Entre el 21 y 23 de octubre, se efectuó en Ciudad de México el VI FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA, un espacio de análisis y discusión sobre los retos de los sistemas políticos en los países de nuestro continente.
El encuentro internacional fue organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional Electoral de México, entre otras instituciones.
Entre los expositores estuvieron presentes el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; y los ex mandatarios de Costa Rica y Colombia, Laura Chinchilla y Andrés Pastrana, respectivamente. En representación de Chile fue invitado el presidente del Instituto Igualdad, Alvaro Elizalde, cuyo discurso sobre “Mecanismos para la viabilidad de la democracia en contextos de desigualdad” presentamos a continuación.
El origen social de las personas determina su influencia política
Quisiera partir con una cita de Augus Deaton, reciente Premio Nobel de Economía, que señala: “mientras más extrema es la desigualdad económica, mayor es el riesgo para la democracia”.
Desafortunadamente, América Latina es el continente de la desigualdad. Si uno compara el país de la región con menor inequidad de ingresos, éste sigue siendo más desigual que los países de Norteamérica (excluido México), de toda Europa, y muchas naciones de Asia e, incluso, África.
Además, se trata de un fenómeno multifacético, que no sólo se expresa en una pésima distribución de la riqueza, sino también, se refleja en relaciones sociales asimétricas.
La desigualdad se manifiesta, prácticamente, en todos los aspectos de la vida: en el acceso a la salud, a educación de calidad, a la tierra, a los servicios públicos, al crédito y al mercado laboral formal, entre otros múltiples ejemplos. Más aún, y esto es lo más preocupante, se expresa en la participación y en el poder político, lo que da cuenta de un déficit democrático. El origen social de las personas determina su influencia política.
Por ello, se requieren mecanismos que corrijan estas distorsiones, para promover mayores grados de equidad en la política. Es necesario resolver la desigualdad social, para tener una mejor democracia y, por tanto, la democracia se debe hacer cargo de los problemas de desigualdad.
Latinoamérica ha dado pasos sustantivos para reducir de forma significativa la pobreza y la indigencia, con especial énfasis en las últimas décadas. Los resultados están a la vista. Sin embargo, ha surgido una nueva clase social, los no pobres vulnerables, susceptibles de caer nuevamente en la pobreza ante los avatares de la economía.
Los resultados exitosos de estos esfuerzos abrieron un camino de esperanza para amplios sectores excluidos, a través de políticas públicas que superan con creces la reductiva mirada economicista que apuesta, exclusivamente, a las virtudes intrínsecas del crecimiento y su efecto derivado de “chorreo”.
Por el contrario, para reducir la pobreza, las iniciativas gubernamentales exitosas se han expresado a través de un incremento del gasto social con intervenciones que han tenido una cobertura más amplia y ambiciosa.
En este marco, se han promovido Programas de Transferencias Condicionadas; se ha aumentado la inversión en infraestructura social básica, con prioridad en salud y educación; se han intensificado los traspasos monetarios a los más pobres, para generar un ingreso mínimo de subsistencia en los hogares; y se ha creado una nueva institucionalidad y ministerios especializados en la superación de la pobreza, lo que ha contribuido a una mayor profesionalización de la gestión social pública.
Pero, desafortunadamente, la desigualdad se ha mantenido y en algunos países, incluso, ha aumentado. Estamos frente a lo que podríamos denominar la paradoja latinoamericana. En qué consiste esta paradoja?
Las sociedades de nuestro continente reclaman contra la inequidad y sus sectores dirigenciales utilizan, sistemáticamente, una retórica política que reivindica mayores grados de igualdad social. Pero, esa retórica es, muchas veces, puramente declarativa, porque no va asociada a políticas públicas consistentes y sostenidas en el tiempo.
Sin duda, ésta es la gran paradoja de nuestro continente, que, además, va acompañada por el espejismo de los promedios, ya que las grandes cifras son buenas, pero cuando se llevan a las personas dejan de ser tan positivas. El mejor ejemplo es el ingreso per cápita, que ha aumentado en América Latina, generando el espejismo de creer que todos están mejor, en circunstancias que hay sectores que se mantienen rezagados. Y esto se traduce, también, en un déficit democrático, lo que es un círculo vicioso.
Esta es la paradoja de nuestra región.
La pregunta que surge, por tanto, es ¿qué debemos hacer para enfrentar la desigualdad?
Primero, debemos reducir la inequidad en el acceso a los activos productivos. Por ejemplo, otorgando a todos el derecho a recibir educación de calidad, promoviendo el acceso a la tierra, o fortaleciendo el desarrollo integrado de la infraestructura. (no se si se entiende mucho esta frase para un lego en la materia)
Segundo, se requiere de una administración macroeconómica estable y responsable que evite el impacto regresivo de las crisis económicas. Para ello, debemos disminuir los riesgos a través del fortalecimiento institucional y regulatorio. Además, en casos de crisis, es necesario reducir la desigual distribución de las pérdidas que, generalmente, afectan a los más pobres, aumentando las brechas de desigualdad.
Tercero, el Estado debe fortalecer su capacidad redistributiva, particularmente, a través de un gasto social eficiente y un sistema tributario de carácter progresivo. Se ha privilegiado la eficacia recaudatoria de los impuestos al consumo, pero no se ha abordado, en lo esencial, aumentar el impuesto a la renta.
Cuarto, se requiere de voluntad política para enfrentar las profundas raíces históricas e institucionales de la desigualdad, que en Latinoamérica se remontan a los tiempos de la colonia. En síntesis, liderazgo político traducido en acción. Eso se puede manifestar en instituciones más integradoras e inclusivas, que destierren la lógica clientelista, para avanzar hacia una gestión pública eficaz, de carácter redistributivo.
En el caso chileno la presidenta Michelle Bachelet, durante su primer Gobierno, sentó las bases de un nuevo sistema de protección social desde la primera infancia hasta la vejez, a través del programa Chile Crece Contigo y de una reforma previsional sustantiva, entre otras iniciativas.
Lo anterior ha ido acompañado de una estricta política de balance estructural en materia macroeconómica, que consiste en que los gastos permanentes del Estado deben ser financiados por ingresos, a su vez, permanentes. Pero esta administración macroeconómica es contra cíclica. Se ahorra en época de bonanzas, para gastar en tiempos de crisis e ir en ayuda de quienes son más afectados. Eso tuvo como resultado la crisis suprime de los años 2008 y 2009.
En su segundo mandato, la Presidenta Michelle Bachéele está impulsando una serie de reformas estructurales, para enfrentar con decisión la desigualdad.
Una de las más emblemáticas es el cambio radical del sistema educacional chileno, cuyo propósito es que la educación deje de ser una causa que perpetúe la inequidad y sea un factor de promoción social. En Chile, ha aumentado significativamente la cobertura escolar y ha disminuido, de manera sustantiva, la deserción escolar. Pero la calidad de la educación no es la misma para todos.
El cambio que impulsa la presidenta Bachelet en esta materia tiene por finalidad elevar los estándares de calidad del conjunto del sistema y fomentar la integración y cohesión social.
La segunda reforma estructural aprobada el año pasado incrementa la carga impositiva de 18 a 21 puntos. Este aumento, que todavía deja a Chile bajo los países de la OCDE, concentra la recaudación en las rentas más altas del país. El Banco Mundial afirma que el 73% del total del aumento, es decir, 7,3 dólares de cada 10 que recibirá el Estado, proviene del 0,1% de los contribuyentes con ingresos más altos.
A todas luces, es una reforma progresiva que, de su sola aplicación (incluso antes del impacto del gasto público que financia) tiene un efecto redistributivo.
La tercera reforma, actualmente en discusión en el Parlamento, se refiere a la modernización de las relaciones laborales, cuyo propósito es generar condiciones para el entendimiento estratégico entre trabajadores organizados y empleadores, de manera de mejorar la productividad y la situación laboral, en particular, las remuneraciones.
La cuarta reforma estructural de la presidenta Bachelet plantea la elaboración de una nueva Constitución para Chile. Una Carta Magna, nacida en Democracia para el Chile del siglo XXI. La semana pasada la mandataria dio a conocer el itinerario institucional para este gran desafío.
Quisiera concluir esta intervención, llamando a enfrentar con decisión la desigualdad. Ese es el principal desafío para América Latina.
Por eso, concluyo con la misma cita del Premio Nobel de Economía, Augus Deaton, con la que inicié mi discurso: “Mientras más extrema es la desigualdad económica, mayor es la amenaza para la democracia”.
Muchas Gracias