¿Tecnocracia?

Se ha vuelto un lugar común calificar al mandato de Sebastian Piñera como una administración de un claro tinte tecnocrático. El gobierno ha utilizado dicha imagen en su favor, evitando caer, sin embargo, en excesos que en el pasado le trajeron malos dividendos. La Moneda ha cuidado los “equilibrios” políticos, procurando asignar cuotas relevantes de participación y figuración a los partidos y, especialmente, ha evitado caer en un discurso degradatorio de los partidos políticos. Esto a diferencia de lo que hizo en la primera fase de su gobierno Jorge Alessandri Rodríguez, último presidente democráticamente electo de la derecha antes de la administración actual.

Sin embargo, la exaltación de la competencia técnica ha estado presente con mucha fuerza en el discurso del Gobierno. Desde la última lid electoral, y ante la impopularidad de defender una agenda liberalizadora, la candidatura de Sebastián Piñera buscó a toda costa reducir discursivamente sus diferencias programáticas con la Concertación. Por el contrario, los equipos de campaña de la Coalición por el Cambio, y el propio candidato, insistieron en que lo que diferenciaba a su tienda de la Concertación era la capacidad de gestión, insistiendo, de manera algo simple, en que ellos, a diferencia de sus adversarios, sabrían “hacer las cosas bien” y de manera “eficiente”. Esta retórica “eficientista” se exacerbó con la llegada de la Coalición por el Cambio al poder. El nuevo gobierno no ha publicitado transformaciones relevantes en las orientaciones globales de la política económica y social, y, cuando las ha llevado a cabo, lo ha hecho con un bajo perfil. Por el contrario ha insistido en que su llegada constituye una “nueva forma de gobernar”. Es, en sus propias palabras, el desembarco de “los mejores” en la administración pública

Las credenciales que el Gobierno muestra para probar sus dichos son los currícula de sus nuevos funcionarios. Especialmente en los altos mandos. Entre ellos destacan una importante proporción de postgraduados en universidades extranjeras y, especialmente, una gran cantidad de administradores con experiencia en la gerencia de grandes empresas privadas. Dentro de ellas, el mundo del retail ha tenido un lugar privilegiado.

No cabe duda que los estudios de postgrado en universidades prestigiosas son un antecedente curricular positivo. Sin embargo ¿podemos sostener que nos encontramos ante la presencia de cuadros administrativos caracterizados por su pericia técnica en el área en que se desempeñan?

Y es aquí donde los criterios para determinar la habilidad técnica comienzan a mostrarse débiles. En efecto, se ha intentado mostrar que las habilidades de gerencia en el área comercial y la experiencia de haber administrado empresas privadas son garantías de competencia para la administración pública. En este sentido, y al igual que lo sucedido en el gobierno de Jorge Alessandri en 1958, se ha llegado a mostrar como sinónimos los conceptos de “técnico” y gerente”. A tal punto, que en una situación irrisoria, se han alabado las supuestas competencias técnicas de un ministro de Relaciones Exteriores cuya experiencia previa era  la gerencia de una multitienda.

A esta confusión entre habilidades gerenciales y gerencia técnica, se ha sumado otro elemento que desmiente el carácter tecnocrático del actual Gobierno. Este es el alto grado de discrecionalidad con que ha actuado a la hora de nombrar los miembros de los cuadros administrativos del Estado. En el poco más de un semestre que llevamos de gobierno de la Coalición, hemos sido testigos de una labor sistemática de destrucción del incipiente aparato independiente de nominación de los puestos de Alta Dirección Pública. Esta labor  tuvo lugar, originalmente, a través de medidas solapadas, como la nominación de  directivos “transitorios” con interinatos que se alargan ad æternum y prácticas de acoso laboral y, en los últimos días, mediante declaraciones públicas, como la del Director Nacional del Servicio Civil, Carlos Williamson, quien han llegado a sostener que los cargos que pertenecían a la Alta Dirección Pública son de confianza política. Mediante este expediente, al menos 39 de los 73 funcionarios de la primera jerarquía de la Alta Dirección Pública han sido despedidos hasta el momento. Dicha situación es gravísima, debido a que la legislación que creó la Alta Dirección Pública nació de un acuerdo del que la entonces Alianza por Chile fue parte activa, y que estaba destinada a introducir continuidad temporal y  criterios meritocráticos en la carrera funcionaria.

Y es que a la hora de elegir quienes supuestamente son los “los mejores”, la discrecionalidad, las “redes sociales” –en el real y excluyente sentido del término y no en el de los geeks- y los contactos personales operan por sobre los mecanismos institucionales, normados y que atienden a criterios objetivos. Una opción que puede ser legítima para un gobierno, pero que nada tiene de tecnocrática.

En la lógica discrecional utilizada para la  nominación de estos puestos se repiten muchos de los vicios propios de la empresa privada chilena. Entre ellos la prevalencia de factores de estatus adscrito por sobre otros adquiridos por el mérito personal y el esfuerzo. Baste citar las investigaciones de Javier Núñez que muestran como el tener apellidos sajones, germanos y vascos o la proveniencia de ciertos colegios de elite asegura mejores puestos y sueldos en la empresa privada, más allá del rendimiento académico. Punto aparte es la solapada discriminación por rasgos fenotípicos, un factor apenas tematizado en nuestra sociedad y que requiere de una pronta investigación. Y es que sociedades con un alto grado de desigualdad que mantienen mucho de tradicional, el capital de relaciones interpersonales puede llegar a ser mucho más atractivo que la  del mérito académico.

Dicho criterio poco tiene de tecnocrático. Como han mostrado recientes investigaciones de Patricio Silva, la emergencia de la tecnocracia no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Este fue concomitante al debilitamiento de las lógicas del Estado oligárquico y estuvo asociado al surgimiento de segmentos de clase media con alto sentido de sus competencias técnicas. No es de extrañar que los precurses chilenos de la “política científica” en la segunda mitad del siglo XIX fueran intelectuales de avanzada y de tendencias democratizantes dentro  del mundo liberal como José Victorino Lastarria y Valentín Letelier, y que los cuadros de tecnócratas recibieran un fuerte impulso durante la Dictadura de Ibáñez y los Gobiernos Radicales.

Al parecer la administración actual muestra una involución en este aspecto. Nuestro gobierno “de los mejores” es más bien un gobierno de redes y casta, antes que técnico.