Autores: Juan-Pablo Pallamar et Paulina Vodanovic¹

Publicado por la Fundación Jean Jaurès en Francia, 29 marzo 2021

El estallido social acelera la agenda por el cambio. Y más aún, el cambio se impone como la agenda y programa del país. Una corriente democratizadora venía, poco a poco, abriéndose paso en la sociedad chilena (ley de no reelección tras dos mandatos, sistema de elección proporcional, cuotas de género, elecciones regionales, incorporación del voto de chilenos en el exterior, la primera mujer electa presidenta de la república, los movimientos estudiantiles y la reforma de la educación, etc.). Sin embargo, el malestar social acumulado que estalló el 18-O ²establece una línea divisoria histórica en el clima político y social nacional. Popularmente designada como “el despertar de Chile” o “Chile despertó”, esta fuerza profunda en el sentido de Pierre Jardin³, influye sobre el conjunto del sistema político y resignifica este período como un súper año electoral (unas 9 elecciones populares)⁴

Abordaremos en dos partes los desafíos que se operan en la actualidad en Chile. La primera parte aborda el actual clima socio-político de Chile tras el pasado plebiscito de octubre. La finalizaremos con la formulación de una pregunta respecto a los riesgos y desafíos políticos que se perfilan. Intentaremos dilucidar la respuesta en la sección siguiente. Así, la segunda parte de esta nota abordará la relación entre los desafíos del proceso constituyente y el nuevo ciclo electoral en curso.

• El “Despertar de Chile” y sus consecuencias

Uno de los resultados concretos del movimiento social del 18-O fue de esta manera la apertura de un proceso constituyente inédito. Un proceso social que, sin embargo, ha tenido un alto costo humano. Entre octubre 2019 y marzo 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) registró 30 muertos “en circunstancias que no han sido completamente elucidadas”. Los informes del INDDHH señalan 3838 heridos hospitalizados de los cuales más de 460 corresponden a lesiones oculares en muchos casos con pérdida de visión parcial o completa. Cientos de denuncias por agresión sexual son también señaladas junto a denuncias por tortura y mal trato. En ese mismo lapso, más de 11 mil detenidos fueron registrados, de entre los cuales más de 2 mil 500 permanecieron en detención preventiva a la espera de un juicio hasta más de un año (Fuentes, 2019).

Si, desde el regreso a la democracia (1988-1989) hasta hoy, el pinochetismo representó electoralmente cerca del 40% del país, esta vez 80% del electorado aprobó una nueva constitución y una asamblea constituyente para su redacción. En consecuencia, el país no está dividido. Y de este modo, se trata en parte de una estrepitosa e histórica derrota para las fuerzas conservadoras chilenas.

• El movimiento social y la desconfianza

La fuerza de ciertos movimientos fue clave. Precisamente el movimiento feminista y Mapuche, son hoy motores y columna vertebral de un proceso histórico. Un proceso único que desemboca a la vez en la primera constitución política de la historia chilena redacta democráticamente como en la primera constituyente paritaria entre hombre y mujeres del mundo con además cuota proporcional de representación de los pueblos originarios (Forteza, 2021).

Mismo así, el proceso constituyente se desarrolla en un clima de aguda tensión social y política. Si la idea de una reforma estructural parece trasversal, la desconfianza hacia las instituciones y actores de la política chilena mantiene a la vez un clima de reticencia e incredulidad. Oscar Mac-Clure y Emmanuelle Barozet (et al.) han llamado a este fenómeno, la liberación emocional puesto que “a diferencia del período anterior al estallido, ya no se descarta la rabia o enojo para enfrentar una situación adversa” y también las y los chilenos han “desconectado sus lealtades y otras emociones favorables de las instituciones y organizaciones con las que estaban vinculados previamente” (Barozet et al., 2020 ; Flam, 2005). Antes del estallido, Latinobarómetro ya afirmaba que entre 2004 y 2018 al menos 70% de la población chilena consideró que el país estaba “gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. Mientras que tras el 18-O la encuesta Termómetro Social señalaba que “en una escala del 1 a 10 (donde 1 es muy poca confianza y 10 es mucha confianza) las siguientes instituciones y agentes recibieron una nota inferior a 3,5: parlamentarios, ministros, partidos políticos, presidente de la república, empresarios, organizaciones religiosas, tribunales de justicia, carabineros, fuerzas armadas y alcaldes” (DESOC, CMD, et COES, 2019). Los treinta días de protesta tras el 18-O representan así el paroxismo de un proceso de gestación, largo y anterior, de liberación emocional.

• La pandemia no desmovilizó el movimiento

La pandemia agravó la situación social. Si 83% de los hogares afirmaban que en 2019 sus ingresos eran suficientes, en julio 2020, todo lo contrario, 49% declaraba que sus ingresos eran insuficientes. En noviembre, 59% de los hogares chilenos declaraba haber experimentado una disminución de sus ingresos y 27% afirmaba que ninguna persona de su hogar se encontraba ocupada. Más aun, 40% de los hogares declaraba tener problemas para pagar sus deudas (INE, 2020).

Para mitigar los efectos de la repentina recesión provocada por la crisis sanitaria, las políticas del gobierno de Sebastián Piñera estuvieron orientadas a proteger el tejido empresarial. El gobierno permitió a las empresas “suspender los contratos de trabajo de los trabajadores para que el seguro de cesantía cubra los ingresos de los trabajadores, que son propios”. El seguro de cesantía emana de un ahorro obligatorio de los propios trabajadores (Espinosa, 2020). No hubo creación de una renta social de emergencia, y parte significativa de la población activa más vulnerable (50% de la fuerza laboral percibe salarios cercanos al salario mínimo), salió a trabajar. En consecuencia, amplios sectores no pudieron cumplir con el confinamiento sanitario. Emergieron ollas comunes populares en los territorios del país, así como protestas del hambre. Las medidas sociales del gobierno fueron tan insuficientes que el Congreso nacional se vio presionado a reunir el quorum calificado para permitir a la población el retiro del 10% de sus fondos de pensión retenidos por las Agencias privadas de Fondos Previsionales (AFP)⁵. Una decisión que marca de esta forma un precedente inequívoco y, nuevamente histórico, para cambios estructurales de la economía chilena.

Si entonces la pandemia vino a desnudar las contradicciones de la acción gubernamental de Sebastián Piñera, a la vez que forzó el repliegue temporal del movimiento, aun así, el clima permanece explosivo. Las protestas arrancan nuevamente cada vez que hechos sensibles golpean una opinión pública atenta a los abusos sistémicos. Y los ejemplos abundan. El más reciente es el caso de la ciudad de Panguipulli en el sur de Chile. Manifestaciones nacionales nuevamente estallaron el domingo 07 de febrero, tras el asesinato de Francisco Martínez, un joven artista de calle y malabarista, abatido a plena luz del día por seis disparos de Carabineros durante un control de identidad en el centro de la ciudad, sin ser sospechoso ni haber cometido delito. La indignación popular resultó en el incendio de la alcaldía, protestas en numerosas comunas del país y la represión de la policía.⁶

El 08 de febrero (día siguiente) en Santiago, se suma a ello, la extraña muerte de Camilo Miyaki en la celda de detención de Carabineros por infringir el toque de queda sanitario. Carabineros declaró que el joven se habría suicidado suscitando sospecha entre organismos de Derechos Humanos.

Y el martes 09 de febrero, el joven boliviano Jaime Veizaga Sánchez murió en las afueras del Servicio Médico Legal, abandonado en la calle por dos Carabineros en circunstancias irregulares que se investigan. Una seguidilla de casos de muerte vinculadas a la policía chilena que vienen a tensar el clima social azuzado además por declaraciones de irrestricto apoyo de Piñera a la policía.

¿Qué riesgos y desafíos políticos se perfilan entonces hoy en Chile?

Por una parte, asoman los desafíos de este súper año electoral (formación de la constituyente y posterior fijación de su reglamento de funcionamiento, reconfiguración del poder político a nivel municipal, regional y nacional). Y, paralelamente, están los riesgos latentes de una frustración social mayor. Frustración que, si bien hoy tiende al cambio, también podría ser funcional a un eventual bloqueo del proceso constituyente o, también y a la vez, funcional a la insatisfacción de la nueva híper-mayoría surgida el pasado 25-O ⁷. en cuanto a las expectativas creadas en la constituyente. Se espera así que, junto al proceso constituyente, se desarrolle un clima de movilización social intenso, operando a otra velocidad y sobre la base de un malestar social que desconfía de las élites y del establishment.

• El desafío constituyente y
  la super jornada electoral de abril

La super jornada electoral del 11 de abril (11-A) las cuales estarían siendo aplazadas para mayo dada la situación sanitaria, las y los chilenos están llamados a elegir 155 delegados constituyentes: 77 hombres y 78 mujeres. Además, deberán también escoger 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y más de 2200 concejales municipales.

El 11-A representa también un importante recambio del personal político chileno. Al menos 26% de los alcaldes actualmente en ejercicio no podrán repostularse debido a la nueva ley que limita la reelección. El Servel⁸ registró además casi ¡1400 candidaturas a constituyentes en más de 100 listas! Tal irrupción de listas de independientes abre así el escenario electoral, diluyendo su predictibilidad.

Se trata entonces de una jornada electoral que dará luces sobre el nuevo escenario electoral, la elección presidencial de noviembre y más aún sobre las nuevas bases constitucionales del país. Nuevas bases constitucionales que no sabemos aún si encontrarán la mayoría para erigir un nuevo pacto ecosocial. Un nuevo pacto que satisfaga las expectativas sociales creadas por el movimiento del 18-O. Difícil resulta predecir los equilibrios electorales (nuevos o no) de la constituyente en un escenario abierto como este. De esta manera, no queda claro si podrá garantizarse la formación de un Nuevo Estado democrático. No queda claro si habrá capacidad para instaurar pilares constitucionales que contribuyan al desarrollo de altos índices de justicia social e igualdad. No hay por ende certeza respecto a la aptitud que la constituyente tendrá para levantar un sistema de seguridad social universal de calidad, fundado sobre una nueva soberanía social y ecológica de los recursos naturales. No conocemos la profundidad de la mayoría constituyente que habrá para hacer del desarrollo sustentable un principio constitucional creador de cadenas productivas de alto valor agregado que liberen al país de su actual carácter extractivista. No sabemos si habrá fuerza para una reforma espacial territorial que ponga fin al Estado neoliberal. Así, la apertura del escenario constituyente avizora significativos grados de enfrentamiento entre la mayoría de los sectores políticos, sociales y económicos de la sociedad chilena. Más aun, cuando se hace real la amenaza de la derecha (re-) unida con el objetivo de bloquear la constituyente.

• Bloquear la nueva constitución

“Si tenemos el 40% [o más del tercio de los constituyentes] el próximo año, listo señores, tenemos el veto” en la constituyente.

Pablo Longueira,
ex presidente y líder histórico de la UDI
07 de septiembre 2020, ante el Consejo Directivo Ampliado del partido

La revolución de los endeudados del 18-O (Pallamar, 2020) parece haber dado fin al proceso de moderación de la derecha de los últimos 30 años. Desde la revolución pingüina de 2006 y el movimiento estudiantil de 2011, la emergencia de nuevos actores políticos capaces de repolitizar la desigualdad legitimando políticas públicas opuestas al modelo neoliberal había acentuado, como señala Cristóbal Rovira, la transformación de la derecha. Transformación que la llevaba a su propia fragmentación (Rovira Kaltwasser, 2019). Así Evópoli (que se declara un partido liberal) fue fundado apuntando al centro político y por la derecha de la derecha, germinó el partido Republicano (outsider conservador que reclama una derecha sin complejos, neopinochetista). Ambos partidos curiosamente liderados por un miembro de la familia Kast.

Paradójicamente, tras el 18-O la tesis de Rovira sobre la fragmentación de la derecha no se cumplió. La derecha no se reacomodó, no se moderó. No adaptó su agenda en función de las demandas de transformación social del país. Al contrario, defendió el modelo. Y al firmar el acuerdo parlamentario por el plebiscito constitucional, nueva paradoja: las voces contra la nueva constitución se hicieron más fuertes. Más aun, todos los partidos de derecha hicieron finalmente la campaña del “rechazo”. El más llamativo caso es el del partido Evópoli. Inicialmente favorable a la opción “apruebo”, se le otorgó incluso tiempo legal en la franja televisiva del apruebo⁹. Sin embargo, a finales de agosto 2020, cambio de rumbo en 180 grados. Evópoli recula y renuncia a su espacio en la franja. En todos los partidos del sector fraguó entonces la tesis del bloqueo constitucional promovido por la derecha más ortodoxa.

En el plano presidencial el repliegue electoral también fue refrendado. Tras el desastroso resultado de la opción rechazo (sólo 20%), de Evópoli a los Republicanos, la derecha convergió. El próximo 11-A una lista nacional única los representará en las elecciones de constituyentes. “Si vamos unidos no tengo duda de que lo vamos a sacar” decía Longueira, ex presidente de la UDI, en referencia a la obtención del tercio de los constituyentes.

De este modo, la derecha asume con tal encomio la hipótesis del bloqueo de Longueira, que, también, ya anunció una primaria legal para definir una candidatura presidencial única de todo el sector. Y es desde el punto de vista político, la nueva constitución se enfrentará a un gobierno que la haga carne viva o que bloquee su implementación. ¿La nueva constitución podría quedar en letra muerta si asumiera un gobierno contrario al nuevo pacto que goce además de la simpatía de los sectores castrenses? Sin duda, ello activaría una frustración social reactualizada y probablemente, un vuelco social y político hacia los extremos.

Así, ya son 6 candidatos presidenciales en carrera para la primaria de la derecha. Tres ex ministros de la actual administración Piñera y tres históricos, Joaquín Lavín (alcalde de Las Condes), Evelyn Matthei (alcaldesa de Providencia) y José Antonio Kast (ex parlamentario UDI y actual presidente del partido Republicano). La sombra incómoda de este último asecha sobre los autodenominados dirigentes liberales y centristas de derecha. Pero, en definitiva, lo central que se debe retener es que la derecha ha conseguido parar su fragmentación y reiniciar un proceso de acumulación de fuerza. Una unidad que promete una dura y larga batalla política, más allá del 11-A, por la continuidad o no de las políticas neoliberales del Consenso de Washington.

• El difícil camino para favorecer una nueva constitución

Hasta hoy, la convergencia de la oposición no ha sido posible. Por una parte, evidentemente, los partidos opositores compiten entre ellos. Y por otra, la diversidad social del 18-O se muestra reticente a todos los partidos, incluso a organizaciones sociales históricas (como la CUT, ANEF, FEUC, FECH, etc.). En consecuencia, una falta de entendimiento entre las oposiciones propicia un escenario electoral favorable a una derecha que se presenta unida en la elección del 11-A. Una constitución nueva y más progresista está así en riesgo.

Si bien los constitucionalistas aclaran el sentido de “la hoja en blanco” y de los “2/3” (Atria et Fernandois, 2020 ; Aylwin, 2020 ; Couso, 2020), el proceso constituyente tiene una dimensión política que no puede subestimarse, pues puede sobrepasar su propia dimensión jurídica. En efecto, tras la firma del acuerdo del 19-N¹⁰ otros acápites fueron añadidos ex post al acuerdo por razones políticas. Por ejemplo, la ley de paridad.

La UDI y el gobierno se opusieron desde un inicio. “Nos parece muy relevante honrar los acuerdos. Si partimos de la base que estos son modificables y que la palabra no se va a honrar, se complica todo” declaró el ministro Felipe Ward¹¹. La bancada UDI votó finalmente en contra de la ley y la diputada UDI María José Hoffman rechazaba el proyecto afirmando “estoy en contra de la paridad porque me parece indigno para una mujer que necesite ese tipo de bastones legales” (Hoffman, 2019 ; Soto et Cáceres, 2019)¹².

Ello demuestra que si los resultados electorales del 11-A favorecen la derecha, no hay garantías de que el 1/3 al que aspira no sea usado a modo de bloqueo. El reglamento que regirá la constituyente será, en ese sentido, la primera coyuntura determinante para el funcionamiento de la asamblea. ¿Cómo crear entonces una nueva constitución si las fuerzas del apruebo no consiguen representar más de 2/3 de la asamblea?

Así, la convergencia de las fuerzas del apruebo se revela como una necesidad. Pero los acuerdos alcanzados por los partidos opositores son, en este contexto, tan espurios que no sólo acentúan la fragmentación y la dispersión, sino que favorecen tanto la posición unitaria de la derecha como la derrota de las izquierdas en las instituciones. La dispersión progresista que llevó Piñera a la victoria en la última elección presidencial de 2017 es ejemplo de ello. Y las repercusiones de tal dispersión siguen activas. A pesar de estar ya en un escenario post 18-O, en marzo 2020, representando una mayoría (por suma de bancadas), la oposición política perdió la administración de la cámara de diputados y la derecha siendo minoría consiguió imponerse.

Aun así, es verdad. Las izquierdas han persistido en buscar la convergencia, pero de modo insuficiente. Una retórica de unidad, sí, tomó mayor relevancia conforme se acercó el plebiscito del 25-O. Y luego, tras la victoria y la conformación de las listas para la elección de delegados constituyentes en abril, también se acentuó ese patrón. Pero, a pesar de un clima social transformador favorable a la convergencia progresista, las conversaciones fracasaron. Se impuso nuevamente la realidad de la oposición: la fragmentación.

La consecuencia de tal fragmentación ha sido tanto la dispersión como el absurdo de un campo político que se canibaliza como un perro que intenta morderse la cola. Por una parte, una izquierda (la socialista) que recién comienza a notificarse del fin de la tercera vía¹³ y del deber de asumir su responsabilidad en ese proceso de ultra o post renovación blairista del socialismo chileno, rechazado además por las nuevas generaciones. Y, por otro lado, una izquierda (la comunista y la autonomista) que recién comienza, paulatinamente, a aceptar su renovación al socialismo democrático pero que se reúsa a asumir que es parte del mismo campo socialdemócrata. En concepto de Manuel Antonio Garretón “la renovación socialista no corresponde a una línea específica ni a una estrategia política, sino a un cambio ideológico y, más precisamente, cultural, en cuyo interior pueden darse muy diversas líneas o estrategias políticas incluso contradictorias entre sí” que refleja el proceso histórico del conjunto de la izquierda (Garretón, 1991). En consecuencia, sin eufemismos, si el socialismo chileno debe despertar de su deriva neoliberal, el partido comunista y el frente amplio por su parte deben aceptar su actual rumbo socialdemócrata. Tres listas opositoras a la constituyente coronaron el fracaso de tibios intentos por converger, mientras las listas de independientes se multiplicaron por cientos.

De ahí que el desafío opositor continúa esencialmente siendo la formación de una convergencia más allá de la retórica y del maniqueísmo de izquierda. Se trata además de una convergencia que necesita de recambio en el personal dirigencial. Hoy, inscritas las listas e iniciadas las campañas, el desafío de la convergencia constitucional recae entonces en las y los constituyentes electos. Y puesto que un nuevo gobierno es una pieza clave para asentar el nuevo orden constitucional o bloquearlo (incluso anularlo si la ocasión se presenta), los partidos del apruebo intentan acelerar la carrera presidencial.

• La necesidad de un nuevo progresismo, la presidencial y “la calle”.

La elección presidencial de noviembre es así una nueva oportunidad. Una chance que bien podría ser un último recurso para el progresismo pues el resultado de abril puede conllevar sorpresas difíciles de remontar. Pero una convergencia de cara a la presidencial no muestra aun señales sólidas. Es posible que la herencia dejada por las tres listas presentadas para el 11-A sea más fuerte, conduciendo a tres o cuatro candidaturas presidenciales de la oposición. En el escenario actual varias candidaturas de la oposición competirán en la primera vuelta presidencial de noviembre frente a la candidata o el candidato único de la derecha¹⁴.

La aprobación del retiro del 10% de las AFP catapultó la figura de Pamela Jiles, quien ya causaba simpatía en un público que la seguía en la televisión de farándula. Se le ha tildado de populismo de izquierda desde distintos sectores políticos, al despuntar como un liderazgo carente de orgánica partidaria dado el apoyo que le aporta la exigua amplitud del Partido Humanista (Depolo, 2020 ; Insulza, 2020 ; Piñera, 2020). Sin embargo, la característica inorgánica de su liderazgo es tal vez la principal debilidad para el despliegue territorial de una potencial candidatura.

El alcalde de Recoleta¹⁵, Daniel Jadue, en cambio, suple el vacío orgánico de Jiles con su militancia en el PC. Más aún, ha logrado demostrar desde Recoleta como la decisión política puede imponerse a la ortodoxia neoliberal chilena. Sus políticas socialdemócratas de escala municipal tal como “las ópticas y farmacias populares” y los programas de vivienda social vienen posicionándolo en la palestra nacional como un liderazgo conectado al 18-O. Sin embargo, su esencia de tribuno sumado a la tirria anticomunista del electorado centrista tiende a ponerle limitaciones electorales a su candidatura en un escenario de segunda vuelta.

En la esfera socialista, la reciente irrupción de la ex ministra de gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, ha conseguido (re-)unir al Partido Socialista, el cual hasta diciembre aparecía como un actor sobrepasado por los acontecimientos del 18-O y lesionado por la presidencial del 2017. La debilidad de Narváez puede ser a la vez su fortaleza. Si es menos conocida que Jiles y Jadue dos figuras mediáticas de los últimos 10 años, Narváez cumple con la expectativa del recambio y la renovación, tal vez en el estilo de la joven primera ministra neozelandesa, Jacinda Adern, si un escenario así es posible. Y si algunas de las consignas del 18-O se asimilaban al “que se vayan todos” de la crisis argentina de principios de siglo, Narváez podría cumplir con el doble objetivo de renovar la política nacional, así como al propio Partido Socialista. Partido que a pesar de los escándalos que le han cruzado en los últimos años goza de un capital simbólico innegable (partido de Salvador Allende y Michelle Bachelet) y también de un despliegue territorial que no puede ser subestimado. Así, no será sorpresa que consiga devenir en la candidata presidencial de los partidos socialdemócratas (PPD, PRO, PR y Ciudadanos). ¿Conseguirá sin embargo mejores resultados para articular una convergencia de las fuerzas del apruebo?

Las fuerzas opositoras a Piñera superan el arco de partidos no-oficialistas. La amplia heterogeneidad del movimiento social del 18-O es incluso el principal componente de las oposiciones. Si Pablo Longueira proclama la importancia estratégica de una derecha monolítica, la oposición, ella, representa su antítesis. Una antítesis que se plasma en un espectro diverso de oposiciones políticas, sociales e incluso culturales (como lo es el movimiento Mapuche). Oposiciones que, sin embargo, no consiguen encontrar las modalidades, el lenguaje y las personas para conciliar y crear cooperación política. Y ello, a que pesar que el estallido social del 18-O haya demostrado que la transformación de este Chile plurinacional necesita de una maciza convergencia de las fuerzas del cambio.

En este contexto, “la calle” tiene el protagonismo. Y como lo define Alberto Mayol, efectivamente, hubo impugnación de la élite (Mayol, 2016). A partir del 18-O, la calle impugnó el sistema de poder (político, económico, social y cultural). Sin embargo, a diferencia de lo que señala Mayol, a partir de la impugnación no se creó una contra-élite ni si quiera efímeramente. Y si se destruyó el Chile que conocíamos y se creó el Chile post estallido en el sentido de Schumpetter, la paradoja es que una nueva élite (o contra-élite) aún no ha emergido. Hoy por hoy, la calle continúa ejerciendo un rol de presión y de decisión que es anárquico (en el sentido de que no tiene líderes o voceros). Rol que, hasta ahora, por el momento, sustituye la carencia de convergencia. Su influencia podría incluso crecer si la pandemia tiende a aflojar gracias a la vacunación de la población.

La carencia de una articulación trasversal de la izquierda bien podría llevar el país a un impase aún más complejo. Si hoy ya gobierna la derecha con una estrategia de bloqueo constitucional y que el clima de agitación social carece de toda articulación político-partidista, una nueva constitución política que no cumpla con las expectativas populares podría sumarse a ese escenario. Estos escenarios, especialmente el último, muestran que la necesidad de un gobierno de convergencia progresista en tanto condición de un gobierno de transformación, será la siguiente clave del proceso de cambio que vive Chile una vez instalada la constituyente.

Referencias

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Soto X., Cáceres F. « Chile Vamos rechazará hoy paridad de género, escaños reservados e independientes ». La Tercera [En línea]. 18 diciembre 2019. Disponible en: < https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nigG4qdryMoJ:https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-rechazara-hoy-paridad-genero-escanos-reservados-e-independientes/943292/+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-d > (consultado el 16 de febrero 2021)

1. Juan-Pablo Pallamar es investigador en ciencias sociales de la Universidad de París y Paulina Vodanovic es Secretaria Nacional Internacional del Partido Socialista de Chile.
2. 18 de octubre 2019 o 18-O denomina el día en que se gatilló la revuelta social o estallido social en Santiago antes de extenderse al resto de ciudades de Chile.
3. Pierre Jardin retoma la expresión de Pierre Renouvin para señalar como causas económicas y también sociales influyen sobre el sistema político (o la organización política) así como hay causas materiales y físicas que lo hacen.
4. Elecciones populares en el trascurso de 20 meses: Plebiscito 25-O, elección de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, concejales municipales, primarias legales [que puede ser de una a tres y sin contar las primarias convencionales], legislativa [diputados y senadores], elección presidencial y plebiscito constitucional de salida [en 2022 pero sólo algunos meses tras la elección presidencial].
5.  Ver nota de noviembre: “la révolution des débiteurs”.
6. Ver “Panguipulli en llamas” de Nicolás Massai, Macarena Segovia y Nicolás Sepúlveda: https://www.ciperchile.cl/2021/02/07/panguipulli-en-llamas/
7. 25 de octubre o 25-O representa el día del plebiscito por la nueva constitución y la asamblea constituyente
8. Servicio Electoral de Chile: servel.cl
9. La tradición electoral de Chile impone desde al menos el plebiscito de 1988, un espacio de televisión obligatorio a todos los canales de televisión abierta, dedicado a la difusión de las campañas electorales de cada una de las listas en competencia. Se trata de un espacio de comunicación masiva que muestra la importancia de la televisión en la formación de opinión pública en Chile y que a marcado el electorado desde el retorno a la democracia. Hoy, de cara a la sociedad digital, es un espacio en decadencia.
10. El 19-N o 19 de noviembre 2019 los partidos políticos de Chile firman un acuerdo trasversal para convocar a un proceso constituyente para redactar a una Nueva Constitución a partir de una “hoja en blanco” sin usar la constitución vigente como base para la redacción del nuevo texto. Cuestión que generó un intenso debate en la opinión pública, especialmente en la derecha más extrema la cual niega que la actual constitución no servirá de base al nuevo texto.
11. Felipe Ward fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la administración Piñera entre 28 de octubre de 2019 y el 4 de junio de 2020.
12. Una situación que también se repitió con la ley de cuotas de pueblos originarios o la flexibilización de las condiciones de participación de los independientes. ¿Por qué no ocurrió así con la participación de las y los chilenos en el exterior? La convergencia ha sido la clave de la fuerza del movimiento feminista y Mapuche. Al contrario, en el exterior a pesar de las victorias progresistas en pasadas elecciones, la participación no ha sido elevada como se esperaba y así ha reinado más bien la dispersión. Dispersión que se expresa en una baja influencia sobre el sistema político.
13. La corriente interna mayoritaria que gobierna el Partido Socialista de Chile actualmente es el “tercerismo”.
14. Actuales y potenciales candidates a la presidencia de la república de la oposición: Paula Narváez (PS), Daniel Jadue (PC), Pamela Jiles (PH), Heraldo Muñoz (PPD), Gabriel Boric (FA), Alejandro Guiller (PR), Ximena Rincón (PDC).
15. Importante municipio de Santiago.