Jaime Gazmuri, Director Fundación Felipe Herrera.
Las declaraciones del Presidente de la Democracia Cristiana, Senador Ignacio Walker, abriéndose a la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, amplía considerablemente el movimiento de opinión favorable a que el país se dote de una nueva Constitución, legítima en su origen y plenamente democrática en su contenido. Resulta cada vez más evidente el agotamiento de nuestro sistema institucional y político. Se multiplican las iniciativas de reformas constitucionales del más diversos tipo y calado: al sistema binominal, al procedimiento de elección de los Consejeros Regionales, a la soberanía efectiva de los recursos naturales por parte del Estado, al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, al estatuto de los partidos políticos y así por delante. Incluso el Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, ha propuesto la adopción de un régimen semi parlamentario, que desafía una tradición casi bicentenaria de constitucionalismo marcadamente presidencialista. Parece, asimismo, evidente que el camino de las reformas sucesivas y parciales no dará al país un orden institucional legítimo y estable, condición indispensable para su desarrollo. Se requiere un nuevo acuerdo constitucional.
No es este, desgraciadamente, un tema nuevo. Invitado, en 1999 por Jorge Correa de la Universidad Diego Portales en 1999 a un debate sobre la Constitución con el entonces Senador André Chadwick, señalé entonces que “a diez años del inicio de la transición a la democracia, todavía hay en Chile un profundo desacuerdo respecto del orden constitucional vigente”. Añadí que a la exigencia de eliminar las instituciones no democráticas de la Constitución del 1980, “…desde diversos ámbitos de la sociedad comienzan a surgir demandas por nuevos derechos: de los consumidores, de los pueblos originarios, vinculados a la defensa de la vida privada de la intromisión indebida del mercado, a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Es previsible que estas demandas y otras -como la descentralización del poder político- se incrementen en el futuro”. Señalaba que “la agenda democratizadora se ha ampliado: se ha tornado más densa y variada”. Trece años después se podría repetir prácticamente la misma línea argumental. Pero el tiempo no pasa en vano. La falta de un acuerdo sustantivo sobre el orden político socava progresivamente la calidad de la democracia y la confianza ciudadana en sus instituciones. No asistimos en Chile a un colapso del sistema político, como ha ocurrido en otros países de la región en las décadas pasadas, pero si se están acumulando las condiciones que puedan provocarlo en el futuro.
El argumento de que el bloqueo de las reformas constitucionales es una responsabilidad compartida de la Concertación y de la derecha no resiste el análisis histórico. El Gobierno del Presidente Lagos hizo un serio intento de realizar reformas constitucionales de fondo. Se logró eliminar todas las instituciones que establecían el tutelaje militar sobre el orden democrático: rol de garantes de las FFAA, atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, senadores designados e inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Fue imposible, sin embargo, el acuerdo de la derecha para el cambio del sistema binominal, piedra angular de la arquitectura de la Constitución del 80.
Pero el país vive otro tiempo histórico. Se hace indispensable abrir paso a un segundo momento democratizador. Si concordamos en la necesidad de dotarnos de una nueva Constitución, es evidente que el mecanismo adecuado es la Asamblea Constituyente. El poder constituyente lo detenta hoy día el Congreso Nacional, cuya capacidad para expresar la pluralidad política de la nación está severamente cuestionada, así como su aptitud para reformarse a sí mismo. Una Asamblea Constituyente, elegida democráticamente con la sola finalidad de elaborar un amplio acuerdo y una nueva Constitución, es el mecanismo idóneo para generar un orden político legítimo, estable y duradero.