El presente Boletín 27 de Indicadores Económicos del Chile Actual, editado por el Programa de Economía del Instituto Igualdad, contiene información hasta el mes de junio del año 2024, inclusive, en la medida en que la publicación de los datos estadísticos correspondientes por parte de organismos oficiales así lo permita.
Columna de Mario Marcel, Ministro de Hacienda en El Mostrador.
En la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados del 30 de julio, se preguntó por qué yo intervenía como ministro de Hacienda en la discusión sobre retiros de fondos previsionales, si se trataba de un tema entre particulares.
La respuesta más directa es que autoridades de Gobierno y parlamentarios discuten sobre pensiones, dedicándole mucho tiempo y energía al tema, porque el sistema de pensiones tiene su origen en la ley. El sistema de pensiones no existe porque a un conjunto de trabajadores se le ocurriera espontáneamente ahorrar para la vejez, entregándole la administración de sus ahorros a una empresa privada, sino que existe porque la ley establece un sistema obligatorio de cotizaciones, define que la acumulación de las mismas se destinará solo a financiar futuras pensiones, y regula el funcionamiento de las instituciones que administran dichos ahorros y las pensiones que se obtienen al momento de la jubilación. Estas obligaciones y regulaciones hacen que, independientemente del carácter privado de quienes invierten los fondos de los afiliados, este sea un sistema esencialmente público. Es por ello que corresponde a poderes públicos su modificación, regulación y supervisión.
Más aún, la legislación sobre pensiones responde a un derecho y mandato constitucional: el derecho a la seguridad social y la obligación del Estado de organizarla. El Estado, en consecuencia, no puede abjurar de su rol como garante de este derecho ni puede desentenderse de su ejercicio, argumentando que se trata de un negocio entre privados. El estatus constitucional es relevante a la luz de la actual discusión sobre nuevas propuestas de retiros de fondos de pensiones. Esto, porque dichas propuestas se presentan por los parlamentarios como reformas a la Constitución contradiciendo no solo una, sino dos normas constitucionales: la primera, la que establece que la legislación sobre seguridad social es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; la segunda, la citada obligación de asegurar el derecho a pensiones y organizar el sistema que las genera.
La contradicción entre el carácter público del sistema contenido en los mandatos constitucionales sobre seguridad social y las propuestas sobre retiros es especialmente evidente cuando se considera que varios de los patrocinantes de estas iniciativas plantean como objetivo el retiro total de los fondos, basado en el derecho de propiedad que tienen los afiliados sobre ellos. Llevar este argumento a sus últimas consecuencias implicaría que el sistema de pensiones dejara de existir y el Estado abandonara su responsabilidad constitucional de supervigilar el derecho a la seguridad social, dejando las pensiones futuras al arbitrio de “relaciones entre privados”.
Lo anterior tiene connotaciones políticas muy profundas. El desarrollo de la seguridad social y los sistemas obligatorios de pensiones son históricamente producto del empuje de fuerzas progresistas, que fueron capaces de imponerse sobre las visiones conservadoras que reservaban los problemas del envejecimiento al ámbito de lo privado y las decisiones individuales. En Chile, la seguridad social surgió bajo presión popular en la década de 1920, imponiéndose sobre fuerzas conservadoras que dilataban la aprobación en el Congreso de los proyectos de reforma.
Reconocer el carácter público del sistema de pensiones, los mandatos constitucionales de los que este se desprende y la dimensión progresista de su desarrollo, significa hoy día en Chile mucho más que oponerse a los retiros de fondos; significa reconocer que existe la obligación constitucional, política y moral de hacer que el sistema de pensiones proteja efectivamente a las trabajadoras y trabajadores de los riesgos para el bienestar del envejecimiento y la invalidez. Cuando el régimen de capitalización individual, después de 43 años de existencia, solo es capaz de generar pensiones equivalentes a un 17% de la remuneración promedio de los últimos doce meses (para todas las personas que se pensionaron por vejez entre 2015 y 2022, y que seguían vivas a diciembre de 2022, según el “Estudio sobre tasas de reemplazo en el sistema de pensiones chileno y sus proyecciones bajo distintos escenarios”), es evidente que se requiere mucho más, tanto para exigirle a este mejores resultados como para fortalecer los pilares que lo complementan.
Pero nada podrá surgir de los escombros de un sistema de capitalización individual desmantelado por retiros en nombre de la propiedad privada y de una economía en ruinas por el impacto de dichos retiros. ¿Cómo podría volverse a imponer cotizaciones obligatorias o construir mecanismos que impliquen postergar consumo actual en beneficio de bienestar futuro, ambos elementos de la esencia de cualquier sistema de pensiones, cuando todo se ha resuelto en nombre de las decisiones individuales y la propiedad de dichos aportes? No nos engañemos: los retiros responden más a la consigna de “con mi plata no” que a “no + AFP”, porque implican destruir el carácter público de la seguridad social. Los retiros no son parte de una revolución de la cual vaya a surgir una nueva seguridad social solidaria y justa, sino la sentencia de muerte de ese proyecto, llevándose más de un siglo de historia social de Chile y el futuro de millones de trabajadoras y trabajadores cuando no tengan con qué sostenerse en la vejez.
Para evitar eso es que estamos aquí. No solo para discutir el carácter regresivo de los retiros sino, sobre todo, para reformar el sistema de pensiones en Chile luchando contra el populismo y la miopía, así como contra el liberalismo extremo, los intereses creados y la desidia.
El exministro y experto electoral aborda los desafíos que tiene la izquierda de cara a las elecciones municipales de este año. Sobre la campaña del «En contra», que él coordinó, saca tres lecciones: la recuperación de los símbolos patrios por parte de la izquierda, definir estrategias a través de estudios y la unidad.
Quien fuera el coordinador de la campaña del “En contra” del año pasado, que aglutinó a todos los partidos de gobierno con el objetivo de rechazar el texto emanado del Consejo Constitucional con mayoría de derecha, hoy ve complejo replicar el modelo.
Para Ricardo Solari, socialista, experto en campañas electorales y ahora presidente del directorio del Instituto Igualdad, la diversidad de Chile hace conveniente optar por un sistema descentralizado, que atienda la realidad de cada comuna. De todas formas, saca lecciones de la elección pasada y celebra, entre otras cosas, que su sector haya recuperado el concepto de patria y la bandera chilena.
Aunque descarta asumir como coordinador, sí se muestra dispuesto a contribuir a la campaña como lo hizo a través de la preparación del manual Herramientas para la gestión local: propuestas de acción desde la centro-izquierda y el progresismo, que fue presentado ayer por la expresidenta Michelle Bachelet.
¿Cómo describiría el estado en que llega el oficialismo a esta campaña?
Estamos en un escenario nuevo, con voto obligatorio. Esto nos encuentra en unidad respecto al tema electoral, al gobierno haciéndose cargo de la agenda. Hemos visto la actitud del Presidente respecto de los temas de la emergencia eléctrica. Hemos visto en las encuestas que su adhesión se sostiene en un punto y va creciendo. Vemos que, desde ese punto de vista, podemos llegar a una situación donde podemos dar una competencia razonable y poner asuntos y estilos de hacer la gestión municipal que nos parecen bien.
Menciona la aprobación del gobierno. Algunos en el oficialismo han planteado que ven como un riesgo que la elección de gobernadores se convierta en un plebiscito a La Moneda. ¿No lo ve así?
Definitivamente eso no juega de esa manera en la elección de alcaldes, en que va a haber un cuestionamiento a la gestión. En el caso de los gobernadores, hay que decir que su figura tiene baja visibilidad desde el punto de vista de los ciudadanos. No es tan simple poder transformar eso en una suerte de plebiscito al gobierno. Y si fuera así, hay que decir que vamos a enfrentar una oposición bien dispersa en el frente de los gobernadores.
En el oficialismo se evaluó bien la campaña del “En contra” del año pasado. Por lo mismo, hoy sugieren que usted podría tomar un rol. ¿Está dispuesto?
Voy a colaborar en todo lo que pueda, en algunas campañas que puedan ser importante, donde me pidan juicios y sugerencias. Pero no tengo ninguna solicitud de ninguna naturaleza. No puedo renunciar a cosas que no me han ofrecido. De todas formas, no imagino en esta campaña de octubre una estructura centralizada que dirija una campaña nacional. Lo que estoy viendo son cientos de campañas descentralizadas, que en cada comuna o región van a hacer su esfuerzo por conseguir su mejor desempeño.
¿No es un riesgo que sea descentralizado?
No, porque es un país muy diverso. Las realidades son muy distintas entre norte y sur, entre las comunas urbanas y rurales. Yo creo que es posible identificar un estilo, una forma de hacer las cosas.
¿Saca lecciones de la campaña del “En contra”?
Hay tres asuntos importantes. Recuperamos para nuestras filas los conceptos de patria, la bandera chilena. Eso es algo que nunca debió haber ocurrido, porque tenía que ver con nuestras viejas tradiciones. Así hicimos la campaña del “No”, las campañas antiguas e históricas. Segundo, no nos entregamos a un conocimiento fútil o anecdótico o pintoresco de la realidad que vivimos, sino que la miramos a fondo. Tratamos de entender sus dinámicas para identificar una estrategia. Nada de esa campaña era resultado del instinto o la tincada. La tercera lección es la unidad.
¿Cómo explica que hayan dejado los símbolos patrios?
Si haces una lectura superficial de la sociedad chilena, puedes llegar a la conclusión de que aquello que es patriótico está identificado con la derecha. Pero eso no es así.
Pero hubo un momento en que se cuestionó. En 2019, el estallido social.
Lo hemos discutido mucho. Una propensión a identidades particulares. Ahora, yo creo que la gracia consiste en identificar el cómo involucrar esas identidades particulares con identidades generales. Es una gran conversación que hemos estado teniendo desde septiembre del 2022.
¿Qué espera de la expresidente Bachelet de cara a la campaña?
Ella tiene un uso muy generoso de su tiempo en actividades como esta. Tiene una agenda internacional activa, pero estoy seguro que en el tiempo que esté en Chile va a participar y se va a involucrar. No la imagino siendo una activista. Sí una persona activa en mirar los partidos del sector, los centros, exigiéndonos una preocupación más intensa sobre los desafíos de la democracia.
En el sector reconocen en Bachelet la capacidad de aglutinar a los partidos. ¿Ve conveniente que ella juegue un rol a lo largo de la campaña apostando por la unidad?
No, yo creo que no le corresponde un rol de mediación. Los partidos tienen que resolver sus problemas.
Los candidatos de todas formas quisieron tomarse fotos con ella. ¿Que la figura de Bachelet acompañe a los postulantes no implica el riesgo de presidencializar la elección?
Yo creo que concurrieron porque les interesaba el evento. No creo que ningún candidato quiera presidencializar sus campañas.
No es un asunto de voluntad necesariamente. Si el oficialismo se toma fotos con Bachelet, Chile Vamos con Matthei y republicanos con Kast, se presidencializa la elección…
No creo que sea un factor tan decisivo como se cree, no tiene la relevancia que a veces se le quiere atribuir. Eso es infantilizar a los electores, que viven la realidad de sus comunas.
¿Le gusta Bachelet como candidata presidencial?
Ella ha dicho en todos los tonos que está en el esfuerzo de que se renueven los liderazgos. Eso me parece muy bien.
Desde las elecciones venezolanas se ha hecho evidente que la alianza de gobierno está fragmentada. ¿Es necesario subsanar ese quiebre para que al sector le vaya bien?
Yo creo que no se pueden forzar cuestiones en las cuales hay diferencias tan evidentes, no veo cómo. Tienes que vivir la diferencia, debatirla.
¿Esas diferencias no podrían terminar por perjudicar al sector?
Eso lo vamos a ver en octubre. De aquí a octubre la cantidad de acontecimientos que puede ocurrir puede ser tan grande que eventualmente esto puede o no puede incidir. Nadie lo sabe.
Usted encabeza el Instituto Igualdad. ¿De qué forma pretenden aportar a los desafíos electorales del sector?
Contribuir con contenidos. El manual es una demostración. Segundo, contribuir con capacitación y lo hemos estado haciendo prácticamente todo el año. Y, tercero, acompañar todos los esfuerzos que se nos soliciten en relación a campañas generales o particulares. Tenemos todas las ganas.
Luego de varios meses de trabajo coordinado entre los 9 centros de pensamiento que componen el arco de la centro-izquierda y el progresismo chileno, plasmados en la realización de los “Laboratorios Programáticos Municipales para las Buenas Prácticas”, emana esta caja de herramientas en modalidad de documento. Este manual busca colaborar con el trabajo de los liderazgos territoriales y candidaturas en las próximas elecciones municipales de octubre de 2024, promocionando un modelo de gestión municipal diferenciador y propio del sector, basado en la participación activa de la ciudadanía, orientado a obtener resultados tangibles y que cumpla con los cánones de adaptabilidad y pragmatismo que demanda la actualidad.
Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MOSTRADOR el día 05 de agosto de 2024.
Los énfasis en materia de reforma tributaria han pasado desde la necesidad de aplicar mayores tributos a los sectores de más altos ingresos o de mayores patrimonios, a un énfasis colocado en la evasión y en la lucha contra la informalidad. Al parecer, eso es lo posible, en el cuadro político actual, aun cuando no sea todo lo deseable.
Pero aun en el campo de evasión y la elusión tributaria hay discusiones abiertas o que debieran abrirse. Esas dos palabras son malas palabras que convocan muy inmediatamente a la condena pública y a la represión institucional, pues se le considera como expresión de una actitud claramente antisocial. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas formas diferentes en que se presentan esos procesos o actividades económicas y sociales.
Está la evasión del comerciante callejero, que no da boleta por las ventas que realiza, y que elude, por lo tanto, claramente el IVA, no sin cierta complicidad del ciudadano que realiza la compra, que asume que esa actitud mutua aminora el precio del bien que está adquiriendo.
También existen empresas, no ya solo personas, que se ubican en el campo de la informalidad, tales como pequeños talleres, ubicados en zonas de menores ingresos, que reparan artefactos eléctricos o mecánicos o que hacen tortas o empanadas en su casa para una clientela ubicada en un radio de 500 metros a la redonda de ese domicilio.
Además – y lo más importante desde el punto de vista de los ingresos fiscales comprometidos – hay grandes empresas nacionales o extranjeras, que asesoradas por prestigiosos abogados y bufetes – que constituyen ya una verdadera industria de la evasión y la elusión tributaria – generan todo tipo de sofisticadas operaciones para obrar en ese campo.
Un mecanismo posible, a modo de ejemplo, es el incrementar los precios de los bienes importados – materias primas, insumos o bienes terminados – de modo de elevar los costos operativos, para efectos de que las ganancias aparezcan más reducidas y paguen por ello menos impuestos a la renta. Esto requiere, desde luego, de la complicidad de las empresas que, situadas en el otro extremo de la cadena, generen las facturas infladas, generando así un excedente que se reparte o se compensa posteriormente a través de una compleja red de operaciones entre empresas relacionadas. Algo parecido sucede cuando se contratan créditos externos con bancos o con las casas matrices de empresas radicadas en Chile, a tasas de interés libremente pactadas entre el demandante y el oferente.
Si la lucha contra la evasión se centra en estas últimas categorías de evasores, sería enteramente justo desde un punto de vista social y económico.Pero es una lucha difícil, por cuanto ellos son poderosos y tienen muchos mecanismos de ocultamiento y de defensa de su accionar.
Si la lucha se centra en los protagonistas del comercio callejero o de los artesanos de barrio, y logran hacer que todos ellos paguen el IVA e incluso los gastos previsionales del personal que con ellos trabajan, lo más probable es que conseguirán vistosas pero tristes victorias: el pago de impuestos sacará a muchos de la competencia y del acceso al mercado que hoy en día abastecen, y pasarán a engrosar las filas de la cesantía. Los informales son aproximadamente 2.6 millones de personas en todo el país, el 28 % de la población ocupada, según cifras del INE, y no es fácil encontrar para ellos otras fuentes de trabajo y de ingresos. Además, su público es en alta medida el sector de menores ingresos, que encuentra en ese comercio callejero mercancías más a su alcance que en los grandes centros comerciales. El comercio callejero es, por lo tanto, comercio de pobres para pobres, todos ellos sin organización sindical ni santo que los proteja. Los escasos logros que se puedan lograr en el combate a la informalidad en ese sector no generarán grandes ingresos fiscales, pero sí incrementarán los precios y la cesantía. No son ellos los enemigos del progreso en este país, sino las víctimas de un tipo particular de modernización excluyente y concentradora.
Ojalá que nuestras autoridades tengan buena puntería y no disparen contra los sectores más vulnerables, sino que se concentren en la caza mayor.
El año 2023, el Instituto Igualdad cumplió 20 años desde su creación por el Partido Socialista de Chile. Durante este tiempo ha desarrollado innumerables actividades en distintas áreas temáticas, regiones e incluso países, con el propósito de contribuir a la reflexión, el debate, la generación de ideas, y la formación política del mundo socialista chileno en torno a los desafíos para una sociedad más igualitaria, justa y democrática.
El presente Boletín 26 de Indicadores Económicos del Chile Actual, editado por el Programa de Economía del Instituto Igualdad, contiene información hasta el mes de junio del año 2024, inclusive, en la medida en que la publicación de los datos estadísticos correspondientes por parte de organismos oficiales así lo permita.
El presente Boletín 25 de Indicadores Económicos del Chile Actual, editado por el Programa de Economía del Instituto Igualdad contiene información hasta el mes de mayo del año 2024, inclusive, en la medida en que la publicación de los datos estadísticos correspondientes por parte de organismos oficiales así lo permita.
Por Jaime Esponda
Desde hace años Chile es objeto de admiración por la comunidad académica internacional, debido a que, junto con Ecuador, Hong-Kong, Nueva Zelanda y Uruguay, es uno de los países que marcan el mayor progreso en el reconocimiento de derechos políticos a los extranjeros con residencia establecida, otorgándoles derecho a sufragio en elecciones generales, cualquiera sea su nacionalidad[1]. Este progreso nacional se anticipó al avance de la teoría que fundamenta la ciudadanía no solo en la nacionalidad sino, también, en la pertenencia a un país, y a la actual reflexión política y jurídica que cuestiona los fundamentos de una exclusión que desconsidera los vínculos efectivos que los extranjeros establecen con el presente y el futuro del Estado de residencia. En el curso de esta reflexión, varios autores estiman que, en el siglo XXI, el peso de la globalización, los flujos migratorios y la internacionalización del Derecho determinan que la exclusión política de los extranjeros sea un anacronismo y que se debe concebir al pueblo integrado por la totalidad de las personas “que participan en la relación jurídica que surge con la residencia en el territorio”[2], hasta el punto que Habermas, pensador destacado en esta reflexión, sostiene que las sociedades políticas de cada uno de los Estados europeos se convertirán en “sociedades postnacionales”[3].
Como tantas veces ha sucedido en la historia del Derecho, este ejercicio que desarrollan académicos y grupos de expertos en migración no ha franqueado aún la mente de los parlamentarios ni de los gobernantes. Por ello, el Estado de Chile ha sido particularmente destacado por varios autores como “el ejemplo más significativo, caminando por una vía muy distinta de la que habitualmente se considera como adecuada (…) y logrando un contenido actual e inclusivo del concepto de ciudadanía (…) que diferencia expresamente entre nacionalidad y ciudadanía”[4].
Esta fama vanguardista de la democracia chilena arranca desde hace un siglo, cuando la Constitución Política de 1925 otorgó derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros que hubiesen residido cinco años en el país[5]. Nueve años después, mediante la Ley N° 5.357, se materializó el primer registro electoral de los foráneos mayores de edad. En aquella época, los habitantes de nacionalidad no chilena apenas alcanzaban el 2,5% de la población[6], de modo que fue más relevante la significación política de la medida que su real impacto en las elecciones comunales.
Es casi alucinante que la Constitución aprobada en dictadura haya extendido el derecho de sufragio de los extranjeros “avecindados por más de cinco años” a todas las elecciones nacionales[7]. Que en las circunstancias políticas de 1980 se haya dado ese paso habla de cuan fuerte era la impronta doctrinaria que había hecho de Chile una vanguardia en la materia. Esta norma constitucional favorece hoy a 676.028electores extranjeros, que comprenden el 4.4% del padrón nacional,[8] cuyos cinco años de avecindamiento se cuentan desde que la persona hubiese obtenido residencia temporal, no necesariamente la residencia definitiva[9].
Por cierto, la discusión legislativa a la que con tristeza hemos asistido en los últimos días, cargada de argumentos pedestres que llevan al extremo la politización del fenómeno migratorio, ha estado muy lejos de considerar aquella tradición histórica y, menos aún, el debate académico actualmente en curso, a que hemos hecho referencia.
Con su propuesta de exentar de multa la no concurrencia al sufragio “obligatorio” de los ciudadanos chilenos, el Ejecutivo parecía desconocer que la coactividad, esto es, la amenaza de sanción por el incumplimiento de la norma jurídica imperativa constituye una característica esencial del Derecho. La UDI no encontró mejor oportunidad para, recordando a Burdeau, acusar al gobierno de incurrir en fraude a la Constitución[10]. Luego de caer en cuenta de su error, el gobierno, mediante un veto, repuso la multa para los infractores de nacionalidad chilena, liberando de sanción a los electores extranjeros. Esta vez, el Ejecutivo aplicaba correctamente la Constitución, pero la oposición, lejos de reconocerlo, puso el grito en el cielo, sin importarle si su protesta se adecuaba o no al texto constitucional.
Tal discordia legislativa es demostrativa del grado en que el fenómeno migratorio se ha convertido en materia de propaganda política y cálculo electoral. La oposición ha amenazado con detener todo avance en las reformas pendientes, como la previsional, si el gobierno no modifica el último veto, y el partido Republicano gallea con una acusación constitucional contra el Presidente de la República. Y mientras parlamentarios oficialistas ensayaban argumentos artificiosos, como expresar “miedo de que se empuje a votar (a los extranjeros) por determinados grupos criminales” (sic)[11], la Moneda, guiada por el pragmatismo legislativo, anunció un proceso de conversaciones para “construir un acuerdo mayoritario (…) que permita que el proyecto sea aprobado”[12]. Hasta el cierre de esta columna, aun no conocemos el resultado.
En estas mismas semanas, un grupo de senadores socialistas presentó un proyecto de ley destinado a restringir el derecho a sufragio de los extranjeros, mediante el cual se establece que los cinco años de avecindamiento se contabilizarán desde que obtengan la residencia definitiva y no la residencia temporal, como ocurre actualmente. Aunque esta iniciativa parece ser lógica, la suspicacia nacional podría también, atendiendo a la oportunidad de la misma, atribuirla a interés de los parlamentarios en exhibir ante la ciudadanía una mirada crítica hacia las migraciones. Y no suspicacia, sino solo sentido común, se requiere para adivinar la intención de los diputados Cicardini y Manouchieri, ambos descendientes de migrantes, al presentar un proyecto de ley para suprimir de plano el derecho a voto de los extranjeros[13], retrotrayendo la normativa a la existente en 1979, antes de la aprobación de la Constitución de Pinochet.
Junto a los derechos políticos, el régimen de nacionalidad también se ha constituido en escenario de esta competición. Al respecto, ha sido el propio gobierno que ha propuesto, mediante indicaciones a un proyecto que modifica el régimen de nacionalidad, la ampliación del plazo de residencia requerido a los extranjeros para poder optar a la carta de nacionalización, de cinco a diez años, y la supresión del derecho de los migrantes que tienen familiares chilenos a optar en menor tiempo a dicha carta[14].
Lo que se espera del debate parlamentario es, en lo mínimo, adecuación a la Carta Fundamental. Tal como hemos indicado, suprimir toda sanción a los nacionales que no sufraguen importaría una desviación constitucional que haría del voto “obligatorio” una ilusión. Por otra parte, aplicar una multa a la abstención de los extranjeros, cuyo sufragio, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, es voluntario importaría también una infracción constitucional. Hay quienes acusan una contradicción entre esta norma y la regla general del artículo 15, que restauró el sufragio obligatorio. Lo hacen invocando el criterio cronológico, según el cual cuando existe contradicción entre dos disposiciones del mismo nivel jerárquico impera la más reciente, y de ello desprenden que aquella obligación incluiría a los extranjeros. A nuestro juicio no existe contradicción entre las señaladas normas, sino solo una relación contextual que ha de ser resuelta aplicando el criterio de la especialidad, según el cual la norma especial, que concede el voto voluntario a los extranjeros, prima sobre la regla general que consagra el voto obligatorio. Si así se resolviese, el país no estará sino ratificando la diferenciación entre los derechos políticos de ambas categorías de personas, que acumula un siglo de tradición histórica.
En consecuencia, las alegaciones de “discriminación arbitraria” entre nacionales y extranjeros, como la formulada por un senador[15], carecen de asidero en la teoría jurídica y, también, en la Convención de San José de Costa Rica[16], según la cual el Estado de Chile está autorizado para introducir aquella distinción.
Aunque todos los actores políticos han alegado ausencia de cálculo electoral en sus diversas iniciativas y opiniones, la veleidad y debilidad jurídica de gran parte de sus argumentos otorga razones para inferir lo contrario. Desde luego, aplicando un criterio pragmático, existe un pronóstico compartido, aunque eventualmente errado, según el cual, en las próximas elecciones, los ciento setenta mil nacionales de Venezuela optarían preferentemente por la oposición, de modo que el voto voluntario, que favorecería su abstención, perjudicaría a la derecha, la misma que ha levantado un relato anti migrante y conducido a parte de la población chilena a identificar migración con delincuencia. Su razonamiento ha sido, incluso, cogido por el Servicio Jesuita a Migrantes, que criticó la pretensión de “hacer una diferencia respecto a la obligatoriedad del sufragio«[17] y sostuvo que “no debe haber una sanción distinta para una persona extranjera que para una chilena”[18].
Es lamentable que, respecto a las migraciones, la discusión no esté centrada, con sentido de Estado, en la adopción de una decisión estratégica sobre la magnitud y características “de los permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica determinada”[19], o en definir la más eficaz gestión intergubernamental del dramático éxodo desde Venezuela, el mejoramiento del control de la frontera y el fin de la irregularidad de doscientas mil personas, como forma de enfrentar con mayor fortaleza la situación de seguridad, incorporándolas a la legalidad y el trabajo formal.
Por el contrario, en un extremo del arco político, los mismos que avivan el discurso xenófobo aseguran defender a los migrantes mediante la imposición de multas electorales. Mientras, del otro lado, con un cierto resquemor y sin dar el único paso eficaz para la solución de la crisis migratoria, consistente en una regularización como las que impulsó el presidente Piñera, se promueven iniciativas que, justas o injustas, significan restringir derechos de los extranjeros residentes. Y de ambos lados, los argumentos son poco sustanciales.
Es de esperar que, superado este período electoral, pudiese instaurarse un debate nacional de altura, para trascender la actual crisis y mirar con realismo y justicia el futuro de un fenómeno sin retorno, como son las migraciones internacionales. Quizá una iniciativa universitaria pudiese ayudar a hacerlo realidad.
[1] Esponda, J. “El Derecho de sufragio de los inmigrantes, próxima fase en la evolución de los derechos políticos”. XXIV Jornadas de Derecho Público. Santiago, 2013, Ediciones Derecho UC, p.p.189-203.
[2] Margalit, A. La Sociedad Decente. Barcelona,1997. Paidos. P.18
[3]Habermas, J. Identidades Nacionales y Postnacionales. 1998, Madrid. Editorial Tecnos, p.15
[4] Chueca, A. y Aguelo P. El derecho de voto de los extranjeros en España en perspectiva europea. 2009 Barcelona, CIDOB ediciones, p.11.
[5]Constitución Política de Chile, 1925, artículo 104, inciso segundo.
[6] República de Chile, Oficina Nacional de Estadísticas, X Censo Nacional de Población, 1930.
[7] Constitución Política de la República de Chile, 1980, artículo 14.
[8] En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Arica-Parinacota y la Metropolitana, los extranjeros representan, respectivamente, 13.7%, 12,4%, 8% y 7,6% del padrón electoral. Fuente: SERVEL, 2024.
[9] Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, artículo 174.
[10] https://www.adnradio.cl/2024/07/15/.
[11] Senador José Miguel Insulza. https://www.futuro.cl/2024/07/23.
[12] Ministro Álvaro Elizalde. La Tercera, 19.07.2024
[13] https://www.diarioeldia.cl/noticias/2024/07/16
[14] https://www.camara.cl/cms/gobierno-interior, 09.07.2024.
[15] Senador M. Walker, La Tercera, 22.07.2024.
[16] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23 N° 2.
[17] Directora nacional del SJM. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2024/07/15
[18] Director de Incidencia y Estudios del SJM https://www.infinita.cl/entrevistas/2024/07/1
[19] Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, artículo 162.
Por Rubens Francois, Economista
La democracia en estos tiempos ha mostrado una fuerte tendencia a dispersar y debilitar el poder que debería tener la ciudadanía, concentrándose el poder en fuerzas políticas allegadas a las oligarquías. Así, las derechas políticas en todas las latitudes postulan que en este momento se necesita gobiernos fuertes y una centralización del poder que garantice enfrentar las próximas crisis que son vistas por éstos, fundamentalmente, como debilidades y falta de autoridad para defender la libertad y los valores de occidente.
Para otros, sin embargo, con mirada progresista, las crisis que efectivamente están impactando al planeta y que no encuentran suficiente apoyo global son la desigualdad, la concentración de la riqueza, el cambio climático, las migraciones, la pobreza extrema, el narcotráfico, la corrupción, la destrucción del planeta y la geopolítica dominada por los países que se disputan el control de la economía mundial y que están dispuestos a modificar el mapa territorial del mundo mediante la guerra para lo cual disponen de una lucrativa industria militar que se desarrolla a la par con la industria de las tecnologías de última generación.
La globalización fue la respuesta y la opción dominante para el desarrollo económico con una plataforma capitalista que ha mantenido vigente el modelo neoliberal, donde la industria manufacturera se sitúa en los países de mayor productividad y el resto principalmente como proveedores de materias primas y mano de obra barata.
Hoy, se han acumulado muchos problemas originados por un desarrollo económico desigual y excluyente que abren mayores brechas entre países ricos y países pobres y dentro de ellos diferencias entre sus habitantes que alejan a los más ricos del resto de la sociedad en el acceso a un mejor bienestar y los más pobres van quedando sin esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
El descontento popular y la irrupción de levantamientos sociales resultante del tipo de desarrollo descrito han permeado una estrategia que comienza a mirar hacia adentro de los países más que a repetir las experiencias que ha dejado la globalización. Muy probablemente lo anterior ha ido derivando en fenómenos que se encaminan a generar nacionalismos, populismo, desmembramiento del orden mundial, inoperancia de la ONU, guerra comercial entre los países más industrializados, proteccionismo, uso de estricciones y castigo económico contra países alineados con unos u otros.
Para EE.UU. una amenaza que menoscaba su liderazgo es el avance de China en el comercio internacional y de ahí su dilema fundamental, proteccionismo o libre comercio en un modelo globalizado. Por otro lado, los programas transformadores de naturaleza estructural no han podido derribar muros por la vía democrática. La democracia no ha podido contra la acumulación de la riqueza y contra el poder de facto que ejerce en la sociedad la clase oligárquica.
El peligro para la democracia
Si en democracia los países no han logrado justicia, igualdad, paz social y la libertad no es igualmente válida para todos sus habitantes. Y, si en democracia no funcionan instituciones que se han creado para garantizar esos principios, entonces, la democracia pierde credibilidad y vigencia, generándose un vacío valórico, ideológico e institucional que da paso a cualquier aventura liderada por cualquier líder mediático.
Pareciera que la democracia debe renacer, refundarse, ponerse de una vez al lado de los ciudadanos que no solo habitan en un territorio o país, sino también son parte integrante del ecosistema del mundo entero y de un planeta que está dando muestras de un término apocalíptico en un plazo acotado si no actuamos a tiempo.
Cómo vestimos al gato para que parezca perro, es un poco lo que sucede en esta crisis social y política al tratarvestir la democracia y también el socialismo. No es posible disfrazar la realidad, es preciso enfrentarla, conocerla, involucrase para comprender y mejorar lo que nos empequeñece como seres humanos. En ello la información, el conocimiento científico, la reafirmación de los derechos humanos y de la naturaleza en un proyecto común de futuro compartido es el principal desafío en este punto de extremo conflicto, anomia y entropíasistémicas.
Uno de los peores enemigos del pueblo es la ignorancia, especialmente, cuando la educación no está orientada a la transformación para mejorar la calidad de vida en la sociedad. La segmentación de la educación conduce a una educación privada, cara y supuestamente de alta calidad para una élite que con más certeza ocupará los niveles directivos de la sociedad y una educación pública que en muchos países cada día dispone de menos recursos y que no logra preparar ciudadanos ni trabajadores calificados para enfrentar el mundo del futuro. La brecha que implica esta segmentación tiende a mantener el sistema social y a consolidarlo.
Un mecanismo perverso
La movilidad social en países con el predominio del poder de las oligarquías se transforma en un lento y penoso proceso que al no conseguir una mayor equidad y justicia social está acabando con revueltas o estallidos sociales que no siempre logran el propósito de conseguir los cambios requeridos ni satisfacer las demandas sociales.
Este proceso de freno a los cambios se ha transformado en un mecanismo perverso al asociar la violencia a la protesta y a las movilizaciones sociales. No se hacen cambios porque – se convence a la gente de que – conducen a la división y a la violencia. Contrariamente, sin embargo, al no llevar a cabo esos cambios se estimula la movilización y la revuelta social.
El desarrollo de las fuerzas productivas y el poder concentrador de riqueza y destrucción que ha llegado a generar el capitalismo en su actual arquitectura ha predominado y ha sobrepasado lo que ha sido y aportado el desarrollo de las organizaciones sociales y las instituciones creadas para proteger los DDHH, la paz y la igualdad social. La democracia tal como ha funcionado hasta ahora, no ha logrado revertir esta contradicción, peor aún, en nombre de esa democracia se sepulta la paz para permitir que la fuerza resuelva los conflictos.
Despejar la complejidad del modelo político que conduzca a cambios significativos sin violencia es el desafío del progresismo. Lo que parece dramático es que no se acepte el diálogo y el consenso para avanzar y construir un mejor país, siendo igualmente válido que, sin respaldo social, sin la participación ciudadana no será posible conseguirlo. La educación política y ética es lo quepermitiría dar el primer paso y es tarea de los partidos políticos llevarla a cabo para entregar a la gente información y conocimiento validados, como también la convicción y la manera de lograr la transformación de la sociedad construyendo una democracia que no quede expuesta ni vulnerable a ser degradada por el poder de las oligarquías.
