Cristóbal Vega C. – Cientista Político. Instituto Igualdad y Ramiro Martínez M. Docente de Historia y Geografía, Mag. en Historia
miércoles 8 de enero, 2020
El cambio de mecanismo para el ingreso de estudiantes secundarios al nivel superior, realizado el año 2003, desde la Prueba de Aptitud Académica (PAA) a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), tenía entre sus objetivos principales, la medición de aprendizajes obtenidos durante la trayectoria educativa de jóvenes en enseñanza media, distanciándose –en parte- de la medición de habilidades propuesta en la PAA.
Al poco tiempo de su aplicación, se fueron avizorando diversas dificultades o “efectos no deseados”, que llevaron a esgrimir desde diversas perspectivas, argumentos para la modificación de esta. En primer lugar, se ha planteado que, a medida que la PSU incrementó, la medición de los contenido desarrollados en enseñanza media, los resultados demostraron una gran brecha educativa en los rendimientos de alumnos y alumnas procedentes de establecimientos públicos versus los privados, en favor de estos últimos. En segundo lugar, se ha señalado que la PSU, no resulta efectiva como elemento de selección, puesto que no considera la medición de aptitudes, habilidades y afinidad con las carreras o disciplinas que estudiantes escogen a futuro, siendo aquello, uno de los elementos a considerar al momento de analizar la deserción o exclusión de estudiantes en el nivel superior. En tercer lugar, la experiencia en la aplicación de la PSU, indica un alto grado de discriminación en estudiantes provenientes de sectores vulnerables; variables como: ingreso económico familiar, escolaridad de los padres, establecimiento de origen, género, trayectoria educativa, dependencia administrativa del establecimiento y modalidad de enseñanza. Han sido factores de discriminación que impiden que el proceso mantenga un principio de igualdad de condiciones o posibilidades de éxito en los resultados en el test para todos y todas (Koljatic y Silva, 2010; Contreras, Corbalán y Redondo, 2007).
Resulta difícil analizar la PSU como un elemento aislado del sistema educativo, más bien, del mercado educativo. Por ello, identificamos a lo menos dos componentes que representan un peligro para el principio de equidad, directamente relacionados con el test o sus resultados. Por un lado, el desarrollo exponencial de instituciones que ofrecen el servicio de entrenamiento para enfrentar la prueba con “relativo éxito”. Según Margherita Cordano (2017), más de 60 mil alumnos asisten a preuniversitarios (la mayoría concentrados en los dos principales proveedores del servicio). Lo anterior, se debe principalmente, a que la efectiva capacidad que posee la PSU para medir conocimientos adquiridos en la enseñanza media es relativa, ya que pueden ser afrontados a partir del entrenamiento de métodos y estrategias, que no necesariamente implican la comprensión del contenido curricular, anteriormente aprobado. Además de elevar la probabilidad de éxito, si se cuenta con la posibilidad de pagar un servicio adicional. En efecto, las reglas del mercado que opera en una dimensión que no necesariamente mide conocimientos ni capacidades.
Por otro lado, el segundo elemento que consideramos peligroso para la equidad, es la falta de opciones de elección para los estudiantes (de mayor vulnerabilidad) que presentan bajos puntajes, ya que al tener sus resultados a la vista, la decisión educativa futura resulta ser diametralmente más compleja de afrontar, en consideración a las posibilidades de financiamiento disponibles y otros beneficios relacionados a mantención y permanencia. Bien es sabido, que para una parte importante de la población existe la visión acerca de la existencia de una educación superior para “ricos y otra para pobres”. La variada oferta privada, bajo la premisa de captar mayor cantidad de matriculados, ofrece mayores posibilidades de acceso a puntajes más bajos con aranceles poco regulados, en contraste con la promesa de movilidad social que -en cierta forma- se hace a cada alumno titulado. Este escenario resulta peor para aquellos estudiantes que abandonan el sistema o son excluidos de él, a causa de que se sumado al “fracaso universitario”, se le agrega una deuda educativa considerable en adelante.
Finalmente nos gustaría señalar, que los tres elementos antes mencionados, (PSU, mercado de entrenamiento y decisión educativa), potencian en su complemento las inequidades del modelo educativo en Educación Superior, por lo que consideramos, que se deber realizar una modificación profunda al sistema que se utiliza para ingresar a la educación universitaria, estableciendo, un sistema que tenga en cuenta las características propias de cada estudiante, que no sólo sea aplicado una vez en el año y que además reduzca de manera significativa las brechas socioeconómicas que existen en la sociedad chilena, aunque sin perder de vista, que cualquier prueba de admisión que se establezca, no soluciona la problemática de fondo que existe en nuestro sistema educativo, esto es la reproducción de la inequidad existente.
