Rubens Francois I., economista
El populismo en Chile está avanzando probablemente como respuesta a la crisis política que se observa en la negación o “negacionismo” respecto de lo que el adversario político plantea o propone. Ante el total desacuerdo que ello produce, se corre el riesgo de que surja el líder, el salvador de la crisis, el que arma un discurso de fácil audiencia, pero, casi siempre, de imposible o difícil concreción y que, probablemente, a futuro obligue a los gobernantes imponerse autoritariamente o en el mejor de los casos acceder en momentos críticos, mediante plebiscitos o consultas populares, garantizadas seguramente con encuestas previas que den señales de ganar.
Los partidos políticos, sin embargo, pese a su desacreditación por lo que hacen o dejan de hacer – discurso preferido de la derecha – continúan siendo la base de la democracia actual en que la representatividad del pueblo está entregada a ciudadanos elegidos por ese mismo pueblo. Los vacíos de la democracia representativa han ido derivando en diversas formas de organización de la sociedad civil que les ha permitido obtener no sin dificultades la visión e intereses de las comunidades organizadas para intentar generar y cuajar la implementación de proyectos de política pública que tienen especificidades y demandas regionales o locales, propias.
La desconfianza en los partidos políticos se ha ido manifestando con creciente sonoridad y fuerza, fundamentalmente, como resultado de que funciones claves para la estabilidad política, que permiten legitimar a los partidos, como es el nexo permanente del pueblo con sus representantes, lo que no ha tenido la fluidez ni la retroalimentación que requiere este vínculo virtuoso. Esto, ha llevado a los partidos políticos, transversalmente, a enfrentar crisis institucionales y de gobernanza de creciente envergadura que la gente espera sean resueltas en paz y en orden.
Ni la percepción de lo que sucede hoy en las comunidades de manera real y las prioridades para enfrentar los procesos encaminados a resolver sus problemas, ni lo que implica en cuanto a recursos y plazos la solución de aquellos, son parte de la narrativa política que pueda dar cuenta del nivel de cercanía de los partidos políticos con la gente. Evidentemente, en la medida que esa cercanía exista, no cabe duda de que el discurso de los partidos tendría muchas coincidencias y ello podría generar consensos y acuerdos para lograr en conjunto un mejor país. Esto hoy no ocurre y cada partido trata de favorecer a su clientela electoral como si ello no tuviera desgaste en el tiempo y que los políticos lleguen a ser castigados por su pobre percepción de las necesidades de la gente ni por la mala calidad de su gestión para lo que fueron elegidos, más todavía si se evidencia corrupción en su desempeño.
Si al menos los partidos tuvieran proyectos de largo alcance, de cambios viables basados en demandas validadas por los ciudadanos, o sea, que puedan integrarse a programas de otros partidos, se podría llegar a consensos más fácilmente. Tenemos partidos encapsulados, parapetados en sus propios proyectos, sin la práctica ni la voluntad de diálogo, sin actualizar sus proyectos a nivel país, y más aún, sin la actitud ni el propósito de ceder para avanzar.
El predominio de los intereses de clase ha contribuido a fortalecer la idea de tener gobiernos fuertes e incluso permitir el desborde de las reglas de la democracia y de respeto a los derechos humanos. La represión al movimiento social se ha legitimado en un modelo político constitucional que prioriza un orden congelante del estatus quo frente a los intentos de cambio.
La ingeniería política en nuestro sistema político se ha llevado a límites preocupantes. La búsqueda de fórmulas matemáticas para lograr propósitos políticos partidistas ha prevalecido por sobre la búsqueda de una ingeniería de resultados, de logros, de satisfacción de los ciudadanos frente a la labor de los políticos y la gobernanza del país. Las encuestas se dirigen más a crear opinión que a obtener información de las verdaderas expectativas de la gente y de su propia percepción de lo que ocurre en el país y su comunidad. Los coeficientes y guarismos elaborados para determinar mayorías en los procesos políticos dan cuenta de cómo ganar elecciones sin que se logren consensos.
La política ha estado muy cercana a fuentes ilícitas de dinero y a los mecanismos que permiten consolidar las posiciones de privilegio y poder de las élites y de políticos. El cortoplacismo, la preferencia por no perder lo que tienen acumulado hoy, de cómo aprovechar y maximizar los ingresos presentes y lograr incrementar el patrimonio propio, incluso, aprovechando las posiciones de poder que entrega la dirección y las diversas funciones del estado. Cualquier mirada de largo plazo de la política, la élite la considera una amenaza al status quo si se visualizan cambios de las actuales reglas del juego, aunque las transformaciones favorezcan a importantes mayorías de los habitantes del país. No es una cuestión que tenga que ver con el sistema de mercado, sino de cómo se logra penetrar y consolidarse en un mercado, aun recurriendo a romper las reglas de la libre competencia. En esto la élite económica criolla ha mostrado muchas fórmulas para coludirse, mucha ingeniería para eludir impuestos y defensas difíciles de romper y castigar para poder evadir tributos.
Presidencialismo, liderazgos populistas, autoritarismo, gobiernos fuertes, son atributos muy valorados por la élite. Es tal vez la manera más fácil y pragmática de ejercer el poder por una minoría, donde, quizás por esa misma razón no ha tenido cabida un parlamentarismo democrático que podría operar con mayorías más sólidas y estables en la gobernanza del país.
El presidencialismo fue robustecido y consagrado como la forma de gobernar al país en la constitución de Pinochet, valiéndose de la experiencia histórica del desarrollo político en Chile que ha estado marcado por liderazgos fuertes y caudillos militares. El presidencialismo fragiliza la democracia si no se pone límites al gran espacio de poder discrecional que tiene el presidente de la república en Chile.
El foco de la derecha en la elaboración de leyes y normas constitucionales ha estado siempre en establecer el dominio de la propiedad privada y la libertad de elegir como lo más relevante en la sociedad lo que la lleva a determinar los guarismos, los cupos, los quorum y la organización del sistema político y electoral que le garantice el poder político, aunque el partido que gobierne no haya sido elegido con la mayoría, utilizando la segunda vuelta para llegar al poder. Cuando ello ha ocurrido para favorecer a la izquierda, como fue el 36,6% de la votación que permitió el ascenso al poder a Salvador Allende, la derecha no trepidó en romper las reglas democráticas y lo derribó con un golpe militar.
¿Cómo han pesado los 3/3 del espectro político en los intentos para llegar a consensos? ¿Son tan diferentes sus propuestas que ello impide consensuar lo básico o lo mínimo para darle continuidad y estabilidad a la gobernanza? ¿Es todavía la élite un poder tan fuerte e influyente como para dificultar y ampliar los consensos para acceder al centro político?
Las alianzas de la izquierda o de la derecha con sus respectivos partidos afines y parte del centro político que han conseguido atraer, ha permitido darle piso a la gobernanza. Mientras más amplio ha sido el espectro político de una coalición de partidos, mejores resultados se han producido en beneficio del país. No está claro, sin embargo, que el sistema electoral binominal haya sido un mecanismo que contribuyera a consolidar los acuerdos o consensos desde el punto de vista de los intereses de la mayoría ciudadana.
La alternancia de gobiernos de distinto signo en el país, pese al persistente negacionismo frente a las posturas políticas del adversario, ha dado continuidad a las principales políticas públicas para lograr resultados aceptabñles, lo que no exime al país de que se den condiciones para dar paso a cambios drásticos de un gobierno a otro, generando inestabilidad política o una crisis institucional. Ciertamente, los cuatro años de duración de los gobiernos no permite en muchos casos consolidar y garantizar con éxito procesos de cambio, lo que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, generando incertidumbre en sus expectativas de mejoramiento de su situación.
Cuán distantes estén las visiones de la derecha e izquierda, será siempre un factor determinante para no consensuar proyectos. Como dice un prestigioso politólogo chileno-norteamericano que ha estudiado la historia política de nuestro país, Arturo Valenzuela B., si el espectro político tuviera la distribución estadística de la campana de Gauss, en los extremos estarían los partidos menos dialogantes y se concentraría en el centro la probabilidad de mayor consenso.
Así como el rodeo pretende declararlo un deporte nacional, para esa misma minoría, su cultura política y la irrestricta defensa de sus intereses económicos está por sobre los intereses de la mayoría y del futuro del país, especialmente, si en algo son tocadas sus rentas y patrimonio por las políticas públicas. Este poderoso, pero minoritario sector estaría dispuesto, como lo hizo el año 73, a darle legitimidad a los golpes de estado y a los gobiernos autoritarios, como si ello correspondiera a la idiosincrasia chilena. Ese ha sido el legado de la élite en nuestra sociedad, en Chile, donde ese 1% de la población concentra más de tercio de la riqueza del país y donde se puede observar una extrema desigualdad y pobreza, comparada con muchos países de AL y el Caribe.
El desenlace del proceso constitucional mostrará entre otras cosas un nuevo mapa político de nuestro país. Lo que hemos visto hasta ahora es un rostro desfigurado de la política y muy volcado al legado de la élite chilena. No obstante, la derecha ha mostrado con mucha claridad que todavía está atada completamente a la élite y que incluso cede a lo más extremo de las ideas conservadoras y retrógradas que lideran los republicanos. Poco o nada del trabajo de la anterior Convención Constitucional ha querido incluir la derecha, a excepción de la idea del estado social y democrático de derecho, pero, a cambio ha insistido en incorporar normas que inhiben o dejan sin piso esa idea. El país se enfrentará a una crucial decisión donde tendrá que decidir si está dispuesto a regirse por una constitución con el sello de la élite dominante o simplemente esperará el momento para tener efectivamente una nueva y mejor constitución.
La democracia, sin embargo, se ha ido consolidando a medida que el movimiento social y popular fue madurando e imponiendo derechos consagrados hoy en la declaración universal de los derechos humanos y en las luchas permanentes por los derechos sociales que reclaman justicia, equidad, inclusión, acceso igualitario a los bienes público. No hay plazo definido para construir un mejor país, pero cada vez será más claro para la mayoría de los ciudadanos en qué país quiere vivir, y en eso nadie puede tener dudas, porque finalmente el país lo construye el pueblo, informado, educado y que reconoce quienes están dispuestos realmente a unirse para tener un futuro digno y próspero en paz y democracia.
