Por Juan Santana, diputado PS y Carlos Navia, Profesor Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso. Colaborador Instituto Igualdad.
El cambio que afecta al currículo en tercero y cuarto año medio genera varias dudas que se relacionan con el fin de la educación y la coherencia en el diseño de políticas públicas educativas.
I. Consideraciones generales
Tratados internacionales y establecen que uno de los fines de la educación es la promoción y fortalecimiento de la convivencia democrática. Desde el retorno de la democracia, se han dictado leyes que resaltan esta dimensión. En este contexto, pareciera que el ajuste curricular apuntaría en un sentido correcto, contemplando asignaturas orientadas a promover buen ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, existen problemas de fondo que sobrepasan los propósitos de esta medida.
Lamentablemente, y producto del modelo económico y social que se ha establecido en nuestro país, no podemos afirmar que para los padres, profesores o, incluso, los propios estudiantes, resulte prioritario que el sistema educativo genere una “mejor” ciudadanía. Por el contrario, la calidad de la educación ofrecida por un establecimiento suele valorarse según si asegura una mejor participación en el mundo laboral y otorga mayor poder de participación en el mercado de bienes y servicios. De allí que los colegios se han transformado en verdaderos pre-universitarios, orientados a obtener buenos resultados en la PSU. Esta prueba, como otras estandarizadas, no valoran las aptitudes para el ejercicio de la ciudadanía.
Encontramos un ejemplo a propósito de la implementación de la Jornada Escolar Completa. A pesar de que uno de los objetivos era proporcionar espacios y herramientas para desarrollar nuevas competencias, en la práctica esto no ocurrió. La Jornada Escolar Completa se tradujo, en muchos establecimientos, en el mero aumento de la carga horaria para tratar contenidos relacionados con lenguaje y matemáticas. En otras palabras, la extensión horaria se utilizó como una oportunidad para preparar a los estudiantes con miras a obtener mejores puntajes en las pruebas nacionales estandarizadas.
Por otra parte, la reforma curricular reporta una dificultad de carácter práctico: cómo alcanzar los objetivos perseguidos por asignaturas como Educación ciudadana y otras electivas. En una rápida revisión, notamos que sus propósitos exceden por mucho a lo que se logra a través de la clase lectiva tradicional. Esto nos conduce a las siguientes preguntas: ¿con qué tipo de competencias están siendo formados los futuros profesores de Historia, encargados de impartir el curso Educación ciudadana? ¿Existe un plan de formación dirigido a los actuales profesores? Estos aspectos adquieren importancia, considerando que a partir del año 2016, por mandato legal, se obligó a los establecimientos a crear un plan de formación ciudadana. En aquellos colegios en que efectivamente se implementó, usualmente los directores encomendaron la tarea a los profesores de Historia. Sin embargo, estos no siempre contaban con el tiempo, el apoyo metodológico o, incluso, con la convicción de que la medida fuera adecuada.
II. Obligatoriedad de la asignatura de Historia
De acuerdo al Ministerio de Educación, los estudiantes habrán revisado hasta segundo año medio todos los contenidos relevantes relacionados con Historia. Esto supone una redistribución de horas, lo cual flexibiliza el currículo y abre la posibilidad de cursar asignaturas electivas. Si bien esta medida sigue una tendencia internacional, produce problemas en el contexto de nuestro sistema educativo vigente.
Es en los cursos más avanzados (tercer y cuarto medio año medio) cuando las y los estudiantes cuentan con mayor madurez emocional e intelectual para abordar contenidos complejos. Actualmente, en estos niveles se revisan materias sensibles que involucran la historia reciente de Chile y la comprensión de conceptos como Estado y ciudadanía. Así las cosas, podría producirse el siguiente contrasentido: a pesar de que se buscaría potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, se les priva de revisar un contenido que requiere del mayor nivel de análisis en la edad en que estarían mejor preparados para ello. Y, todavía más, se trata de contenidos que conectan directamente con el ejercicio de la ciudadanía.
Pero, por otra parte, poco sirve alentar el pensamiento crítico, cuando la PSU mide fundamentalmente conocimientos (lo que a veces se reduce al mero “manejo de datos”). El sistema de selección a la Educación Superior debería ser modificado a fin de dotar de sentido a las reformas que recaen en el currículo. Si bien entre los 27 cursos electivos se observa asignaturas orientadas a mejorar la capacidad de debate o la comprensión crítica de la realidad actual, estos cursos tenderán a perder importancia, tanto desde el punto de vista del establecimiento como de los propios estudiantes, dada la urgencia de obtener buenos resultados en la PSU.
Finalmente, surge la duda respecto de si todas las asignaturas (por ejemplo, los módulos obligatorios de inglés y matemáticas) tienden al desarrollo del pensamiento crítico y de competencias para el ejercicio de la ciudadanía. Tratándose de la asignatura electiva “Ciencia para la ciudadanía”, y dejándose guiar por su nombre, pareciera que sí lo hace. Aunque, en realidad, bien podría llamarse “Ciencia en la vida cotidiana” o “Aplicación práctica de la ciencia”, considerando que lo que principalmente buscaría es dar relevancia al método científico y al tipo de razonamiento que lo sustenta. Ahora bien, más allá de su denominación, la coherencia de su implementación enfrenta varios de los desafíos enunciados en párrafos anteriores.
En definitiva, el Ministerio de Educación no solo tendrá que explicar el sentido del cambio curricular, sino que también el modo de asegurar una implementación efectiva y coherente.
