¿Voto a los 17 años?

La historia de la democracia es en buena medida la historia de la ampliación del derecho a voto. Como se sabe las mujeres solo tuvieron derecho a sufragar en Chile a partir de 1934 en las elecciones municipales y a contar de 1949, en las presidenciales (lo harían por primera vez en 1952). Por su parte, las personas con discapacidad visual conquistarían este derecho en 1969 y los analfabetos en 1972. Junto con la república se estableció el voto censitario o la exigencia de renta para poder sufragar, la que se mantuvo en la Constitución de 1833, y se eliminó posteriormente en 1874 (aunque la “renta”  a través de otros mecanismos siguió pesando). El total de votantes respecto a la población se fue poco a poco expandiendo: un 5% en 1920, un 7,6% en 1932, un 36,1% a inicios de los 70.

La edad mínima para votar también ha tenido su propia evolución. La Constitución de 1833 reconoce ese derecho a los hombres a contar de los 25 años si estos son solteros y a los 21 años si están casados (curiosa relación entre estado civil y derecho al sufragio). La Constitución del 25 rebaja a los 21 años el derecho a voto y en 1972 se establece como edad mínima los 18 años.

Alrededor de la idea de fijar un límite de edad para votar siempre ha existido una vaga idea de lo que se cree sería una persona “con capacidad de discernir libremente y de comprender el alcance del acto electoral”. ¿Cómo dilucidar ese límite? Difícil pregunta. Una trayectoria parecida han seguido los debates sobre censura cinematográfica (un día se acabaron las películas para “mayores de 21 años”) y de responsabilidad penal juvenil, reducida sin demasiadas consideraciones a los 14 años (adultos frente al delito, niños frente a la política).

En términos sociológicos y políticos ha ido madurando en estos años la conformación de un “actor secundario”. Aunque aún no se conoce una historia cabal de este grupo social se sabe de unas primeras organizaciones estudiantiles en los años 40 en torno a los Liceos experimentales. Por su parte, esa innovación curricular que en su momento fueron los Consejos de Curso, nacida en el Liceo Manuel de Salas y luego extendida a todo el sistema escolar, reconoció,  por primera vez, un espacio autogestionado por los propios estudiantes. Luego se hicieron presentes movimientos secundarios en los 60 y comienzos de los 70, aunque sin mucha autonomía respecto de los procesos políticos “adultos”. Reaparecieron en los 80 con identidad y fuerza, y terminaron de emerger y consolidarse como sujetos socio-políticos autónomos con la “revolución pingüina” de 2006 y el movimiento estudiantil de 2011. Este mayor protagonismo seguramente ha ido de la mano de la creciente universalización de la educación media.

¿Quién podría decir que los estudiantes secundarios de hoy carecen de capacidad para comprender el “alcance de un acto electoral” o qué los jóvenes de 17 años que actualmente cursan cuarto medio no poseen discernimiento político? Quizás más que funar elecciones los estudiantes secundarios podrían plantearse votar en estas. En rigor, para “no prestar el voto” es necesario primero tenerlo.  Exigir anticipar su ciudadanía plena, y de paso contrarrestar esa tendencia histórica de la pedagogía tradicional a infantilizarlos, podría ser una respuesta políticamente mucho más radical y profunda a su actual malestar.