Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CIUDADANO el día 22 de septiembre de 2020.
Una forma convencional de clasificar los impuestos que imperan en una sociedad determinada es dividirlos en impuestos directos e impuestos indirectos.
Los impuestos directos son aquellos que gravan la percepción de ingresos. En ese campo tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta y los impuestos previsionales. Si se percibe algún ingreso, por cualquier concepto, se tiene que aportar una parte de ellos para beneficio fiscal, y por esa vía, para beneficio de toda la comunidad. Se agrega a todo ello el criterio universalmente aceptado – aun cuando también universalmente violado – de que el que percibe mayores ingresos tienen que pagar un porcentaje mayor de los mismos, que el que recibe ingresos más bajos. Incluso, en muchos casos, los que reciben ingresos muy modestos están exentos de pagar dichos impuestos directos. Los impuestos, en estos casos, se comienzan a pagar a partir de un determinado nivel de ingresos hacia arriba. Todo eso dice relación con los impuestos directos, a los cuales también se les llama impuestos progresivos, pues ayudan a que la distribución del ingreso mejore.
Los impuestos indirectos no gravan la percepción de ingresos, sino que gravan el consumo de los mismos o, en otras palabras, la utilización de ese ingreso para adquirir bienes y servicios en el mercado. El impuesto indirecto más conocido es el Impuesto al valor agregado, IVA, que en Chile grava con un 19 % el consumo prácticamente de cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien compra un kilo de papas, paga el precio que a esa mercancía le ha puesto quien la está vendiendo, más una tasa de impuesto de19 % que va en beneficio de las arcas fiscales. Si las papas, antes del impuesto, valen 100 pesos, el comprador termina pagando 119 pesos. Si el comprador es rico o es pobre, paga los mismos 19 pesos. Por eso se argumenta que el impuesto al consumo, o impuesto indirecto grava por igual a los pobres y a los ricos. No impera aquí el criterio de que el que más ingreso tiene, paga más impuestos. Por eso se les califica como impuestos regresivos.
En la discusión presupuestaria para el año 2021,- todavía velada o subterránea – se ha colado la idea del Gobierno de aumentar el IVA al menos un par de puntos, con lo cual cada uno de los consumidores del país pasaría a pagar un 2 % más por aquellos bienes y servicios que adquiera en el mercado. ¿Y todo ello para que? ¿Para financiar el mayor gasto que implica combatir la pandemia? ¿Para financiar las transferencias directas que el Gobierno ha dado – a regañadientes – a los sectores de más bajos ingresos? ¿Para financiar programas de apoyo y reactivación de las Pymes? No. Para nada de aquello. Ese 2 % adicional sería para financiar el 6 % de cotización que los empresarios deberían dar como aporte patronal por cada trabajador empleado. Es decir, sacarle plata del bolsillo a los trabajadores – por la vía de mayores impuestos -para devolvérselos después, por la vía de los aportes previsionales, y dejar, de paso, a los empresarios, liberados de esa obligación. No hay ningún empresario que no pueda estar feliz con esta medida. Pero no hay ningún trabajador que pueda estar contento. Solo a la UDI se le puede ocurrir una cosa como esa.
Distinto es el caso cuando el incremento del IVA a algunos bienes – tales como el vino o los cigarrillos – se compensa con un menor IVA a otros bienes que son altamente consumidos por los sectores de más bajos ingresos, tales como el pan o la leche. En casos como esos, el consumo de algunos sectores, en algunos bienes de carácter poco indispensable, financia o subvenciona el no pago de impuestos indirectos por parte de los consumidores de otros bienes más necesarios y de consumo masivo y popular. En casos de esa naturaleza puede que el resultado final sea que las arcas fiscales no reciben ni más ni menos que antes, pero algunos sectores de altos ingresos pagaron más impuestos y los de bajos impuestos pagaron menos. El efecto positivo de un cambio impositivo de esa naturaleza sería la distribución positiva del ingreso que lleva implícita, aun cuando no tenga consecuencias fiscales. Y de lo que trata, en última instancia, en la cercana discusión presupuestaria es de preservar e incrementar los ingresos y el consumo de los sectores más vulnerables de la población. Eso es lo que no hay que perder de vista.
