Ernesto Águila, Director Ejecutivo Instituto Igualdad.
Desde diversos sectores, tanto de gobierno como de la Concertación, se ha propuesto retomar el camino de los grandes acuerdos. Sin embargo, hay que preguntarse con un poco de lógica y sentido común cuál podría ser el grado de efectividad y legitimidad que tiene hoy una política de acuerdos entre un gobierno que acumula un 56% de rechazo y una coalición opositora cuya desaprobación se empina por sobre el 60%.
Si bien el diálogo y los acuerdos son consustanciales al ejercicio democrático, la decisión de reeditar una política de este tipo no es obvia pues parte del descrédito y de la incredulidad ciudadana actual nace de una elite política que se percibe demasiado endogámica e indiferenciada, y cuya capacidad de llegar a acuerdos no está en duda sino que más bien se duda de la fidelidad que éstos puedan tener con los intereses y sensibilidades ciudadanas.
La hebra perdida pareciera estar justamente en la crisis de representatividad de los actores políticos llamados a gobernar, sea desde el ejecutivo o desde un rol opositor. Por ejemplo, abordar hoy el tema de la matriz energética sin el concurso de los medioambientalistas o de una parte de éstos es poco realista, lo mismo podría decirse sobre educación superior o escolar sin los estudiantes movilizados o sobre el tema indígena prescindiendo de sus actuales liderazgos. Pretender que a través de un mero acuerdo entre la Alianza y la Concertación es posible resolver el malestar ciudadano y sus demandas específicas más parece un viejo tics de la transición que una efectiva puesta al día de lo que está ocurriendo hoy con la política y sus procesos de legitimación.
Tal vez el único diálogo y acuerdo relevante entre los actores políticos con representación parlamentaria, sea la constatación del debilitamiento de su propia legitimidad y la dificultad para procesar por la vía de negociaciones y acuerdos entre ellos la actual conflictividad social. Consecuente con ese diagnostico se debiera abordar una reforma profunda de la política. Recorrer un camino de resultados inciertos –la democracia es una forma de administrar la incertidumbre- en el cual los partidos tradicionales podrán relegitimarse o bien desaparecer, ver surgir nuevas agrupaciones (¿hay en Chile espacio para un Partido Verde?) o dar paso a múltiples liderazgos de rasgos caudillistas con un sistema de partidos débiles o inexistente.
Para esa reforma de la política existe una agenda conocida pero postergada, cuyos ejes centrales son el cambio del sistema binominal (sin lo cual es imposible representar lo emergente), la elección directa de consejeros regionales, inscripción automática, primarias abiertas para la selección de candidatos de los partidos y coaliciones, extensión del actual mecanismo plebiscitario comunal a ciertos temas regionales y nacionales, entre otras.
Es difícil predecir el resultado final de una política que decida abrirse sin miedo ni pausa a su propia reforma, pero parece un camino razonable intentar solucionar con más democracia los problemas de la democracia. Apostar por resolver el problema de la legitimidad de la política por la vía del fortalecimiento de las instituciones y de la participación democrática, y no su presumible reemplazo por un sistema político dominado por uno o varios caudillos salvíficos.
