Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 6 de abril de 2020
El establecimiento de una renta básica universal está en el tapete de la discusión nacional como medida social y económica para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. Esa medida ha sido planteada por diferentes parlamentarios, partidos políticos, economistas y sectores sociales del país. Es también una medida que ha sido implementada en varios países, de diferentes niveles de desarrollo y de variados perfiles políticos. Canadá y Brasil se cuentan entre ellos.
Las ideas fuerza que están detrás de una iniciativa de esa naturaleza son básicamente las siguientes: primero, es un imperativo moral de la sociedad chilena darle absoluta prioridad – en toda la institucionalidad del país – a la necesidad de salvar la vida de los chilenos y chilenas, aun al costo económico que sea necesario.
No hacerlo implica condenar a millones de compatriotas a una situación de hambre, desesperación y muerte. No es posible dejar librados a su propia suerte a los miles o millones de ciudadanos que quedarán sin ingresos como consecuencia de la pandemia y de las decisiones económicas que van tomando en relación a ella.
Esa situación de falta de ingresos tiene su origen en los despidos empresariales, en la pérdida de su mercado natural parte de los trabajadores informales, de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores a contrata y de muchos de los propietarios y trabajadores del mundo de las pymes.
En segundo lugar, está claro que esta situación no se resolverá por la mera acción de las fuerzas del mercado, ni aun cuando nos tomemos diez años para ver como este mecanismo podría ayudar a los sobrevivientes de esta catástrofe. Solo mentes muy dogmáticas o interesadas en la pesca a rio revuelto podrían hoy en día seguir amarrados a postulados de esa naturaleza.
En tercer lugar, dotar de ingresos a un sector importante de la población – que no los tendrían si no se interviene en la forma mencionada – ayuda que ciertas empresas logren conservar -por lo menos en parte – la demanda de bienes y servicios que atienden habitualmente. Sin ingresos no hay demanda ni consumo, y se genera una presión adicional como para que muchas empresas cierren o reduzcan su nivel de producción y de contratación.
Tarde o temprano la idea de la renta básica universal será aprobada en los círculos económicos y políticos del país. Frente a ello, el gobierno tiene dos opciones: una, esperar que la idea se vuelva imperativa – por presión ciudadana y/o parlamentaria – y empezar recién en ese momento a pensar en cuanto debería ser el monto de esa medida y en los desafíos organizacionales, tecnológicos e incluso bancarios que implicaría. Como ha sido su costumbre, el Gobierno saldría con una respuesta tardía, modesta en sus aspectos cuantitativos, casi simbólica, con la cual intentaría llevar adelante una suerte de regateo con el resto del país, para terminar subiendo un poco la puntería.
La otra alternativa, en el presente – si se tratara de un gobierno previsor y con conciencia social – sería empezar a preparar desde ya la disponibilidades fiscales y monetarias como para implementar rápidamente esta idea de la renta básica universal – antes que ella se convierta en una bola de nieve arrolladora e imposible de detener – y empezar a preparar los mecanismos institucionales, tecnológicos, bancarios y electrónicos como para implementarla, de modo de no descubrir el día de mañana que no se pueden generar colas ni aglomeraciones en algunos locales y servicios. Si se trata de un gobierno de gerentes, pues que actúen como tales – en lo que eso tenga de positivo – y no que vayan siempre detrás de los acontecimientos.
