Por Cristóbal Vega C. Investigador Observatorio Legislativo – Instituto Igualdad.
En el contexto de una de las manifestaciones sociales más masivas e importantes de las últimas décadas en Chile, el Presidente, Sebastián Piñera, anunció en medio de la agitación ciudadana lo que denominó como una “agenda social”. Junto a sus anuncios, solicitó la colaboración de parlamentarios en acelerar la tramitación de una serie de proyectos de ley presentados por el gobierno, entre ellos el denominado “Sala Cuna Universal”.
Aun cuando dicha agenda no consideró novedades en materia educativa, nos invita reflexionar en torno a la celeridad solicitada por el mandatario, en la creación de un beneficio de sala cuna financiado por un fondo solidario.
En general, resultaría difícil encontrar posiciones que se opongan a la implementación de dicho beneficio para la primera infancia, en especial sabiendo las herramientas cognitivas y pedagógicas que la educación parvularia otorga a niños y niñas. Sumando a ello la necesidad de ampliar la tasa de asistencia en el rango de 0 a 3 años de edad a sala cuna, la que según datos CASEN 2017, se encuentra cercana al 31,6%. Entonces ¿dónde se encuentra la trampa?
En principio, Chile debe avanzar en materia legislativa en miras a consolidar los diversos compromisos internacionales adquiridos. Es por esto que resulta contradictorio que, a través de la implementación de un “beneficio” (que puede ser adquirible, como también perdido), no se considere la garantía de al menos dos derechos humanos: la educación de niños y niñas y la no discriinación laboral de mujeres por razones de maternidad (art 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).
En efecto, la dicotomía derechos/beneficios ha sido expuesta por diversos actores sociales asociados a la Educación Parvularia, al trabajo, género e infancia a lo largo de la tramitación del proyecto, sin lograr cumplir las expectativas de ninguno de los sectores.
En cuanto a la dimensión educativa, es bien sabido que a partir de la experiencia previa de instalación de un sistema de voucher en educación, se pagó un alto costo de segregación escolar en pos del acceso, ya que, tales diferencias se profundizan en la medida que se avanza en la trayectoria educativa futura de jóvenes y adolescentes. En ese sentido, el nivel inicial está por ahora exento de dicho mecanismo de financiamiento, por lo que resulta a lo menos inquietante, que se pretenda instalar un modelo de mercado profundamente desigual en un sistema educativo que avanza en miras de reparar tales desigualdades. Por ello, es relevante que se intensifiquen los esfuerzos por garantizar el derecho de acceso universal a la sala cuna, fortaleciendo y expandiendo la oferta educativa pública.
Asimismo, el modelo en Educación Parvularia chileno ha avanzado rápidamente (en los últimos años) en establecer estándares asociados a la calidad, entre los que se puede mencionar la actualización del currículo, un Marco Para la Buena Enseñanza, ingreso a Carrera Profesional Docente para educadoras, además del reconocimiento y certificaciones a los establecimientos educativos (Reconocimiento Oficial y autorización de funcionamiento). Este último ítem, ha sido el más complejo de implementar, considerando principalmente los estándares de infraestructura requeridos y sus costos económicos. Es así como a dicha complejidad, se le agrega la dificultad de cumplir con una promesa poco probable de garantizar: el acceso universal con estándares de calidad alcanzables a corto plazo.
En cuanto al financiamiento, efectivamente el beneficio funcionaría como tal, es decir, condicionado a la asistencia y no a la matrícula. Ello trae el reisgo de perder este “beneficio” en estaciones del año en que se masifican las enfermedades respiratorias y virales entre infantes y disminuye considerablemente su asistencia. Este escenario es aún más complejo, cuando se trata de niños y niñas con necesidades educativas especiales.
La falsa promesa de universalidad en sala cuna quedaría al descubierto en cuanto a no considerar otros contextos de cuidado en los que viven niños y niñas en Chile. Tal es el ejemplo de párvulos que se encuentran al cuidado de otros familiares como abuelos, tíos u otros. Para tal efecto, existe un gran porcentaje de niños y niñas que quedarían excluidos de ejercer el derecho a la educación inicial.
Para el caso del efectivo ejercicio de los derechos de la mujer y su ingreso al mundo laboral, el Proyecto de ley no contempla una variedad de situaciones propias de las dificultades de mujeres trabajadoras, como por ejemplo la usencia de contrato, la condición de migrantes en situación laboral irregular y otras que se encuentran -en estos momentos- en búsqueda de empleo. Se establece otra clara discriminación de aquellas que se encuentran en regímenes laborales inferiores a doce horas semanales, excluyéndolas del beneficio y parcializando su entrega en el umbral de treinta horas a la semana. De este modo, se impone una doble discriminación, de género y de edad infantil, dejando de entregar alternativa al porcentaje de la población que no puede ejercer el derecho.
En conclusión, la propuesta impulsada por el actual gobierno se encuentra lejana a la posibilidad de garantizar la universalidad del acceso a sala cuna, por consiguiente, también de considerar los distintos panoramas que enfrentan las mujeres para ingresar al mundo del trabajo. Si el propósito no es avanzar hacia el ejercicio efectivo del derecho a la educación de niños y niñas, ni tampoco al derecho de mujeres a no ser discriminadas por motivos alusivos a la maternidad en sus empleos ¿qué es lo que instalará? Una nueva industria educativa. El nivel inicial educativo parece ser una arena atractiva para la consolidación de un modelo de mercado no explotado a cabalidad por privados y esta sería la oportunidad que cierto sector de interés económico espera para concretar dicho fin. En síntesis, el mercado “primero en la fila”.
