Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MOSTRADOR el día 20 de septiembre de 2021.
Uno de los objetivos de la reciente gira por Europa del Presidente Piñera era conversar con el Presidente Macron, de Francia, sobre la “modernización” del “Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Republica de Chile, por la otra”, firmado en el 2002 y que entró en vigencia en el 2003. La conversación con el Presidente Macron tenía el objetivo no solo de dialogar al respecto con el presidente de Francia – lo cual siempre es importante – sino también con quien asumirá desde enero la presidencia pro tempore de la Unión Europea.
El acuerdo vigente con la Unión Europea tiene, en materia de inversiones, unos pocos párrafos de carácter muy general. Se dice allí que ambos países promoverán las inversiones recíprocas – de cada país en el otro – pero no entra en mayores consideraciones respecto a qué decisiones o circunstancias de la política económica de uno de ellos podría considerarse, por parte del otro, como atentatorio a los intereses de sus inversionistas. Es decir, no contiene el concepto de “expropiación indirecta” que está presente en mucho otros tratados comerciales y/o de promoción y protección de inversiones, ni entra en los mecanismos de eventuales indemnizaciones. Se trata, por lo tanto, de un acuerdo relativamente amistoso, o light, en materia de inversiones.
El mandatario francés, con relación a la visita de su homólogo chileno, hizo declaraciones en el sentido de que a Europa le preocupaban dos cosas en materia de “modernización“ de ese acuerdo o tratado actualmente vigente. Esas dos cosas son lo relativo a inversiones y lo relativo a la protección del medio ambiente.
¿Necesita Chile ratificar y/o profundizar sus compromisos en lo relativo a la defensa del medio ambiente? Creemos que sí, puesto que tal como están las cosas tenemos planeta y civilización humana más o menos hasta fines de presente siglo, a menos que se asuma el problema del cambio climático y de defensa del medio ambiente con un carácter de urgencia planetaria. Todo lo que se haga en ese sentido es importante. Todos los compromisos que se establezcan en ese campo son bienvenidos.
¿Tiene Chile necesidad de ser más generoso en materia de salvaguardar los intereses de los inversionistas europeos? Creemos que no. El acuerdo hoy en día vigente con Estados Unidos y el TPP11 – que se intenta por otras vías que pongamos en vigencia – buscan darle tales grados de protección al inversionista de los países firmantes que prácticamente generan en el seno de nuestros países dos tipos diferentes de agentes económicos: por un lado, los que son connacionales del país y se rigen por todas las leyes y políticas económicas que nazcan de su institucionalidad política, que no tienen más recursos judiciales a los cuales acudir en casos de problemas con el Estado que los tribunales de dicho país y que corren todos los riesgos que impone la actividad económica, entre ellos, los cambios en políticas económicas que el bien común imponga. Por otro lado, los inversionistas extranjeros, que pasan a constituir una suerte de agentes económicos de otra naturaleza, que tienen derechos distintos al resto de sus iguales de carácter puramente nacional. A este grupo privilegiado no solo no se les puede expropiar, sino que no se pueden tomar decisiones de política económica que vulneren sus expectativas de ganancias. En caso de discrepancias con las decisiones del Gobierno, pueden recurrir a cortes judiciales supranacionales diferentes a las del país donde desarrollan sus actividades.
Todo hace sospechar que la “modernización” que se busca del tratado con Europa es para incorporar ese tipo de privilegios en lo que respecta al tratamiento de las inversiones externas. En todo caso, sería bueno que el gobierno informara al país respecto al contenido preciso de esas negociaciones en curso y que recogiera opiniones al respecto de parte del país político, antes de proceder a la firma correspondiente.
Ningún país en desarrollo puede prescindir de los capitales, las tecnologías y el dominio de mercado que poseen las grandes empresas transnacionales de origen europeo, negándoles derechos de protección cuando se establezcan en nuestros países. Es bueno contar con esos activos, pero no es bueno impedir que el Estado pueda llevar adelante las políticas económicas que considere más adecuadas para el conjunto del país. Hoy en día, el TLC con EEUU y el proyectado TPP11 prácticamente legitiman la toma de represalias contra el país cuando éste tome decisiones soberanas en materia económica – en su territorio, para todos los agentes económicos nacionales o extranjeros por igual – e impone indemnizaciones altamente onerosas.
Se entiende que la Unión Europea quiera ampliar su actual tratado para introducir todos aquello aspectos que ya lograron otros países. No quiere quedar con menos derechos o privilegios que el resto de los países que han firmado acuerdos comerciales o de promoción y protección de inversiones en tiempos más recientes con Chile. Pero el interés de Chile no es necesariamente coincidente, sino que es precisamente alejarse tanto como sea posible de esos acuerdos con altos grados de condicionalidad.
Una gran cantidad de los países y de los empresarios de Europa han invertido en Chile durante los últimos 18 años sin necesidad de incluir las cláusulas que comentamos. Pareciera que ese tipo de acuerdos no son una condición necesaria como para atraer inversiones externas. Parece más bien una prueba de amor absolutamente innecesaria. China, por otro lado, que es un inversor de primer orden en el planeta, no ha considerado tampoco necesario contar con esas cláusulas en los acuerdos firmados con los diferentes países del mundo ¿porque es necesario firmar ahora, con la Unión Europea, esas supuestas “modernizaciones” en materia de inversiones? ¿Qué tiene Chile que ganar con ello?
