En los próximos 20 años, las personas mayores de 65 años aumentarán en el total de la población chilena, pasando desde un 11 % a 20 %. Es decir, mientras en Chile hoy poco más de uno de cada diez personas son adultos mayores, en el año 2038 lo será uno de cada cinco personas.
Bajo la promesa de diversas bondades de la capitalización y del ahorro individual, la dictadura instauró en el año 1981 un nuevo sistema de pensiones basado en el acceso a mercados obligatorios de ahorro y de seguros. Los primeros, como pilar fundamental de un sistema de pensiones, y los segundos como complemento al ahorro obligatorio.
Por más de 37 años hemos visto que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) permiten a sus dueños obtener buenas utilidades, por una labor que les genera un gran poder económico a través del mercado de capitales, pero que no se ha traducido en mejores pensiones para nuestros ciudadanos y por ende en una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.
Las industrias que se desarrollaron en torno a estas iniciativas privadas tendieron a establecer contratos individuales y no un sistema de seguridad social. Ofrecieron beneficios previsionales en función de la capacidad de ahorro de cada afiliado, desplazando a quienes no tenían condiciones para contribuir o a quienes realizan actividades informales o no remuneradas como por ejemplo las mujeres, quienes empiezan a cotizar más tardíamente y se retiran antes del sistema previsional. Es decir, se entrega a cada individuo el valor de sus aportes bajo la lógica de un contrato individual.
En 2008, durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se aprobó la Ley 20.255, que establece una Reforma Previsional en nuestro país, cuya finalidad es ir en apoyo de los adultos mayores que quedaban excluidos del sistema previsional por no tener cotizaciones o ser esta de muy baja cantidad. Como resultado se constituyó un Pilar Solidario, financiado con impuestos generales, para aquellos que tienen las pensiones más bajas o, simplemente, agotaron sus ahorros previsionales. Este aporte estatal introdujo por primera vez el criterio de responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos más pobres, asegurando un piso mínimo financiado por el Estado. Este primer paso fue fundamental para romper la lógica de un sistema individualista que reproduce las desigualdades de mercado. Su valor simbólico y sus impactos concretos son innegables.
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