La relación Chile-Bolivia se desarrolla en un escenario delicado por el retorno de los desencuentros tras el acercamiento producido en el período de la Presidenta Bachelet y a la vez constituye un ejemplo representativo de la debilidad institucional en el manejo de las relaciones internacionales.
Vamos a lo primero. Lejanos están los día de 1993 cuando se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) y de 1994 cuando se estableció un Mecanismo de Consultas Políticas, retomando la agenda derivada del cumplimiento del Tratado de 1904 –libre acceso no soberano de Bolivia al Océano Pacífico- y en el ámbito privado se materializan algunas inversiones que posteriormente son revertidas. Las diferencias durante el gobierno del Presidente Gustavo Meza (2003-2005) son conocidas por todos.
En enero del 2006 se produce un salto adelante. El Presidente Lagos visita en La Paz al Presidente Electo, Evo Morales, la primera de un Jefe de Estado chileno tras la Guerra del Pacífico, período en que exploró la posibilidad de generar una dinámica nueva a partir de la cooperación para la salida de gas natural boliviano a través de puertos chilenos.
La bilateralidad tuvo un impulso central durante las presidencias de Michelle Bachelet y Evo Morales, etapa en la que se acordó, el 2006, la denominada agenda de los 13 puntos, que incluyó el tema marítimo y fue acompañada por un diálogo reservado, “consultas políticas”, que concluyó el 2010. Hay que relevar lo ocurrido en septiembre del 2008 cuando los presidentes de los países de UNASUR fueron convocados a Santiago para debatir la inestable situación política y de seguridad que vivía Bolivia en las regiones autonómicas. En el encuentro se aprobó la Declaración de La Moneda que fue el respaldo a la estabilidad política e institucional del país vecino.
Desde fines del 2010 Bolivia espera una declaración oficial de Chile para reestablecer el diálogo sobre la agenda de los 13 puntos, tras la suspensión por parte de Chile de la última reunión que debía realizarse en noviembre, mientras nuestra cancillería señala que la reanudación del diálogo esta condicionado por el camino que decida tomar Bolivia y no hay claridad sobre ello. Punto clave para entender la tensión: Chile no tiene una respuesta oficial frente a una demanda marítima “útil, soberana y viable”.
En los meses y semanas recientes se suceden las desavenencias. En marzo el Presidente Morales anunció que demandaría a Chile ante tribunales internacionales por incumplimiento del compromiso de otorgar una salida al Pacífico a través de su territorio. En los inicios de junio el Ministro de Defensa Andrés Allamand destacó la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacer cumplir los tratados. Tuvieron lugar un día después que el canciller boliviano David Choquehuanca anunciara que su gobierno evaluaba renegociar al Tratado de 1904, o denunciarlo, si Chile no aceptaba sentarse a la mesa para revisar su cumplimiento. Días después la Asamblea General número 41 de la OEA reunida en San Salvador se remitió a constatar las diferencias. Hace dos semanas una patrulla de 14 militares bolivianos con cuatro armas de fuego es detenida por Carabineros en territorio chileno cuando oficialmente realizaban labores de control de frontera. Son formalizados esposados ante la justicia, despojados de sus uniformes y posteriormente expulsados.
Cuando se indica que el manejo de la bilateralidad Chile-Bolivia constituye también una expresión de la debilidad institucional, no es una referencia a que su resultado ha sido el desarrollo de un conjunto de decisiones que no siempre satisfacen los estándares de lo que se espera de una política pública y de Estado en forma: ausencia institucional de participación y debate público regular, elaboración de objetivos explícitos para ser alcanzados en un plazo determinado y mecanismos de evaluación públicos y regulares de dichos objetivos de política.
Este conjunto de exigencias es demasiado sofisticado para una burocracia culturalmente conservadora y un proceso de toma de decisiones relativamente aislado que debilita tanto el carácter estatal como de política pública de la política exterior, instalando limitaciones aún más básicas que responden a preguntas fundamentales, ¿quién digita la relación con Bolivia?. ¿Dónde está el Canciller?. ¿Influye la coyuntura?.
Algunos ejemplos que grafican esa ausencia de conducción real ante un país que, si bien es vecino en la frontera norte, no tiene inversiones chilenas significativas y no representa una amenaza militar.
De acuerdo a trascendidos, porque el encuentro fue reservado, el efecto de la reunión del Presidente Piñera con los presidentes de los partidos en enero para construir acuerdos alrededor de una posible respuesta a la demanda boliviana, no condujo a nada. No condujo a nada porque no había una fórmula sobre la mesa elaborara desde La Moneda. Ni siquiera un borrador. Aparentemente los políticos fueron invitados a proponer ideas en conjunto.
El 24 de febrero es detenido en Panamá por tráfico de estupefacientes el general retirado y asesor del Presidente Morales, René Sanabria Oropeza, ex jefe antidrogas boliviano y director en ese momento del Centro de Inteligencia del Ministerio del Gobierno, en una operación planificada y materializada entre la DEA y el OS-7 de Carabineros con la colaboración del fiscal nacional de Arica, Jorge Valladades y sin el conocimiento de la Cancillería y el Ministerio del Interior. La operación, que comenzó en agosto del 2010, provocó una fractura en las confianzas chileno-bolivianas a todo nivel.
De acuerdo a informaciones no oficiales pero confiables, la decisión de colocar a los 14 militares bolivianos ante la justicia y no resolver el embrollo mediante la expulsión administrativa inmediata decretada por la autoridad política, fue de Carabineros. La irregular decisión tiene una explicación parcial de procedimiento en el hecho que la institución policial fue amonestada hace unos años, cuando un camión peruano con soldados armados al mando de un coronel entró y salió de Chile por Chacalluta sin ser detenido.
Las felicitaciones públicas de Piñera a los policías que detuvieron a los 14 militares en el pueblo de Colchane, transmitidas mediática y personalmente por el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, pueden entenderse desde los intereses de un gobierno que necesita urgentemente el respaldo ciudadano y en esa lógica el discurso nacionalista capta apoyo. Esa misma expresión nacionalista de corto plazo tan criticada en Chile de los políticos bolivianos.
En concreto no se advierte una política coherente, más bien se suceden una serie de hechos dispersos, sino alguno cargado con fines de índole personal. ¿De qué manera pueden asumirse las palabras del Ministro Allamand cuando amenaza a Bolivia con el empleo de las Fuerzas Armadas en un contexto de asimetría absoluta en el cómputo de fuerzas y potenciales?. ¿No será que ocupa el cargo como trampolín para destinos políticos mayores?.
No perdamos de vista el objetivo fundamental. Más allá de los roces, los dimes y diretes o las flaquezas de la política exterior, lo central es darse cuenta que la agenda de los 13 puntos se transformó en uno por la vía de los hechos. Volver al abanico de opciones que tenían los 13 es extremadamente difícil, entre otros factores porque las confianzas están quebradas y demora reconstruirlas.
Sólo tenemos ante nosotros la demanda marítima “útil, soberana y viable”, acompañada de otras complementarias. Es necesario empezar a construir una respuesta afirmativa y seria. El margen de maniobra se encuentra en la modalidad de la oferta y el tiempo que comprende su aplicación en un proceso gradual y acumulativo. Le corresponde a las agencias del Estado dirigir y coordinar esta iniciativa, pero también las instituciones políticas y la sociedad civil organizada deben intervenir con opinión y posición propia sobre un tema que nos involucra a todos.
La politica exterior de Piñera ha aislado al paÃs: mal con el kishnerismo en Argentina, en conflicto con Perú, con agenda rota con Bolivia, con un Brasil que privilegia la relación politica y comercial con Perú…todo mal.