por Salvador Millaleo y Gustavo Namuncura
Creemos que es un completo sin sentido pretender la COP25 como una “Cumbre Azul”, mientras el Estado descuida sus aguas, humedales, ríos y mares, con claros perjuicios para el Pueblo Mapuche. ¿Estará dispuesto el Estado a posicionar como debería a los pueblos indígenas en la COP25 en diciembre próximo? ¿Contaremos con gestos concretos del Gobierno para estos sujetos colectivos, como el Pueblo Mapuche, en las instancias previas a la cumbre del cambio climático?
Junto con la decisión unánime en la COP24, en Katowice (Polonia), de que Chile fuese sede de la versión actual, también se otorgó a los pueblos indígenas un rol protagónico, creando una “Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas”, y pidiendo que “los gobiernos, los pueblos indígenas y las comunidades locales trabajen juntos en la búsqueda de un mundo sostenible y donde nadie se quede atrás”.
Los pueblos indígenas son visibilizados como el segmento más amenazado y de extrema vulnerabilidad ante el cambio climático, pero a su vez también como agentes fundamentales y poderosos en la acción climática, según organismos internacionales como la ONU y la OIT.
Si bien se ha buscado la participación ciudadana, con el fin de aportar en un desarrollo sostenible, los pueblos indígenas no son verdaderos protagonistas de esta COP25, ni tampoco se ha considerado la consulta indígena para el proyecto de ley marco de cambio climático. En general, no ha existido una participación indígena real en la formulación de la ley marco u otras materias, lo cual es inconcebible.
Para la OIT, “la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas depende de mecanismos sólidos de consulta y participación para asegurar la participación efectiva a todos los niveles de la adopción de decisiones, en particular en lo que respecta a los planes de desarrollo y la acción climática nacionales” (OIT, Los pueblos indígenas y el cambio climático: De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente, Ginebra, 2018, p. 35).
Como prioridad del gobierno para la COP25, se incorporó la temática de los océanos a la discusión. En atención a la vocación por el agua que se busca en esta COP, se le ha llamado “Cumbre Azul” (Blue COP); pero, precisamente por ello, dos temas agudizan la urgencia del protagonismo de los pueblos indígenas frente al cambio climático en Chile: la lucha de Alberto Curamil, y otras situaciones similares; y el megaproyecto de la “Carretera Hídrica”.
La organización del Premio Goldman eligió al mapuche Alberto Curamil Millanao, lonko de su comunidad en Curacautín y miembro de la Alianza Territorial Mapuche, por unir a los chilenos para impedir la construcción de dos proyectos hidroeléctricos y proteger un río sagrado, superando persecución en su contra. La lucha de Curamil se centró en la defensa del río Cautín, amenazado desde antes de 2013 por la instalación de dos mega centrales hidroeléctricas, Alto Cautín y Doña Alicia. De haberse construido, más de 500 millones de galones de agua diarios habrían sido desviados para la generación de energía, reduciendo el caudal del río, en un contexto de sostenida sequía.
La campaña de Curamil logró aunar a comunidades mapuche, ONGs, expertos, entre otros actores. Primero, lograron que los representantes de Alto Cautín desistieran de iniciar las obras en 2016. Luego, la Corte Suprema ordenó el año pasado rechazar la construcción del proyecto Doña Alicia S.A., en un desenlace más afortunado que el que vimos para el Alto Bío Bío con las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco.
Sin embargo, Curamil no pudo recibir presencialmente su premio por estar encarcelado en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. Tal y como Curamil es perseguido, otros galardonados por el mismo premio han sido asesinados en otras partes del mundo, como Berta Cáceres en 2016 e Isidro Baldenegro López, en 2017.
Una situación similar es la lucha de la machi Millaray Huichalaf contra la instalación de las centrales Los Lagos, Osorno y Rucatayo de la empresa noruega Statkraft en el rio Pilmaiken. El embalse que se creará tendrá 235,48 hectáreas que inundará la morada del Ngen Kintuante, espíritu tutelar del lugar, entre otros espacios naturales sagrados y lugares de hallazgos arqueológicos.
Otro punto clave para la “Cumbre Azul” es el proyecto “Carretera Hídrica” que busca impulsar la corporación “Reguemos Chile”, consistente en cinco tramos de canalización de 3.900 km, con el fin de extraer agua desde el río Queuco, afluente del Bío Bío, para transportarla hasta Atacama, y así generar energía. Este ambicioso megaproyecto alteraría la biodiversidad y la relación cultural de las comunidades mapuche y pehuenche que viven en sectores aledaños, para quienes se trata de aguas sagradas, y sustento del Lawen (hierbas medicinales), motivo por el cual, desde principios de este año se articula un frente social de defensa del río Queuco.
Creemos que es un completo sin sentido pretender la COP25 como una “Cumbre Azul”, mientras el Estado descuida sus aguas, humedales, ríos y mares, con claros perjuicios para el Pueblo Mapuche.
¿Estará dispuesto el Estado a posicionar como debería a los pueblos indígenas en la COP25 en diciembre próximo? ¿Contaremos con gestos concretos del Gobierno para estos sujetos colectivos, como el Pueblo Mapuche, en las instancias previas a la cumbre del cambio climático?
