Camila Rojas y Carmen Andrade
“Me dijo que me había ido mal en el examen y que no aprobaría su ramo, pero que él podía ayudarme si yo aceptaba sus condiciones…desde ahí empezó a acosarme. Era mi profesor, hasta ese momento yo le tenía respeto”; “me siguió hasta el paradero haciendo comentarios sexuales, trató de tocarme, cuando lo rechacé amenazó que iba a “funarme” por las redes sociales, sentí miedo, él era mi compañero de estudios”; “no acepté salir con él, insistió y cuando me volví a negar, dijo que no se olvidaría de esto, era mi jefe, yo no quería perder mi trabajo pero no me quedó otra que renunciar”
Quienes relatan este tipo de hechos son alumnas, académicas y funcionarias, de distintas edades. ¿Qué tienen en común?: son mujeres, trabajan o estudian en la Universidad de Chile y, al igual que miles de mujeres en nuestro país, han sido acosadas sexualmente.
Porque lamentablemente el acoso u hostigamiento sexual ocurre en la calle, en el trabajo, en el transporte, en las instituciones educativas u otros lugares. Es una forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres, es un ataque personal “que provoca temor y viola el derecho de la mujer a su integridad corporal, su educación y su libertad de movimiento” (Relatora ONU). Es un mecanismo de control, altamente permitido y legitimado, que mantiene la condición de subordinación de las mujeres respecto a los hombres en la sociedad.
En Chile está tipificado y sancionado en el mundo laboral por la ley Nº20005, sin embargo, y a pesar de la gravedad de esta práctica, raramente se denuncia, no se sanciona a los agresores ni se repara a las víctimas, hay silencio e impunidad, es decir, condiciones perfectas para que siga ocurriendo.
Así lo confirman encuestas realizadas por SERNAM y la Dirección del Trabajo (DT) que señalan que más del 60% de las personas, en su mayoría mujeres, opina que el acoso sexual en el trabajo ocurre con frecuencia, 12% afirma haberlo vivido y cerca de un tercio de ellas debió renunciar a su trabajo.
El bajo número de denuncias deriva, según la DT, de la falta de difusión de esta problemática, de la dificultad para comprobar la denuncia, y de los efectos sociales y laborales que conlleva darlo a conocer. El principal escollo que manifiestan las mujeres es el temor a que no les crean y el procedimiento investigativo que no les garantiza la protección de sus derechos. Respecto a esta situación la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) hizo presente que la experiencia de distintas reparticiones públicas ha demostrado que el actual procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo, si bien contempla herramientas para llevar a cabo una investigación, en los hechos se vuelve un trámite burocrático, poco oportuno y no un procedimiento investigativo y sancionatorio efectivo (Mesa de Igualdad de Oportunidades 2009)
Las instituciones educativas, y entre ellas la Universidad de Chile, no están ajenas a este problema, ya que el acoso ocurre preferentemente entre estudiantes, entre académicos y alumnas e incluso funcionarias, en estos casos hay una especial situación de vulnerabilidad por la evidente asimetría de poder existente.
Recientemente se han conocido a través de los medios de comunicación diversas denuncias y declaraciones públicas de estudiantes y académicas que dan cuenta del problema, denuncian que existe desde larga data y exigen que la universidad lo aborde con urgencia.
Es sin duda una situación dolorosa, que ha remecido a toda la comunidad universitaria pues contradice los principios y valores de una institución que a través de su historia ha sido pionera en el respeto y promoción de los derechos de las personas.
Es por ello que la Oficina de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha desarrollado estudios, distribuido manuales y documentos informativos para poner el tema en el debate, la Federación de Estudiantes ha tomado la lucha contra el acoso como una de sus banderas principales, y ambas instancias, junto a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, están proponiendo modificaciones reglamentarias, programas de formación y campañas informativas y de prevención.
Pero este esfuerzo es insuficiente considerando la magnitud del problema. Se requieren acciones institucionales que den cuenta que el acoso sexual no se tolerará ni en el aula ni fuera de ella, y tomando todas las medidas necesarias de investigación efectiva, protección de las víctimas, sanción a los agresores y sobre todo prevención de esta conducta en la convivencia universitaria. Una Universidad de Chile comprometida con la sociedad debe promover la igualdad de género, eliminando de raíz la subvaloración de las mujeres que hoy permiten la violencia diaria en todos nuestros espacios, que se refleja incluso en una educación sexista, que nos atribuye características innatas, negándonos espacios como las ciencias y la tecnología.
Enfrentar el acoso sexual no sólo involucra a estas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, sino que se requiere también que el gobierno concrete con prontitud los compromisos de su programa respecto a ampliar el concepto del acoso sexual al ámbito educacional, lo que permitiría hacerse cargo del actual vacío legal y establecer procedimientos más adecuados y pertinentes que los existentes, y que se incluirá “la violencia de género y la resolución no violenta de conflictos, en los textos y programas de educación pre básica y escolar, en la malla curricular de las carreras de educación…”.
Mientras esto no ocurra, estudiantes, funcionarias y académicas seguirán viviendo-muchas veces en silencio- esta violación de nuestros derechos humanos, entre ellos, educarnos libremente y en un ambiente de respeto y equidad.
*Camila Rojas es Presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Carmen Andrade Lara es Directora Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Chile.