Rubens Francois, Economista, Instituto Igualdad
El rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional pasada se inclinó por una nueva y mejor constitución. Es posible que, en esa oportunidad en el mapa de los tres tercios, la derecha en un extremo y la izquierda en el otro, se diera espacio al centro para sumarse al rechazo.
Pero, ese centro que no aprobó la constitución de la Convención Constitucional probablemente no comparta integralmente el proyecto país implícito en las ideas de la derecha y menos de los republicanos de la ultraderecha, como también ese centro no aceptó algunos componentes que involucraban cambios estructurales muy profundos y seguramente de inciertos resultados en su implementación.
La derecha se ha aprovechado oportunista y hábilmente de ese rechazo, apropiándose de la idea de una nueva y mejor constitución. Los republicanos han llevado al extremo esta estrategia al sobrepasar los bordes o límites consensuados en los 12 puntos por un amplio espectro político para acotar los cambios que pueda introducir una nueva constitución, acuerdo político donde los republicanos se negaron a participar. Sin embargo, en el Consejo Constitucional no ha existido un claro consenso de la derecha moderada que impida un desborde en lo que impulsa la extrema derecha.
Qué ha sucedido que nos permita explicar hacia donde se ha inclinado el trabajo del Consejo Constitucional. Lo que estamos observando es la insistencia en creer que una nueva constitución se puede diseñar y aprobar sin que la ciudadanía conozca los contenidos y le baste el título de los textos. Así, se han ido incorporando textos a la propuesta de los expertos que permiten neutralizar el efecto que pudieran tener ideas de amplio consenso. Un ejemplo de ello es el concepto de estado social y democrático de derecho.
Aquí, claramente se pretende morigerar el alcance de derechos sociales fundamentales a través de normas que impiden su plena aplicación, de modo que, si bien se acepta que la educación y la salud son derechos, se pone en primer lugar la libre elección, aún cuando no se pueda acceder a una mejor educación o salud, simplemente porque no se cuenta con el dinero para comprarla. En consecuencia, si la educación no es gratuita se deja fuera a la población precisamente más necesitada de disponer de acceso a una buena educación.
El punto central es que la derecha finalmente no ve al ciudadano, ve a un consumidor en cada habitante del país. En su lógica, todos tienen la posibilidad de elegir; es decir, primero se pone la libertad de elección como el derecho fundamental. Luego, será parte sólo del esfuerzo personal con que cada individuo logre la capacidad de compra necesario para poder elegir y obtener el bien o servicio deseado. Y qué sucede cuando para tener un mayor poder de compra se requiere tener un mayor nivel de educación. Ciertamente, primero está la educación, el conocimiento, el oficio o profesión que permita optar al mercado laboral para generar ingresos, que sería finalmente lo único que garantizaría ejercer la libertad de elección del consumidor en el mundo ideal del mercado que ofrece la derecha.
En esa lógica queda claramente establecida la exclusión del estado como garante de los derechos sociales de toda la sociedad, solo pone énfasis en el derecho individual de elegir, sin ninguna opción de que tales derechos sean igualitarios ni inclusivos para toda la población.
Los republicanos no solo negaron el valor de un amplio acuerdo transversal para escribir una nueva y mejor constitución en un marco de consenso, se han permitido además vulnerar ese acuerdo con textos que reflejan su fanatismo ideológico, partisano y febril. Para ellos se trataba de que el rechazo de la anterior propuesta de constitución les daba la gran oportunidad de torcer en 180 grados las principales normas que contenía, muchas de ellas presentes en la propuesta de la comisión de expertos, cayendo en la misma soberbia de imponer por mayoría en el Consejo su particular idea de sociedad y su visión teocrática del estado.
El fracaso de este nuevo intento de escribir una nueva y mejor constitución es de responsabilidad de los republicanos y de aquellos que comparten sus ideas fundamentalistas de extrema derecha. Los bordes consensuados de alguna manera están contenidos en la propuesta de la comisión experta y reflejan el propósito de concretar un acuerdo social básico, desde donde la mayoría de los ciudadanos estaría dispuesto a aprobar una nueva Carta Magna.
No es difícil concluir que, gracias a la mayoría de la ultraderecha republicana junto a otros fanáticos de ese sector, el Consejo Constitucional no podrá ofrecer al país una nueva y mejor constitución y eso lo veremos confirmado en lo que decida finalmente el pueblo en el plebiscito del 17 de diciembre, próximo. Desde todos los sectores políticos democráticos se manifiesta una insatisfacción y una gran frustración por lo que se considera un retroceso en lo que necesita Chile para ser un mejor país.
