Por Rodrigo Muñoz, Secretario Internacional juventud socialista.
En los próximos meses, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores deberá ingresar al Congreso Nacional el Acuerdo Transpacífico –mejor conocido como TPP– para la ratificación de lo suscrito en febrero de 2016 en Nueva Zelanda con los demás 11 países que forman parte de él. Desde el inicio de las conversaciones, en 2010, se ha pronosticado una dura discusión legislativa y en la sociedad civil respecto de los costos y beneficios de su aprobación para el país, a pesar de la consolidada política de apertura comercial e inserción en los mercados mundiales que han tenido nuestros Gobiernos posteriores al retorno a la democracia.
Para comprender qué significa para Chile el Tratado, es necesario tener en cuenta el contexto internacional de su origen. Tras la paralización de las negociaciones multilaterales posteriores a la Ronda de Doha (2001) en la Organización Mundial de Comercio, y con el auge del bilateralismo en las relaciones económicas mediante los Tratados de Libre Comercio, algo en lo que Chile puede dar cátedra tras 24 acuerdos comerciales firmados con más de 50 países, se dio paso en el concierto internacional a las negociaciones de pactos regionales como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica –P4, del que forma parte Chile–, la Asociación Económica Regional Integral –RCEP, por sus siglas en inglés– o la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión – TTIP, ídem anterior–.
Es justamente la consolidación del proceso iniciado por el mencionado P4, al alero de la APEC, con la suma de Australia, Estados Unidos, Perú, posteriormente, Malasia, Vietnam, Canadá y México, y finalmente Japón, que nace TPP. De él forman parte países con una alta heterogeneidad entre sí, tanto en sus niveles de ingresos, estructura económica, formas de organización política, construcción de sociedad, entre otros. Esa característica de ser países con poca afinidad implicó que aquello que fue vendido durante las negociaciones como “el” acuerdo del siglo XXI, no estableciera materias y regulaciones radicalmente distintas de acuerdos ya existentes. En ese sentido, pareciera más bien propender a una estandarización sobre la base de los TLC que ha suscrito EE.UU. que a generar novedades.
En lo relativo a Chile, este acuerdo ha traído dudas, partiendo de la base que nuestro país ya ha suscrito convenios bilaterales con todos los miembros de TPP. Desde Cancillería, sin embargo, se ha sostenido que, a pesar de ello, significaría avances para los exportadores por el acceso agrícola, agroindustrial y forestal a los mercados japonés y canadiense, en compras públicas de Perú, Vietnam o Malasia, y que la carne de cerdo, bovina y cítricos se verán favorecidos. No se modificaran de forma indirecta las reglas establecidas en el TLC con EE.UU., imponiendo aquel como el piso mínimo de negociación chilena (lo que solo evidencia, una vez más, la propensión a la estandarización estadounidense). Y, junto con lo anterior, se establecerían avances en asuntos no arancelarios como empresas estatales, coherencia regulatoria, PYMES y normas anticorrupción.
Ahora, en un sentido económico, mientras no se tenga claro cuáles serán los costos del TPP, especialmente para nuestras regiones, los beneficios se tratarían de ventajas meramente marginales, las que dependerán de la capacidad de los empresarios para hacer uso del acuerdo, capacidades que, generalmente, dependen del incentivo que da el Estado. A la vez, esta profundización de la apertura económica implica necesariamente una mayor exposición a las crisis y recesiones por la globalización de nuestras relaciones, dado el carácter de país exportador de materias primas, algo que solo fortalece una noción que nos condena al subdesarrollo, como es la dualidad entre el centro industrial y hegemónico y la periferia agrícola y subordinada.
No se ha sopesado bien la influencia de la contradicción con la política de “vuelta al barrio” promovida por el programa de la Nueva Mayoría con la adhesión al TPP, como tampoco las posibles rencillas con bloques comerciales o políticos en los que está involucrado Chile, tales como Mercosur, Unasur, Celac, Alianza del Pacifico, y los aliados estratégicos regionales como Brasil o Argentina, además de eventuales conflictos con el principal socio comercial, China, entre otros.
También debe colocarse en la mira las ventajas comparativas que pueden tener los demás países socios respecto de la tecnología y producción de ciertos bienes y servicios, y su relación con un mayor desempleo (y potenciales desamparos) en algunos sectores productivos del país, dado que EE.UU. y Japón concentran la exportación de 50% de los bienes y más de 2/3 de los servicios en la zona (Ensignia, 2016).
Del mismo modo, en un sentido político, el Tratado ha traído cuestionamientos por la transparencia de las negociaciones por organizaciones de la sociedad civil. Si bien en anteriores procesos nunca habían sido conocidos textos de acuerdos en forma previa, la participación meramente informativa mediante el Cuarto Adjunto no fue suficiente. Desde algunos sectores eso dio pie a críticas que no solo van dirigidas a los posibles intereses corporativos asociados, sino a la forma en que se práctica el libre comercio en Chile y al rol que juega el país en la gobernanza internacional. Incluye esto un problema de deliberación política, dado que, si el Congreso Nacional llegara a demorarse en la votación, el acuerdo podrá regir de todas formas si al menos seis países que representen el 85% del PIB combinado de los países firmantes lo han hecho en forma previa a 2018, previéndose una discusión deficiente al calor de urgencias legislativas o que simplemente ella devenga en irrelevante.
Finalmente, no se ha sopesado bien la influencia de la contradicción con la política de “vuelta al barrio” promovida por el programa de la Nueva Mayoría con la adhesión al TPP, como tampoco las posibles rencillas con bloques comerciales o políticos en los que está involucrado Chile, tales como Mercosur, Unasur, Celac, Alianza del Pacifico, y los aliados estratégicos regionales como Brasil o Argentina, además de eventuales conflictos con el principal socio comercial, China, entre otros.
Todo lo anterior es sin considerar elementos cuestionables del TPP, tales como el régimen de inversión extranjera y el concepto de “protección suficiente” por parte de los Estados; el capítulo de medioambiente y laboral se remite a normas generales, renovando la obligación de aprobar el convenio UPOV 91; en lo relativo a propiedad intelectual está el problema con fármacos y los derechos de autor; y en cuanto al comercio electrónico se encuentran las transferencias transfronterizas de información y la protección de datos personales.
Por tanto, si económicamente no nos es seguro que sea rentable y políticamente no es inequívoco que nos sea conveniente, la conclusión es que, ante altos costos y pocos beneficios, nuestros congresistas opten por el rechazo a la ratificación del Acuerdo Transpacífico.