Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 25 de enero de 2021.
En la mayoría de las constituciones del mundo contemporáneo se establece el principio de que la soberanía reside en el pueblo. Eso no siempre fue así, pues durante muchos siglos algunos países organizaron sus Estados bajo el principio de que la soberanía descansaba en los reyes. Precisamente por ello éstos se habían llamar “soberanos”. Pero el mundo cambió y esa idea de que la soberanía descansa en una sola persona fue claramente desterrada al basurero de la historia. En la constitución chilena actual, en todo caso, se dice que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” lo cual es una expresión que no tiene una forma única y clara de ser entendida. Pero si la soberanía residiera en el pueblo, como se espera que quede establecido en el nuevo cuerpo constitucional, éste puede delegar esa soberanía en un cuerpo de representantes. Eso es lo que sucede habitualmente con los parlamentarios e incluso en alguna medida con los alcaldes y concejales. Tienen autoridad y soberanía delegada para decidir sobre determinadas cuestiones por cuanto el soberano se hace representar por ellos para esos efectos. Para que esa representación sea suficientemente democrática debe hacerse por la vía de elecciones libres, secretas e informadas. Es decir, el pueblo participa en una votación o proceso electoral y por esa vía elige a sus representantes. Hay, por lo tanto, en la génesis de la representación un proceso de participación activa del soberano. Pero la idea de la democracia participativa es que el soberano pueda participar en forma permanente e institucionalizada en diferentes eventos y decisiones que deben ser tomadas en el seno del aparato del Estado.
La democracia participativa debe ser entendida como un complemento de la democracia meramente representativa y no como una forma sustitutiva o diferente. La democracia representativa la conocemos más o menos bien, pues es la que ha estado en el centro de la institucionalidad política chilena, desde hace más de un siglo a esta parte, aun cuando con altibajos en sus procesos de representatividad. La democracia participativa, en cambio, tiene hoy en día pocas manifestaciones institucionalizadas y es una expresión política que todavía está naciendo y desarrollándose.
Expresión de esa naciente democracia participativa son – o pueden llegar a ser – los referéndum revocatorios o ratificatorios, para que el pueblo decida si se sigue haciendo representar por tal o cual ciudadano, o quiere revocar su mandato de representación. También el pueblo, por los mismos mecanismos, puede manifestar su aprobación o su rechazo a ciertas decisiones o proposiciones que se generen en determinadas instancias del aparato del Estado. En esto casos el pueblo ejerce directa y masivamente su soberanía.
También es posible y deseable que existan en el aparato del Estado, en todos los niveles jerárquicos y territoriales que sea posible, órganos o instancias institucionalizadas en las cuales participen los representantes de la comunidad, ya sea por elección directa de sus representantes o por la vía de sus organizaciones sociales, de modo de tener una instancia formal en la cual hacerle ver a las autoridades sus puntos de vista sobre los temas que sean atingentes al organismo del cual se trate. A nivel municipal, ha ido teniendo creciente difusión y aceptación el mecanismo de los presupuestos participativos, mecanismo mediante el cual los presupuestos municipales, siempre escasos, se asignan por la vía del dialogo con las organizaciones sociales. Esa es una iniciativa que es importante recoger y multiplicar. Algo similar puede y debe hacerse a nivel de las futuras gobernaciones que serán electas en el transcurso del presente año. También a nivel nacional, la existencia de un Consejo Económico Social, con presencia institucionalizada de las organizaciones de la sociedad civil, podría ser una instancia relevante de dialogo en relación a la distribución funcional y territorial de los ingresos fiscales anuales.
Es posible que a los representantes de la vieja oligarquía no les guste mucho esta idea de que los rotos estén opinando sobre lo que hacen los patrones, pero los sectores más modernos no pueden dejar de comprender que la participación ciudadana concede legitimidad, transparencia, estabilidad y eficiencia a los sistemas políticos.
