Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 13 de agosto de 2020
Según los datos sobre ocupación y desocupación publicados por el INE, julio-septiembre del 2019 fue el momento en que hubo el mayor número de ocupados en el país: 9 millones 90 mil ciudadanos estaban en esa situación. De ellos 2.500.890 personas se encontraban ocupados en las actividades más directamente productoras de bienes, como son la agricultura, la minería, la manufactura y la construcción, y 2.896.300 ciudadanos lo hacían en las actividades más corrientemente identificadas con los servicios, como son comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y comida, y actividades recreativas y de entretenimiento.
En abril -junio de este año, la cantidad de ocupados había descendido a 7.142.390 personas, es decir, un millón 800 ciudadanos han dejado de estar ocupados en el transcurso de menos de un año. Aun cuando parezca curioso, según los criterios estadísticos, eso no significa que estén desocupados. Pero ocupados no están.
La mayor disminución en la cantidad de ocupados se dio en el grupo de los servicios, que de la cantidad ya mencionada pasó a 2.059.670 ciudadanos. Es decir, más de 800 mil ciudadanos anteriormente ocupados en el sector servicios, dejaron de estarlo. Es dable suponer que en el sector servicios, en particular en el sub sector comercio, se ubica una gran cantidad de los trabajadores informales, como también una gran cantidad de las pequeñas y medianas empresas. En los sectores más directamente vinculados con la “producción dura”, los ocupados pasaron a 1.930.200, es decir, aproximadamente, 570 mil personas menos.
A partir es esos datos uno podría decir que la crisis ha golpeado más fuerte a los trabajadores que se desempeñan en el área de los servicios, que a los que trabajan en la producción de mercancías. También podría decirse que los trabajadores del sector servicios, son los más vulnerables, los que tienen empleos más precarios, los que tienen menos defensas sindicales o corporativas y de los que se puede prescindir más fácilmente, tanto desde el punto de vista de sus empleadores, como desde el punto de vista de los artífices de la política económica nacional.
La recuperación o reactivación económica, tan largamente perseguida, no es seguro que implicará – en términos de empleo y de producción – un regreso rápido y generalizado a las situaciones anteriores a la crisis. Los más seguro es que primero se reactiven algunos sectores y luego otros, en un proceso que se puede tomar fácilmente un par de años. Lo más probable – aun cuando no es una verdad absoluta -es que primero se recuperen los sectores productores de “mercancías duras”, mientras que el multiforme sector servicios lo hará más lentamente y en forma más precaria. Ello obliga a repensar la permanencia y la magnitud de las ayudas estatales a los sectores más vulnerables de la población, así como la necesidad de planes de capacitación y reconversión laboral, remunerados, que pongan énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de cerrar la brecha digital y la brecha relacionada con el dominio de un idioma extranjero, de los sectores que se vean atados por más tiempo a la situación de desocupados.
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