Debido a que la política exterior no es sino la proyección en el plano internacional de la política interna, no pocas veces se nos han querido presentar determinadas acciones es este campo como “Asuntos de Estado”, respecto a los cuales se ha llamado al orden y se ha pedido no discrepar, mucho menos públicamente, por cuanto se ha advertido que las mismas concernían al más estricto y permanente interés nacional. Frente a estas acciones, alinearse automáticamente y sin chistar, se suponía que equivalía a un acto de responsabilidad política y hasta de patriotismo, en circunstancias que si se profundiza en el examen de las consecuencias concretas de algunas de estas acciones con la perspectiva que da el tiempo, singularmente en cuanto a determinaciones en el plano de las relaciones económicas internacionales, es fácil concluir que lo obrado, en verdad, solo promovía y a la postre tendía a favorecer solo a pequeños pero poderosos grupos de interés corporativo.
En contraste, la cuestión de la controversia por la delimitación marítima con Perú, contencioso que habrá de resolver próximamente el Tribunal de La Haya, se ajusta de modo característico y emblemático a lo que genuinamente se entiende por una cuestión de Estado, por cuanto efectivamente atañe a un asunto que implica un interés de carácter nacional y permanente, el cual se corresponde con la defensa de nuestra integridad territorial, en este caso, a nuestro territorio marítimo.
Hay que subrayar a este respecto que el equipo a cargo de nuestra defensa legal, incluido el agente principal, el ex Subsecretario de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren, es exactamente el mismo que asumió dicha responsabilidad durante el gobierno anterior, por cuanto sus integrantes fueron confirmados por la actual administración, en reconocimiento de sus credenciales profesionales, talentos y experiencias individuales. Lo cual refleja la comprensión de que se trata de un asunto que implica y compromete al Estado y por lo mismo, trasciende a los gobiernos de turno. Tal continuidad también se expresa en cuanto a la estrategia jurídica adoptada por nuestra defensa.
El resultado del juicio de La Haya no debe interferir en la tarea permanente de buscar las mejores y más armoniosas relaciones bilaterales, las cuales tienen una connotación estratégica que no cabe ignorar. La relación de Chile con Perú va mucho más allá del fallo de La Haya y esta es una realidad que no se debe perder de vista ni por un momento y bajo cualquier circunstancia.
Hasta el momento el proceso preparatorio del juicio ha transcurrido sin mayores sobresaltos y en lo fundamental, ha caminado circunscrito al ámbito gubernamental, al trabajo de los juristas implicados, y a la difusión de alguno de sus pormenores por parte de los expertos y comentaristas especializados. La cuestión entra y sale de la agenda publica de modo intermitente, sin mayor dramatismo ni estridencias, y en un sentido general, los ciudadanos de a pie saben, sin mayor detalle, que se trata de una controversia legal que Chile no buscó pero a la que no pudo negarse a concurrir; que la misma tiene que ver con la delimitación de la frontera marítima de Chile con Perú; que nuestros argumentos jurídicos e históricos para sostener que tal limite ya existe son sólidos y que la defensa chilena está en manos de profesionales experimentados. Respecto a todo lo demás, la opinión pública observa hasta ahora el proceso de La Haya como algo lejano y con relativa indiferencia y tranquilidad. Pero este estado de ánimo generalizado y tranquilo podría cambiar drásticamente a partir del 3 de diciembre próximo, a propósito del inicio de la fase oral del proceso.
Los documentos que contienen los argumentos de las respectivas defensas legales de ambas partes ya están en poder de el Tribunal de La Haya. Una Corte dependiente de las Naciones Unidas compuesta por un grupo de 14 jueces de distintas nacionalidades, todos los cuales poseen las más altas y exigentes credenciales y calificaciones y cuya ecuanimidad, independencia y capacidad para resolver en estricto derecho está fuera de toda duda. Existe un compromiso de honor que obliga a las partes a no hacer públicos sus argumentos en tanto no tenga lugar el juicio oral. De modo que a partir de ese momento, los chilenos tendremos acceso pormenorizado, en vivo y en directo a los alegatos, a los argumentos y contra argumentos y, por lo mismo, es altamente probable que lo que veamos y escuchemos de parte de la defensa peruana, tanto en la forma como en el contenido, provoque irritación, crispación y suscite fuertes apasionamientos. Otro tanto, previsiblemente, ocurrirá en Perú cuando sea el turno de la defensa chilena para exponer sus propios argumentos, los cuales tampoco debieran escatimar en recursos para resaltar las propias fortalezas y las debilidades argumentales del adversario.
Hay que imaginar una puesta en escena de gran boato y solemnidad, transmitida en directo con traducción simultánea, de gran cobertura mediática y profusión de comentaristas expertos e improvisados, en cuyo contexto los juristas de lado y lado harán gala de sus mejores dotes histriónicas, retoricas y argumentativas, intentando apabullar al adversario e impresionar y convencer a los jueces con argumentos legales y antecedentes históricos que avalen las respectivas e irreconciliables posiciones. Será una experiencia dura e ingrata, eventualmente agresiva, y para algunos acaso resultara hasta intragable, y es preciso tener conciencia de los potenciales efectos negativos que podría acarrear esta compleja circunstancia, a ambos lados de la frontera.
Tanto en Chile como en Perú existe conciencia que la relación bilateral se verá inevitablemente afectada a propósito de la coyuntura que se abre en diciembre. Una fase negativa que se extenderá con altibajos hasta cuando se verifique el segundo y todavía más complejo escenario de crispación previsible: el momento en que Tribunal de la Haya de a conocer su inapelable veredicto.
Ambas circunstancias poseen, en conjunto y por separado, la capacidad de reavivar viejos y mutuos resquemores con consecuencias de largo plazo entre dos naciones vecinas y hermanas, pero tradicionalmente mal avenidas por razones históricas. Hay que pensar en la vasta y profunda red de interrelaciones que constituyen la relación de Chile con Perú, una vecindad ineludible de vastas, profundas y multifacéticas dimensiones, la que tiene como uno de sus aspectos más visibles la presencia de cerca de 140 mil ciudadanos peruanos residentes en Chile, los que hacen parte activa y familiar de nuestra sociedad y contribuyen a nuestro desarrollo como nación. También, hay que considerar la presencia de intereses nacionales de gran entidad y visibilidad en el vecino Perú. Ninguna de estas personas, peruanas y chilenas, debieran ser objeto de cualquier tipo de agravios a propósito de estas circunstancias próximas, tensionantes e inevitables. Será deber de las autoridades competentes en particular, y de las respectivas sociedades en general, el ser capaces de adoptar las medidas proactivas pertinentes para impedir cualquier tipo de desborde agresivo o cuando menos, intentar mitigar los efectos negativos previsibles. Habrá que hacer un gran esfuerzo colectivo para intentar que predomine la mesura, la prudencia y la racionalidad por sobre los previsibles brotes de patrioterismos, chauvinismos, bravuconadas militaristas y nacionalismos extremos y agresivos, de quienes infaltablemente trataran de atizar la hoguera.
Pese a que los respectivos Jefes de Estado han manifestado una y otra vez y de modo categórico la expresa voluntad de acatar el fallo, independientemente de cuál sea el resultado, hay que consignar que distintos sondeos de opinión pública, tanto en Chile como en Perú, estarían demostrando que la disposición ciudadana mayoritaria, de una y otra parte sería contraria a aceptar un fallo desfavorable. Este es un dato preocupante, y explica buenamente que tanto en Chile como en Perú, distintos actores, gubernamentales y de la sociedad civil, avizoren lo que está por venir con evidente pesimismo y nerviosismo y, hoy mismo, se encuentren imaginando y proponiendo medidas paliativas que apunten a normalizar, profundizar y fortalecer la relación bilateral en el incierto escenario post La Haya.
En cuanto al tratamiento de la cuestión en el escenario interno, se está imponiendo el sano y justo criterio de abordar este delicado asunto como una cuestión de Estado, lo cual implica para todas las partes, gobierno y oposición, inhibirse de hacer utilización del diferendo con Perú, sus pormenores y resultados, con fines políticos o partidistas.
Hay que honrar sin ambigüedades el compromiso de acatar el fallo que dicte el tribunal del La Haya, cualquiera sea su contenido. Es preciso se consecuentes, como país, con nuestro tradicional apego al derecho internacional.
Además, se debe tener presente como cuestión decisiva y significante en el plano interno, que lo más probable es que conozcamos el veredicto en los meses de junio o julio de 2013, esto es, en medio de la campana presidencial. Ya se sabe que las victorias tienen muchos padres, mientras que las derrotas son huérfanas, por lo mismo, hay que impedir que el veredicto se utilice de modo oportunista como arma política arrojadiza por cualquier sector. Hay que evitar las recriminaciones reciprocas y los intentos de sacar partido del fallo y promover los pronunciamientos responsables y unitarios del conjunto de la sociedad chilena. Muy especialmente, teniendo en consideración que la opinión pública solo tendrá en cuenta el resultado concreto y no va a entrar en ninguna clase de disquisición jurídica, histórica o de ninguna otra naturaleza para explicarse el desenlace.
Es altamente improbable que el fallo, dada la complejidad del caso, otorgue satisfacción completa a cualquiera de las partes y respecto de todas las aristas y aspectos que comprende el juicio. Sin embargo, hay que recordar que para Chile, lo esencial consiste en que se reconozca la existencia de un límite marítimo entre ambos países. Podríamos estar ante un veredicto complejo, incluso constituido por varas decisiones simultáneas pero separadas, y hasta ejecutables en momentos distintos. El propio fallo podría generar nuevas situaciones de controversia que impliquen nuevos trabajos y acuerdos de las partes. El fallo también podría implicar plazos no inmediatos para ejecutar la decisión judicial, todo lo cual, podría extender la incertidumbre y las tensiones por un largo tiempo.
Pase lo que pase, el resultado del juicio de La Haya no debe interferir en la tarea permanente de buscar las mejores y más armoniosas relaciones bilaterales, las cuales tienen una connotación estratégica que no cabe ignorar. La relación de Chile con Perú va mucho más allá del fallo de La Haya y esta es una realidad que no se debe perder de vista ni por un momento y bajo cualquier circunstancia.
Mesura, prudencia, serenidad y sobriedad a todo trance es lo que se impone. Y es responsabilidad colectiva trabajar para que esos criterios se impongan en una circunstancia compleja y amenazante.