María Isabel Díaz
Educadora, Ex Subsecretaria Educación Parvularia
Coordinadora del Programa de Educación de Igualdad
El proyecto de ley de kínder obligatorio ha presentado una fractura estructural en su tramitación final. Para muchos puede resultar incomprensible y se preguntarán cuáles son las razones para cuestionar que se exija como requisito obligatorio haber cursado el kinder para el ingreso a la educación básica, cuando en la práctica todos los niños y niñas de esa edad ya se encuentran asistiendo a ese curso. Solo un poco más del 3% no está incorporado a este nivel educativo.
En una primera lectura, no debiera presentar cuestionamiento alguno, dado que el proyecto busca, por un lado, regularizar el mandato constitucional de obligatoriedad gradual y por otro, incorporar a ese grupo de niños y niñas que está fuera del sistema. Sin embargo, durante la fase final de su tramitación se constataron una serie de aristas técnicas que impiden lograr cumplir con una de las ideas matrices del proyecto, cual es asegurar el acceso y permanencia de ese grupo que hoy no está asistiendo y que precisamente requiere máxima atención.
Más aún, el proyecto, al no tener una respuesta efectiva y articulada para responder a las dificultades que presenta ese grupo de familias y niños, terminaría siendo un contrasentido, dado que se les estaría asignando la obligatoriedad de asistir a un sistema que carece de una oferta adecuada para responder a esas realidades educativas. Es decir, los perjudicados de este proyecto paradójicamente serían aquellos que se encuentran en situaciones de mayor desigualdad. Esta es la piedra de tope que hoy tiene paralizado el proyecto.
En los análisis para buscar salidas razonables, algunos han argumentado que estas leyes movilizan y presionan al sistema educativo para responder a las nuevas exigencias, sin embargo, en el nivel de educación parvularia, la experiencia no ha sido positiva, la certificación obligatoria de jardines infantiles que busca garantizar estándares básicos de funcionamiento, ha debido postergarse y se estima que deberán ajustar nuevos plazos, dado que al primer semestre del año 2020 solo se cuenta con menos del 10% de cumplimiento.
Por supuesto, nadie podría estar en contra de que los niños y niñas, especialmente aquellos más vulnerables, asistan y se integren al kinder, como se ha tratado de instalar en los debates y en los medios de comunicación. Esa no es la polémica de este proyecto. Nadie se opone a la expansión de la cobertura de esos niveles educativos. Por el contrario, se ha insistido en que es necesario activar todas las medidas para ampliar la red pública y apoyar los mecanismos locales que permitan la asistencia regular de esos grupos de niños y niñas.
La raíz de la critica es que el proyecto no resuelve las dificultades anunciadas, las que se traducirán en barreras de acceso y permanencia para los grupos de mayor vulnerabilidad que hoy no asisten, por ejemplo, la falta de oferta focalizada, la escasez de trasporte específico para trasladar a los niños que viven en zonas extremas, la necesidad de contar con jornadas completas, el resguardo de condiciones pedagógicas para cursar el kinder en escuelas rurales. Por otro lado, el proyecto evidencia situaciones normativas que son polémicas y contradictorias; los niños y niñas que están asistiendo al kinder para ingresar al primer año básico, solo deberán demostrar constancia de que lo cursaron (asistencia), en cambio los niños y niñas que por diversas circunstancias no asistieron al kinder deberán por requerimientos normativos, certificar aprendizajes para ingresar al sistema, lo que considera la aplicación de instrumentos de evaluación. Esas son las paradojas del proyecto.
En definitiva, el ejecutivo no dispuso de respuestas suficientes que permitieran sortear los obstáculos ni resolver las interrogantes y requerimientos solicitados por los parlamentarios y parlamentarias para su implementación. Le faltó profundizar en la biografía y geografía del nivel parvulario, que es imprescindible para el diseño de estas propuestas. En el último debate realizado en la Comisión de Educación del Senado, el ejecutivo reconoció que el proyecto no se caracterizaba por ser “ambicioso”, porque tenía el propósito de cumplir con un mandato constitucional. Dicho cumplimiento no puede ser a cualquier costo, un PDL busca mejorar una realidad existente y en este caso no logra mejorar la calidad de la atención del 97% que está asistiendo, ni tampoco logra beneficiar al grupo del 3% que se encuentra excluido.
Por otra parte, los propios especialistas del sector han señalado sus preocupaciones frente a las disyuntivas y los efectos no deseados que tendría este proyecto; son alertas relacionadas con la hiperescolarización del prekinder y kinder en las escuelas y se estima en los pronósticos que se agudizaran al momento de formalizar la obligatoriedad. Se trata de una serie de prácticas, exigencias y procedimientos que forman parte del nivel escolar y que se están trasladando a los cursos de transición, afectando el sentido pedagógico de estos niveles educativos. Es una arista delicada que entra en el terreno pedagógico y que es dificultosamente detectable para los diseñadores de políticas pública. Un ejemplo de estos campos subjetivos como denominan los investigadores fueron los efectos no deseados de la aplicación del SIMCE en segundo año básico, que se advirtieron en su momento. Esta decisión de aplicar una prueba censal a los 7 años instaló equívocamente una presión académica en los cursos de prekinder y kinder, forzando al cumplimiento de metas obligatorias en lectura y escritura para obtener buenos resultados. Si bien esta prueba censal se eliminó, la recuperación y valoración por una educación integral y lúdica ha sido preocupantemente a muy baja velocidad. Estas son parte de las aprehensiones que manifiestan las educadoras que se desempeñan en las escuelas, voces autorizadas que no han tenido participación en estas decisiones.
En los últimos 10 años, hubo notables avances en el fortalecimiento de la institucionalidad, la cobertura y la calidad de la educación parvularia pública. Hoy los niños y niñas que asisten voluntariamente al kinder (más de 240.000) y que tienen subvención como vía de financiamiento, cuentan con: educadoras que forman parte de la carrera docente, bases y programas curriculares, textos escolares, materiales didácticos, unidades de aprendizajes, reportes evaluativos, planes de mejoramientos, fiscalizaciones, acompañamientos y programas complementarios en salud, psicomotricidad e inglés. Esos son los logros alcanzados los que no se destacaron en las presentaciones. Por cierto, se requiere seguir avanzando en otras áreas, dos de ellas clave; equiparar las condiciones de funcionamiento y reformular el modelo de financiamiento.
En consecuencia, la interrogante que surge, es cual sería el aporte de consignarle obligatoriedad a un curso que en la práctica (aunque se continua afirmándose lo contrario), ya es asumido por la gran mayoría de las familias como un escalón formativo necesario para la trayectoria educativa, adquiriendo un carácter universal. La respuesta concreta es que el kinder obligatorio no tendría ningun valor agregado de acuerdo al contenido del proyecto. No hay mejoras significativas en la oferta ni asegura otros estándares de calidad. Lo que hace es obligar a ese 3% sin asegurar condiciones.
El ejecutivo ha insistido dentro de los argumentos para justificar el proyecto además del mandato constitucional, de que el kinder obligatorio tendrían efectos positivos en lograr una asistencia más regular y permanente durante el año escolar. Lo que no se ha explicado es que el fenómeno del ausentismo no es exclusivo del kinder o del prekinder, se extiende más allá de estos cursos, esto es a los niveles educativos obligatorios. Para enfrentar inasistencia crónica, durante el año 2019 el MINEDUC desarrolló una intensa campaña para revertir este comportamiento en todos los niveles educativos. Al respecto, sería valioso contar con los resultados de modo de ponderar que estas medidas pueden ser más efectivas, que apostar por los efectos de la obligatoriedad escolar.
La pregunta que ha surgido en el debate es por qué emergen a esta altura de la tramitación estas complejas observaciones y no se detectaron ni se evidenciaron durante la tramitación. La razón principal que desencadena un informe desfavorable de parte de la Comisión de Educación del Senado es que el proyecto, a pesar de todos los complementos, no logra plasmar finalmente los principios de equidad y flexibilidad que se requieren para estas iniciativas, como así tampoco logra cumplir los estándares de viabilidad que permitan garantizar la correcta implementación legislativa en un nivel educativo que se encuentra en plena etapa de regularización dentro del sistema.
Es válido señalar por las edades que comprende este nivel educativo, que la obligatoriedad es una medida compleja que requiere de un conjunto de condiciones pertinentes y sostenibles en el tiempo. Por esa razón, en los países que forman parte de la OCDE, el 40% ha consignado la obligatoriedad y en la Unión Europea dos países. Son comportamientos que requieren ser analizados en el marco de una agenda internacional que ha priorizado políticas públicas para la educación inicial.
Preocupa el derrotero de este proyecto de ley porque al margen de todos los nudos que surgieron en la tramitación y los complementos que en algo contribuyeron a mejorarlo, el resultado final del articulado afecta directamente a la matriz del proyecto; dado que no se aplicaría la obligatoriedad, anulando el propósito central de la iniciativa. Producto de ese escenario, preocupa el resultado final.
Finalmente, una inquietud de fondo, frente a los dilemas que ha planteado este proyecto de ley, es qué se hará en concreto con los niños y niñas que hoy no están asistiendo al kinder, cuáles serán las acciones o más bien cuáles serán las medidas de política pública que puedan entregar respuestas sensibles frente a ese grupo excluido. Lo más probable es que habrá que proyectar un plan nacional con la participación de diversos actores para que tenga raigambre en sus comunidades locales. Todo indica que el proyecto de kinder obligatorio en el cual se pregona justicia social para los más pequeños, no sería la respuesta, termina siendo injusto, porque no resuelve el compromiso del derecho a una educación de calidad en la primera infancia.
