Por Sergio Arancibia
En el año 2007 se realizó en el país el VII Censo Agropecuario y Forestal (CAF). El siguiente censo de la misma naturaleza tuvo lugar en el año 2021 –es decir, 14 años después– y sus resultados se han hecho públicos en el mes de octubre del presente año. No es seguro que ambos censos sean enteramente comparables, pues hay modificaciones en la metodología, en la cobertura y en los conceptos utilizados. Sin embargo, hay algunas cuestiones en la cuales la comparación parece posible. En caso de no serlo, por lo menos se pueden desprender algunas dudas o algunas hipótesis interpretativas al respecto.
Así, por ejemplo, la comparación entre ambos arroja una disminución de 22% en la superficie silvoagropecuaria del país. De 31.4 millones de hectáreas se pasó a 24.8 millones de hectáreas. La superficie silvoagropecuaria incluye a todas las tierras productivas, estén o no trabajadas. Más de seis millones de hectáreas menos en la superficie silvoagropecuaria es una cantidad muy grande de tierra como para que el fenómeno pase desapercibido. Solo quedan afuera de este concepto las tierras que claramente califican como no productivas
Las tierras no productivas aumentaron, a su vez, entre uno y otro censo, pasando de 15.942.421 hectáreas, a 19.204.988 hectáreas. ¿Por qué se produjo ese aumento tan sustantivo –de más de 4 millones de hectáreas– en las tierras no productivas? ¿Por cambios en los criterios de clasificación? ¿Por erosión y deterioro de los suelos? ¿Por abandono? ¿Por avances en los procesos de urbanización y/o en las obras de infraestructura? No quedan claras, de las cifras disponibles, las razones por las cuales el país ha sufrido en esos 14 años una caída tan grande de su recurso tierra. No se trata meramente de una disminución de los cultivos, que podría tener su razón de ser en el sostenido proceso de sequía que ha asolado al país, pues las tierras productivas no trabajadas se incluyen dentro de la superficie silvoagropecuaria. En cualquier caso, se trata de una situación preocupante, que exige más investigación, pues cuatro millones de hectáreas no pueden haber desaparecido. Una eventual situación de esa naturaleza, de ser cierta, compromete en forma muy directa la producción silvoagropecuaria y la seguridad alimentaria del país.
Otra variable importante que amerita comparación entre los dos censos es la cantidad de unidades productivas pequeñas que existen en el país. Según el censo del 2007, las explotaciones silvoagropecuarias que tenían una extensión menor a 10 hectáreas sumaban 165.813 unidades. En el 2021, en cambio, ellas han disminuido a 114.834 unidades. Más de 50 mil unidades de producción menos. ¿Qué pasó con ellas? ¿Se produjeron procesos de concentración de la tierra, en el segmento de las pequeñas propiedades, que llevaron a que varias unidades productivas de pequeño tamaño se agruparan para dar origen a unidades más grandes? ¿O fueron absorbidas por las unidades de mayor tamaño, es decir, por las unidades productivas que tenían más de 10 hectáreas? ¿La consolidación de la mediana y de la gran explotación silvoagropecuaria se ha realizado a costa de la disminución –o parcial desaparición– de la pequeña producción?
Este es un proceso importante de dilucidar, pues implicaría, de ser cierto, un cambio en la geografía humana y social del campo chileno, con las correspondientes transformaciones en las capacidades y estructuras productivas.
