“Chile Seguro”: análisis de la propuesta de seguridad pública del Gobierno

El Presidente Sebastián Piñera dio a conocer (04 agosto) el nuevo Plan de Seguridad Pública 2010-2014, denominado CHILE SEGURO. En él se plantean una serie de acciones para combatir la delincuencia, las cuales son agrupadas en cinco áreas: prevenir el inicio de carreras delictivas; proteger a las comunidades; sancionar a quiénes cometen ilícitos; proteger a las víctimas y, por último, rehabilitar y reinsertar a quiénes cumplen sus penas. Se suman en este Plan a las áreas señaladas, dos Ejes transversales: uno, referido al acopio y manejo integrado de Información sobre los delitos y otro, que se denomina Ejecución territorial, y que contempla, a su vez, tres iniciativas: Programa Barrio en Paz (barrios críticos), Fondo Nacional de Seguridad Pública (concursable) y Formación profesional (Diplomado, entre otros).

No obstante, reconocer que este Plan es una adecuada propuesta de trabajo para avanzar en la disminución de los delitos y del temor de la ciudadanía, es posible y pertinente efectuar un análisis crítico de sus múltiples contenidos e iniciativas. En tal sentido se pueden plantear las siguientes observaciones:

1.- Definir y plantear este Plan de Seguridad Pública para el período 2010 – 2014, solo es posible gracias a los avances logrados durante los gobiernos de la Concertación, particularmente de aquellas iniciativas y políticas desarrolladas bajo las administraciones del ex Presidente Lagos y la ex Presidenta Bachelet. En efecto, el año 2004 se originó el primer documento oficial con una Política Nacional de Seguridad Ciudadana y, luego, en septiembre del 2006, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Resalta que varios contenidos e iniciativas del Plan de Piñera ya fueron planteados y desarrollados en los últimos 10 años, entre los que se pueden señalar los siguientes: mediciones periódicas (encuestas de victimización, compendios de estadísticas criminales y otras); comités público-privado en seguridad; bases compartidas de datos entre las policías; planes en barrios críticos; prevención temprana de la violencia; prevención escolar y familiar; prevención en sectores de riesgo; reducción de la violencia intrafamiliar; programa escuelas abiertas; prevención consumo de drogas y alcohol; recuperación de espacios públicos; estándares de prevención en proyectos de viviendas sociales; redes y centros de atención a víctimas, por solo citar algunos.

2.- Se ha señalado que el Plan Chile Seguro tiene dos metas principales para fines del 2013: la primera, que se reduzca en un 15% los hogares victimizados del país (de 33,6% a menos del 29%). La segunda, reducir los delitos en el espacio público en un 25% respecto al 2009. Por la prensa, el gobierno ha intentado plantear que es primera vez que la autoridad se compromete con cifras concretas de reducción de los delitos, lo que no resulta efectivo, pues ya en el gobierno de la ex presidenta Bachelet se materializaron con éxito dos compromisos similares: bajar en 10% los hogares victimizados y reducir en 9% los delitos de mayor connotación social. Fue así como se logró superar esa meta y se redujo de 38,3% a 33,6% (casi 13 puntos porcentuales) los hogares del país que reconocían que alguno de sus miembros había sido víctima de algún delito. No hay que olvidar que en 2003 la cifra era 43%.

3.- A propósito de la victimización, el texto del Plan dado a conocer por Piñera, presenta, mañosamente, en primer lugar el Índice elaborado por Paz Ciudadana y luego el correspondiente a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, efectuada por el INE. La primera muestra un alza de la victimización de hogares en los últimos nueve años; y por el contrario, la segunda muestra una baja entre 2005 y 2009. Además, se intenta equiparar ambas fuentes, no obstante tener calidad metodológica muy distinta: la de Paz Ciudadana es telefónica y la del INE es “cara a cara”, por solo mencionar una diferencia sustancial de validez y confiabilidad.

4.- El Plan Chile Seguro, ni su anexo sobre Agenda legislativa, no tiene mención alguna a la modificación del Ministerio del Interior y al traspaso de las policías a este ministerio, y no da cuenta de la urgencia por una nueva institucionalidad responsable de la seguridad (proyecto en comisión mixta).

5.- El Plan Chile Seguro no señala una de las características fundamentales de esta Política de Estado, cual es la necesidad de contar con un Acuerdo nacional programático, que involucre a todos los actores políticos e institucionales y que permita la materialización e implementación de sus contenidos e iniciativas.

6.- El Plan Chile Seguro no se refiere explícita y directamente al fortalecimiento de la gestión policial y la modernización y profesionalización de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI). Resulta paradojal que respecto a dos de los actores institucionales centrales de una política de Seguridad no se mencionen iniciativas para su fortalecimiento y modernización. Sólo aparecen los aumentos de la dotación de Carabineros y de la PDI; 10 mil y mil respectivamente, entre 2010-14

7.- El Plan Chile Seguro no señala, manifiestamente, en ninguna de sus áreas, la indispensable relación y colaboración mutua entre las Policías y la Comunidad, aspecto que toda la experiencia internacional y las investigaciones realizadas, señalan como un asunto de la mayor relevancia para prevenir y reducir la violencia y el temor. Con ciertas limitaciones, en los últimos años se lograron, por ejemplo, avances significativos en mejorar la presencia policial preventiva; coordinar la acción policial con los planes territoriales de prevención delictiva; cuentas públicas de Carabineros en más de 40 comunas del país, y la existencia de un modelo de integración Carabineros-Comunidad.

8.- El Plan Chile Seguro contiene una visión y perspectiva esencialmente centralista y confiere limitada participación a los gobiernos regionales y a las autoridades municipales y locales, no obstante ser estas instancias las más conocedoras de las zonas y situaciones en que se generan mayores probabilidades de riesgo e inseguridad para la población. Es así como para una de las iniciativas “estrellas” del Plan, el programa “Barrio en Paz” (residencial y comercial), pareciera que se ha caído en la tentación de intervenir directamente desde el nivel central sobre el barrio, obviando para su implementación de los actores y autoridades locales municipales.

9.- Hay dos aspectos globales sobre los cuales no se pronuncia el Plan Chile Seguro: uno está referido a los derechos fundamentales de las personas que deben ser reconocidos y resguardados en cualquier política pública de seguridad ciudadana en un Estado de derecho. Y el segundo, no considera para el análisis la multicausalidad del fenómeno delictivo, esto es las variables estructurales que están en la base de la criminalidad y la violencia (desigualdad, marginalidad, pobreza, exclusión social, falta de oportunidades laborales y educacionales, entre otras).

10.- Por último, el Plan Chile Seguro otorga escasa importancia en sus contenidos a la situación carcelaria, en dos de sus principales componentes: hacinamiento y tratamiento y reinserción. En efecto, si bien reconoce el explosivo crecimiento de la población penal del país y, por tanto, de los altos índices de hacinamiento carcelario, solo en el último párrafo del texto (de 54 páginas) se hace referencia a la infraestructura penitenciaria, proponiendo una medida absolutamente anodina para la gravedad de la situación; “se ha constituido una Mesa de Trabajo, liderada por el ministerio de Justicia y en la que participan el Ministerio de Obras Pública y Gendarmería de Chile” para mejorar el modelo de concesión de infraestructura penitenciaria. Cabe consignar que esta “Mesa de trabajo” ha venido funcionando ya por varios años. En segundo lugar, en materia de tratamiento y reinserción, las pocas iniciativas se reducen exclusivamente a la capacitación laboral de reclusos o de quienes cumplen condenas en el medio libre. Siendo importante el aspecto laboral, no hay mención de otras áreas que juegan un papel relevante en la reinserción de los ex condenados, tales como programas y terapias antidrogas, psicosociales, educacionales y familiares.