En la actualidad permanecen unas 53 mil personas recluidas en casi un centenar de recintos penales del país, transformando a Chile en uno de los países del mundo con la mayor tasa de presos por habitante. Nueve de cada 10 presos son hombres y la mayoría (sobre el 60%) son jóvenes entre 18 y 29 años. La mayoría no posee oficio y son desertores tempranos del sistema educacional. Más de la mitad han tenido experiencias de encierro en centros de menores y habitan en ambientes familiares desestructurados, en que la violencia es un sello habitual y cotidiano.
Hugo Espinoza G., Sociólogo
Programa de Seguridad ciudadana y Democracia
Cada cierto tiempo la opinión pública conoce de graves hechos carcelarios que visibilizan un serio problema nacional: las graves condiciones en que viven los reclusos de nuestro país. En esta ocasión fue la dramática muerte de más de 80 internos de la cárcel de San Miguel y la intensa reacción de los medios de prensa, de familiares, de actores políticos y autoridades institucionales. Durante la última semana innumerables reportajes y artículos periodísticos han destapado una realidad social y humana que la sociedad tiende a ocultar y desconocer. Más de 100 mil personas en nuestro país están vinculadas al sistema carcelario, ya sea siendo imputadas o cumpliendo condenas en recintos penales o en las denominadas medidas alternativas y, sin embargo, poco o nada se conoce respecto a sus características y las condiciones en que permanecen recluidas. Persiste una conveniencia generalizada de que este tema, sus dramas, problemas y déficit permanezcan mejor ocultos
¿Y como es esa realidad que metemos bajo la alfombra?
En la actualidad permanecen unas 53 mil personas recluidas en casi un centenar de recintos penales del país, transformando a Chile en uno de los países del mundo con la mayor tasa de presos por habitante. Nueve de cada 10 presos son hombres y la mayoría (sobre el 60%) son jóvenes entre 18 y 29 años. Un alto porcentaje de los reclusos son consumidores habituales de algún tipo de droga, principalmente pasta base de cocaína. En cuanto a su estratificación social, la inmensa mayoría proviene de sectores marginales y empobrecidos de nuestras principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Iquique, Concepción, entre otras). Muchos de ellos no poseen oficio y son desertores tempranos del sistema educacional. Más de la mitad han tenido experiencias de encierro en centros de menores y habitan en ambientes familiares desestructurados, en que la violencia es un sello habitual y cotidiano.
A estos rasgos de la población carcelaria se adiciona, principalmente en la última década, un explosivo aumento del número de recluidos, generándose un agudo nivel de hacinamiento que superaría el 50 por ciento de la actual capacidad de los penales. Los efectos de este guarismo estadístico se expresan en las pésimas condiciones en que viven los reclusos y en la violación permanente de muchos de los derechos básicos de estas personas. Lo anterior se refleja especialmente en aquellos recintos antiguos y sobrepoblados como San Miguel, Puente Alto y la ex Penitenciaria. En estas condiciones humanas y de infraestructura del sistema carcelario, las posibilidades de rehabilitación de los delincuentes constituyen una tarea virtualmente imposible de alcanzar. Muchos de estos recintos penales, desafortunadamente, están hoy convertidos en verdaderas escuelas del delito, lo que se constata en el más del 40 por ciento de reincidencia legal que se observa en nuestra realidad nacional.
De igual forma, la situación laboral de los funcionarios penitenciarios está aquejada de déficit que se arrastran por décadas. Persiste un agudo problema de falta de personal en los recintos penales, tanto de seguridad como de profesionales y técnicos. Los gendarmes deben cumplir largas jornadas laborales y los especialistas en tratamiento y rehabilitación son escasos para el enorme número de reclusos.
Los gobiernos de la Concertación, en los últimos 20 años, efectuaron avances y mejoramientos presupuestarios que resultan indesmentibles: la reforma procesal penal transparentó y agilizó un sistema judicial oscuro y anquilosado; las instituciones policiales han sido modernizadas y potenciadas sus capacidades de prevención y control y han visto aumentadas sustancialmente sus plantas de personal (más del 50 por ciento en Carabineros y la PDI). El papel de la comunidad ha sido relevado en su contribución para la prevención de los delitos. También el sistema carcelario ha visto mejorada su situación: desde 1990 se ha construido más infraestructura penitenciaria que en toda su historia; su personal casi se ha triplicado en las últimas dos décadas, pasando de poco más de 5 mil a 13.500 funcionarios; ya están operando 7 recintos penales concesionados, modalidad esta última que es inédita a nivel mundial. Ello explica, en parte, ciertas dificultades que han debido enfrentar para su materialización en los plazos iniciales. Pero nadie puede rebatir seriamente que en estos recintos han mejorado las condiciones de vida de los internos y laborales de los gendarmes, al mismo tiempo que existen mayores posibilidades de rehabilitación y han reducido los niveles de violencia intracarcelaria.
Sin embargo, todos estos avances han resultado insuficientes para revertir los déficit históricos de nuestra realidad carcelaria. La explosiva e inédita alza de reclusos ha jugado claramente en contra de dichos avances y el hacinamiento, la violencia intracarcelaria así como las escasas posibilidades de rehabilitación se han transformado en el sello característico de la mayoría de los penales del país
Y cuando el sistema y la política criminal de un país no es capaz de otorgar alternativas de rehabilitación y reinserción, especialmente para los jóvenes que han cometido delitos no violentos, la condena establecida por el sistema judicial se transforma simplemente en una “vendetta social”.
Una sociedad que sólo aplica el legítimo castigo social sin generar las condiciones para las correspondientes oportunidades de rehabilitación implica una sociedad solo punitiva y vengativa. Una comunidad social de estas características, que criminaliza cualquier conducta “disfuncional”, que elige el camino corto de considerar la cárcel como la única respuesta frente a todo tipo de delito, está condenada asimismo a repletar todas las cáceles que construya y a enfrentar, cada cierto lapso de tiempo, episodios dramáticos como el reciente del penal de San Miguel. Resulta incomprensible que una de las víctimas fuese un joven condenado a reclusión por vender CD pirateados u otro que no tuvo el dinero para cancelar las multas por ebriedad. En ningún país moderno, miembro de la OCDE, ello habría ocurrido. La cárcel debe ser considerada como el último recurso, principalmente para quiénes cometen delitos graves o con violencia contra las personas.
En tal sentido, es indispensable que en Chile se discuta ampliamente sobre una política criminal integral que aborde con mesura e inteligencia todos los elementos que la componen, entre ellas la política penitenciaria. Por un lado, valorar de mejor forma las iniciativas de prevención social, cultural, educativa, deportiva que disminuyan o limitan los niveles de violencia que hoy se expresan en la vida cotidiana en nuestra convivencia nacional. Experiencias exitosas en materia de mediación familiar, vecinal y educacional son expresiones que deben ser ampliadas y replicas con mayor esfuerzo. Reducir o al menos contener el alza en el consumo de drogas y alcohol de los jóvenes es otra responsabilidad ineludible. Optimizar la presencia preventiva y de control de las policías en las zonas de mayor vulnerabilidad o riesgo, así como mejorar la relación de éstas con la comunidad organizada es un esfuerzo aún pendiente. Reducir los niveles de hacinamiento, profesionalizar y modernizar la labor de gendarmes, abrir oportunidades de trabajo y educación en los penales para quienes muestren disposición favorable a la rehabilitación constituyen iniciativas urgentes en nuestro país. Y por último, resulta indispensable ampliar el actual catalogo de medidas alternativas a la reclusión frente, principalmente, a aquellos delitos no graves cometidos por jóvenes primerizos, tales como entre otros: el trabajo en la comunidad, la reclusión domiciliaria o el uso de tecnología en el control de personas condenadas.