El problema en una sociedad no es que existan diferencias, muchas veces de fondo, sobre educación y otros temas conectados de manera profunda con distintas maneras de concebir la convivencia y el desarrollo del país, sino la imposibilidad de zanjar esas diferencias a través de los mecanismos e instituciones propias de una democracia representativa.
La decisión del gobierno de radicar en la sede legislativa las propuestas sobre el futuro de la educación superior y secundaria no solo deja al descubierto la dificultad del ejecutivo para dialogar y concordar aspectos mínimos con los actores del sistema educativo, sino que encierra un movimiento táctico que ya se ha hecho visible para la ciudadanía y que se encuentra, por lo mismo, desgastado: intentar contener los cambios a través de un proceso legislativo estructuralmente empatado y que, en las principales áreas estratégicas, exige ciertos quórums –la mágica fracción de 4/7- que resultan completamente inalcanzables.
El juego político en esta República Binominal sigue así un guión y un desenlace conocido: se debe concordar lo mínimo so pena de no lograr nada. Así ha sido en los últimos años: subvención preferencial pero sin afectar el financiamiento compartido, pensión básica solidaria pero sin AFP estatal, superintendencia para el sistema escolar pero sin limitar el lucro, protección garantizada para ciertas enfermedades AUGE sin legislar sobre las discriminaciones por edad y sexo en las Isapres. En síntesis, reformas parciales en el marco de una institucionalidad política concebida más para contener y recortar la voluntad de la mayoría que para dar cauce y expresión a ésta.
¿Por qué si este modo de gobernar funcionó durante años hoy parece que ha perdido su eficacia y legitimidad? Las explicaciones pueden ser diversas: la total disolución de la racionalidad, particularmente en las nuevas generaciones, de las lógicas gradualistas y consensuales de la transición; el agotamiento de un ciclo de reformas sin intervenir variables estructurales; una ciudadanía más informada y demandante.
¿Es posible que este ocaso de la República Binominal se haya acelerado con la llegada de la derecha al gobierno? Tal vez. Quizás desde la penumbra parlamentaria opositora era menos evidente el rol vigilante y garante de las purezas y esencias del modelo que ésta desarrollaba, transfiriendo buena parte de las responsabilidades políticas por la lentitud y parcialidad de los cambios, a la centroizquierda gobernante. Sin duda, los términos de esta ecuación se han modificado de manera significativa con la llegada de la derecha al gobierno y con la consiguiente dificultad para comprometer a la oposición en ciertas políticas que ésta había avalado parcialmente más por razones de gobernabilidad que de convicción.
Cada vez se hace menos sostenible una sociedad movilizada tras demandas que están institucionalmente bloqueadas, o que legítimas diferencias requieran de quórums inalcanzables y no puedan dirimirse según el principio democrático de la mayoría. La emblemática fecha del Bicentenario del Congreso Nacional encuentra a esta institución más que debatiendo sobre posibles soluciones a los grandes problemas del país, transformada en el epicentro mismo de la crisis de representación y del debilitamiento de la legitimidad institucional que hoy vive nuestra democracia y su política.
La situación es preocupante. Un gobierno que ganó las elecciones presidenciales, hace poco más de un año, con un 53% hoy gobierna con un apoyo de solo el 31% y con un rechazo del 60% de la población. Y tanto la Alianza gobernante como la Concertación tienen altÃsimos niveles de rechazo y una aprobación que disminuye crecientemente, tal como ocurre con el prestigio del parlamento y de otras instituciones.
Para la ciudadanÃa, la Republica Binominal – como la ha llamado el cientista polÃtico Ernesto Ãguila – ha llegado a su fin y los únicos que parecen no haberse dado cuenta son los partidos polÃticos, especialmente los de derecha, que han defendido con tanta intransigencia un modelo electoral y polÃtico que es herencia del pasado de facto.
Chile representa una de las pocas transiciones polÃticas que en el mundo, después de 20 años de democracia, no ha logrado modificar la esencia de la Constitución heredada de la dictadura. Vivimos bajo una Constitución que nació sin legitimidad, impuesta por Pinochet, los militares, y los ideólogos civiles que los acompañaron, para mantener atada la democracia a formas excluyentes y neoautoritarias que han limitado en lo polÃtico, en lo económico y en lo social, los derechos de los ciudadanos. Ello paraliza el sistema polÃtico, otorga al mercado un peso incontrolable en la vida de la sociedad y de las personas y transforma en letra muerta muchas de las modificaciones que en estos años se lograron concretar por parte de los gobiernos democráticos.
“La elite y la clase polÃtica o comprende la demanda ciudadana o viene el reventón del sistema polÃtico. Lo que tenemos hoy no es suficiente para legitimarse ni para resolver las demandas ciudadanas»
HabrÃa que preguntarse en esta republica binominal, cuantos que aún estan en cuotas de poder en la mal llamada oposición concertacionista, han sostenido y sostienen este estado de cosas y trabajaron para que esto se mantuviera, lo interesante que las salidas son en función de la movilización y su rol de los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil y no de los partidos polÃticos, todo esto deviene en cambio del sistema politico chileno.