Ivan Borcoski
Poco a poco se ha ido instalando la idea de que la desigualdad no solamente es económica y social sino que además es territorial. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que las desigualdades son también territoriales?
Es evidente que el espacio geográfico es heterogéneo, y nuestro país es un ejemplo de ello, por lo tanto, podríamos señalar que por razones naturales el territorio es dispar y que en distintos lugares, por condiciones propias del espacio geográfico, encontramos paisajes diversos. Sin embargo si entendemos el territorio como el espacio geográfico histórica y socialmente construido debemos buscar en la historia y en la economía, las razones de las disparidades espaciales, teniendo en cuenta evidentemente las condiciones naturales, sin caer en tendencias deterministas.
Entendemos a la sociedad como la totalidad formada por las relaciones sociales, en particular las económicas, los medios de producción, la cultura y las actitudes que la distinguen, de manera tal que la comprendemos como históricamente determinada y localizada. La comprendemos, además, como un todo orgánico, donde cada uno de los elementos mencionados, corresponde, se refleja y existe en relación con los demás.
La oposición del campo y la ciudad, la importancia de la división territorial del trabajo, la acumulación de las fuerzas productivas en concentración urbanas, las diferencias geográficas en el valor de la fuerza de trabajo e incluso en el funcionamiento de la ley del valor, la importancia de reducir los obstáculos espaciales, mediante innovaciones en los transportes y las comunicaciones y las Tics, son ejemplos de lo señalado anteriormente
En nuestro país, el reordenamiento administrativo que es decretado en 1975 con la gran reforma regional y municipal, modifica el ordenamiento jurídico respectivo, regido hasta entonces por la Constitución de 1925. Así se crean trece regiones dotadas de un fondo de financiamiento, 55 provincias y 328 comunas.
El sustento ideológico de estas decisiones se relaciona con la forma como la descentralización fue incorporada dentro de un nuevo dispositivo de intervención estatal ordenado por los organismos financieros internacionales. Este nuevo dispositivo tuvo como principal objetivo abandonar aquellas formas de articulación entre el Estado, la sociedad y el mercado representados por el modelo del Estado de bienestar, el cual procuraba de manera centralizada y nacional, garantizar estándares sociales vinculados a la salud, educación y seguridad social, reemplazándolo por el Estado Subsidiario
Las nuevas regiones creadas por la CONARA, transformadas en verdaderas entidades administrativas y con un Intendente Regional designado por la dictadura militar, dispusieron de fondos de inversión, siendo el más relevante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que se crea a fines de los 70 para poder realizar obras de inversión física como carreteras, puentes y otras infraestructuras necesarias para el desplazamiento y transporte de los diversos bienes y productos que se orientan básicamente al mercado externo. Estos antecedentes son relevantes cuando intentamos dilucidar el origen de las desigualdades territoriales en el país ya que son procesos que van configurando un efecto diferenciador y, en la mayoría de los casos, generan graves disparidades territoriales.
Tal como la realidad nos muestra, hay una desigual distribución territorial del crecimiento económico y sus beneficios, como también hay un desigual acceso y desarrollo del conocimiento científico, la educación en todos sus niveles y la salud, por nombrar algunos ejes y servicios sociales que se encuentran diferenciados en el territorio, desde el punto de vista del acceso a ellos por parte de la población.
Esto es la “normalidad” que vemos todos los días, donde encontramos desarrollo del nivel de ciudades europeas en una comuna y subdesarrollo en otra comuna de nuestra ciudad-región y a no más de 10 kilómetros de distancia. Este ejemplo lo podemos encontrar en diferentes escalas espaciales.
Por otra parte, una condición que explica las desigualdades territoriales, se refiere al carácter concursable de muchos de los fondos de inversión y por el carácter estructuralmente desigual del financiamiento municipal, a pesar de la ecualización positiva producida por el Fondo Común Municipal (FCM).
Sabido es que hay una desigual dotación de recursos profesionales en los municipios, lo que se traduce en una menor capacidad de ingresar proyectos al Sistema Básico de Inversión para obtener recomendaciones técnicas para pasar a la fase de obtención de financiamiento para diseño y ejecución de proyectos de inversión. Esto indudablemente se traduce en un desigual equipamiento de infraestructura de las diversas comunas puesto que, al no contar con fondos propios, dependen de estos fondos regionales, en su mayoría concursables, para poder realizar obras de beneficio para sus comunidades.
Si uno de los objeticos de las políticas públicas para el desarrollo consiste en la distribución equitativa de los mecanismos que faciliten el aprovechamiento de las protecciones sociales y de las oportunidades, será necesario tener en cuenta el trasfondo de las determinantes estructurales que generan la desigual distribución de las oportunidades educativas y ocupacionales o las dimensiones étnicas y de género, junto a otras que no se circunscriben a lo meramente económico. Además, el Estado debe ejercer sus capacidades de protección social con igual intensidad en todo el territorio y hay que considerar que el municipio es la única estructura del Estado que se encuentra presente en todo el espacio geográfico chileno.
Precisamente en el marco de la elaboración de una nueva constitución, consideramos que el Estado debe ejercer sus capacidades de fomento, crecimiento y desarrollo económico, como su rol de distribución de la riqueza y el poder, de corrector de inequidades horizontales, verticales e intergeneracionales, de protección social y de derechos con igual intensidad en todo el territorio. Con esto, sostenemos la necesidad de desarrollar lo que hemos denominado “Garantías Explícitas de Equidad Territorial”; esto es, la responsabilidad que le corresponde al Estado de garantizar constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales como también los derechos civiles y políticos no importando el espacio geográfico donde se nace o habita; en otras palabras, incorporar un enfoque territorial garantizado de derechos.
Consideramos que una Nueva Constitución debe basarse en los fundamentos de un “Estado democrático y social de derechos” que se construya sobre la base de un Estado Solidario. Estos fundamentos deben tener una expresión territorial. Y tal como hace poco más de una década trabajamos por las “GES” o garantías explícitas en salud, debemos avanzar en las “Garantías Explicitas de Equidad Territorial”, GEET, un símil del plan AUGE de Salud, pero aplicado con base y perspectiva territorial. Se busca con esto, asegurar a los chilenos y chilenas, el acceso a bienes y servicios públicos independientemente del lugar, zona o localidad donde hayan nacido o donde vivan. En definitiva, debemos trabajar en un esfuerzo sostenido para construir entre todos y todas un país justo y solidario, incorporando un enfoque territorial garantizado de derechos.
