Ernesto Águila
En el marco de la Reforma Educacional en curso, el debatido y emblemático proyecto de ley que pone fin al lucro con recursos públicos, al copago y a la selección en los colegios particulares subvencionados ha pasado a su tramitación en el senado. Dada las correlaciones de fuerzas allí presentes tanto entre la Nueva Mayoría y la derecha, como al interior de la Nueva Mayoría, el pronóstico es reservado.
En el léxico popular se ha instalado el término «cocinar» para dar cuenta de un tipo específico de acuerdo que en lo esencial escamotea la voluntad popular y tuerce el sentido de una ley, dejando las cosas más o menos en el mismo lugar. Los mecanismos para ello suelen ser tan eficaces como opacos.
El expediente más común es que junto con aprobar una norma, se cree otra que la neutraliza o la niega. Por ejemplo, se puede poner fin al lucro con recursos públicos, pero a la vez aprobar normas que permitan el arriendo o la subcontratación entre partes relacionadas, o algún otro subterfugio parecido, generando así diversos mecanismos de lucro encubierto (estos ya han sido develados en los casos de lucro en las universidades privadas). Es lo que el sentido común popular denomina “hecha la ley hecha la trampa”.
Una variante de lo anterior es establecer prohibiciones, pero asociarlas a sanciones más bajas que la eventual ganancia que se obtiene al incumplir la ley. Este mecanismo es un clásico en sectores económicos con prácticas de colusión o en ese sofisticado mecanismo de robo a los cotizantes de AFP conocido como «cascada», cuyas elevadas multas están muy por debajo de las ganancias obtenidas. No se entiende por qué los sostenedores educacionales privados que hagan mal uso de los dineros públicos -siempre se podrá distinguir entre una falta y un delito- no debieran tener sanciones ejemplarizadoras. Hacer poco disuasiva una ley es una forma de neutralizarla.
Un tercer mecanismo para hacer ineficaz una ley es no proveer las atribuciones ni los recursos –financieros y humanos- para fiscalizar su cumplimiento. Educación es un sector representativo al respecto. Existen múltiples ejemplos, siendo uno de estos la escasa o nula fiscalización que ha tenido la prohibición de selección hasta sexto básico. Otro subterfugio es lo que ocurre con las llamadas normas transitorias: se fija razonablemente un plazo para la entrada en plena vigencia de una ley, pero luego dichos plazos se van modificando hasta convertir lo transitorio en permanente. Es el caso de la norma que, en 2009, establecía «giro único» para los sostenedores particulares subvencionados dentro de un plazo que se fue ampliando en sucesivas e imperceptibles legislaciones, no siendo efectiva dicha norma hasta el día de hoy.
Legislar es un arte complejo. No basta saber lo que se quiere cambiar sino tener, además, un amplio dominio de todos aquellos mecanismos que pueden hacer que una norma legal solo sea «papel mojado». Se debe reconocer que en este arte la derecha y quienes defienden el statu quo tienen un gran saber acumulado.
