Las ciudades son evocadas y habitadas de las más variadas maneras según vivencias y prácticas que se establecen en el territorio. Más del 80% de la población mundial vive en urbes, porcentaje similar se observa en nuestro país. Por ello es en el espacio urbano donde se manifiestan con más fuerza los temas y problemas que los ciudadanos perciben y experimentan.
Ya hace un tiempo que venimos advirtiendo que la inseguridad y el narcotráfico son temas que ocupan un lugar central en los debates públicos y que se evidencian en cuestiones tales como miedo, delincuencia, violencia, ilegalidad.
Sin embargo, no podemos soslayar que no se trata solamente de percepciones, opiniones o definiciones sino que son fenómenos que afectan de manera concreta diferentes aspectos de la vida en nuestras sociedades.
Los flagelos de la droga y la amenaza de la delincuencia irrumpen en la cotidianidad de los ciudadanos provocando situaciones de violencia social e institucional pero fundamentalmente, deterioran sus condiciones de vida y aumentan los niveles de desigualdad imperantes.
En este contexto, los ciudadanos reclaman soluciones de seguridad pública que el marketing político retoma en tiempos electorales con discursos de mano dura y de mayores penas para los delitos.
O bien, los medios de comunicación ponen a circular informaciones estridentes sobre casos de delincuencia, inseguridad o narcotráfico pero poco dicen de las causas de esos problemas que de manera silenciosa se van enquistando en el tejido social.
Y allí radica el desafío que debemos enfrentar desde los municipios, y que no sólo se refiere a buscar soluciones con la participación de los vecinos sino que se requiere visibilizar y poner en la agenda pública de discusión las decisiones, acciones y respuestas que aborden integralmente estas problemáticas.
Las autoridades locales no son expertas en seguridad ni tienen mandato para ejercer labores de inteligencia. Para estas tareas se requieren organismos realmente competentes y con mando del poder civil.
Por otra parte, en materia de consumo de drogas ilícitas, se requieren ingentes cantidades de recursos para prevención pero sobre todo para rehabilitación. Desde los municipios se colabora con muchas comunidades terapéuticas pero los recursos comunales son siempre escasos.
Un imperativo ético y político es que hay que resguardar todos los niveles del Estado para impedir que el narcotráfico los penetre. Y con la misma energía hay que apoyar a aquellos que habiendo sucumbido al flagelo de la droga luchan por salir de sus negativas consecuencias.
Estas son las luchas sociales de nuestro tiempo y en esta lid no sirven las fake news, ni el uso político y partidista de estos asuntos.
Tampoco la farándula ni el sensacionalismo mediático, que con denuncias grandilocuentes construyen la gramática del silencio, invisibilizando los problemas de fondo. A ellos también hay que enfrentarlos, desde donde hemos estado siempre, con los pies y la voluntad en el territorio.
