CRISTOBAL VALENZUELA,
Consejero Facultad de Derecho Universidad de Chile. Investigador Jurídico, Instituto Igualdad.
La llamada transición democrática chilena tuvo dos características fundamentales. En primer lugar, la democracia era muy limitada en cuanto a los actores que en ella participaban. El amplio bloque social que se movilizó para acabar con la dictadura fue suplantado por un pacto tácito entre la élite, siendo ésta la única que definía el rumbo del país. La segunda característica, relacionada directamente con la anterior, es el consenso neoliberal, es decir, la élite gobernante no difiere sustancialmente entre ella en cuál es el modelo económico adecuado para Chile. El clivaje que dividía a la Alianza y la Concertación fue el SI y el NO, pero ese NO concertacionista estuvo lejos de significar una negativa al legado fundamental de la dictadura, sino que fue a sus métodos inhumanos.
Tras largos años de letargo, las movilizaciones estudiantiles del 2011 vienen a sacudir el escenario y cuestionan ambos pilares transicionales: la garantización del derecho a la educación choca contra la garantización que el Estado brinda a empresarios para que puedan hacer negocios con nuestros derechos y, además, amplios sectores sociales marginados del debate democrático vuelven a aparecer en él a través del movimiento social por la educación. Los márgenes de la democracia protegida son desbordados por una democracia de mayor intensidad y el consenso neoliberal comienza a resquebrajarse.
En el movimiento social se instala, entonces, la siguiente encrucijada: marginarse y construir “por fuera” o incidir en el proceso, configurando un escenario propicio para consolidar avances democráticos. Considerar que es posible generar una alternativa con prescindencia de las iniciativas que desde la Nueva Mayoría se emprenden, dada la legitimidadalcanzada por el pacto a través de la elección presidencial, resulta erróneo y supone una independencia total de lo “político” y lo “social”, es decir, que se puede producir una acumulación de poder en lo social sin importar lo que suceda en el campo político. Por el contrario, la alternativa correcta es elaborar una táctica que permita incidir en la política institucionalizada, permeando a esta con la reflexión del mundo social y, con esto, ampliar los márgenes de la democracia chilena en cuanto a contenido y actores que se incorporan.
Este año, entonces, lo que está en juego con la Reforma Educacional es fundamental. Por un lado, se abre la posibilidad de forjar un nuevo ciclo político –anunciado por la Presidenta Bachelet– o, por el contrario, se vuelve a situar el debate público en los márgenes anteriores y la ciudadanía es nuevamente apartada. Influyentes personajes de la ex Concertación han detectado aquello y amenazan con reconstruir el proyecto histórico de la coalición del arcoíris. Por otro lado, un sector de la Nueva Mayoría impulsa alternativas distintas, en la línea de las demandas de los movimientos sociales. Qué sector resulte ganador en esa pugna resulta clave, ya que una opción implica cierre –y statu quo– y la otra apertura hacia un nuevo Chile.
En el movimiento social se instala, entonces, la siguiente encrucijada: marginarse y construir “por fuera” o incidir en el proceso, configurando un escenario propicio para consolidar avances democráticos. Considerar que es posible generar una alternativa con prescindencia de las iniciativas que desde la Nueva Mayoría se emprenden, dada la legitimidad alcanzada por el pacto a través de la elección presidencial, resulta erróneo y supone una independencia total de lo “político” y lo “social”, es decir, que se puede producir una acumulación de poder en lo social sin importar lo que suceda en el campo político. Por el contrario, la alternativa correcta es elaborar una táctica que permita incidir en la política institucionalizada, permeando a esta con la reflexión del mundo social y, con esto, ampliar los márgenes de la democracia chilena en cuanto a contenido y actores que se incorporan.
Una Reforma Educacional que consagre lo que el movimiento social por la Educación ha demandado, es decir, una educación garantizada por el Estado a todos sus ciudadanos, implica dos cuestiones positivas: en primer lugar, reemplazar el paradigma del Estado subsidiario por el de un Estado garante de los derechos sociales y, en segundo lugar, al ser un proyecto construido desde los actores sociales organizados implica cambiar la concepción de nuestra democracia, avanzando desde la democracia protegida hacia una democracia fortalecida y de protagonismo ciudadano.
