Encuentran a los 33 mineros con vida

El país se ha sentido emocionado y alegre por la noticia que ha significado encontrar con vida a los 33 mineros de la mina San José. Aun queda una difícil tarea de rescate, pero el profesionalismo y capacidad técnica mostrado por los ingenieros, especialmente de Codelco, permite abrigar una más que razonables perspectivas de que este dramático episodio terminará positivamente.

Esta tragedia arrojará muchas lecciones a futuro, tal vez la más importante es las condiciones de trabajo en que se desarrollan ciertas actividades productivas, la manera como se vulneran los derechos laborales, y la forma como se incorporan a los costos de producción y a una mayor “competitividad” de las empresas las precariedades e inseguridades laborales.

A continuación dos artículos relativos al tema: ¿Y si falta Estado? del director Ejecutivo del instituto Ernesto Águila (escrito antes del encuentro de los mineros) y la ex directora del Trabajo María Ester Feres sobre el tema de la accidentabilidad y fiscalización (aparecido en El Mostrador, y cuando ya se había conocido la noticia del encuentro de los mineros)

¿Y si falta Estado?
Por Ernesto Águila Z.
Director Ejecutivo Instituto Igualdad

HASTA EL DERRUMBE de la mina San José y la presumible tragedia que ello envuelve, uno tenía la impresión de que Baldomero Lillo era un escritor costumbrista de los albores del siglo XX, que había retratado con especial sensibilidad y crudeza las condiciones de explotación y la misérrima vida de los mineros del carbón. Un Chile lejano de comienzos de nuestro desarrollo industrial periférico, un capitalismo incipiente y silvestre en materia de derechos laborales.

Sin embargo, por todo lo que se ha sabido de la mina San José, ésta apenas le va en la zaga a aquel mortal pique carbonífero descrito en Subterra y conocido como el «Chiflón del diablo»: una mina de rocas reblandecidas y carcomidas por las constantes filtraciones de agua y por el criminal ahorro de la empresa de la época de la madera que tenía por misión sostener esas oscuras e inestables paredes. La mina San José pasará a la historia como «El Chiflón del diablo» del siglo XXI, como la paradoja trágica de un país, y de una elite, que se percibe satisfecho y en «el umbral del desarrollo».

En esta desgracia, la primera e insoslayable responsabilidad la tiene, sin duda, la minera privada San Esteban, la que ha agravado su falta intentando invisibilizarse y pasar en puntas de pie frente a la opinión pública y los familiares, en medio de tamaña tragedia. Sin embargo, es cierto que también ha fallado el Estado: no por su «obesidad», como se suele criticar, sino por su extrema precariedad y reducido tamaño (dos fiscalizadores para más de dos mil faenas mineras en la zona), y por un sistema de sanciones y multas que no disuade del incumplimiento privado de las normas públicas.

¿Ocurre esto sólo en el campo de la minería? Todo indica que no: ese Estado jibarizado y riesgosamente retraído se reproduce también en materia de regulación y fiscalización de normas ambientales, laborales, de los derechos de los consumidores, transporte, pesca, educación, y en la provisión de servicios básicos como agua, electricidad, telefonía, entre otros.

En este contexto, vale la pena preguntarse cuál es la «noción de Estado», por usar una expresión del historiador Mario Góngora, de la derecha de hoy. «Mejor Estado», podrían responder desde ese sector, intentando orillar la interrogante sobre si eso no significa en el Chile actual «más Estado» en muchas áreas; más y mejores funcionarios, capaces de enfrentar a poderosos intereses privados en favor del bien público, o el resguardo de un núcleo de derechos sociales, ambientales y laborales, cuyo incumplimiento, por su magnitud y severidad, no pueda ser incorporado por las empresas como un costo asociado al negocio.

Quizás en este extravío de una «noción de Estado» en la centroderecha de hoy -no en la del siglo XIX ni de la mayor parte del XX- exista una clave que explique el extraño, lento y errático aterrizaje de ésta en el aparato gubernamental (para qué ocupar algo que no sirve y que lo hace, por antonomasia, casi siempre todo mal).

Cuando la realidad contradice sistemáticamente ideas profundamente arraigadas -como esta concepción primaria de que siempre «sobra Estado»-, lo menos común es cambiar la manera de pensar y lo más corriente es prescindir o mandar al diablo la realidad. El problema es que a veces ésta se toma sus revanchas.

Lo que sí debiese sorprendernos e indignarnos
Por María Ester Feres
Ex directora del Trabajo (1994-2004). Actual directora del Centro de Relaciones Laborales de la Facultad de Economía de la Universidad Central.

A pesar de la gran felicidad de saber a los mineros con vida, sigue generando escozor el efecto causado por ciertas declaraciones reconociendo presiones sobre el accionar fiscalizador: molestia en algunos y gran sorpresa en otros, si bien lo dicho es absolutamente veraz y de amplio conocimiento público.
Todo ente regulatorio o fiscalizador recibe presiones y toma conocimiento de intereses, muchas veces en pugna, desde los diferentes sectores afectados. Lo importante, es que ellas no lo desvíen nunca de las responsabilidades que le asigna la ley ni a perder de vista la importancia de los bienes jurídicos que se deben proteger. Al menos, la Dirección del Trabajo durante varios años se caracterizó por ese sello, lo que es totalmente comprobable y bastante conocido.

Mayor es la extrañeza, cuando hoy se habla con gran soltura de la necesidad de regular el lobby político, como parte del quehacer de un Estado democrático; si bien, antes de legislar sobre este tema sería de máximo interés conocer la opinión de la ciudadanía.

La pérdida de vidas, todas valiosas y evitables, sí debieran indignarnos; al igual que la poca valoración que se le otorga a las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la libertad sindical y los derechos laborales en general.

Lo anterior sorprende aún más, cuando lo que sí debiera preocuparnos son otros temas ineludibles, de ser cierto aquello que queremos construir una sociedad más justa, igualitaria y buena para todos. He aquí sólo algunas de muchas interrogantes.

¿Cómo es posible que un país con los grados de crecimiento económico alcanzados no protejamos mejor la vida en el trabajo? Los avances logrados en los últimos años, varios de ellos relevantes, no impiden que las cifras oficiales, sin capturar totalmente la realidad debido a un lamentable subregistro, sigan siendo escalofriantes. Durante el 2009 se registraron 443 accidentes fatales en los lugares de trabajo; en igual período, los registros -sólo de las mutualidades de empleadores- arrojaron 191.685 accidentes de trabajo, incluyendo los de trayecto. En el período de enero a marzo del 2010, las vidas perdidas en iguales circunstancias ya ascendían a 155 personas. Los homicidios durante el 2009, producto de los logros en seguridad pública, alcanzaron la siempre triste cifra de 285 personas; sólo las víctimas fatales con ocasión del terremoto y tsunami de febrero pasado, son similares a las laborales en sólo un año. ¿Qué nos pasa como sociedad si hechos tan lamentables, salvo cuando se nos presentan en forma tan impactante, nos dejan impávidos? Pareciera ser que sólo las grandes catástrofes logran conmovernos.

Aunque no guste, los problemas en seguridad e higiene en el trabajo son constatables en todos los sectores productivos, cualesquiera sea su dinamismo o el tamaño de la empresa. Estudios muestran que la gran Minería, a pesar de la alta tecnologización de sus procesos, con sus explotaciones en altura, jornadas excepcionales (por la ubicación de los yacimientos), ambientes contaminantes, colaciones en máquina, externalización de riesgos a través de la subcontratación y del suministro de trabajo en iguales o similares actividades que los trabajadores propios, doblajes de turnos, etc., también genera riesgos evitables a la salud y vida de los trabajadores.

El crecimiento y expansión de la salmonicultura, con o sin virus ISA, se sustenta en la vida de los buzos mariscadores que laboran en los centros de cultivo, con altísima cantidad de trabajadores muertos (58, en menos de tres años) y en condiciones de trabajo lamentables en la industria: funciones repetitivas, en permanente humedad, sin contar la gran precariedad contractual, los bajísimos sueldos y las extenuantes jornadas. Ello, con sus particularidades, se reproduce en la agro-industria, con el agravante del conocido fenómeno de los plaguicidas y pesticidas, el trabajo infantil, etc.; así como, en otros sectores de actividad.

La pérdida de vidas, todas valiosas y evitables, sí debieran indignarnos; al igual que la poca valoración que se le otorga a las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la libertad sindical y los derechos laborales en general; a lo menos, saquemos lecciones provechosas de experiencias tan lamentables como la de los mineros de Atacama.