Por Sebastián Salazar, coordinador académico del Programa Constitucional del Instituto Igualdad.
Qué duda cabe que nos encontramos inmersos en una crisis de seguridad y con una violencia inédita en la comisión de delitos de alta connotación pública. Esta situación afecta a la ciudadanía de manera transversal, pero se ensaña principalmente con los grupos más vulnerables y de los sectores más populares del país.
En las últimas semanas, se ha debatido que Chile no contaría con una arquitectura institucional de seguridad para enfrentar este complejo fenómeno. Este ha sido el principal diagnóstico que se ha querido instalar en la opinión pública. Sin embargo, planteo que más bien existe un diseño institucional débil, fragmentado e ineficaz que afecta una conducción democrática del sector seguridad. Este hecho deriva de las reformas constitucionales del 2005, como un problema que cruza a todo el sistema político y que quedó graficado en las dos propuestas constitucionales votadas en contra por la ciudadanía, las que avanzaban en dos direcciones completamente opuestas en esta materia.
Este diseño implica una conducción política débil. El proceso de reforzamiento a nivel institucional del rol del presidente de la República y sus representantes en las relaciones cívico-militares y policiales ha sido lento. Ejemplifica esta aseveración la resistida tramitación de las leyes destinadas a reconfigurar los estatutos de los Ministerios del Interior y de Defensa, así como otras instancias formales de fortalecimiento del poder civil electo democráticamente en labores de defensa y seguridad. La álgida discusión sobre la distinción entre preparación y empleo de los medios militares (3 y 4 estrellas) grafica esta situación.
Este diseño implica una conducción estratégica fragmentada. Los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos (Fiscalía, policías, gobierno central y delegaciones presidenciales, entre otros) y privados no han operado adecuadamente. Grafica esta situación que la información producida no conversa entre sí, que existen diferencias metodológicas en la generación de esta y que se han puesto trabas institucionales y técnicas para la interoperabilidad de bases de datos cruciales. Ello influye negativamente en la generación de insumos que faciliten una adecuada toma de decisiones en los niveles políticos y estratégicos.
Este diseño implica una conducción operativa ineficaz. Esta situación se debe a los altos niveles de autonomía y corporativismo con que funcionan diversas instituciones operativas del sector, principalmente las ramas castrenses, policiales y de persecución penal. Herencia aún vigente del original Poder de Seguridad instaurado por la Constitución de 1980 y que hoy se materializan en sendos problemas institucionales. Esta tensión entre dependencia civil y autonomía militar y policial ha sido una tónica durante toda la transición democrática, afectando a los niveles de conducción de la seguridad indicados precedentemente.
Los desafíos más urgentes para el sector de la seguridad se refieren a la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, a cambios en el obsoleto Sistema de Inteligencia del Estado, innovaciones sobre inteligencia económica, un mayor control y mejor gestión migratoria, a una política carcelaria ad hoc a las complejidades actuales y sus necesidades institucionales, al disenso existente sobre la salida de las FF.AA. en materias de orden público (medida de la cual estoy en contra) y el uso de la fuerza, y, por último, a la prevención de la corrupción y el tráfico de influencias en los organismos que componen a todo el sector. Estas medidas fortalecen la conducción de la seguridad en sus tres niveles.
Pero para avanzar en estas complejas medidas se necesita de un liderazgo con sentido de urgencia y un acuerdo político transversal, que se haga cargo de las dimensiones descritas y empatice honestamente con la ciudadanía en el cumplimiento del deber primario del Estado. En un entorno propio de una democracia constitucional como condición mínima de encuentro, más allá de medidas populistas esgrimidas por razones electorales contingentes y de la polarización que experimentan las elites de nuestro país.
