El 3 de diciembre de 2008, el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presentó ante la Comisión de Estudios sobre Régimen Político de la Cámara de Diputados, una singular propuesta: una Nueva Constitución para el Bicentenario. En un texto de 17 páginas se resumen las ideas en torno a un cambio de régimen político, estructura de gobierno y del Estado, derechos fundamentales, sistema electoral, entre otros tantos.

Mucho se ha discutido acerca de la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Por una parte, la derecha está muy cómoda con la actual Constitución, ya que es fruto de uno de sus principales líderes e ideólogos. Para Piñera, proponer un cambio constitucional simplemente no es relevante y sería “trabajar para los políticos”, mientras que él propone “trabajar para la gente”. Así también, han salido voces de la propia coalición que consideran que no sería necesario invitar al país a efectuar un cambio constitucional de tal envergadura.

Para contestarle al señor Piñera y a quienes se oponen al cambio constitucional que consideramos Chile necesita, en Océanos Azules hemos estado trabajando durante meses con académicos, estudiantes, políticos, profesionales y miembros de la sociedad civil, en reuniones, foros y eventos, discutiendo sobre la necesidad y contenido del cambio constitucional. En primer lugar, sin distinguir entre la “gente” y los “políticos”, en un contexto donde la invitación es abierta y sólo se requiere tener la disposición para conversar sobre temas de interés público, ya que estamos convencidos que la política dignifica al gobierno y no lo destruye.

De estos encuentros podemos concluir que la opinión general es que el origen autoritario de la Constitución del 80 es un pecado que no logra ser eliminado con reformas. La memoria de los chilenos no ha sido totalmente borrada: el recuerdo de la comisión de constituyentes elegidos a dedo y deliberando entre cuatro paredes mientras el país era controlado por los militares, no abandona la memoria de muchos.

Pero no es sólo por su pecado de origen que debemos cambiar la Constitución actualmente vigente. Basta reconocer que a pesar de sus innumerables reformas persiste en ella un carácter autoritario representado en un presidencialismo exacerbado y centralista, y neoliberal en la forma de concebir los derechos.

Mucho se teoriza y se discute en torno a la apatía e indiferencia de los chilenos hacia la política, pero partiendo del análisis de nuestra norma fundamental podemos concluir que es sólo el reflejo de nuestro diseño institucional. Por poner algunos ejemplos: en el capítulo de derechos y deberes fundamentales no se reconoce el derecho a huelga; el artículo 23 de la Constitución señala que son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos de los partidos políticos. Sin pretender cambiar esta conducta con la sola modificación constitucional, creemos que una estructura normativa y de instituciones democrática e inclusiva permitirá revertir esta situación, y facilitar el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida con el interés público.
Finalmente, porque necesitamos que el salto al desarrollo que Chile puede lograr en diez años se compatibilice con una regulación democrática que asegure la inclusión de todos los chilenos; porque no creemos en un crecimiento económico que beneficie a los mismos de siempre y tampoco desconfiamos de las mayorías; y, porque creemos que el principio democrático debe ser el que inspire el funcionamiento de nuestra instituciones y que todos tenemos el derecho y el deber de ser parte de la historia de nuestro país, es que consideramos que Chile –más que estatuas, carreteras y monumentos- requiere darse para el Bicentenario una obra constitucional que refleje todo lo que el país ha cambiado en los últimos treinta años.

Si nos comparamos con América Latina hoy, Chile cuenta con un amplio sistema de protección social con amplia provisión de bienestar por parte del Estado -con alto gasto público en educación y seguridad social- y por parte del mercado -por el régimen de capitalización individual. Marcel y Rivera, en sus estudios sobre Estado de bienestar y desarrollo socio económico en América Latina, constatan que el gasto social del gobierno central en Chile está dominado por el gasto en seguridad social, el que representa un 6,6% del PIB. El gasto en educación supone un 3,3% del PIB y luego salud con un 2,8% (Marcel y Rivera, 2009, pp. 301).

Estos autores concluyen que Chile posee un potencial Estado de bienestar (Marcel y Rivera, 2008, pp. 184 y 185). Si analizamos las tendencias urbanas, demográficas, culturales y sociales y aplicando muy moderadas proyecciones, el gasto público social aumentaría de un poco más de un 12% a un 14% del PIB el año 2030 (Marcel y Rivera, 2009, p. 297).

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La resolución del juez Madrid caratulando como homicidio la muerte del ex Presidente Frei Montalva y el procesamiento de seis personas como responsables del crimen; el entierro popular del cantante Víctor Jara; y el incipiente debate sobre el Museo de la Memoria; han colocado el tema de los Derechos Humanos en la agenda política a escasos días de las elecciones presidenciales de la primera vuelta.

Frente a estas realidades la derecha reacciona a la defensiva y comienza a intentar instalar la sospecha de que todo es una maquinación política con fines electorales. No se interroga por el significado profundo que tiene para la historia nacional que el ex Presidente Frei Montalva hubiese sido asesinado, lo que primero fue la convicción de la familia y hoy lo es de un juez de la República.

¿Por qué puede resulta inverosímil que el ex presidente Frei Montalva haya sido asesinado por la vía un paulatino envenenamiento, si existe la certeza de que el mismo régimen que se acusa fue capaz, a través de sus servicios de seguridad, de asesinar a Letelier y su secretaria en Washington, a Prats y su señora en Buenos Aires, dejar gravemente heridos a Bernardo Leighton y su esposa en Roma? Que antes de Frei Montalva se asesinó violentamente al dirigente sindical Tucapel Jiménez, y luego se mató a tres dirigentes comunistas con una saña inhumana. Es decir, es evidente que existió desde el inicio del régimen militar una política sistemática de asesinato y desaparición de los principales líderes opositores. ¿Por qué razón Frei Montalva no iba a ser objeto de igual política de exterminio si era, probablemente, el más peligroso líder para la dictadura militar, por su ascendiente y capacidad para encabezar una oposición amplia y efectiva contra la dictadura?

Otro tanto se puede decir del crimen de Víctor Jara, y del entierro popular de que fue objeto hace solo unos días. Asesinado alevosamente los primeros días del golpe militar hasta el día de hoy no se conocen las identidades de sus asesinos, y fue enterrado casi clandestinamente, acompañado solo por dos personas. ¿Se trata acaso de un tema artificialmente colocado sobre la mesa? Hay tras ello un legítimo deseo de justicia, y en este caso de rendir un tributo pendiente por largos años a la memoria de un músico y multifacético artista, cuya obra ha sido reconocido mundialmente.

Finalmente está el incipiente debate sobre el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, y la incomprensión de un sector importante de la derecha, que sigue buscando enfrentar el tema intentando dar una explicación de las causas del golpe militar, como si con ello pudiera establecer una “explicación” o tal vez un atenuante a las graves violaciones ocurridas en nuestro país en aquellos años. Un periódico habló este fin de semana del “Museo de las consecuencias” como si las violaciones a los DD.HH pudieran ser analizados como meras “consecuencias” de unos “antecedentes” que sería necesario explicitar. Cómo si el hecho moral de las violaciones a los derechos humanos no fuesen suficientes por si mismos: las violaciones a los derechos humanos no se explican, se condenan.

En este contexto, se debe valorar la actitud asumida por el Director ejecutivo del CEP Arturo Fontaine, quién junto con realizar una creíble autocrítica personal, por su lenta reacción personal al inicio del régimen militar frente a las violaciones a los derechos humanos, ha decidido participar del directorio del Museo de la Memoria, y ha establecido una ruptura personal con el discurso de la derecha que aun sigue siendo ambiguo o centrado en las “causa del golpe”, y que no ha producido una condena creíble y definitiva sobre el tama. Se trata, sin embargo, como en oportunidades anteriores, de actitudes individuales al interior del mundo de la centroderecha.

Se ha hablado mucho de “cerrar” el tema de los dd.hh en Chile. Ello no será nunca posible si la derecha no se separa definitivamente del régimen militar, y no establece una condena contundente, sincera y definitiva con el capitulo de violaciones a los dd.hh ocurridos en Chile durante el periodo 73-90.

Si la derecha no enfrenta su asignatura pendiente en materia de de dd.hh difícilmente podrá enfrentar con credibilidad al electorado chileno, en una materia especialmente sensible, y que compromete una mirada ética minima de cada uno de los sectores político y lideres que aspiran a gobernar el país, sobre esa dimensión moral de nuestra historia política.

No es claro que estos temas tengan una incidencia electoral muy relevante. Pero sin duda eso no es lo principal, lo esencial siguen siendo que el capitulo de los derechos humanos no logra cerrarse en Chile. Todos los intentos de “dar vuelta la página” han fracasado. Es hora de preguntarse porque ello ha ocurrido así. Probablemente mientras la condena de la sociedad no sea total y ésta abarque con claridad y sin matices a todo el espectro político, no será viable comenzar a mirar el tema como un problema que perteneció a otro momento de nuestra historia, pero que ya no compromete una mirada condescendiente o justificadora en el presente por parte de nadie.

Sino se transforma en una mirada históricamente compartida, la derecha seguirá viéndose tensionada cada vez que surge un tema de dd.hh y seguirá condenada a actuar a la defensiva y a aparecer, no pocas veces, defendiendo en lo indefendible

Sobre el 60 por ciento de los votos obtuvo el domingo el presidente Evo Morales para gobernar Bolivia por otros cinco años más. Pero su mayor triunfo lo anotó en la elección de los nuevos diputados y senadores de la debutante Asamblea Plurinacional, al lograr –según los primeros resultados- los dos tercios de la instancia legislativa que reemplazará al Congreso.

La noche de su victoria y desde el palacio presidencial ante una multitudinaria celebración, Morales dijo estar “muy feliz esta noche” y que “el tener los 2/3 en el Congreso me obliga a acelerar el proceso de cambio”. Junto a Evo Morales también fue reelecto su vicepresidente, el destacado intelectual Álvaro García Linera.

La alta votación significa un fuerte espaldarazo a la gestión de Morales, de 50 años y primer presidente indígena de Bolivia, en el poder desde enero de 2006.

“Ahora tenemos una enorme responsabilidad de profundizar y de acelerar este proceso de cambio. Que obtengamos más de dos tercios en diputados y senadores me obliga hermanos y hermanas a acelerar este proceso de cambio”, reiteró el primer gobernante indígena en América Latina.

Entre un 24 y 28 por ciento habría obtenido el inmediato seguidor, el derechista Manfred Reyes Villa y mucho más atrás quedaron los otros seis candidatos presidenciales. En su primer discurso tras el triunfo, Evo Morales también invitó a los opositores derrotados a colaborar con su gobierno y al proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS). “Que vengan a trabajar conmigo. Primero está Bolivia, al margen de cualquier reivindicación sectorial o regional”, dijo ante los manifestantes que le interrumpían con sus consignas.

El arrollador triunfo de Morales tanto en su reelección como en la nueva asamblea legislativa le da autonomía al partido del presidente para temas como la reforma de la Constitución o el nombramiento de autoridades claves como los miembros de tribunales, y el presidente del Banco Central.

De hecho la nueva Asamblea Plurinacional tendrá, entre sus muchas tareas, diseñar el entramado jurídico de los restantes poderes del Estado, así como poner en marcha las nuevas autonomías.

El objetivo central del MAS y el nuevo periodo de Morales es profundizar la democracia boliviana y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de la población, que sigue siendo una de las más pobres del continente. Morales se propone ampliar y mejorar los planes de ayuda asocial a los sectores más postergados como los adultos mayores y las mujeres, al tiempo de elevar la calidad de la educación, luego que en su primer periodo lograra erradicar el analfabetismo, con el apoyo de los cubanos y reconocido por la Unesco.

Morales también se propone un ambicioso plan de ampliación de la infraestructura vial de Bolivia, mejorar la conectividad y terminar los trabajos para poner en uso tres corredores para elevar el comercio intrarregional y dar salida más fluida a sus productos de xportación, principalmente mineros. Tiene dinero para hacerlo: la nacionalización de los hidrocarburos permitió elevar las reservas internacionales de Bolivia de 1.700 a más 8 mil millones de dólares, mientras la deuda externa cayó de 4.400 millones de dólares a 2.400 millones de dólares. Lo que deja al país en buen pie para acceder a créditos internacionales.

Con su popularidad al tope por sus planes sociales en un país con 60 por ciento de su población en la pobreza, Morales se enfrenta ahora al desafío de profundizar la nacionalización de la economía sin espantar a las inversiones que el país necesita para desarrollar sus campos de gas natural y su industria minera.

“Aquí, con más de 63 por ciento, se ha impuesto este proceso de transformaciones en lo estructural, en lo social, en lo cultural, en lo económico; por eso hermanas y hermanos mi máximo reconocimiento a quienes se sumaron espontáneamente para impulsar, fortalecer y profundizar la gran revolución cultural y democrática en Bolivia”, dijo emocionado cuando celebró su triunfo.

La revisión de los indicadores de octubre y septiembre publicados por el INE y la Cámara Chilena de la Construcción respectivamente, no permiten observar aún repuntes generalizados de las actividades sectoriales, y el resultado global aparece fuertemente sesgado por el impulso significativo de la minería, en los últimos tres meses. El cuadro recesivo aún no se revierte estadísticamente, y es probable que en octubre el IMACEC aún siga en zona de restricción de la actividad.

La revisión de los indicadores de octubre y septiembre publicados por el INE y la Cámara Chilena de la Construcción respectivamente, no permiten observar aún repuntes generalizados de las actividades sectoriales, y el resultado global aparece fuertemente sesgado por el impulso significativo de la minería, en los últimos tres meses. El cuadro recesivo aún no se revierte estadísticamente, y es probable que en octubre el IMACEC aún siga en zona de restricción de la actividad.

En cuanto a la industria, tanto las ventas como la producción mantienen un crecimiento por debajo de los niveles observados el año 2008, motivado por la mayor base de comparación. La caída de la producción fue incluso mayor que la del mes anterior, y en 12 meses llegó al 6,6%, aunque hay que considerar un día hábil menos este año. Sin embargo, con respecto al mes anterior se percibe un incremento, confirmando al menos que ya se tocó fondo. En relación a las ventas físicas de la industria, la tasa de contracción ha disminuido en relación a los dos primeros trimestres, reflejando una caída de 1,7%, donde se advierte una mayor demanda interna de maquinarias desde el sector minero, así como un aumento en las exportaciones de celulosa a los países asiáticos. En cambio las incidencias negativas radicaron en la demanda de los insumos de la construcción, maderas y cemento, confirmando los indicadores aún contractivos de ese sector.

El sector que creció fue el minero, que por tercer mes consecutivo, y gracias a las exportaciones a China es posible explicar su expansión anual de 8,0%, percibida específicamente por la producción de minerales metálicos, mientras que la no metálica se contrajo fuertemente, reflejando la contracción de la construcción.

En efecto, el Índice Mensual de Actividad de la Construcción correspondiente a septiembre persiste aún en su tendencia contractiva, y el registro de iniciaciones anota una caída de 33,7%, con lo cual el resultado acumulado está 26% por debajo de 2008. El promedio móvil aún refleja una contracción que se sigue profundizando, y es muy probable que alcance su nivel mínimo sólo en el primer trimestre de 2010, para iniciar un lento repunte a partir del segundo semestre de 2010.

En el comercio al por menor se registra un repunte de las ventas, que vuelven a crecer sobre el 3% en 12 meses, pero la oferta de productos importados aún reflejan una fuerte contracción del consumo de durables. Las nuevas estadísticas referidas a servicios no financieros indican que también hay una fuerte contracción de las ventas en esos sectores, reflejando aún la depresión de la oferta global de bienes que se visualiza en la economía, con lo cual los servicios de logística siguen con restricciones agudas de ventas.

Los pronósticos para el IMACEC de octubre se sitúan entre -0,1 y -0,4%, postergando para el mes de noviembre la presencia de cifras positivas de crecimiento de la actividad, y asentando el efecto psicológico de inicio de una etapa de recuperación económica. Esta reactivación, inicialmente será de carácter más estadística, pero una vez que se acelere la inversión privada seguramente se visualizará con más contundencia en los indicadores sectoriales y de empleo.

Las cifras de empleo del INE para el trimestre agosto – octubre 2009 muestran un cuadro general de claros y oscuros, donde aumenta el empleo, baja la desocupación, pero a la vez los puestos de trabajo son ahora más precarios que hace un año atrás. Pero vamos por parte.

Aumenta el número de empleos en 45 mil trabajadores, respecto del mes anterior, de los cuales 37 mil corresponden a mujeres. A nivel de una comparación anual, se contabiliza una pérdida de 53 mil puestos de trabajo, de los cuales 130 mil corresponden a los asalariados y donde los trabajos por cuenta propia crecen en 90 mil. En otras palabras, el país está comenzando a crear nuevos puestos de trabajo, pero estos son de una menor calidad que los anteriores y benefician sobre todo a las mujeres.

Disminuyen los desocupados en 35 mil trabajadores y la tasa de desocupación se coloca bajo los dos dígitos, marcando un 9,7% de la fuerza laboral. La desocupación se concentra en los más jóvenes, alcanzando una tasa de desocupación del 22,6% en los menores de 24 años. Tasas de desocupación particularmente altas se evidencian en las ciudades de Valparaíso (17,1%), San Antonio (14,5%), Lota (17,4%) y Coronel (18,1%). Vale decir, existe una fuerte heterogeneidad productiva en el mercado del trabajo, lo que permite predecir que las tasas de desocupación se mantendrán altas en los próximos dos años.

Finalmente, el pronóstico para el cierre de este año 2009 colocan el PIB decreciendo un 1.7%, tal cual lo habíamos pronosticado a principios del año, los precios al consumidor cayendo un -1%, el dólar descendiendo a los $480 y una tasa de desempleo en torno al 9%.

Para una gran mayoría de los chilenos, con un mínimo de conocimiento de la situación energética mundial y del petróleo en particular, la respuesta a la pregunta que da titulo a este artículo no merecería mayores disquisiciones y la respuesta sería afirmativa.

Pero, no lo es así para todos, como queda reflejado en una editorial del Mercurio del 29 de noviembre llamada “Reforma y capitalización de ENAP” en la cual se puede leer lo siguiente, y en cual se insiste en que dicha empresa no tendría para el país un carácter estratégico: “…esta última (se refiere a ENAP), no produce petróleo y su negocio principal es la refinería, que no tiene carácter estratégico alguno (tampoco lo tiene necesariamente la producción de petróleo)…” . Si cabe alguna duda sobre las intenciones finales hacia adonde se enrumba la editorial basta leer el siguiente párrafo: “…Si en el futuro la empresa requiriese nuevos aportes de capital, el Estado podría evaluar si contribuye a ello o diluye su participación.”

La editorial se centra en la necesidad de la reforma del gobierno corporativo de ENAP y propicia que el financiamiento adicional de la empresa debiera obtenerlo mediante la emisión de acciones, constituyéndose de esta manera una sociedad anónima, en que el Estado tendría, por ahora, el control de la empresa (no necesariamente así a futuro).

Volviendo a la pregunta incial, lo primero que vale la pena recordar es el papel estratégico que cumplió ENAP cuando lideró el proyecto GNL y cuando frente al corte del gas argentino, tomó la responsabilidad de proveer, a todo evento, todo el diesel que se requería para abastecer las centrales térmicas. Claro que esto tuvo un costo para ENAP y el país, el que fue alto pero mucho menor que la interrupción del suministro eléctrico. Al costo económico se debe agregar las críticas injustas a que fue sometida y sigue siendo sometida ENAP, por el déficit financiero producido, sin consideración a las circunstancias en que este ocurrió.

Hasta aquí dos ejemplos recientes que muestran la importancia estratégica de ENAP.

Veamos ahora que sucede en el terreno internacional con las empresa petrolera estatales (NOC, National Oil Companies, como se designan en inglés).

Dice el experto en geopolítica de la energía, Michael T. KLare, en el libro “Países Sedientos Recursos Menguantes”1:

Una expresión impresionante de esta reordenación mundial es el grado en que la propiedad de las reservas vírgenes de petróleo se concentra en manos de las empresas petroleras nacionales (NOC). Algunos ejemplos destacados incluyen las empresas titánicas como Saudi Aramco, la National Iranian Oil Company y Petróleos de Venezuela S. A. (PdVSA), que son propiedad exclusiva o casi absoluta de sus Gobiernos. Hasta hace poco, la mayoría de las reservas petrolíferas mundiales estaban controladas por grandes compañías energéticas occidentales, como Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum (ahora llamada BP), Royal Dutch Shell y TotalFinaElf (hoy llamada Total S. A.), francesa. Hoy día, esas empresas cada vez están más a la sombra de las NOC, que incluyen nueve de los diez máximos poseedores de reservas petrolíferas del mundo. Juntas, las compañías petroleras nacionales (incluyendo las empresas controladas por el Estado ruso que permiten cierta participación de empresas de energía occidentales) supervisan un 81 por ciento aproximado de todas las reservas conocidas de petróleo; esto constituye una enorme fuente de poder latente para los Estados que las controlen.
En este sentido, ha surgido un nuevo orden internacional en el negocio del petróleo, en que ya no es indispensable tener abundantes reservas en su propio territorio, para ser una empresa petrolera. Así lo pensaron quienes en 1990 crearon SIPETROL, la filial internacional de ENAP.

Esta filial fue fundada, con el propósito de desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos fuera de Chile, aprovechando el know how de sus equipos de profesionales y técnicos, en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el exterior.

Actualmente esta filial realiza actividades productivas en Argentina, Ecuador y Egipto. Además controla la concesión de un bloque petrolero (Mehr) en Irán.

La misma idea pero en una escala inmensamente mayor es la que desarrollan las empresas chinas, Petrochina, Sinopec y CNOOC.

China entendió que los hidrocarburos tienen un valor estratégico. Richard Spencer en de The Daily Telegraph (22.2.09), señalaba que “en una conferencia de funcionarios de la Administración Nacional de Energía, acordó considerar el establecimiento de un fondo especial de compañías estatales de China con el fin de comprar empresas de petróleo y gas en el extranjero“.

Pero, la historia comienza mucho antes. Baste recordar el intento de CNOOC (China National Ofshore Oil company), de comprar UNOCAL de EE.UU, en junio de 2005. En esa oportunidad la empresa china hizo una oferta de 18.500 millones de dólares, por esta empresa, que poseía importantes reservas de petróleo y gas natural en EE.UU. y Asia. Por razones estratégicas la oferta fue desestimada en favor de Chevron ( aún cuando contradecía los principios de la libre competencia).

Al revés de lo que se plantea en la editorial citada al comienzo, lo que se debería hacer es fortalecer la filial internacional de ENAP, SIPETROL para ir a buscar el petróleo donde este se encuentre, solo o asociados con otras NOC, como ya lo ha venido haciendo. En este sentido cabe destacar las operaciones que ENAP/SIPETROL tienen en el Atlántico sur (Argentina) y en Ecuador.

Frente a la crisis petrolera que se avecina, cuando la economía mundial se recupere y se produzca el desfase, anunciado por muchos expertos, entre la producción y la demanda, es importante el papel que podría jugar ENAP para enfrentarla. Yendo más allá, esta empresa podría impulsar la formación de una “Comunidad del Petróleo y el Gas”, en Sudamérica, como lo fue en el pasado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que como se sabe fue la base para la posterior unidad política de Europa.

Recordemos para terminar, cuales fueron los objetivos de esta organización:

El objetivo de este Tratado es contribuir, gracias al mercado común del carbón y el acero, a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida… Las instituciones deben velar por el abastecimiento regular del mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción, velando por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones laborales. A todo ello debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la modernización de la producción.

De cara al establecimiento del mercado común, el Tratado instaura la libre circulación de productos, sin derechos de aduana ni impuestos. Prohíbe las medidas o prácticas discriminatorias, las subvenciones, las ayudas o las cargas especiales del Estado y las prácticas restrictivas.

Emular la experiencia europea con un esfuerzo de integración sudamericano a través del petróleo y el gas, podría ser un importante motor para luego plantearse perspectivas de integración económica y política más amplia en la región.

El dato principal será si esa noche del 13 se comienzan a dar los primeros pasos y gestos que permitan unir a los electorados de los tres candidatos con que la izquierda y la centroizquierda se bifurcaron en primera vuelta. Sólo si el progresismo es capaz de dar esa noche algunas claras señales de que se encamina en esa dirección, se puede avizorar una razonable posibilidad de vencer a la derecha el próximo 17 de enero.

Se respira desde hace unos días un extraño aire de fin de campaña anticipado. Nadie pareciera tener mucho más que argumentar ni demasiados deseos de arriesgar. Los mensajes principales se han lanzado y los ciudadanos parece que ya han decidido su voto, o bien se encuentran en las cavilaciones finales pero sobre la base a una información ya consolidada.

Piñera sabe que el 13 de diciembre llegará primero, no sabe con qué holgura, pero se da cuenta de que en el actual escenario de cuatro candidatos no tiene mucho espacio para crecer electoralmente. Probablemente el giro liberal en el tema de las parejas homosexuales le permitió recuperar a algunos votantes jóvenes de derecha o poco politizados de ideas y costumbres más liberales, y que habían emigrado hacia la campaña de MEO. Si no fuera por la pelea a navajazos que protagonizan Lavín y Chahuán en los cerros del Puerto, la campaña de la centroderecha estaría cerrando razonablemente bien, y lo mejor sería que la elección fuera mañana.

Frei, por su parte, seguramente siente que así como están las cosas, y sin que nadie mueva otra pieza, es el más seguro candidato a pasar a segunda vuelta. El centro está blindado, persiste una alta adhesión en los sectores populares, Bachelet y Lagos están jugados, Halpern agotó sus posibilidades de enemistarse con alguien, y se mantiene más o menos compacto el batallón socialista que ha decidido morir con las botas puestas de la Concertación. No queda sino sentarse a esperar que el soberano resuelva esta suerte de plebiscito en que terminó transformándose la primera vuelta al interior de la centroizquierda, en este caso a favor de la Concertación histórica.

MEO tiene el problema de que su proyecto transversal se ha visto amenazado por el giro liberal de Piñera por la derecha y el posicionamiento de Arrate por la izquierda. Pascal Allende reflejó este nerviosismo, y, en un verdadero déjà vu sesentero, lanzó una dura crítica al Partido Comunista al que acusó de impulsar “políticas testimoniales” (el reproche no deja de ser otra ironía de la historia). Si Piñera sigue avanzando por la derecha y Arrate por la izquierda, el espacio de Enríquez-Ominami se puede volatilizar peligrosamente. Por tanto, mientras más rápido a las urnas mejor.

Arrate, por su parte, es el único al que quizás le están faltando días de campaña, pues se ha beneficiado en la recta final de la recuperación de votos de izquierda de Enríquez-Ominami y de algunos votos socialistas de la Concertación. En todo caso, la estrategia de ir por el voto duro de izquierda también le coloca un techo a la campaña, al cual probablemente ya se aproximaba.

Los ciudadanos parecen que ya han sacado la fotografía a la elección del próximo 13 de diciembre. La campaña aparentemente ha entrado con bastante anticipación en esa siesta de domingo que precede a la entrega de los resultados de la tarde. Todos entienden que allí comenzará la verdadera y definitiva carrera presidencial Sin embargo, lo que ocurra esa noche del 13 no es asunto menor: se conocerá con cuánta holgura ha ganado Piñera y qué tan remontable es para el candidato de la centroizquierda la distancia obtenida por la derecha. También se sabrá el resultado de algunas disputas emblemáticas en las elecciones parlamentarias y si el PC ha regresado al Congreso después de 20 años (en rigor después de 37 años).

No obstante, el dato principal será si esa noche del 13 se comienzan a dar los primeros pasos y gestos que permitan unir a los electorados de los tres candidatos con que la izquierda y la centroizquierda se bifurcaron en primera vuelta. Sólo si el progresismo es capaz de dar esa noche algunas claras señales de que se encamina en esa dirección se puede avizorar una razonable posibilidad de vencer a la derecha el próximo 17 de enero. Para ello hará falta una dosis alta de inteligencia, sentido común y generosidad, todos ingredientes que no han abundado en el último tiempo.

En la página editorial de El Mercurio del domingo 6 de Diciembre, se hace referencia a la supuesta solución de la crisis hondureña mediante la elección de un nuevo presidente de la república. Se barajan aquí dos interesantes conceptos: el de la legitimidad de origen de un mandatario y el de su legitimidad en el ejercicio de sus funciones.

Se entiende el primero como la condición alcanzada mediante un proceso eleccionario que, a su vez, se legitima por ser un acto libre, secreto e informado. Durante el desarrollo de una democracia en forma estas características de legitimidad de una elección son posibles de obtener. Sin embargo, unos comicios que se llevan a cabo bajo un régimen de facto como en el caso hondureño reciente dejan, al menos, una duda razonable.

Respecto a la legitimidad de ejercicio, es decir, si el mandatario se ajusta a derecho durante el cometido de sus funciones y se atiene a la Constitución, parece ser un juicio cuya formulación presenta mayores complicaciones que el concepto anterior. La determinación sobre si un gobernante ha sobrepasado sus facultades constitucionales normalmente se lleva cabo mediante un juicio político. Sus detractores dirán que el mandatario violó el espíritu y/o la letra de la Ley y, obviamente, sus partidarios afirmarán lo contrario. Las cartas fundamentales prevén, por lo general, mecanismos de destitución mediante acusación constitucional (impeachment, en la política norteamericana) que debe ser dirimida en el seno de otro organismo de elección popular: el Congreso. Si la acusación es capaz de recoger los votos necesarios, normalmente un quórum calificado relativamente alto para obtener la destitución de un mandatario ello procede y, supuestamente, no debería haber mayor drama. Pero ¿Ocurrió esto en el caso de Zelaya? ¿Contemplaba la Constitución hondureña los mencionados mecanismos? ¿Fue votada una acusación constitucional en su contra? A juzgar por la violencia con que se llevó a cabo su destitución, la respuesta parece ser negativa.

Sin duda, es un tema candente para nuestro decano de la prensa que, al parecer, ve con preocupación la emergencia en la región de gobiernos no afines a sus convicciones ideológicas hacia los cuales no escatima críticas e interrogantes sobre la legitimidad de su ejercicio.

Pero también puede haber algo de fondo en su postura que tiene raíces históricas. Para nadie es un secreto que el decano fue central en la creación del ambiente de caos que llevó al derrocamiento del Presidente Allende en septiembre de 1973, en vista de la nula posibilidad de obtener los 2/3 de quórum parlamentario para proceder a una destitución presidencial mediante el mecanismo constitucional vigente.

El corolario fatal del relato hondureño podría ser una nueva modalidad para la política latinoamericana: derrocar por la fuerza un gobierno que no nos agrada y luego llamar a elecciones.

Diciembre 2009

El eje articulador de la propuesta estratégica debe enmarcarse en defender y fortalecer el rol que juega, y debe seguir jugando Codelco, con miras a contribuir decisivamente en capitalizar las rentas del cobre en la estrategia de desarrollo nacional, por la vía de los excedentes que esta empresa estatal le entrega al Estado de Chile.

La exportación minera, y especialmente la del cobre,  tanto pública como privada, juega un rol crucial en la inserción internacional de Chile y en la estrategia país frente a la globalización.

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El Instituto de Estudios Avanzados y el doctorado de Estudios Americanos de la USACH, con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Igualdad y la Fundación Ebert, realizará los próximos días 24-25 y 25 de Noviembre, el seminario “El fin de la historia que no fue. A 20 años de la caída del Muro de Berlín”.

En el evento participarán destacados académicos y políticos entre ellos Olga Ulianova, Ernesto Ottone, Iván Witker, Albert van Klaveren, Fernado Estenssoro, Cristián Parker, el senador y Presidente del Instituto Igualdad Ricardo Nuñez, entre otros.

De lo que se trata es de examinar en esta fecha histórica el nuevo escenario mundial al que dio paso la caída del Muro, las nuevas contradicciones que emergieron en el campo internacional, su impacto en la izquierdas, el nuevo rol hegemónico de EE.UU a partir de ello y su posterior declinación con la crisis económica mundial y el surgimiento de nuevos polos de liderazgo como China; el fin de la Guerra fría y su impacto en América latina; etc.

Las áreas temáticas que considera este Congreso aborda temas muy diversos estructurado en áreas como “Ideología y pensamiento político tras la caída del Muro”; “Seguridad y defensa post muro de Berlín”; “El fin de la guerra fría y América latina”; “actores sociales tradicionales y emergentes post guerra fría”; etc.

El seminario contempla cerca de 30 ponencias, de los mas variados temas y águlos, a partir de la conmemoración de los 20 años, y de la constatación que no obstante la radicalidad y profundidad de los cambios, la historia no se detuvo, sino que abrió nuevos y aún insuficientemente analizados y estudiados fenómenos y escenarios.

A la inauguración se ha invitado de manera especial a los embajadores residentes en Chile de Polonia, Alemania y República Checa.

Para leer el programa de este evento, pinche aquí.