Isabel Allende B., Senadora.
A través de medios de prensa nos hemos enterado que el gobierno pretende realizar licitaciones para la explotación del recurso litio, por medio de los denominados Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).
Declaro mi desacuerdo con la forma en que el Gobierno del Presidente Piñera, está intentando privatizar la explotación de este recurso natural.
No podemos permitir que le suceda a Chile con el litio, lo mismo que ocurrió con el cobre, que finalmente para “no perder nuestro liderazgo en el mercado internacional”, lo entreguemos sin discusión mediante su extracción a privados y no aprovechemos al máximo para nuestro país los beneficios provenientes de este mineral.
En el año 1983, durante la dictadura militar, se impuso un código de minería que entregó nuestras riquezas minerales a inversionistas privados, principalmente extranjeros, además de asegurarles invariabilidad tributaria vía Decreto 600.
El año 2006, 23 años después y luego que la derecha hiciera fracasar un proyecto de Royalty, logramos imponer un Impuesto Específico al Cobre (IEC) y, recién el año 2010, conseguimos un aumento de este impuesto para abordar las tareas de reconstrucción pos terremoto.
Este Impuesto -si bien no es todo lo que la Concertación aspiraba para Chile y su desarrollo- permitió crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que distribuye US$ 400 millones anuales entre las regiones del país, lo que ha significado un aumento relevante para su presupuesto anual.
La legislación vigente en Chile, establece al litio como recurso estratégico, lo que en la práctica se traduce -a diferencia del cobre- en un recurso no concesionable.
Si bien la razón que motivó esta clasificación tuvo que ver con su eventual utilización en armas nucleares, la razón ética, económica y política que hoy reviste al litio como recurso estratégico para nuestro país, dice relación con su utilización para el crecimiento y desarrollo sostenible de Chile y del mundo. Por ello, no puede ser objeto de políticas públicas guiadas exclusivamente por una visión de mercado.
La Comisión de Minería y Energía del Senado inició el 2011 un programa de sesiones para analizar el futuro del litio para Chile. En dichas sesiones se ha invitado a diversos actores y se ha constatado las dificultades y falencias del país en la materia, quedando clara la necesidad de establecer -entre otros temas- un modelo de negocio para el litio que garantice su aporte al Fisco, aproveche las ventajas comparativas de nuestro país y nos mantenga como líderes mundiales en la explotación de este recurso.
Me parece completamente inadecuada la forma de proceder de este gobierno, al anunciar los citados CEOL, obviando la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento de la República y, además, desconociendo lo que la Ley establece explícitamente, utilizando un artilugio jurídico-administrativo que nos compromete por los próximos 20 años.
Los CEOL no son los únicos instrumentos posibles de utilizar para proyectar a Chile en el mercado del litio. También es necesario discutir la posibilidad de un joint venture o la explotación directa de Codelco.
El litio se reconoce como la energía del futuro. En la última década su precio ha crecido exponencialmente y los analistas esperan que llegue a US$ 7.000 la tonelada.
Es un mercado en expansión y Chile es la segunda reserva más grande del mundo después de Bolivia, por ello no es razonable ni deseable la urgencia que la industria quiere poner en la discusión.
Nuestras riquezas no pueden terminar en manos de unos pocos, y el rol que el Estado debe tener es para utilizar los recursos naturales en forma sustentable y que los beneficios –sus rentas- lleguen a todos.
Eso es ser eficiente, y no presentar propuestas de esta envergadura en temporada estival, de un tema relevante para el futuro de Chile como para pasar “por secretaría”.
Los chilenos y las chilenas no nos merecemos esto del gobierno.
Inconstitucionalidad del gobierno sobre el litio. Me opongo a la idea del gobierno de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación†– como se ha hecho con el petróleo a través de los CEOP – ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera e intenta eludir el debate parlamentario para entregar, por vÃa directa, la explotación del litio integralmente a privados.
El litio es mineral del futuro, algunos lo llaman el «petróleo blanco», Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación ya que se encuentra a mas baja profundidad, en los salares, este es además un recurso estratégico porque está ligado a la energÃa y la producción de tritio es uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, se debe confirmar constitucionalmente el carácter estratégico y generar una polÃtica pública para que el Estado entre en su explotación mas allá del arriendo de concesiones que la CORFO tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.
Comparto la necesidad de ampliar y abrir nuevos caminos en la explotación del litio ya que ello puede entregar enormes recursos al paÃs, pero dijo que hecha de menos una preocupación del gobierno para que haya una polÃtica pública hacia el litio toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energÃa, la informática, la telefonÃa celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz hÃbrido y eléctrico. Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de 1700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.
Por tanto, si el gobierno quiere ampliar la explotación del litio, debe , en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, tratándose además de un mineral considerado por nuestra legislación como estratégico, y, a partir de ello, elaborar con todos los sectores una propuesta para modificar la ley de Concesiones Mineras – recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado – , la ley de la Comisión Chilena Nuclear y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.
El gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro paÃs ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de litio solo en los próximos cinco años esta se duplicará lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un paÃs que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.
Quiero recordar que el actual marco jurÃdico del litio está dado por la ley de minerÃa (año 79), por la ley de concesiones mineras (año 83) y la ley orgánica y reglamentos de la ley de la Comisión Chilena Nuclear. Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de litio a favor del Estado y el litio no es susceptible de concesión minera salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley. En virtud de ello CORFO tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de litio del mundo, pero CORFO arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a solo 40 metros de profundidad, a SCL y SQM – cuya producción es hoy el 43% de la producción de litio a nivel mundial – pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que CORFO arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama.
Es cierto, que tenemos una pésima legislación sobre la explotación del litio, que inmoviliza y en la práctica permite la existencia de un monopolio contractual en el Salar de Atacama y mi llamado al gobierno es a evitar un subterfugio de las licitaciones directas, que por lo demás crearán una gran incertidumbre en los futuros inversionistas, y por el contrario a consensuar una modificación a la normativa actual pero en un sentido inverso a como lo ha anunciado el gobierno ya que lo primero debe ser que el Estado explote el Salar de Atacama
– donde hay reservas estimadas por la empresa SQM de 6,9 millones de toneladas hasta 200 metros de profundidad que el mineral sea conformado como estratégico – que confirme el valor estratégico del mineral, por razones distintas a las que tuvo la dictadura militar que estaban ligadas a la guerra frÃa, y que el paÃs en su conjunto pueda beneficiarse de su explotación cuyas utilidades ya son altas y estamos solo al inicio de la explotación de un mineral con un enorme impacto en el mercado y que puede dar una grandiosa fuente de ingresos a la economÃa y al estado chileno.
CODELCO debiera ya comenzar a explotar el litio en el salar de Pedernales donde tiene las concesiones y se debe abrir la inversión pública y asociada en Maricunga, Punta Negra, Incahuasi, Aguas Calientes y generar una polÃtica de cooperación ahora con Argentina y cuando las condiciones lo permitan con Bolivia paÃses con los cuales constituimos el triangulo del litio a nivel mundial. De hecho Bolivia ha ya emprendido la industrialización del litio a través de la Corporación Estatal Minera adelantándose a lo que debiera hacer Chile con este mineral.
Pero debiéramos dar otro paso más, que es crear una industria de productos de alta tecnologÃa basada en litio y no solo conformarnos con la exportación del mineral. Las reservas en Chile podrÃan satisfacer la demanda de litio por 120 años y , por ambas consideraciones, el litio es estratégico y aparece muy mezquina, inconstitucional y destinada solo a favorecer la inversión privada el camino que está eligiendo el gobierno y al cual la oposición y la ciudadanÃa debe hacer frente con extrema decisión.
Litio, la próxima batalla minera de Chile
El debate por liberar la explotación del Litio, que actualmente se encuentra en manos exclusivas del Estado, se congeló luego del accidente en el yacimiento San José. Sin embargo, el ministro Laurence Golborne adelantó que la idea del Gobierno es “abrir†el mercado para impulsar el desarrollo de la industria, lo que inmediatamente se acusó como un indicio de privatización. Si consideramos que desde 1998 la demanda mundial de este mineral aumentó un 238 por ciento y que Chile posee el 40 por ciento de las reservas del litio, la discusión no es menor y recién comienza.
Conocido como el “oro blanco†o “el mineral del siglo XXIâ€, el litio ha duplicado su demanda a nivel mundial, asà como sus proyecciones futuras, debido al uso que tiene en diversos sectores productivos, pero por sobre todo en las baterÃas recargables de equipos tecnológicos (celulares, mp3, notebooks), construcción de automóviles hÃbridos y en la generación de energÃa nuclear.
De acuerdo al doctor en IngenierÃa Eléctrica y académico de la U.de Chile, Claudio Palma, a pesar de que el mercado del litio no puede ponerse a la par con el del cobre, las condiciones en que el mineral se encuentra en nuestro paÃs resultan ventajosas comparadas a otros paÃses que también lo explotan.
“Lo que hoy gatilla la visibilidad y las proyecciones del litio tiene que ver con las baterÃas. Es el mineral del futuro en el contexto de la solución para romper una de las grandes barreras del desarrollo de las aplicaciones móviles eléctricas. Acá en el sur están las grandes reservas de litio y a menor costo de extracción, a pesar que hay en otras partes del mundo, se ve que acá tenemos una ventaja interesanteâ€, indicó Palma.
Sin embargo, el litio quedó al margen de la ley de concesiones de 1981 por ser un material estratégico en la fusión nuclear, es decir, clave para la energÃa nuclear. Es más, según la legislación, sólo el Estado puede disponer de las reservas de explotación del litio, exceptuando las constituidas antes de la publicación de la ley, correspondientes a SQM (ex Soquimich) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL).
Foto: Ricardo RodrÃguez
Es por ello que, pre episodio mina San José, un desconocido ministro Laurence Golborne inició una fuerte campaña para poner en la agenda minera la liberación de la explotación del litio. Primero fue una columna en El Mercurio, una visita a las faenas de SCL y luego un seminario especialmente dedicado al tema. “El Gobierno tiene el interés de promover una reforma la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en el sentido de liberar la exploración y abrir este mercadoâ€, ha dicho.
Aunque según el ex diputado de la región de Atacama, Antonio Leal, se coincide con el Gobierno en la reforma que debe hacerse a ley para impulsar la explotación del mineral, la propuesta también es vista como una forma soterrada de privatizar los recursos que, a su juicio, deben continuar siendo administrados por el Estado.
“Hay que modificar la ley de concesiones para ampliar la producción del litio en el paÃs y en eso coincidimos con el ministro Golborne y con el Gobierno. Sin embargo, esta ampliación no puede significar que se modifica la ley de concesiones sólo para hacer de este un negocio privado nacional e internacional, dejando al margen al Estado, en un negocio tan relevanteâ€, enfatizó Leal.
Para gran parte de la oposición, el punto no está en liberalizar o no, sino en establecer la participación del Estado en una expansión del mercado que no sólo signifique un negocio para los privados. De hecho, también se ha planteado la completa estatización del recurso.
En la vereda del frente, la Sociedad Nacional de MinerÃa (Sonami) y algunos senadores de la Alianza han manifestado su completo acuerdo con el proyecto del Gobierno para el litio, sin entrar en detalles sobre el rol estatal y recalcando que la actual normativa “es una limitante para el desarrollo de la industriaâ€.
No obstante, no sólo está en juego la eventual privatización de las explotaciones mineras, sino también qué pasara con los actuales contratos que Corfo mantiene con las empresas SQM y SCL hasta 2030. Actualmente, solo estas dos compañÃas explotan el Salar de Atacama, constituyendo un duopolio que el 2008 ya tenÃa el 58 por ciento del mercado mundial.
A diferencia de lo que ocurre con el cobre, ambas firmas pagan una serie de royalties e impuestos al Estado. No obstante, para el senador PS Juan Pablo Letelier, junto con la modificación de la legislación del mineral también se debe terminar con los contratos con SCL y SQM, ésta última acusada de obtenerlos de manera irregular.
“El litio va a ser trascendental para este siglo que comienza. Creemos que hay que establecer criterios relevantes para proteger el uso de este producto y que no siga en una situación de monopolio como lo está actualmente en nuestro paÃs, en particular a través de contratos muy discutibles entregados por Lerouâ€, denunció Letelier.
Efectivamente, otro de los puntos interesantes de esta discusión es el oscuro traspaso de la estatal Soquimich durante la dictadura al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien actualmente preside SQM. Ponce, en asociación con la asiática Kowa, domina hoy el mercado mundial del litio desde Chile.
Considerando que desde 1998 el precio de la tonelada de litio ha subido un 238 por ciento, llegando a cotizarse en poco más de tres millones de pesos, y que Chile posee un 40 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Atacama, las oportunidades que ofrece el mineral son apetecibles por donde se le mire y hay muchos que están esperando el momento para hacer negocio.