Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital EL CLARIN (Chile) el día 20 de abril de 2020.
El Gobierno tiene, indudablemente – en una situación de crisis sanitaria, económica y social como la que azota hoy en día al país – la obligación de coordinar las estrategias para enfrentar estos desafíos, así como también la responsabilidad de movilizar, para estos efectos, a todos los recursos humanos, materiales e institucionales con que cuenta la nación.
En gobierno cuenta en sus manos con todas las atribuciones para efectos de utilizar los recursos financieros con que cuenta el Estado. Hay algunos gastos respecto a los cuales tiene la obligación de informar y recabar la aprobación del Parlamento, para efectos de generar la ley correspondiente. Sin embargo, el Parlamento no tiene ninguna capacidad, de acuerdo a la constitución actual, de modificar las proposiciones de gasto que hace el Ejecutivo. Tiene la posibilidad de decir que no, es decir, rechazar una iniciativa gubernamental, pero no tiene capacidad de modificarla, aumentando el gasto que ella representa. Por ejemplo, si el Gobierno propone un subsidio de 50 mil pesos a sectores informales, el Parlamento puede decir que no, pero no puede subir esa cifra ni siquiera a 51 mil pesos. Se aprueba tal como propone el Ejecutivo o se rechaza. Y rechazar equivale a que no haya subsidio alguno. Por lo tanto, los parlamentarios se enfrentan a un verdadero chantaje: no pueden modificar las cifras del gasto fiscal, pero tampoco pueden rechazar esa medida, pues eso generaría una situación peor aún para los sectores que se pretende proteger. Y eso sucede con todas las medidas del Ejecutivo que tienen incidencia fiscal, lo cual, en la práctica – como casi cualquier iniciativa requiere de un mayor gasto fiscal – el poder del Parlamento queda casi anulado y el poder del Ejecutivo para hacer aprobar sus iniciativas se hace casi absoluto.
Además de lo anterior, el Gobierno cuenta con la capacidad de movilizar – máxime en estado de catástrofe – a toda la infraestructura sanitaria, humana y material, pública y privada, existente en el país. Si lo hace bien o lo hace mal es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, a menos que consulte y recabe los criterios y las proposiciones de los sectores gremiales, profesionales y científicos que tienen que ver con ese frente. Si consulta, es altamente probable que terminaría tomando decisiones mejores. Pero no parece estar en el ADN del Gobierno actual el siquiera considerar las ideas distintas a las de él mismo.
También, desde luego, el gobierno puede utilizar la infraestructura y la institucionalidad militar con que cuenta el país, la cual puede ser de gran ayuda si se les usa para fines no represivos.
A todo lo anterior se puede sumar el acceso a los medios de comunicación social, fundamentalmente de la televisión, donde los canales pueden – como efectivamente hacen – silenciar e invisibilizar a los sectores que no son meramente cacatúas de lo que dice el Gobierno. Se hace uso y abuso del acceso a la televisión, incluso del canal nacional, que debería ser un canal al servicio de todos los chilenos y, por lo tanto, abierto a todas las expresiones e ideas que surgen en el seno de la ciudanía.
En un régimen altamente presidencialista como el que tenemos, el Gobierno puede consultar a la sociedad civil solo en la medida y en la oportunidad que se le dé la gana, cuestión que se ha puesto claramente de manifiesto en el manejo de la crisis actual. Incluso una red institucional tan importante como la que representan los alcaldes y los municipios, no es consultada para nada en relación a las medidas atingentes a sus propios territorios. Tampoco organismos como el Colegio Médico son consultados y tomados en cuenta como debería ser.
Ese poder absoluto y poco inclusivo o participativo, lleva a que la responsabilidad de todo lo que se haga, o se deje de hacer, descansa exclusivamente en manos del Ejecutivo. Y los resultados, hasta el día de hoy, muestran que las decisiones no han sido las más acertadas.
En lo estrictamente sanitario hay manifiestas carencias logísticas en red sanitaria; no hay el despliegue sanitario que la explosión de la pandemia amerita; y no hay una estrategia clara para enfrentar el problema que sea creíble, confiable y que sea realista, es decir, que guarde relación con la situación económica y familiar de los sectores de menores ingresos. En lo económico crece la cesantía y el cierre de micros y pequeñas empresas, y las medidas crediticias a las empresas, o los subsidio a los ingresos, se aceptan con altos grados de escepticismo por parte de la ciudadanía, que no puede dejar de aceptar lo que se les brinda a modo de ayuda, pero que no confía en que eso les ayude a capear la condiciones sanitarias, económicas y sociales que se presentan desde ya, y que todo indica que se acrecentarán en la medida que avance el invierno.
Los gerentes de empresas, hoy en día, consultan y hacen participar a sus ejecutivos y a sus trabajadores en la toma de decisiones. Los comandantes de fuerzas militares se dejan asesorar por sus estados mayores. Solo los que son sordos y ciegos, y se creen poseedores de la verdad absoluta, toman decisiones solos y conducen, por lo general, a grandes desastres a los colectivos que están bajo su dirección.
