Artículo de Sergio Arancibia
Publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 7 de julio de 2020.
La reciente propuesta del Gobierno encaminada a abrir líneas de créditos blandos para las personas que se han visto gravemente afectadas en sus ingresos por la crisis sanitaria, económica y social en que nos encontramos, tenía en alta medida la intención de salir al paso a la creciente presión ciudadana que propone buscar fórmulas que permitan que los afiliados puedan hacer uso de los fondos allí acumulados. Como ese propósito no se logró, y la polémica sigue en pie, nos permitimos aportar algunos antecedentes y reflexiones complementarios relativos al uso de los fondos de las AFP por parte de sus legítimos propietarios.
Un 50 % de los afiliados a la las AFP tiene un ahorro personal allí acumulado menor a cuatro millones de pesos. Allí se incluyen los jóvenes, que tienen pocos años trabajando y, por lo tanto, pocas cotizaciones en el sistema de las AFP. Para ellos, todavía hay esperanzas de que crezcan sus cotizaciones, sus ahorros y su futura jubilación. Pero se incluyen, además, una cantidad importante de hombres y mujeres mayores de 50 años, que con esa plata acumulada no podrán alcanzar, ya a esta altura de su vida, una jubilación digna. También se incluyen los que alguna vez cotizaron, porque tuvieron un trabajo formal, pero hace ya 10 o 15 años que no cotizan. Caminan, por lo tanto, todos ellos, derechitos hacia el APS.
Si se autoriza a estos dos últimos contingentes de afiliados – o a todos los que están por bajo los 4 millones- a retirar hasta el 10 % de sus ahorros, podrían tener, en el corto plazo, como promedio, unos 200 mil pesos percapita adicionales para poder parar la olla. Para ellos, no sería en absoluto una perdida, sino una ganancia importante en medio las apreturas del presente. No están arriesgando su futuro, pues éste ya está definido hace rato por las características estructurales del sistema: son pobre y seguirán siendo pobres después de los 65 años.
Si el Gobierno devuelve esa plata por la vía de un bono de reconocimiento – a ese 50 % los afiliados o a parte de ellos – que se haría efectivo a los 65 años del afiliado, le hace un favor importante a esos trabajadores, que no tienen ningún tiene interés hoy en día en endeudarse con la banca, o con quien sea, pues precisamente las muchas deudas bancarias y no bancarias son su problema y no son parte, por lo tanto, de la solución.
Al resto de los afiliados a las AFP, que tienen un poco más de ahorros, se les podría reconocer igual el derecho a retirar hasta el 10 % de sus haberes, pero la devolución estatal vía bono de reconocimiento podría alcanzar solo hasta un monto predeterminado – por ejemplo, igual a un asalario minio. De allí para arriba, el que saca fondos los devuelve, en algún momento de su vida laboral, o le son descontados al momento de la jubilación, con lo cual la cantidad en que disminuye su pensión mensual no sería muy sustantiva, y en todo caso, es una opción que cada uno puede libremente asumir.
Para las AFP que tienen en su poder estos ahorros, pagarles ese 10% es un pelo de la cola. No se descapitalizarán por ello. Con los ingresos que reciben anualmente las AFP por concepto de los abonos de los cotizantes – 7 mil millones de dólares aproximadamente – más lo que necesiten liquidar en el mercado internacional, les alcanza cómodamente para responder a esos retiros – y a muchos otros – y aun así les quedaría plata en la mano para seguir financiando a las grandes empresas hacia las cuales canalizan habitualmente esos recursos.
Para el Gobierno tampoco representaría un gasto muy importante, pues su compromiso de devolución, por la vía de un bono de reconocimiento, solo alcanzaría hasta un monto de un salario mínimo por afilado, lo cual cuantitativamente no es igual al 10 % de los fondos acumulados, sino que es mucho menos. Además, se trata de un gasto pagadero en un plazo de 10 o 20 años. Y si el Gobierno, si no se decide hoy en día a gastar en un bono de reconocimiento, tendrá que gastar más el día de mañana para complementar, por la vía del APS, la pensión mínima de estos condenados por el sistema.
Las AFP, a su vez, quedarían con un poco menos de efectivo en las manos, y con un poco más de bonos estatales, lo cual no afectará en nada su peso en la economía y en los mercados financieros del país, dados los inmensos volúmenes de recursos que hoy en día manejan – casi 200 mil millones de dólares.
¿Por qué no se decide el Gobierno a implementar una fórmula de este tipo – u otras parecidas – que no son caras, y que son rápidas y seguras, y beneficiarían directamente a millones de personas? Básicamente por no tocar a las AFP ni con el pétalo de una rosa, y para no sentar el precedente de que los fondos acumulados en las AFP puedan servir a propósitos sociales.
En definitiva, la promesa gubernamental de los créditos blandos – que no encuentra ni muchos beneficiados ni mucho adherentes entusiasmados – no logra sacar de la mesa de discusión el tema de los fondos de las AFP, cuyo uso actual por parte de sus propietarios, en la forma presentada, tampoco es una solución definitiva ni a la caída actual de los ingresos, ni a los déficits estructurales del sistema de las AFP, pero, por lo menos, es un remedio coyuntural rápido, seguro y desburocratizado.
