Danae Mlynarz P.
Paulina Morales M.
Programa de Participación y Convivencia Instituto Igualdad
Todos los condimentos que generaron el estallido social del 18 de octubre pasado se han agudizado en este contexto pandémico: los elevados niveles de desigualdad social, la crisis de representación de nuestro sistema democrático, la falta de confianza interpersonal e interinstitucional y la debilidad de los espacios de participación ciudadana y desarrollo local con que cuenta nuestro sistema democrático que no facilitan la canalización de las demandas ni la configuración de una identidad nacional.
Ni siquiera hemos podido articular un sentido de unidad para cuidarnos del virus. Y por eso vivimos una cuarentena engañosa que no está ayudando lo necesario a frenar su propagación.
La participación ciudadana tiene relación con “ser parte de la toma de decisiones” sobre aspectos que tienen que ver con la propia vida, con el entorno, con lo común, con lo público.
En Chile durante la transición y en los posteriores gobiernos democráticos se carece tanto del sentirse “parte de algo en común” exacerbado por el modelo neoliberal con una lógica individual de “sálvese quien pueda y como pueda” más que el constituir una comunidad de pares con un objetivo común que avanza en sus reglas del juego y que presenta mecanismos para participar en la toma de decisiones sobre ellas y en el cómo queremos vivir en conjunto.
Al contrario, el PNUD advierte “un progresivo distanciamiento de la ciudadanía respecto al sistema político, que se verifica en crecientes niveles de insatisfacción con la democracia, en la desconfianza social hacia los partidos y en la acelerada reducción de la militancia en los partidos. Se cristaliza de este modo la noción de una ‘clase política’, separada y distante de la sociedad, que goza de privilegios y que se resiste a terminar con ellos (PNUD, 2015). Claudio Fuentes nos dice que en un sistema cerrado como el nuestro, la calle, la protesta social, se advierte casi como la única estrategia para obtener beneficios, resolver conflictos y redistribuir la riqueza y el poder. Esta tendencia es acompañada por la resistencia de los actores políticos de abrir el juego político a mecanismos de democracia directa” (Fuentes, 2019).
Esa situación, forma parte significativa de las razones del estallido de octubre 2019. Donde todas las demandas no escuchadas ni canalizadas explotan en la rabia y el agobio. Donde las promesas de mayor participación ciudadana no satisfechas y las frustraciones por espacios ficticios emergen como un grito desesperado exigiendo un trato digno, “nunca más sin nosotros” y “con too si no pa´qué”.
De esta forma, a través del criticado “Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución” se logró una esperanza de por primera vez en la vida de nuestro país poder construir entre todos y todas, ese espacio común. Teníamos un plebiscito para el 26 de abril para votar apruebo y convención constituyente. En distintos espacios se realizaban cabildos, se levantaron asambleas territoriales para debatir sobre nuestra nueva Constitución e incluso habíamos logrado una representación paritaria del órgano constitucional.
Y estábamos pensando en cómo hacer que la Convención Constituyente y su proceso incorpore propuestas emanadas de espacios de diálogo que ya se estaban desarrollando como son los Cabildos territoriales o los ELAs del proceso implementado durante el gobierno de Michelle Bachelet, o bien, cómo generábamos nuevos espacios de participación para que todos y todas nos sintiéramos representados en esta primera Constitución desarrollada en democracia. Es decir, cómo avanzar y asegurar que el itinerario procedimental que se había establecido por los representantes tuviera una necesaria legitimidad social. Situación que en el contexto era clave, puesto que la crisis de confianza, la fractura entre el mundo político y el mundo social es tan grande que no permite que exista conexión entre los planteamientos de unos y otros.
En cierto que hoy tenemos urgencias debido a la pandemia y en ese sentido es clave el plan que se concuerde entre todos los actores políticos y sociales para salir de esto y empezar a proyectar la reconstrucción del país, pero no podemos dejar de lado que esa reconstrucción debe ser con una nueva constitución construida con una amplia participación ciudadana. Porque las deudas del estallido están ahí, agudizadas y actualmente, no existe en la percepción ciudadana una relación entre sus intereses y los de los políticos. Ese es el abismo frente al cual nos encontramos. Estamos en un punto donde no es posible seguir estirando el elástico y donde la participación ciudadana debe tener un lugar preponderante. No habrá gobernabilidad posible si no hay participación ciudadana para construir un mejor Estado, para avanzar en democracia y en dignidad.
Asimismo, desde hace ya varios años que se viene repensando y analizando las formas de participación de la ciudadanía casi (in) existentes en nuestro país. Desde las diversas veredas, que consideran la participación como un tema fundamental para el funcionamiento democrático, emergían hipótesis respecto a la escasa o nula de participación. Pero, ¿a qué participación se refieren?.
Claramente no se referían a la participación formal, ya que ésta había sido asegurada y está dada-al menos- cada 4 años para elección presidencial y parte del Congreso; no se referían a elección ni de alcaldes, ni de senadores ni de diputados. Esa, la participación deliberativa, esa está dada y sigue estando a la mano de quienes quieran utilizarla.
Pero está claro, y el 18 de octubre también tuvo mucho de esto, que fue ni lejos suficiente para que la gran mayoría de la población se sintiera parte de un colectivo, participara de tal forma que no hubiera duda alguna de que era parte de un gran colectivo. Si la participación ciudadana tiene que ver con “ser parte de la toma de decisiones”, evidentemente no está funcionando para la gran mayoría del país.
Los partidos políticos fueron una instancia de participación que renace pública y colectivamente con el retorno de la democracia, reviviendo las clásicas formas de participación, que para la generación que estaba creciendo y educándose no representaba ninguna motivación ni atractivo. El Chile de 1973 no era el mismo que el de 1990. Y eso siguió ocurriendo. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Hoy, 2020, en donde se produce una explosión social, manifestaciones y protestas ciudadanas no existen ni partidos ni organizaciones políticas que estén detrás de ellas, ni organizándolas ni conduciéndolas. Las demandas hoy son otras, las formas de expresión y participación, en un mundo tan expuesto y con tanta información, son otras. Y eso nadie “lo vio venir” ni tampoco hubo voluntad para analizar y ver estas nuevas formas y expresiones políticas y sociales.
El estallido social fue –y es- también una manera de decir que la gran mayoría necesita y quiere ser parte de algo, quiere participar y no sólo eligiendo. Quiere participar teniendo educación de calidad, quiere participar teniendo acceso a la salud, quiere participar teniendo un buen empleo, quiere participar
El que tiene más se siente mejor y superior al otro. La desigualdad ya no es solo estructural y absoluta la que se reclama. Lo que se reclama, y por ello es tan importante generar un proceso social y político de nueva Constitución -en donde todos y todas seamos parte de un algo- es la desigualdad de trato. El no ver al otro y descalificarlo por no ser como yo; el hacer de la convivencia transversal una utopía, el seguir profundizando la segregación y división social.
Entonces, esto tiene que ver con hacer oídos sordos a las demandas pero también con entender la lógica que existe detrás de estas demandas. Claramente no es lo que ocurre con el gobierno, no está ocurriendo, claramente no está escuchando y si está escuchando, no está entendiendo.
En el contexto actual, agravado por la pandemia a la cual la antecedieron las movilizaciones sociales, la participación se encuentra en algo así como stand bye, asumiendo que la participación de la que hablamos es al que se reinventó en 1990, y que fue impulsada por los grandes ideales democráticos y republicanos. Esa participación he tendido a desaparecer y ha emergido una que más tiene relación con grupos de interés específico, denuncia pública y entrega de opiniones en plataformas electrónicas llamadas redes sociales. Es ahí en donde tenemos hoy la efervescencia y opinión publica haciendo de las suyas; generando debate, gestionando y promoviendo movilizaciones y propuestas sociales y políticas, fiscalizando el quehacer político. Pero también generando malestar y a veces excesiva polarización. Es responsabilidad de quienes lideran el debate de ideas, representantes políticos y sociales, es grande, ya que una de las únicas fórmulas para conducir un debate prolifero y aportar, desde todas las formas de participación, a definir caminos políticos que hagan que la gran mayoría que no se siente parte de nada, sienta que son parte del pensamiento, análisis y acciones de quienes deben ocuparse de ella. El proceso constituyente es una de esas oportunidades que se dan, quizás, solo una vez en la vida y esta es la oportunidad para nuestro país.
Paulina Morales M.: Socióloga; Universidad de Chile; Maestra Ciencias Sociales por FLACSO México. Coordinadora Programa Participación, Instituto Igualdad.