Ernesto Águila
La administración municipal de la educación pública, instaurada en 1981, arroja un balance concluyente y desolador: desde ese año a la fecha, la cobertura de la educación pública ha pasado de un 80% de la matricula total a un 37,5%. Año a año se han ido cerrando colegios y liceos públicos. Solo para el año escolar 2013 había 42 establecimientos públicos menos.
El cierre de estos colegios no ha sido objeto de pronunciamiento de parte de las actuales autoridades ni tampoco de las próximas. Se desconoce si a partir de marzo estos seguirán cerrados o se reabrirán. No fue tema de campaña ni está en el programa de la Nueva Mayoría. Si se sabe que el próximo gobierno se ha comprometido a poner fin al actual sistema de administración municipal y a traspasar los colegios públicos a un Servicio Nacional descentralizado, conformado por distritos escolares a cargo de servicios públicos locales, dependientes del Ministerio de Educación.
Es justo señalar que el cierre de colegios públicos no es solo de responsabilidad de los municipios, sino que se desprende de la noción de Estado subsidiario donde lo público es concebido como una excepción o anomalía temporal de lo privado. Cada cierre de un colegio público es en el fondo una “buena noticia”, porque significa que en algún lugar se está realizando la supremacía de la libertad individual para emprender un proyecto educativo en reemplazo del Estado. Bajo este paradigma el cierre de colegios públicos no es un defecto del modelo, es el modelo mismo. Por ello, la educación particular subvencionada no es una pieza más dentro de un sistema hipotéticamente de provisión mixta, sino que es la modalidad educativa intrínseca del principio de subsidiariedad, y, por lo mismo, aquella que se busca universalizar.
Ante el cierre de colegios, las comunidades educativas se han movilizado y han ensayado iniciativas de autogestión pedagógica comunitaria, siendo el caso del Colegio República Dominicana de La Florida el más emblemático, aunque no el único. Pareciera que entre la indolencia del mercado y el olvido del Estado, se ha abierto un intersticio por donde las comunidades locales han venido ensayando un nuevo protagonismo. El remozado Estado Docente descentralizado que se avizora debiera considerar al actor comunitario como parte de una nueva concepción de educación pública, más atenta a la diversidad y a una construcción “desde abajo”, evitando así las tendencias centralistas, verticalistas y homogeneizadoras del viejo Estado Docente.
El inicio de la “desmunicipalización” debiera ser la oportunidad no solo para debatir una determinada forma de administración de la educación pública, sino un nuevo modelo de Estado post Estado subsidiario. Ello implica una nueva forma de concebir la articulación entre Estado, educación pública y los grandes objetivos del país: desarrollo, igualdad, diversidad, regionalización, interculturalidad, comunidad, ciudadanía, memoria histórica, entre otros. El renacer de la escuela pública no es solo un cambio de administración (que también lo es), sino una redefinición y revalorización profunda de lo público en la construcción del país en la próxima etapa.
Fotografía: Flickr/Rocpoc bajo licencia Creative Commons
