I. Cuestiones preliminares
El libro de Claudio Alvarado es un buen aporte a la discusión constitucional chilena. Insto a su lectura no solo porque ella resulta amena (y ese es un objetivo expreso del autor, quien pretende abarcar un público mayor que el de los abogados especialistas), sino también porque pone en evidencia una cuestión que debiera estar en el centro de la discusión constitucional de la izquierda, a saber, la de que, si se pretende reconfigurar la distribución real o material del poder en Chile, centrarla exclusivamente en el texto de la Constitución es un error. Sin embargo, se debe precisar que lo anterior no significa conceder que sea una tarea inconducente proponernos el reemplazo del texto; muy por el contrario, dicha reconfiguración real pasa precisamente por el prioritario reemplazo del texto.
Debo advertir que la presente reseña se escribe desde una perspectiva determinada, en cuyo horizonte interpela la siguiente interrogante: ¿cómo debe posicionarse la izquierda en el debate por el reemplazo de la constitución vigente? Así, a la vez que espero seguir los mismos criterios de honestidad intelectual evidenciados por Alvarado en la introducción de su obra, aspiro a insinuar que, desde otros ángulos, incluso desde los de una derecha democrática, también es posible concluir que el reemplazo total de nuestra constitución por un texto auténticamente democrático en su gestación y contenidos es una necesidad a la que debe darse prioridad.
II. El cambio de la constitución material requiere el cambio del texto vigente
Considerando que la distribución real del poder en una sociedad determinada—constitución material—no está necesariamente plasmada en la constitución formal, para cambiar dicha distribución no basta entonces con centrarse simplemente en el texto que lleva por nombre “constitución”. Ello es así, por cuanto dicho texto, en el caso chileno, dispone solo las bases de un modelo neoliberal, bases que han resultado eficaces para excluir la posibilidad de materializar algún modelo socialdemócrata y, con ello, de cualquier visión coincidente con el objetivo de emancipación humana que propone la izquierda.
Las bases constitucionales a las que me refiero son desarrolladas infra-constitucionalmente mediante leyes que fueron dictadas durante la dictadura cívico-militar y reforzadas mediante quórums elevados para su modificación, es decir, quórums que imponen que el cambio legislativo sea consensuado con los herederos del régimen (así, por ejemplo, en todo lo fundamental respecto al sistema educacional y en materia minera); como mediante códigos y leyes que para su modificación no exigen quórums especiales, pero que son resguardados por un Tribunal Constitucional diseñado de manera tal que sea el reflejo fiel de la hegemonía imperante (así, por ejemplo, el Código del Trabajo o las leyes que regulan nuestro sistema de pensiones y de salud).
Obviamente, no pretendo con lo anterior soslayar que este sistema formal se inserta en una específica ordenación social que exige la legalidad como un discurso central para la legitimación de la acción del poder público. En otras palabras, quienes se benefician con la realidad material de la distribución del poder en Chile se sirven de dicho discurso formal para mantener el statu quo hegemónico, a lo menos, en sus rasgos estructurales, siempre que las fuerzas democratizadoras se han hecho con el poder público.
Considerando lo anterior, la pregunta por la nueva constitución deviene en el cuestionamiento sobre qué es lo que está en tela de juicio, si la constitución formal—el simple texto—o la constitución material—la distribución real del poder en el Chile de hoy. A mi juicio, desde la amplia crisis de confianza en las instituciones, existe un cuestionamiento a la constitución material que apunta sus críticas a la constitución formal, pero cuya demanda no se agota en el simple reemplazo democrático del texto, sino que exige paralela y consecuentemente una progresiva democratización real del orden social. Es decir, que la pretensión por el cambio de la constitución material ha identificado como primer paso el reemplazo de la constitución formal. Se cuestiona esta última para modificar la primera. Ese es el desafío democrático de las fuerzas democratizadoras.
En los términos expuestos, no puedo sino coincidir con el autor cuando critica la quimérica creencia de que el reemplazo de la constitución formal podría responder íntegramente al cuestionamiento de fondo respecto a las relaciones de poder en Chile. Pero de ello no se sigue que la promulgación de un nuevo texto constitucional no sea una de las condiciones para la modificación de la distribución real del poder en el Chile de hoy.
III. La ilusión de quien denuncia ilusiones
Un segundo punto que quisiera relevar es la ilusión que afecta al autor. Me explico: debido seguramente a la diametral oposición respecto a las matrices desde las cuales nos aproximamos al problema constitucional, leo de una forma radicalmente distinta lo que el autor entiende por constitución material. En efecto, a mi juicio, el autor adhiere a un historicismo tradicionalista que ontologiza la interpretación a la que arriba sobre la historia constitucional y el orden social. Así, imbuido por esa matriz de interpretación, termina por convertirse en un denunciante de ilusiones que no cuestiona la artificialidad de su propio punto de vista: desde la historiografía que sigue pareciera percibir una tradición, cierto orden social subyacente que resultaría valioso conservar. Así, aquella tradición le resulta tan real como los seres humanos que día a día hacen posible el proceso social subyacente a la realidad chilena. En otros términos, su idea acerca de la historia constitucional y el orden social se le representa tan real como las personas que a diario usan el Transantiago durante horas para llegar a un centro comercial en el cual desempeñarán labores adornadas de recompensas simbólicas, relaciones a las que subyace la misma explotación decimonónica.
Esa misma ilusión que sacraliza el orden dado, para la cual todo cambio resulta a priori peligroso o sospechoso, es compartida por la derecha chilena, la que ha actuado eficazmente en su mantención. Lamentablemente, aquello los ciega ante la realidad, lo cual se manifiesta en la férrea defensa de un modelo abrochado por la constitución formal y el diseño institucional dispuesto para su efectividad, impidiendo la implementación de diversos compromisos sociales que intentaban postergar el conflicto social subyacente, como la reforma educacional, laboral, tributaria y el reemplazo democrático de la constitución formal. Es decir, han impedido, anulado o neutralizado reformas que apuntaban a la redistribución material del poder en Chile, dentro de coordenadas que mantuvieran inalterado el modo de producción, haciendo creer que los cuestionamientos desde el poder político democrático se dirigían a esto último. Así, por ejemplo, impusieron la idea que el gobierno de la Nueva Mayoría sería uno de “refundación” o “extremista”, no obstante que planteaba ideas a las que ha adherido incluso la derecha democrática europea.
Y en efecto, los sectores beneficiados podrían haberse sumado a dicha postergación de contradicciones y conflictos, pero decidieron impedirla, profundizando la causa de la crisis de legitimación de la institucionalidad chilena. Así, han preferido defender el orden refundador impuesto durante la dictadura cívico-militar que, como el propio autor lo evidencia, solo pudo ser implementado por su excepcionalidad (es decir, en términos reales, por la comisión de los más grandes horrores registrados en la historia nacional: tortura, muerte y exilio de miles de personas). Y evidentemente, ante un orden de este tipo, impuesto sin contrapesos por un régimen con dichas características, hasta el más circunspecto demócrata de derecha puede parecer el más furibundo o exaltado izquierdista. En breve: la ilusión que comparte la derecha, que la lleva a una obtusa estrategia de defender los pilares de la herencia pinochetista, solo agrava la crisis institucional.
IV. Los caminos posteriores
Como tercer punto de esta reflexión, quiero adelantar que, si nos tomamos en serio la crítica planteada por Alvarado, correspondería evidenciar de forma más clara las razones sobre cómo la percepción de ajenidad que experimenta la ciudadanía respecto a la disposición institucional y económica actual requiere un reemplazo democrático de la constitución formal; y cómo, asimismo, dicha pretensión solo puede ser realizada mediante un determinado método: la asamblea constituyente democrática. Sin embargo, me limitaré a indicar solo el inicio de aquellas razones, atendidas las limitaciones propias de una reseña.
Si una convergencia política y social amplia acordase impulsar un proceso democratizador en el marco de una democracia liberal con rasgos igualitarios, su programa se vería frustrado, pues le resultaría imposible sostenerlo dentro de las coordenadas formales y materiales actuales, a menos, claro está, que se aseguren condiciones que impongan ciertos grados de igualdad a todas las visiones que concurran a la adopción de un nuevo acuerdo básico; es decir, un acuerdo de ese tipo será imposible si quienes aspiran a un régimen democrático-democratizador no pueden forzar a quienes se benefician con el estado actual de cosas a arribar a un acuerdo institucional común. En otros términos, la vía debería ser una asamblea constitucional adecuadamente dispuesta, toda vez que, en cierto modo, en el caso chileno, será la “forma” la que decisivamente determinará el “fondo” democrático que puede legitimar el futuro orden institucional.
V. Para cerrar
Antes de cerrar estas reflexiones, debo señalar que el autor realiza diversos reproches a las ideas de Fernando Atria, los cuales resultan incorrectos. En efecto, Atria es un intelectual polifacético que se mueve en diversos registros de la discusión pública y académica: no solo es un destacado teórico del derecho, sino también un agudo jurista y un prolífico intelectual público. Lamentablemente, Alvarado confunde dichos registros y así, por ejemplo, le imputa ideas de un programa de gobierno, gestadas desde una muy variopinta discusión, para contrastarlas con sus propuestas teóricas. Obviamente, el resultado no puede sino ser contradictorio, tal como es la realidad social misma en la cual se despliegan las opciones políticas. Todo ello resulta injusto, por cuanto obras destinadas a la difusión no pueden ser analizadas del mismo modo que aquellas que pretenden incidir en los debates académicos.
Finalmente, creo que el libro de Alvarado es un aporte a la discusión constitucional chilena, su amena lectura impulsará la reflexión a quien lo abra: ya sea para la derecha, respecto a la cual las intenciones se evidencian por el propio autor; como para la izquierda y demás fuerzas democratizadoras, como intenté demostrar en estos comentarios.
*Esta reseña fue publicada en la revista electrónica Braszil:
https://www.brazsil.org/blog/2018/6/9/resea-la-ilusin-constitucional-sentido-y-lmites-del-proceso-constituyente-de-claudio-alvarado