El recurso del orden

ES DIFICIL encontrar un período en nuestra historia en el que la derecha no haya apelado a la idea de un orden perdido o amenazado como fundamento de su existencia e identidad. Para ello ha debido construir históricamente un «enemigo interno» en el que deliberadamente las fronteras entre lo político y lo delictivo se tornan difusas y porosas: el cuatrero, el pipiolo, el anarquista, el izquierdista «humanoide», el obrero de la «huelga ilegal», el saqueador, el poblador, el encapuchado, el «inútil subversivo». El primer paso de todo pensamiento autoritario es reducir a una categoría subhumana al adversario, al «otro», para así hacer banal su persecución y agresión.

Esta autodesignada misión de «restablecer el orden»  alcanzó luego del 11 de septiembre del 73 una extensión insospechada: patrullas militares detenían en la calle a jóvenes con el pelo largo y, tijera en mano, les cortaban la melena-símbolo del orden perdido, resabios de la «disolución de las costumbres» que había dejado la UP, esta vez de la mano de los hippies, Woodstock, Piedra Roja.

¿Cabe preguntarse con cual hipótesis de conflicto o con qué idea de «orden» trabaja nuestra policía cuando se enfrenta hoy a una manifestación? ¿Tiene presente que junto con resguardar el orden público debe cuidar con igual celo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de aquellos ciudadanos que se quieren manifestar pacíficamente? ¿Existe en el «imaginario policial» una diferencia entre el simple manifestante y el saqueador, entre el estudiante o cualquier actor social que marcha por sus reivindicaciones, y el encapuchado que se cuelga parasitariamente al final de la manifestación para desplegar una violencia impotente que sólo contribuye políticamente a alimentar el discurso oficial del «orden»? ¿Ha erradicado la policía chilena efectivamente la idea de un «enemigo interno»?

En la literatura especializada se define a Carabineros de Chile por el tipo de estructura y disciplina interna y por el armamento de guerra que puede portar como una «policía militarizada». No es casualidad que Carabineros haya surgido en 1927 de un regimiento del Ejército de Chile. Un Ejército que durante las primeras décadas del siglo XX fue usado indiscriminadamente en tareas de «orden público» asociadas a enfrentar la «cuestión social», dejando tras de sí graves y sangrientos hechos. ¿Se va a enfrentar de igual manera la «cuestión social» del siglo XXI?

La nueva «ley antitomas» se funda en esa vieja idea de construir un espacio de indiferenciación entre la protesta social legítima y las violencia delictiva o anómica. Es, a su vez, la confesión del gobierno de su incapacidad de enfrentar con las herramientas de la política democrática la conflictividad social, recurriendo al viejo expediente de reducirla a un problema de orden público. Es el signo de la dificultad modernizadora de la derecha de poder pensarse y constituirse desde otra esfera de legitimidad que no sea representar la tradicional «fuerza del orden». Por último, haría una gran diferencia que cuando se hablara de «orden público» se le agregara como segundo apellido «democrático». Deliberar y definir qué entendemos por «orden público» en tiempos de democracia es hoy una tarea insoslayable.