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Uno de los componentes más relevantes del discurso excepcionalista sobre la historia de Chile dice relación con su estabilidad institucional. Dicha visión aún se encuentra presente en diversos círculos intelectuales e incluso podríamos aventurarnos a sostener que tiene un carácter hegemónico en la sociedad. Según este pensamiento, en gran parte heredero de la historiografía nacionalista-conservadora, la constitución de 1833, en cuanto legado institucional de las administraciones peluconas, ha pasado a ser visto como un ejemplo de permanencia y estabilidad. Dicho planteamiento ha llegado a ser considerado una suerte de lugar común por los más diversos sectores, incluso por muchos elementos de la izquierda, quienes lo han incorporado en su discurso. En la actual discusión constitucional, uno de los argumentos más recurrentes en contra la generación de una nueva constitución, apunta precisamente a sostener que la creación de una Asamblea Constituyente o una transformación radical en la Carta Fundamental, apartarían a Chile de dicha trayectoria excepcional, acercándolo a una realidad latinoamericana que supuestamente le sería ajena.
Sin embargo, un análisis de la historia del siglo XIX que abandone dichas categorías míticas, nos muestra una realidad distinta. En efecto, gran parte de su período de vigencia, la Constitución de 1833 fue fuertemente cuestionada. En algunos casos se realizaron llamados y acciones destinadas a cambiarla a través de una Asamblea Constituyente, y en otros cosas se apuntó a reformarla de una manera tan profunda, que quedaba absolutamente desnaturalizada en relación a las intenciones de sus creadores.
Debemos tener en cuenta que la Constitución de 1833 sufrió críticas de parte de sectores liberales, derrotados tras la Guerra Civil de 1829-30. Sin embargo, dichos elementos permanecieron en una relativa marginalidad política, la que recién comenzó a ser revertida hacia fines de la década de 1840, cuando las defecciones del peluconismo, sumadas a la incorporación de una joven generación de intelectuales, dieron un nuevo impulso al Partido Liberal. Hacia inicios de la década de 1850, dichos sectores, organizados en el Club de la Reforma, apuntaron a reformar la carta fundamental. Si bien no renegaron de su legitimidad, sostuvieron que la Constitución, en Palabras de José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz, “ha hecho ya su tiempo y que por tanto debe reformarse”, enfatizando la necesidad de disminuir autoridad presidencial y a descentralizar la administración. Al poco tiempo, la Sociedad de la Igualdad replicó estas críticas, profundizándolas y llegando a oscilar entre los llamados a la reforma y a la sustitución la carta. Dicha postura se radicalizó tras las elecciones del año 1851, cuando el general José María de la Cruz, un militar de trayectoria pelucona, representante de los intereses políticos de Concepción y apoyado coyunturalmente por los liberales, perdió la elección presidencial levantando en armas a Concepción contra Santiago y siendo secundado por La Serena. En ambas ciudades, los rebeldes negaron la legitimidad de la Constitución realizaron llamados a elegir representantes para la organización de una asamblea Constituyente.
Durante el segundo quinquenio del gobierno de Manuel Montt, la oposición organizada en la Fusión Liberal-Conservadora volvió a cuestionar la legitimidad de la Constitución de 1833. Esto lo hicieron denunciando su origen, el que fue señalado como el fruto de un golpe de fuerza, y su capacidad de permitir el ejercicio de prácticas autoritarias. Así, importantes sectores de dicha oposición, en especial juveniles, transformaron a la asamblea constituyente en su principal bandera de lucha, creando periódicos e instancias de reunión política con dicho nombre durante el año 1858. Al poco tiempo, al producirse el levantamiento de Copiapó de enero de 1859, que llevaría al estallido de la guerra civil, los insurgentes sostuvieron que su principal meta sería la instauración de una Asamblea Constituyente.
Con posterioridad, desde la década de 1860, diversos sectores reformistas apuntaron a transformar radicalmente la Constitución de 1833. Sin embargo, lo hicieron evitando cuestionar su legitimidad. Dicha estrategia se justificó haciendo alusión a una interpretación “parlamentarista” de la Carta de 1833, la que interpretó a las diversas instancias en que el presidente requería de la anuencia del Congreso, especialmente las “leyes periódicas”, como evidencias del carácter parlamentario de la Constitución. Este escenario facilitaba el avance hacia las medidas antipresidencialistas presentes en la agenda política opositora, presionando al Ejecutivo para instalar gabinetes de la confianza del Congreso. Fue bajo este contexto que, a lo largo de las décadas de 1870 y 1880, se aprobaron diversas reformas constitucionales, cuyo principal fin fue disminuir la autoridad presidencial, destacando las impulsadas por un nuevo Club de la Reforma en 1874. No es de extrañar, que en el estallido de la Guerra Civil de 1891, los parlamentaristas se levantaran sosteniendo que defendían el “espíritu” de la constitución de 1833, una carta fundamental que en sus orígenes había tenido un carácter marcadamente presidencialista y autoritario.
El recorrido anterior evidencia como durante gran parte de la vigencia de la carta fundamental de 1833 hubo un constante malestar constitucional. En este sentido, los afanes de los constituyentes de 1833 fueron severa y constantemente debatidos por generaciones políticas posteriores. Dichos cuestionamientos transitaron entre la negación radical de la legitimidad constitucional, con el consecuente llamado a la realización de una asamblea constituyente, y los afanes de reforma dentro de la propia Constitución, pero con una agenda extremadamente profunda de transformaciones. También cabe señalar que el problema constitucional tuvo un importante poder de movilización, convirtiéndose en uno de los principales elementos de las luchas políticas del siglo y en uno de los motivos por los cuales las élites políticas llegaron a recurrir al uso de la violencia.
Sin embargo, del análisis de las fuerzas políticas y de la agenda de transformaciones propuestas por los sectores proclives al cambio constitucional en el siglo XIX también pueden extraerse reflexiones provechosas. En efecto, si bien las reivindicaciones de los elementos reformadores a lo largo del todo el período abordado aspiraron a imponer una agenda antiautoritaria y descentralizadora, en muchos casos esta apuntó a reforzar el poder político que las élites sociales ejercían en las localidades y a evitar que el Estado asumiera nuevas funciones. Así mismo, dicha reivindicaciones estuvieron acompañadas de fuertes críticas a la incorporación de sectores sociales ajenos a la elite, especialmente mesocráticos, en una lógica que apuntaba a mantener y reforzar un gobierno de tipo oligárquico. Esto nos muestra cómo junto con ocuparse de los problemas derivados de la legitimidad de origen, un proceso constituyente debe instalar con claridad los objetivos programáticos a que apuntaría el cambio constitucional. De la misma manera, debe hacer consciente a sus promotores de como el carácter de los grupos sociales y sectores políticos que lo apoyan, además de sus estrategias de movilización, marcarán las características que este alcanzará. En este sentido, la apelación a la legitimidad de origen, si bien es necesaria, no es suficiente para garantizar un contenido “progresista” en una Constitución.