líderes de América Latina que socavarían la democracia e incrementan sus lazos con Irán.

“Rechazamos las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos de inmiscuirse en las decisiones soberanas de política exterior de los países de Latinoamérica y el Caribe, como los vínculos (…) con Irán”, consignaron los países del ALBA, que mantienen relaciones con el país persa y que recientemente algunos de ellos recibieron a su presidente en gira por la región.

El presidente venezolano afirmó que la declaración de Clinton es una “agresión imperial burda” que el ALBA no “tolerará”, y su colega boliviano Evo Morales, que el sábado acusó a Estados Unidos de “terrorismo”, sugirió al gobierno de Barack Obama “cambiar sus actitudes coloniales y patronales”.

El ALBA también reiteró su “más firme condena” al golpe de Estado que derrocó en Honduras a Manuel Zelaya, su “convicción de que fue perpetrado con el apoyo de Estados Unidos” para frenar el avance de las fuerzas progresistas en América Latina, y reiteró que las elecciones del pasado 29 de noviembre en ese país son ilegítimas.

“El imperio está tratando de recuperar lo que ellos llaman su patio trasero y en primer lugar Centroamérica. Van a tratar de derrocar a Daniel Ortega (presidente de Nicaragua)”, advirtió Hugo Chávez.

También el bloque de gobiernos de izquierda rechazó al acuerdo que permite a Estados Unidos usar siete bases militares en Colombia, por considerarlo un “peligro real” y la “amenaza más grave” a América Latina. “A Colombia la están convirtiendo en una base militar yanqui” y “a Venezuela la están cercando. No aceptamos ninguna injerencia de Estados Unidos ni amenazas”, espetó Chávez.

En relación a la cumbre sobre el cambio climático, los gobernantes acordaron una declaración para Copenhague, en la que rechazan los intentos de los países ricos de transferir a las naciones en desarrollo la responsabilidad del problema. A la capital danesa viajarán los presidentes Morales y Chávez, quienes unirán sus voces a los países más pobres que rechazan la proliferación de venta de “bonos de carbono”, ya que consideran que el mecanismo deja en manos del mercado la lucha contra el calentamiento global por efecto de los gases contaminantes y reclaman que, de alguna forma, se está “privatizando” la atmósfera.